Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 30 de septiembre de 2023, cursante de fs. 49 a 58, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos expuestos precedentemente; 2° Exhortar a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad física o de locomoción.
3° Llamar la atención a Israel Lander Claros Hinojosa y Ana Gabriela Rivera Román, Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, al no haber desempeñado debidamente sus funciones.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0223/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58978-2023-118-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 30 de septiembre de 2023, cursante de fs. 49 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Soliz Álvarez en representación sin mandato de Iván Viachini Puma Rojas contra Israel Lander Claros Hinojosa y Ana Gabriela Rivera Román, Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo, conforme Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso en sus componentes derecho a la defensa, a la igualdad y la tutela judicial efectiva; y los principios de celeridad, eficiencia y eficacia; toda vez que, por memorial de 19 de julio de 2023, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue programada para el 28 de igual mes y año, después de nueve días; acto procesal que además fue suspendido debido a que el expediente original habría sido remitido al Tribunal de alzada en grado de apelación, cuando oportunamente dejó recaudos para las fotocopias correspondientes, colocándolo en estado de indefensión; asimismo, presentó nueva solicitud el 10 de agosto del mismo año, sin obtener respuesta. Por lo que pide se disponga su libertad en el día. Israel Lander Claros Hinojosa Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; a través de informe escrito, cursante a fs. 46 vta., refirió que: a) Evidentemente, se suspendió la audiencia programada para el 28 de julio de 2023, porque no contaba con los antecedentes del proceso a efectos de llevar a cabo dicho actuado; y respecto a los recaudos, el secretario en suplencia de ese entonces, indica que las partes habrían sacado fotocopias del proceso, sin entregarlas a Secretaría; b) Su despacho no cuenta con secretario abogado por más de dos meses; c) Respecto al otro memorial de solicitud, este fue debidamente respondido; y, d) La presente causa ya fue debidamente devuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; por lo que, de oficio inmediatamente señaló audiencia de cesación a la detención preventiva del accionante para el 2 de octubre de 2023 a horas 15:30; aspectos por los que solicitó se deniegue la tutela. Ana Gabriela Rivera Román, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito, cursante a fs. 47, refirió que: 1) El 28 de julio de 2023, no se encontraba en funciones, por lo que desconoce la situación denunciada; 2) Respecto al memorial de 10 de agosto de 2023, este cuenta con un decreto del día siguiente; y, 3) Indicó que la presente causa fue devuelta al Juzgado el 28 de septiembre de 2023; por lo que se programó audiencia inmediatamente. El Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 30 de septiembre de 2023, cursante de fs. 49 a 58, concedió la tutela solicitada; toda vez que, siendo evidente que el incumplimiento en el plazo para el señalamiento de audiencia y resolución de la petición de cesación de la detención preventiva, no se efectuó dentro de los plazos legales previstos, resulta en una actitud omisiva, que ha generado una dilación repercutiendo en una vulneración y restricción indebida del derecho a la libertad personal del accionante, al no haberse considerado ni resuelto su solicitud de cesación a la detención preventiva de forma oportuna. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, manifestó al respecto que la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas nos corresponden).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento: La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.
Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.
Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a Ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
La SCP 0504/2020-S4 de 29 de septiembre, respecto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional y la consiguiente legitimidad pasiva, citando a su vez la SCP 0961/2019-S4 de 21 de noviembre, estableció que: [Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: «…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció ‘…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)’.
Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”. Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno». En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional, hechos que repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; toda vez que, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo, pero principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional] (las negrillas son nuestras).
La problemática planteada converge en que el ahora accionante denuncia la lesión de sus derechos, toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de robo agravado; solicitó señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue programada para después de nueve días, a más de ello, la misma fue suspendida en razón a que el Juez de la causa refirió no contar con el cuaderno procesal al haber sido enviado en originales al Tribunal de alzada ante su recurso de apelación incidental, aspecto que le genera indefensión porque proporcionó los recaudos correspondientes para la remisión en fotocopias legalizadas; posteriormente, el 10 de agosto de igual año, efectuó una nueva solicitud de audiencia, que tampoco fue programada conforme a procedimiento. Del análisis de los antecedentes y datos contenidos en el expediente constitucional, se tiene que dentro del proceso penal de referencia, en audiencia de aplicación de medidas cautelares se dispuso la detención preventiva del accionante y otros, decisión contra la cual plantearon recurso de apelación incidental; posteriormente, mediante memorial presentado el 19 de julio de 2023 el prenombrado solicitó audiencia de cesación a su detención preventiva (fs. 2 y vta.), que fue providenciado el 20 de igual mes y año, programándose dicho actuado para el 28 de julio de 2023 a horas 11:30 -efectivamente, como denuncia el accionante, nueve días después- (fs. 11); asimismo, consta otro memorial del impetrante de tutela solicitando nuevamente señalamiento de audiencia de cesación el 10 de agosto de 2023 (fs. 3). Por otra parte, del contenido de la Resolución de 30 de septiembre de 2023, venida en revisión, emitida por el Tribunal de garantías, desprende que este cuerpo colegiado tuvo acceso al cuaderno procesal de la causa penal de referencia (fs. 55), pudiendo verificar en lo pertinente, lo siguiente: i) Cursa el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva llevada a cabo el 28 de julio de 2023 a horas 11:30; en la cual, la autoridad judicial dispone: “…en virtud al informe del secretario abogado, toda vez que, el proceso original se encuentra en Sala Penal Tercera, imposibilita llevar la presente audiencia por no contar con los antecedentes, por lo que, se suspende la audiencia hasta que la presente causa sea devuelta por el Tribunal de Alzada” (sic [negrillas añadidas]); ii) Ante el memorial presentado -por el accionante- el 10 de agosto de 2023, se emitió la providencia de 11 de igual mes y año, que indica: “Estese a los datos del proceso, toda vez que como se ha señalado en audiencia de 28 de julio de 2023 imposibilita llevar audiencia de cesación a la detención preventiva mientras el proceso original aún se encuentre en el Tribunal de Alzada” (sic [énfasis adicionado]); iii) Se tiene nota de devolución del cuadernillo -de apelación-, de 28 de septiembre de 2023 a horas 16:45, suscrito por la Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Sacaba del mismo departamento; y, iv) Providencia de oficio -no indica la fecha-, suscrita por la Secretaria ahora demandada, por la que señala la audiencia de cesación a la detención preventiva del accionante para el 2 de octubre de 2023 a horas 15:30. Al respecto, conforme el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ante solicitudes de audiencia de cesación a la detención preventiva, se debe observar el tramite establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debiendo la autoridad judicial a cargo del proceso señalar audiencia y resolverla dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, atendiendo con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, una petición de tal naturaleza; es decir, analizando si las circunstancias y pruebas ameritan o no dar curso a la pretensión del solicitante; comprendiendo que, en caso de demora o dilación indebida por incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, se provocaría una restricción indebida del derecho a la libertad física del imputado; asimismo, el precepto indicado, en lo pertinente a las reglas de la audiencia nos remite a lo establecido en el art. 113 de mismo cuerpo normativo, que al respecto, principalmente refiere que las audiencias señaladas en ningún caso pueden ser suspendidas, salvo que exista una imposibilidad de llevar a cabo por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, en cuya circunstancia el juez deberá señalar nueva audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pudiendo habilitar días y horas inhábiles. Entendimiento que es aplicable al caso concreto, toda vez que el Juez ahora demandado ante la solicitud efectuada por el accionante el 19 de julio de 2023, programó audiencia de cesación a la detención preventiva para el 28 de julio de 2023, es decir, nueve días después. Luego, llegada la fecha indicada, suspendió la audiencia programada de forma injustificada bajo excusa de no contar con el expediente original ante su remisión por impugnación al Tribunal de alzada, cuando podía revisar el “libro de tomas de razón” del Juzgado donde se encuentran todas las resoluciones emitidas, pudiendo haber solicitado al personal subalterno que esta sea puesta la vista y así considerar la pretensión del accionante o en todo caso, requerir mediante oficios a la Sala Penal correspondiente, la remisión de fotocopias de las piezas pertinentes. Posteriormente, ante la nueva solicitud realizada el 10 de agosto de ese año, por proveído del día siguiente, decidió no atender la solicitud en tanto no retorne el expediente original del superior en grado. Consecuentemente, siendo evidente la dilación advertida y toda vez que, la misma no se halla justificada, corresponde conceder tutela impetrada, en el marco de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho descrita en el Fundamento Jurídico II.1 de este fallo constitucional, que opera en los casos en los que los trámites que resolverán la situación jurídica de un privado de libertad, sufren dilaciones o demoras indebidas fuera del marco normativo procesal, provocando demora en su resolución y afectando directamente el derecho a la libertad, generando la activación de esta vía, a fin de procurar la celeridad procesal. Por otra parte, en relación a la Secretaria demandada, contra quien también se dirigió la presente acción tutelar; cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares cuando la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas dicho personal, por el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, en tales casos dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva, independientemente de la responsabilidad de supervisión de la autoridad jurisdiccional. En el caso de análisis, la funcionaria subalterna referida incumplió sus obligaciones; por cuanto, a fs. 27 vta., al reverso del Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada, se tiene una nota con el texto siguiente: “El día 03 de agosto de 2023 me comunique con el secretario (a) del Juzgado y/o Tribunal de origen, a fin de informarle que el presente legajo procesal está listo para recoger de esta Sala Penal Tercera” (sic), suscrita por el Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; asimismo, del contenido de la Resolución del Tribunal de garantías -en revisión-, se hizo referencia a la Circular 05/2016 de 2 de agosto, emitida por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, que establece la obligación a todos los servidores de apoyo judicial dependientes de juzgados en materia penal de provincias, de constituirse los días lunes y viernes a las salas para recoger antecedentes; y finalmente, se hizo referencia a un memorial presentado por el accionante el 26 de septiembre de 2023, ante el Juez de la causa, solicitando se conmine a la Secretaria que, en el día recoja el legajo procesal de la Sala Penal indicada. Aspectos que denotan que, si bien esta funcionaria no fungía aun su cargo en la primera audiencia suspendida -de 28 de julio de 2023-, no pudiendo atribuirle la remisión de antecedentes originales pese a la otorgación de recaudos; empero, para el 3 de agosto de igual año, sí fue advertida por el Auxiliar de Sala para que recoja los antecedentes; observándose que hasta el 26 de septiembre de ese año -fecha del memorial del accionante-, no cumplió con su obligación de recoger dichos antecedentes de la Sala correspondiente; que fue efectivizado recién el 28 de septiembre de 2023; evidenciándose descuido o incumplimiento de instrucciones superiores en el desempeño de sus funciones, lo que contribuyó a la lesión de derechos alegada, correspondiéndole parte de la responsabilidad en el presente caso. Por todo lo desarrollado, en virtud a lo anotado se concluye que en el caso existe una evidente dilación con afectación directa al derecho a la libertad del accionante, correspondiendo la concesión de la tutela impetrada, disponiendo únicamente ordenar a la parte demandada la realización inmediata de dicho actuado; salvo que, por el transcurso del tiempo, ya se hubiera realizado y/o modificado la situación jurídica del accionante. Por otra parte, en cuanto al petitorio del impetrante de tutela, dirigido a que este Tribunal disponga su libertad en el día, dicha pretensión no resulta viable a través de esta vía, ya que esta atribución le corresponde únicamente a la autoridad encargada del control jurisdiccional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 30 de septiembre de 2023, cursante de fs. 49 a 58, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos expuestos precedentemente; 2° Exhortar a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad física o de locomoción.
3° Llamar la atención a Israel Lander Claros Hinojosa y Ana Gabriela Rivera Román, Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, al no haber desempeñado debidamente sus funciones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0223_2026-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): d5673b5e282a00135ac31c0079c059a0056327a865a422d39a657cbfa14eeba7
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