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SCP 0228/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50527-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, habiéndose dispuesto en su favor medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas su arraigo, la misma no puede ser efectivizada debido a que no le recibieron el trámite a su procurador en la Dirección Distrital de Migración de Potosí, bajo el argumento de no cursar en los documentos el delito por el cual está siendo procesado y, además, requiriendo que sea un familiar el que realice la tramitación, obstaculizando así la obtención de su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizaran los siguientes aspectos: 1) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 007/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 18 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiéndose que no se ingresó al análisis de fondo de la presente acción tutelar.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0228/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50527-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 007/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 18 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Bertty Fernando Apaza Gonzales en representación sin mandato de Jorge Quispe Flores contra Juan Carlos Olguín Thenier, Responsable Distrital Potosí de la Dirección General de Migraciones (DIGEMIG).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante a fs. 5 a 6, el accionante a través de su representante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y privación de libertad, radicado en el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz; en el cual, habría sido beneficiado con medidas menos gravosas, ordenándose medidas sustitutivas, entre ellas, su arraigo. Agrega que con el fin de obtener su libertad, prosiguió su trámite ante la Dirección Distrital de Migración de Potosí a través del asistente de su abogado, sin embargo, en dicha institución y de forma arbitraria, le indicaron que no se recibiría los documentos, bajo el argumento que debía tramitarlos un familiar del encausado, además que no se habría señalado el delito -en el oficio-, incumpliendo la orden de la autoridad judicial; empero, de la revisión de la referida nota de solicitud de arraigo, ésta señala el delito previsto en el art. 334 del Código Penal (CP); obstáculo que constituye un atentado a sus derechos constitucionales, considerando que esta medida cautelar es la única que falta para poder recuperar su libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alega como lesionado su derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica vinculado con su derecho a la libertad, citando el efecto los arts. 23, 109.I, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada, recepcione el mandamiento de arraigo correspondiente a su persona.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de septiembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 17 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido de su demanda tutelar y añadió que: a) El objeto procesal de la acción es la falta de cumplimiento y materialización de una disposición judicial sobre la cual está pendiente la libertad del ahora accionante; al respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que los entes administrativos no pueden colocar óbices indebidos para mantener a una persona privada de su libertad; b) El Decreto Supremo (DS) 24423 de 29 de noviembre de 1996, en ninguno de sus acápites refiere que tiene que ser un pariente el que vaya a generar el arraigo, menos establece que se deba cumplir otra formalidad; en el caso concreto se le indicó al ahora demandado que el sindicado tenía nacionalidad peruana y que estaba detenido en la ciudad de La Paz, sin ningún familiar para ir hasta la ciudad de Potosí, obteniendo como respuesta “que venga el abogado” (sic) negándose a recibir el trámite; c) Se cumplió todos los requisitos: el mandamiento, la carta para proceder al arraigo, el acta de audiencia, fotocopia del carnet de identidad del procesado y también de la persona que realiza el trámite, cumpliendo así el Instructivo T.D.J. 61/2022 de 8 de septiembre, del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el cual en ninguna parte establece que tiene que ser su pariente, amigo u otra persona la que realice el trámite; d) Se está incurriendo en dilación indebida para que pueda recobrar su libertad, que fue dispuesta por una autoridad competente y se encuentra ejecutoriada, siendo procedente en el caso la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, por cuanto la negativa está íntimamente ligada a su libertad; y, e) La entidad administrativa debe acatar la resolución judicial por lo que solicita ordene que la autoridad demandada instruya a sus dependientes en el día y sin mayor objeción u observación, procedan a la recepción del mandamiento de arraigo y cumplir la disposición, debiendo entregarle el certificado de arraigo también en el día.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Carlos Olguín Thenier, Responsable Distrital Potosí de la Dirección General de Migraciones, presentó informe escrito el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 10 a 11 vta., informando lo siguiente: 1) En la misma fecha al promediar las 10:00, se hizo presente un usuario para realizar el trámite administrativo del mandamiento de arraigo 06/2022, emitido por Milton Escobar Caba, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, que fue atendido por una funcionaria de ventanilla, a quien se le detalló los requisitos para realizar dicho trámite, establecidos por la Ley de Migración -Ley 370 de 8 de marzo de 2013- y por el Instructivo T.D.J. 61/2022. Ante las preguntas realizadas por la funcionaria, el usuario indicó que era familiar del arraigado; luego, al consultarle el tipo de parentesco de consanguineidad o afinidad, este manifestó que era su abogado; y finalmente, ante la indicación de presentar su documentación conforme a ley, refirió que es procurador presentando una fotocopia simple de una credencial de una firma de abogados; y, 2) Rechaza las aseveraciones referidas en la demanda tutelar, desconociendo las generales de ley del usuario al no haber presentado ni acreditado su situación de tramitador, por esta razón se exceptuó la recepción de la documentación, ante lo cual se molestó y empezó a increpar a los funcionarios de manera hostil, por lo que se le indicó que le ayudaría pero que presente su documentación, a lo que hizo caso omiso y se retiró.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 007/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 18 a 19, concedió la tutela, conforme a los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes presentados se evidencia que el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, ordenó el arraigo del ahora accionante, remitido a través de orden instruida acompañando nota de arraigo y el respectivo mandamiento y, habiéndose enviado a una persona para la entrega de dicha orden instruida a las oficinas de migración de la distrital de Potosí, no se recepcionó de manera formal en razón a que no cumpliría ciertos requisitos conforme al Instructivo T.D.J. 61/2022 emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; ii) Se debe establecer que se trata de una orden judicial en la cual la administración pública perteneciente al Órgano Ejecutivo está en la obligación de recepcionar y correr los trámites legales y, de advertir la inobservancia de los requisitos que establece la Ley, o como se refiere, a instructivos internos dentro del Órgano Judicial, la autoridad o funcionario administrativo está en la obligación de pronunciarse de manera expresa y escrita sobre los mismos, haciendo conocer a la autoridad judicial que ordena el arraigo y no como se procedió, de manera directa, sin más trámite y a simple criterio de no recepcionar en ventanillas, siendo que no se trata de un trámite particular, por lo cual se advierte una demora indebida en la tramitación del arraigo que está estrechamente vinculado a la libertad de la ahora impetrante de tutela; y, iii) Conforme al Auto de 19 de septiembre de 2022, se evidencia que el prenombrado se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, y para lograr su libertad debe cumplir con el arraigo ordenado, de modo que existe vinculación directa al derecho a la libertad por la falta de tramitación inmediata; correspondiendo que el demandado mediante las dependencias a su cargo, proceda a la recepción de la orden judicial y correr los trámites de ley en el día, y de contar con respaldo legal o normativo del incumplimiento de requisitos para el arraigo, deberá pronunciarse de manera expresa respondiendo a la autoridad judicial y no así al particular, debiéndose dejar de lado y erradicarse cualquier tipo de procedimientos de simples criterios.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que a través de la SCP 0137/2025-S4 de 24 de marzo (expediente 50370-2022-101-AL) se revocó la Resolución 921/2022 de 5 de septiembre, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra La Violencia Hacia La Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías, quien concedió parcialmente la tutela solicitada y ordenó que el “Juez de Villazón” disponga la notificación personal al accionante -Jorge Quispe Flores- con la Sentencia Condenatoria 12/2022; además, dejó sin efecto el mandamiento de condena emitido en su contra, al no haberse ejecutoriado dicha sentencia dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y privación de libertad. II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 19 de septiembre de 2022, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, en cumplimiento de la Resolución 921/2022 de 5 de septiembre, emitida por el Juez de garantías, dejó sin efecto el mandamiento de condena contra Jorge Quispe Flores y dispuso su libertad, sujeta a medidas cautelares: arraigo, fianza económica de Bs10 000.- a depositarse en el Consejo de la Magistratura y fianza juratoria. Se aclaró que el mandamiento de libertad se emitiría una vez cumplidas dichas medidas, dado que el imputado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 12). II.3. Cursa Mandamiento de Arraigo 06/2022 de 19 de septiembre emitido en cumplimiento a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre de 2022; nota de igual data, emitida por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, dirigida al Jefe Departamental de Arraigos de la ciudad de Potosí, a través de la cual solicita el arraigo del ahora accionante, realizando una descripción de los datos del caso; y, orden instruida dirigida al Jefe Departamental de Arraigos de la ciudad de Potosí (fs. 2, 3 y 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, habiéndose dispuesto en su favor medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas su arraigo, la misma no puede ser efectivizada debido a que no le recibieron el trámite a su procurador en la Dirección Distrital de Migración de Potosí, bajo el argumento de no cursar en los documentos el delito por el cual está siendo procesado y, además, requiriendo que sea un familiar el que realice la tramitación, obstaculizando así la obtención de su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizaran los siguientes aspectos: 1) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0294/2018-S2 de 25 de junio, asumió el siguiente razonamiento: La imposibilidad de plantear otra acción tutelar por hechos análogos mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, tiene su antecedente en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, la cual establece que la interposición de un nuevo recurso -ahora acción- sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos; puesto que, solo después de emitida la sentencia constitucional en revisión, y siempre que se hubiere declarado la improcedencia por cuestiones formales, que no impliquen examinar el fondo del asunto, la parte accionante podría interponer nuevo recurso -ahora acción-, cumpliendo con los requisitos extrañados. Dicho entendimiento, fue reiterado en las SSCC 0016/2004-R de 6 de enero y 0252/2004-R de 20 de febrero; posteriormente, confirmado en la SC 1598/2011-R de 11 de octubre; razonamiento que fue asumido también por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio. Asimismo, la SCP 1224/2014 de 16 de junio, en el Fundamento Jurídico III.5, señala: “…no se puede pretender que sea tutelado el reclamo de vulneración de su derecho a la libertad, porque le denegaron una anterior acción de libertad, a través de otra acción de libertad, cuando la misma se encuentra en revisión antes este Tribunal, el que en definitiva se pronunciará al respecto…”. Finalmente, la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero, reiteró el entendimiento establecido en la SC 1347/2003-R. En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que el accionante no puede activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y del principio de seguridad jurídica, en conexión con su derecho fundamental a la libertad, alegando que, pese a haberse dispuesto su libertad bajo medidas sustitutivas a la detención preventiva -entre ellas el arraigo-, no ha podido efectivizar dicha medida debido a observaciones realizadas por personal de la Dirección Departamental de Migración de Potosí, quienes habrían rechazado el trámite por no consignarse el tipo penal imputado en los documentos y no haber sido presentado por un familiar directo, lo que le impide completar los requisitos exigidos para su libertad.

Delimitada la problemática constitucional a resolver, corresponde realizar algunas precisiones procesales. El ahora impetrante de tutela centra su reclamo en el Auto Interlocutorio de 19 de septiembre de 2022, pronunciado en cumplimiento de la Resolución 921/2022 dictada por el Juez de garantías dentro de otra acción de libertad (expediente 50370-2022-101-AL), donde se dejó sin efecto el mandamiento de condena y dispuso su libertad sujeta a medidas cautelares, entre ellas el arraigo. De esta decisión emergió el mandamiento de Arraigo 06/2022, cuya ejecución -según se denuncia en esta acción tutelar- no fue posible debido a observaciones del personal de la Dirección Departamental de Migración de Potosí, quienes rechazaron el trámite por no consignarse el tipo penal imputado y no haberse presentado por un familiar directo, impidiendo al accionante cumplir con los requisitos necesarios para obtener su libertad (Conclusiones II.1., II.2., y II.3.). En ese sentido, es importante reiterar que la Resolución de 19 de septiembre de 2022, emitida por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, mediante la cual se dispuso el otorgamiento de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del ahora accionante -entre ellas, el arraigo-, fue dictada en cumplimiento de una decisión asumida dentro de una acción de libertad anterior. Sin embargo, con posterioridad, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de su atribución de revisión de acciones de libertad, emitió la SCP 0137/2025-S4 de 24 de marzo (expediente 50370-2022-101-AL), en la que revocó la Resolución 921/2022 de 5 de septiembre, dictada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, quien actuó como Juez de garantías. Mediante esa resolución, dicho Juez concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo que el Juez de Villazón notifique personalmente al ahora accionante Jorge Quispe Flores con la Sentencia Condenatoria 12/2022, dejando sin efecto el mandamiento de condena emitido contra el mencionado accionante, al establecer que dicha sentencia aún no se encontraba ejecutoriada dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y privación de libertad.

En ese entendido, y considerando el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de las determinaciones contenidas en las sentencias constitucionales -conforme a los arts. 203 de la CPE y 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo)-, las medidas sustitutivas que en su momento fueron impuestas a favor del accionante, han quedado sin efecto jurídico al haberse anulado la resolución que las dispuso. En consecuencia, cualquier gestión que se pretenda en ejecución de dichas medidas (como el trámite de arraigo ante Migración) carece de sustento legal y material, resultando inviable su efectivización. Por tanto, al haberse extinguido el fundamento que originó la emisión de las medidas sustitutivas, la pretensión del accionante en esta nueva acción de libertad se torna improcedente, al no existir un riesgo actual o inminente de restricción ilegítima a su libertad atribuible a la autoridad demandada, toda vez que la imposibilidad de tramitar el arraigo deviene de una causa jurídica objetiva: la vigencia del mandamiento de condena restablecida por la SCP 0137/2025-S4 de 24 de marzo, que revocó la Resolución 921/2022 de 5 de septiembre, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, quien actuó como Juez de garantías en revisión.

En consecuencia, no habiéndose demostrado la existencia de una amenaza o lesión ilegítima actual a los derechos del accionante atribuible a la autoridad demandada, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela, no obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 007/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 18 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiéndose que no se ingresó al análisis de fondo de la presente acción tutelar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un

nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0228_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): eeaf0ef3236476e54882bae4584c05943a315f93baef4fc3e6d65d2b0cf3dc54

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