Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y al principio de celeridad; puesto que: i) Respecto a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se denuncia una dilación excesiva e incongruente de más de una semana en la devolución del legajo de apelación incidental observado al Juzgado de origen; y, ii) Con relación al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, se observa que, una vez devuelta la observación en fecha 13 de enero de 2023, la misma no fue subsanada oportunamente, impidiendo el señalamiento de la audiencia del recurso de apelación incidental y manteniéndolo privado de libertad a pesar de contar con la “Resolución 818/2022”; mediante la cual, fue beneficiado con la modificación de sus medidas cautelares por la detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) Sobre el término de remisión de antecedentes al tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; c) Sobre la acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 32. a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa, solamente con relación a Ángel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin disponer nada por cuanto se subsanó el expediente y la citada Sala Penal señaló audiencia de apelación incidental de medidas cautelares.
2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los demás funcionarios que no fueron debidamente identificados por el accionante Orlando Hernández Moreno, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0229/2026-S1 Sucre, 03 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53248-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 32. a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lenny Anahí Pérez Romero en representación sin mandato de Orlando Hernández Moreno contra “VOCAL, SECRETARIO y AUXILIAR” de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; “JUEZ, SECRETARIO Y AUXILIAR” del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del indicado departamento.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 18 de enero de 2023, cursante de fs. 1 a 5, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, el 4 de noviembre de 2022, en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la “Resolución 818/2022”; mediante la cual, fue beneficiado con la modificación de sus medidas cautelares por la detención domiciliaria con la presencia de dos custodios policiales que deben ser designados por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; empero, dicha medida es de imposible cumplimiento; debido a que, no existe personal policial para desempeñar esa labor, extremo puesto en conocimiento de la “autoridad” mediante informes del Régimen Penitenciario y el Gobernador del referido Centro Penitenciario. Ante tal situación, mediante memorial de 16 de diciembre de 2022, el accionante solicitó ante el juzgado de turno la modificación de las medidas cautelares, emitiendo el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, la “Resolución 19/2022” de 22 de diciembre, que dispuso no modificar la medida impuesta. Contra esta Resolución se interpuso recurso de apelación incidental, remitiéndose los antecedentes a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 29 de mismo mes y año; instancia que observó el legajo; debido a que, supuestamente no cursaría una notificación al Ministerio Público, a pesar de que dicha diligencia fue confirmada por la Secretaria y el Juez del citado Juzgado en el acta de audiencia. Los funcionarios de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, demoraron más de una semana en devolver el legajo de apelación incidental observado al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital de citado departamento, remitiendo los actuados recién el 13 de enero de 2023; acto que considera esencialmente dilatorio e incongruente; asimismo, denuncia que una vez devuelta la observación al nombrado Juzgado en la fecha señalada, la misma hasta la interposición de esta acción no fue subsanada, impidiendo el señalamiento de la audiencia de apelación incidental y manteniéndolo privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, pese a contar con una resolución de detención domiciliaria.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y al principio de celeridad; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Se ordene a los funcionarios del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, subsanar de forma inmediata lo observado por el Tribunal de alzada; b) Se ordene a la Vocal y al Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalar audiencia de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas y con las formalidades de ley; y, c) La remisión de antecedentes, sea el legajo de apelación incidental ordenado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201618665, a efectos de tratar la presente acción de libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad; sin embargo, se hizo presente su representante sin mandato; por lo cual, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Solicita modificar el carácter de la presente acción; evidenciando que, sus derechos vulnerados fueron reparados y corregidos por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, convirtiendo la misma en una acción de libertad innovativa; 2) Dicha Sala Penal, vulneró el derecho al debido proceso y al principio de celeridad al tardar más de una semana en devolver el legajo de apelación incidental observado; y, 3) La referida Sala Penal realizó una nueva observación que no es prudente ni impide llevar a cabo la apelación incidental.
Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, mediante Informe presentado el 19 de enero de 2023, cursante a fs. 19 manifestó que: i) Habiéndose tramitado por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento -de turno en la vacación judicial- el recurso de apelación incidental contra la “Resolución 19/2022” que resuelve la solicitud de modificación de medidas cautelares del accionante, ante las observaciones de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el respectivo legajo es devuelto al referido Juzgado a su cargo, el 13 del mismo mes y año; ii) Dispuesto mediante decreto de 16 de enero de 2023, la respectiva subsanación y posterior devolución a la nombrada Sala Penal, con el informe de auxiliatura de 17 de igual mes y año, se subsana el error del Juzgado de turno; iii) Se procedió a la remisión inmediata en fecha 18 de enero de 2023, tal cual consta en el libro de Altas y Bajas; y, iv) Al haber dispuesto y subsanado en los plazos establecidos por ley, las observaciones de la indicada Sala Penal, no se verifica ningún tipo de vulneraciones a derechos y garantías de orden constitucional; por lo cual, pide se deniegue la tutela solicitada. Joseline Grace Bautista Tapia, Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 19 de enero de 2023, cursante a fs. 20 manifestó que: a) El legajo de apelación incidental fue remitido al referido Juzgado con las observaciones realizadas por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz el 13 de mismo mes y año; b) El 16 de similar mes y año, ingresa a despacho para el correspondiente decreto; en la que, se ordena subsanar la observación realizada; c) El 17 de igual mes y año se subsanó la observación por la Auxiliar del juzgado, procediendo a elaborar su informe y oficio de remisión; d) El 18 de similar mes y año, antes de mediodía el legajo de apelación incidental ya hubiese sido remitido a la nombrada Sala Penal; y, e) Solicita se deniegue la tutela solicitada; toda vez que, no se ha vulnerado ningún derecho o garantía establecida en la Constitución Política del Estado. Ángel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 19 de enero de 2024, cursante a fs. 18 manifestó que: 1) Respecto a la acción de libertad interpuesta, llama la atención que no señala por cuál de las causales previstas tanto en la Constitución Política del Estado o el Código Procesal Constitucional; es decir, no se señala de forma expresa si se interpone esta acción porque la vida del accionante estuviera en peligro, o estaría ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o indebidamente privado de su libertad; 2) Al no estar correctamente formulada su pretensión, tampoco se encuentra un petitorio congruente con el fundamento de hecho y derecho; lo cual, deviene en una falta de fundamentación de la acción interpuesta; 3) En el proceso con Nurej 201618665 se señaló audiencia de apelación incidental de medida cautelar para el día 19 de enero de 2023 a las 16:00 horas; y, 4) Pide se deniegue la tutela solicitada. Jhenifer Alejandra Sauciri Riveros, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 18 de enero de 2023, manifestó que: i) El legajo de apelación incidental fue realizado por el juzgado en turno, tal cual señala el accionante en su acción de libertad; ii) El "VIERNES" 13 de enero de 2023, se encargó de recepcionar el legajo de apelación incidental, mismo que ingresó a despacho el "LUNES" 16 de mismo mes y año con la solicitud de subsanar la omisión de notificación, ordenándose por la Jueza que se subsane a la brevedad posible; iii) El "MARTES" 17 de igual fecha, realizó el informe y subsanó el error involuntario cometido por el juzgado de turno; y, iv) El "MIERCOLES" 18 del referido mes y año, preparó el oficio como el libro de altas y bajas remitiendo el legajo antes del mediodía. El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno, pese a su citación, cursante a fs. 9. La Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno, pese a su citación, cursante a fs. 10.
Claudia Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2023, cursante a fs. 29, manifestó que: a) Carece de legitimidad pasiva en los presuntos hechos vulneratorios de derechos y garantías constitucionales; debido a que, no efectuó ninguno de ellos, ni tuvo conocimiento de la causa; por lo que, extraña que el accionante la señale como tercera interviniente, más cuando no tiene ningún interés en el proceso; b) Debe considerarse que en acciones de libertad, procedimentalmente no existe la figura de tercer interesado, siendo esta una denominación propia de un amparo constitucional; y, c) Tiene a bien devolver la notificación con la presente acción de libertad; debido a que, su persona no es parte, ni tiene legitimidad pasiva, y no tiene interés en el proceso.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 32. a 35 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad es un mecanismo de defensa extraordinario instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción, habiéndose interpuesto inicialmente bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho y modificada en audiencia por el accionante a la modalidad innovativa, al haberse reparado la demora en la tramitación del recurso de apelación incidental; 2) Para considerar la acción en relación a la legitimación pasiva, debe estar claramente establecida la coincidencia entre el servidor judicial que presuntamente causó la vulneración a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; 3) Tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial, el accionante tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda la denuncia; sin embargo, de los informes presentados y la documental adjunta, se verifica que la remisión del recurso de apelación incidental fue cumplida el 18 de enero de 2023 a las 11:37 horas, existiendo; además, un decreto de señalamiento de audiencia de apelación incidental para el día 19 de enero de 2023 a las 16:00 horas; 4) El memorial de acción de libertad es muy genérico en su fundamento sin llegar a individualizar el actuar de cada uno de los accionados; por lo que, se ve imposibilitado de establecer que efectivamente existió demora, al no tenerse antecedentes de cuándo se hubiese remitido el legajo a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ni cuál fue el servidor o autoridad que generó la vulneración de derechos; y, 5) Ante la imposibilidad de individualizar la legitimación pasiva y verificándose que ya se ha remitido el cuaderno de apelación incidental señalándose la audiencia respectiva, no se encuentra mérito en la presente acción.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; al efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa oficio con Cite: 03/2023 de 18 de enero, de remisión de obrados en fotocopias legalizadas realizado por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento La Paz, en grado de apelación incidental del expediente con Nurej: 201618665, respecto a la “Resolución” apelada 19/2022 de 23 de diciembre, de modificación a las medidas cautelares “A fojas ciento veintinueve (129), útiles” (sic), con sello de recepción de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 18 de enero de 2023 a las 11:37 horas y constancias del cuaderno de altas y bajas del mencionado Juzgado (fs. 21 a 23). II.2. Consta Auto de 18 de enero de 2023, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por el cual, se tiene dispuesto señalamiento de audiencia a realizarse el 19 de enero de 2023 a las 16:00 horas (fs. 16); Asimismo, cursa papeleta de notificación mediante el cual se realizó la notificación a las 16:22 horas del mismo día con el precitado acto a la abogada de Orlando Hernández Moreno -hoy accionante- (fs. 17).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y al principio de celeridad; puesto que: i) Respecto a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se denuncia una dilación excesiva e incongruente de más de una semana en la devolución del legajo de apelación incidental observado al Juzgado de origen; y, ii) Con relación al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, se observa que, una vez devuelta la observación en fecha 13 de enero de 2023, la misma no fue subsanada oportunamente, impidiendo el señalamiento de la audiencia del recurso de apelación incidental y manteniéndolo privado de libertad a pesar de contar con la “Resolución 818/2022”; mediante la cual, fue beneficiado con la modificación de sus medidas cautelares por la detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) Sobre el término de remisión de antecedentes al tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; c) Sobre la acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio-con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0116/2025-S1 de 20 de marzo, reiterando los fundamentos establecidos en la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril y este a su vez de la SC 0384/2011-R de 7 de abril, que incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, entendiendo que: “‘…d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[7] de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La SCP 0048/2018-S2 de 12 de marzo, señala que: “A ese efecto, el Tribunal Constitucional cambiando el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R de 20 de octubre y confirmado por las SSCC 1589/2003-R, 1728/2003-R, 1757/2003-R y 1928/2003-R; desarrolló en la SC 0327/2004-R de 10 de marzo[15], además de determinar el ámbito de protección del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, una clasificación más, como es la acción de libertad innovativa, prevista para aquellos casos en los que se puede pedir la tutela ante una restricción del derecho a la libertad personal y de locomoción, aun después de cesada la detención; partiendo de su configuración como garantía constitucional de naturaleza adjetiva que debe ser explicada a la luz de una pauta hermenéutica, evolutiva e interpretación progresiva del art. 125 de la CPE; lo que evidencia el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de amenaza del derecho a la vida, privación de libertad, persecución indebida o procesamiento indebido vinculado con el derecho a la libertad física o personal; por lo que, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también, advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza, contravienen el orden constitucional, siendo susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, aun si hubiere cesado el acto ilegal, tal cual lo establece la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumida por la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre que recondujo el entendimiento contenido en la citada SC 0327/2004-R; por consiguiente, a la clasificación de los cinco tipos de acción de libertad, que fueron sistematizados en el Voto Disidente de la SCP 1045/2013 de 27 de junio, se suma la acción de libertad innovativa. En consecuencia, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración, acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención, con el propósito fundamental de evitar que en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional. Por ello, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y al principio de celeridad; puesto que: 1) Respecto a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se denuncia una dilación excesiva e incongruente de más de una semana en la devolución del legajo de apelación incidental observado al Juzgado de origen; y, 2) Con relación al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, se observa que, una vez devuelta la observación en fecha 13 de enero de 2023, la misma no fue subsanada oportunamente, impidiendo el señalamiento de la audiencia del recurso de apelación incidental y manteniéndolo privado de libertad a pesar de contar con la “Resolución 818/2022”; mediante la cual, fue beneficiado con la modificación de sus medidas cautelares por la detención domiciliaria.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes y lo manifestado por el accionante en su acción de libertad, se tiene que mediante la Resolución “19/2022” de 22 de diciembre, el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento -de turno en la vacación judicial- desestimó la modificación de las medidas cautelares solicitado por el accionante, quien interpuso recurso de apelación incidental a citada Resolución. En mérito a ello, el 29 de diciembre de 2022, dicho Juzgado de turno realizó la remisión del legajo de apelación incidental ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de justicia de La Paz (Conclusión II.1.); dato que, al no haber sido observado por los accionados en sus informes, goza de plena veracidad conforme a la presunción veracidad. Posteriormente, se tiene que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tras identificar la falta de notificación a la representación del Ministerio Público -aspecto no cuestionado por los accionados-, procedió a devolver el legajo para su subsanación el 13 de enero de 2023 al Juzgado de origen -Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del indicado departamento- (Conclusión II.2.). Finalmente, mediante oficio de remisión de 18 de enero de 2023, el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ya en conocimiento de la causa tras el cese de turno- remitió nuevamente el expediente debidamente subsanado, lo que permitió que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictara el Auto de 19 de enero de 2023, señalando audiencia para la misma fecha y procediendo a su notificación inmediata (Conclusión II.3.). Planteada así la problemática, corresponde establecer si la actuación de las autoridades y funcionarios de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del citado departamento, constituye la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; en este contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el medio idóneo para acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas; ya que, este mecanismo constitucional impone a toda autoridad el deber de tramitar las solicitudes vinculadas a la libertad con la mayor celeridad posible; puesto que, la vulneración del derecho reside precisamente en la demora injustificada; asimismo, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. y III.2. establecen las reglas de la legitimación pasiva, determinando que la acción debe dirigirse contra quien cometió el acto ilegal; precisando que, el personal subalterno -Secretarios- adquiere esta legitimación cuando la vulneración emerge del incumplimiento de sus funciones administrativas o deberes de supervisión; es en cuanto a ese razonamiento, que se procede a dividir el análisis de las problemáticas identificadas: En cuanto a la actuación de los funcionarios de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Se advierte una dilación injustificada de quince días calendario entre la recepción inicial del expediente -29 de diciembre de 2022- y su devolución para subsanación -13 de enero de 2023-; al respecto, Ángel Flores Medina Secretario de dicha Sala ahora coaccionado, en su informe no brindo una justificación razonable ni fundada que explique por qué transcurrió más de una semana para realizar una observación de forma respecto a una falta de notificación, cual podría ser subsanada en el día; subsumiendo este hecho al Fundamento Jurídico III.2. la responsabilidad del trámite de revisión y remisión del legajo recae directamente en el nombrado Secretario, quien según el art. 94.I.1 y 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), tiene la obligación de controlar las labores de los servidores de apoyo jurisdiccional y asegurar la celeridad en la tramitación de expedientes. En tal sentido, al haber permitido que un expediente de apelación incidental de medidas cautelares permanezca paralizado durante quince días solo para ser devuelto por una observación de forma, el citado Secretario incumplió su deber de supervisión, generando una retardación indebida que afecta el principio de pronto despacho, por cuanto corresponde conceder la tutela respecto a este funcionario. Respecto a la actuación del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se identificó que esta autoridad haya generado personalmente el retardo mencionado. La labor de control administrativo y flujo de expedientes es competencia del personal de apoyo judicial jurisdiccional, y no existe prueba en los antecedentes ni en los argumentos del accionante que demuestre que el nombrado Vocal haya dado órdenes dilatorias o que el expediente haya estado en su despacho a la espera de una firma por un tiempo irrazonable. Por lo tanto, no se le puede atribuir responsabilidad directa en la omisión administrativa, debiendo denegarse la tutela respecto a él. En cuanto al Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el accionante no ha proporcionado el nombre, ni presentó documento alguno para identificarlo, tampoco ha precisado su participación concreta en la vulneración de sus derechos. En ese sentido, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. la falta de individualización y la carencia de un informe que permita establecer su responsabilidad impiden al control constitucional pronunciarse al respecto por falta de legitimación pasiva. En cuanto a la actuación de los funcionarios del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz Se debe precisar que la “Resolución” 19/2022 de 22 de diciembre, fue emitida por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -de turno por vacación judicial-; el cual, generó el error procesal de falta de notificación al Ministerio Publico con dicho actuado, que motivó la devolución del legajo por parte de la referida Sala. En ese sentido, la actuación de los funcionarios del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del nombrado departamento, comienza el día viernes 13 de enero de 2023 momento en el cual reciben el expediente devuelto tras el cese del Juzgado de turno. En ese sentido, en el caso de análisis se advierte una secuencia de actuación diligente; puesto que, descontando los días 14 y 15 por ser fin de semana, el personal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, ingresó el expediente con la observación al despacho del Juez el día lunes 16, quien providenció la subsanación el día martes 17 y realizó la remisión efectiva el miércoles 18, todos días del mes de enero de 2023. Este lapso de tres días hábiles resulta razonable para procesar una observación de un legajo de apelación incidental que, según los informes, constaba de fojas varias fojas. Por consiguiente, respecto a la Jueza, Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no se constata dilación ni vulneración al derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad. Por su parte, los funcionarios del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no fueron identificados, tampoco cursa informes ni se establece la descripción de hechos que permitan identificarlos, en cuya razón, no se tiene acreditado legitimación pasiva respecto a estos. Por consiguiente, corresponde conceder la tutela únicamente respecto a Ángel Flores Medina Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al haber acreditado que la inobservancia de los deberes de supervisión y la falta de celeridad administrativa en la revisión inicial del legajo de quince días de demora, lesionó el derecho del accionante a obtener una resolución pronta sobre su situación jurídica, incumpliendo el estándar del pronto despacho. Finalmente, conforme al razonamiento expuesto y en virtud a que el acto lesivo denunciado -la dilación procesal- cesó con la posterior remisión de obrados y señalamiento de audiencia, corresponde aplicar la modalidad de la acción de libertad innovativa desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, la cual faculta a la jurisdicción constitucional a pronunciarse sobre el fondo de la vulneración aun cuando esta haya desaparecido, con el fin de evitar que conductas como la incurrida por el Secretario Ángel Flores Medina de la Sala Penal Primera al retener el legajo por quince días sin justificativo, se repitan en el futuro; por lo que, al haberse acreditado una transgresión efectiva al principio de celeridad, se determina conceder en parte la tutela solicitada únicamente respecto al citado funcionario subalterno, manteniendo la denegatoria respecto a los demás accionados. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 32. a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa, solamente con relación a Ángel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin disponer nada por cuanto se subsanó el expediente y la citada Sala Penal señaló audiencia de apelación incidental de medidas cautelares.
2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los demás funcionarios que no fueron debidamente identificados por el accionante Orlando Hernández Moreno, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0229_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): deea9d0deb681ec6638a39719deb501b1888de2ef5d13044c930ae6e587f0b0f
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