Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 185/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 28 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, sin disponer la remisión impetrada por cuanto esta ya fue realizada; asimismo, se exhorta al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, para que en futuras actuaciones no incurran en dilaciones indebidas que vayan en desmedro de los derechos de las personas, más aún, si se encuentran privadas de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0229/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58947-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 185/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 28 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lesslie Dennise Scussel Choque contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus vertientes defensa amplia e irrestricta, a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, ante la revocatoria de medidas cautelares personales en su contra, planteó recurso de apelación incidental; sin que, hasta la fecha de interposición de esta acción, sea remitida ante el Tribunal de alzada, por lo que pide la remisión inmediata. William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito cursante de fs. 21 a 22, indicó que: a) Ante el incumplimiento de las medidas cautelares personales impuestas en favor de la imputada -ahora accionante-, a solicitud de la parte afectada y el Ministerio Público, dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; y, b) Habiendo impugnado dicha determinación, el abogado defensor de la sindicada, esta fue sorteada y remitida ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en sus piezas pertinentes al no haberse apersonado la apelante para proporcionar las fotocopias. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, mediante informe cursante a fs. 25 vta. -codemandada-, informó que es evidente que el abogado de la impetrante de tutela se apersonó al Juzgado, empero no para proveer recaudos para las fotocopias pertinentes, por lo que tuvo que sacarlas con sus propios recursos, aclarando que el cuaderno de apelación ya se encuentra en el Tribunal de alzada. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 185/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 28 a 32 vta., denegó la tutela solicitada, en razón a que ya se ha producido la remisión solicitada ante la Sala Penal Segunda, por lo cual no sería posible ordenar una nueva remisión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: “‘…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. (...) Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (...) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias’ (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre)" (las negrillas son añadidas).
La problemática planteada converge en la dilación en la que supuestamente incurrió el Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres -demandados-, al no remitir el recurso de apelación incidental presentado por la accionantes, al Tribunal de alzada. De la revisión del expediente constitucional, se verifica que mediante Auto Interlocutorio 421/2023 de 5 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, resolvió revocar la Resolución 258/2023 de 1 de junio, disponiendo que la accionante, al haber incumplido las medidas cautelares personales impuestas, asuma defensa con la medida extrema de detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz por el lapso de dos meses; determinación que fue impugnada por su defensor técnico en el mismo acto procesal (fs. 24 a 25). Asimismo, se tiene el Oficio TDJ/JAV5/OFI 251/2023 de 8 de septiembre, por el cual la Secretaria codemandada, remite el legajo de apelación incidental del proceso penal de referencia en fotocopias legalizadas, con cargo de recepción de 12 de septiembre de 2023 a horas 8:30, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 23 y vta.). Conforme a lo expuesto, si bien se remitieron los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, esa actuación no fue realizada con diligencia; por cuanto, resulta incuestionable que se inobservó la obligación regulada en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que prevé: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”; y ,en el presente caso se observa una dilación de más de seis días, en los que se colocó a la parte interesada en un estado de incertidumbre jurídica, debido a un actuado de mero trámite que debió llevarse a cabo en observancia del principio de celeridad, máxime cuando el mismo está relacionado con la eventual restricción de la libertad de la impetrante de tutela, ante la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva. Acreditada la dilación indebida en la que incurrieron los demandados, es viable otorgar la tutela en favor de la accionante, aun hayan cumplido con la remisión pretendida, pues esta se encuentra fuera de los cánones establecidos en el ordenamiento jurídico, por cuanto dicha conducta es contraria al orden constitucional; correspondiendo por ello, conceder la tutela impetrada en los alcances de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando existan dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona; con la aclaración, que esta concesión es tanto respecto del Juez demandado, ya que es responsable de los actos del Juzgado que preside, así como de la Secretaria codemandada, quien incumplió con el deber de remitir actuados dentro de plazo establecido. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 185/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 28 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, sin disponer la remisión impetrada por cuanto esta ya fue realizada; asimismo, se exhorta al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, para que en futuras actuaciones no incurran en dilaciones indebidas que vayan en desmedro de los derechos de las personas, más aún, si se encuentran privadas de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0229_2026-S3.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 568587b244ad88fabb170d9fe367f8c7bb8b13fa0522376e97279c7b185c9ade
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