B.IA.LEGAL

SCP 0223/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
3 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52629-2023-106-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el 5 de diciembre de 2022 presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar la autoridad accionada hubiera señalado día y hora de audiencia, ni dispuesto la remisión de los antecedentes ante el Juzgado de Turno -ante el inicio de la vacación judicial- para su respectiva tramitación; generando con dicha omisión una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica, pese a haber adjuntado la prueba documental en copias legalizadas necesaria para viabilizar el conocimiento de su petición. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 de 3 de mayo de 2019 - Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres - y 1226 de 18 de septiembre de 2019 –Ley de Modificación a la Ley 1173; y, 3) Análisis de…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 163 a 164 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni; y en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en la modalidad traslativa o de pronto despacho.

2º DISPONER en caso de no haberse realizado, que en el plazo de veinticuatro horas de ser notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, remitan obrados a efectos de cumplir con la tramitación de la situación jurídica del accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0223/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52629-2023-106-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 08/2022 de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 163 a 164 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Fernando Velarde Medrano en representación si mandato de Elizardo Nina Apaza contra Juan Carlos Iglesias Herrera, Arnold Vaca Guaribana y Kenny Álvaro Rivero Arce, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 145 a 149, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniela Miranda Vásquez contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación agravada con CUD 807102072100006 y Causa 005/2021, el cual cuenta con sentencia condenatoria en primera instancia y se encuentra en grado de apelación restringida, el 5 de diciembre de 2022 a horas 13:00, presentó ante el Tribunal de Sentencia de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, memorial solicitando cesación a la detención preventiva y aplicación de medidas sustitutivas. Para tal efecto, acompañó piezas principales del proceso en copias legalizadas a fojas 133 de obrados, con el fin de evitar dilaciones en la remisión del expediente original ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Beni. No obstante, denuncia que pese al tiempo transcurrido, dicho memorial permanece en despacho del Presidente del Tribunal de Santa Ana de Yacuma del indicado departamento, sin que se hubiera señalado día y hora para la audiencia de consideración a la cesación a la detención preventiva, ni dispuesto la remisión de los antecedentes ante el Juzgado o Tribunal de Turno -ante el inicio de la vacación judicial- para su respectiva tramitación; señalando que, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, transcurrieron nueve días sin que se resuelva su solicitud, lo cual genera una dilación indebida que vulnera su derecho a la libertad física y le deja en completa indefensión, al omitirse el deber de celeridad procesal que rige en toda solicitud vinculada a la situación jurídica de una persona privada de libertad.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y a la defensa; citando al efecto los arts. 13.I, 21.7, 22, 23.I y III, 24, 73.I, 115.I y II, de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Se restituya su derecho de libertad, debiendo otorgar la celeridad debida, y al encontrarse en vacación judicial, remitir los actuados al Juzgado y/o Tribunal de Turno a objeto de que señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; y, b) Se disponga que los accionados en el acto y dentro de las veinticuatro horas de dictada la Resolución, remitan obrados ante el Juzgado o Tribunal de Turno, encargado de verificar todas las cesaciones solicitadas a cargo de los accionados que gozan de vacaciones, para cumplir con dicho fin.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 161 a 162 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Elizardo Nina Apaza, quien cumple detención preventiva, presentó el 5 de diciembre de 2022 a horas 13:00 -tres horas antes del inicio de la vacación judicial- memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni , sin que hasta la conclusión de dicha jornada laboral se emitiera ninguna "providencia meritoria", habiendo transcurrido a la fecha diez días de dilación injustificada; 2) Al amparo del art. 44 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se adjuntaron fotocopias legalizadas de los antecedentes para que el Tribunal no pudiera excusarse de resolver alegando falta de control jurisdiccional por encontrarse el proceso en grado de apelación restringida; 3) La naturaleza de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales y administrativos para resolver la situación de la persona privada de libertad sin dilaciones indebidas; y, 4) No existe excusa por la vacación judicial, toda vez que se debió dar prioridad a la solicitud, ya sea habilitando horas extraordinarias o remitiendo los antecedentes al juez de turno para su resolución; motivo por el que, solicita se declare probada la acción de libertad y se conceda la tutela.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Juan Carlos Iglesias Herrera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, en audiencia, manifestó que: i) El lunes 5 de diciembre de 2022, el Tribunal celebró dos audiencias virtuales de cesación a la detención preventiva de otras personas, concluyendo la segunda casi a las 16:00; ii) El suscrito Presidente no tuvo conocimiento de que algún memorial de cesación a la detención preventiva hubiese ingresado a su despacho hasta las 16:00, hora en que concluyó la jornada laboral y abandonó su oficina; iii) Al día siguiente, se inició la vacación judicial, suspendiéndose los plazos procesales conforme a procedimiento; iv) Al ser oriundo de la ciudad de Sucre, se trasladó a dicho departamento para hacer uso de su vacación; v) Recién tuvo conocimiento de la interposición de la presente acción de libertad cuando fue notificado vía WhatsApp a las 17:00 o 18:00 del día anterior; y, vi) En el presente caso se realizaron todos los actuados de manera inmediata como en los demás procesos, reiterando que no se tiene conocimiento de que hubiera ingresado memorial alguno hasta las 16:00 del día indicado. Los coaccionados Arnold Vaca Guaribana y Kenny Álvaro Rivero Arce, Jueces Técnicos del mismo Tribunal, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni presentaron informe alguno, pese a su notificación, cursante a fs. 155 a 156; y, 159 a 160.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento del Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 08/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 163 a 164 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza de turno del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, señale inmediatamente día y hora de audiencia para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva de Elizardo Nina Apaza hoy accionante, llamando severamente la atención a la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, por su falta de diligencia; bajo los siguientes fundamentos: a) Se establece que el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva fue presentado el 5 de diciembre de 2022, tres horas antes del cierre de la jornada laboral y del inicio de las vacaciones judiciales, contando con el tiempo suficiente para el señalamiento de día y hora de audiencia, más aún cuando se acompañó el legajo documental necesario para que el Tribunal no pudiera excusarse de su conocimiento; b) Se evidencia una negligencia e incumplimiento de funciones por parte de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del mencionado departamento, quien en su calidad de apoyo judicial omitió materializar lo dispuesto en la Circular 031/2022 de Sala Plena, al no poner el memorial a conocimiento inmediato de los jueces ni remitirlo junto con la documentación ante el Juzgado de turno encargado de las causas con detenidos preventivos; y, c) Se determina que, si bien los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni se encontraban desarrollando audiencias al momento del ingreso del memorial, la omisión del personal de apoyo judicial generó una dilación indebida que hace procedente la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, toda vez que no se acreditó idóneamente el ingreso a despacho ni se evacuó informe por parte de los jueces técnicos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre se dispuso la devolución a Comisión de Admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia pública de medidas cautelares de carácter personal dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniela Miranda Vásquez contra Elizardo Nina Apaza -ahora accionante- y Alison Melisa Chiquimia Ovirece, por la presunta comisión de los delitos de violación y encubrimiento, en la cual se determinó la detención preventiva del nombrado por un lapso de tres meses en la carcelera de San Joaquín de Beni (fs. 8 a 12 vta.) II.2. Mediante mandamiento de detención preventiva de 12 de febrero de 2021, emitido por el Juez Público Mixto, Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de la provincia Mamoré del departamento del Beni, se ordenó la detención preventiva del imputado Elizardo Nina Apaza hoy accionante (fs. 13). II.3. Consta en el cuaderno procesal los antecedentes del proceso penal signado con el código único de caso 80710207200006, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniela Miranda Vásquez por la supuesta comisión del delito de violación y encubrimiento (fs. 14 a 141). II.4. A través de memorial presentado el 5 de diciembre de 2022 a horas 13:00, el accionante solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni la cesación a su detención preventiva, acompañando prueba documental en copias legalizadas a fin de desvirtuar los riesgos procesales (fs. 3 a 7). II.5. Por el informe oral vertido por la autoridad accionada en la audiencia de esta acción de defensa, se evidencia que el memorial de solicitud de cesación no fue providenciado antes del inicio de la vacación judicial, bajo el argumento de que el Presidente del Tribunal “…no tuvo conocimiento de ninguna cesación a la detención preventiva que haya ingresado a mi despacho… nosotros trabajamos hasta las 16:00 de la tarde y una vez que yo ya me fui… al día siguiente, nosotros entrabamos en vacación judicial y usted sabrá señora juez, se suspenden los plazos procesales conforme el procedimiento…” (sic [fs. 15 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el 5 de diciembre de 2022 presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar la autoridad accionada hubiera señalado día y hora de audiencia, ni dispuesto la remisión de los antecedentes ante el Juzgado de Turno -ante el inicio de la vacación judicial- para su respectiva tramitación; generando con dicha omisión una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica, pese a haber adjuntado la prueba documental en copias legalizadas necesaria para viabilizar el conocimiento de su petición. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 de 3 de mayo de 2019 - Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres - y 1226 de 18 de septiembre de 2019 –Ley de Modificación a la Ley 1173; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: ‘“La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226

La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, citando a la SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, señala que: ‘“…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente: (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.’ En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, al debido proceso en su elemento de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el 5 de diciembre de 2022, presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar la autoridad accionada hubiera señalado día y hora de audiencia, ni dispuesto la remisión de los antecedentes ante el Juzgado de Turno -ante el inicio de la vacación judicial- para su respectiva tramitación; generando con dicha omisión una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica, pese a haber adjuntado la prueba documental en copias legalizadas necesaria para viabilizar el conocimiento de su petición. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, inicialmente se determinó su detención preventiva por un lapso de tres meses (Conclusión II.1.); en mérito a ello, se emitió el respectivo mandamiento de detención preventiva el 12 de febrero de 2021 (Conclusión II.2.); asimismo, según el cuaderno procesal los antecedentes del caso signado con el CUD 80710207200006 la detención se habría prolongado manteniendo su situación jurídica (Conclusión II.3.). Ante tal situación, el accionante, mediante memorial presentado el 5 de diciembre de 2022 “a horas 13:00”, solicitó la cesación a dicha medida cautelar, adjuntando prueba documental en copias legalizadas para viabilizar el trámite (Conclusión II.4.); y finalmente, se establece que dicho memorial no fue providenciado antes del inicio de la vacación judicial, bajo el argumento de la autoridad accionada de no haber tenido conocimiento de su ingreso hasta las 16:00 de ese día (Conclusión II.5.). Planteada así la problemática, corresponde establecer si la actuación de las autoridades judiciales accionadas constituye la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado a la celeridad; en ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho constituye el mecanismo idóneo para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, cuando se trata de resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad; bajo este razonamiento, toda autoridad jurisdiccional tiene el deber de tramitar dichas solicitudes con la mayor celeridad posible, puesto que la demora innecesaria en la atención de estas peticiones lesiona directamente el valor libertad. Asimismo, el Fundamento Jurídico III.2. es taxativo al señalar que, de acuerdo a las modificaciones introducidas por la Ley 1226 al art. 239 del CPP, planteada una solicitud de cesación a la detención preventiva bajo las causales 1, 2, 5 y 6, la autoridad debe señalar audiencia en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el presente caso, se advierte que el memorial fue ingresado el 5 de diciembre de 2022 “a las 13:00”, es decir, tres horas antes del cierre de la jornada laboral y del inicio de las vacaciones judiciales; sin embargo, conforme los antecedentes y lo informado en audiencia, no solo se omitió el señalamiento de la audiencia, sino que tampoco se dispuso la remisión de los antecedentes ante el juzgado de turno para que el juez de turno tramite dicha solicitud. En cuanto a la actuación de los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, es preciso analizar los argumentos vertidos en el informe oral realizado en audiencia de la presente acción de libertad, donde Juan Carlos Iglesias Herrera -Juez accionado- manifestó que: “…no tuvo conocimiento de ninguna cesación a la detención preventiva que haya ingresado a mi despacho… nosotros trabajamos hasta las 16:00 de la tarde y una vez que yo ya me fui… al día siguiente, nosotros entrabamos en vacación judicial y usted sabrá señora juez, se suspenden los plazos procesales conforme el procedimiento…” (sic). Al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que tal justificación es inadmisible; Si bien el accionado alegó que se encontraba atendiendo otras audiencias sucesivas hasta finalizar el horario laboral, ello no le exime de su responsabilidad como directores del despacho judicial tomar las previsiones necesarias para el funcionamiento de su despacho; toda vez que, un Juez, en ejercicio de su labor, debe asumir directrices claras respecto a su personal de apoyo para prever situaciones de contingencia como es el caso “ante el inicio de periodos de vacación”. Además, se dijo en audiencia de acción de libertad- La existencia de un Acuerdo “Sala Plena 031/2022”, respecto a los juzgados de turno -aspecto que se da en todos los Tribunales Departamentales de Justicia-a efectos de que precisamente se prevean estas situaciones, y que por regla son de conocimiento obligatorio para todos los Juzgados y Salas, quienes deben prever la remisión inmediata de expedientes con detenidos preventivos al juzgado de turno. Por tanto, el argumento de que la responsabilidad recae exclusivamente en la Secretaria -quien supuestamente no informó del ingreso del memorial- no es atendible, ya que el Juez, tiene el deber de supervisar que las solicitudes vinculadas a la libertad sean canalizadas de forma inmediata, más aun tomando en cuenta que al día siguiente acontecía las vacaciones judiciales ello en previsión de dicho acuerdo. En ese sentido, en el caso de análisis se advierte que existió una dilación indebida de diez días desde la presentación del memorial el 5 de diciembre hasta la celebración de la audiencia de acción de libertad el 15 de diciembre, sin que dicho memorial presentado por el accionante fuera siquiera providenciado. Esta omisión constituye una vulneración al principio de celeridad procesal y al derecho a la libertad, pues se dejó en la incertidumbre jurídica a una persona privada de libertad, supeditando el ejercicio de sus derechos a deficiencias en la gestión interna del despacho judicial, debiendo haberse operado la remisión de antecedentes ante el Juzgado de turno designado para el efecto. Por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho identificando que la vulneración de derechos es atribuible a los Jueces accionados en su calidad de responsables del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, por no haber dado cumplimiento a los plazos previstos en las Leyes 1173 y 1226; y por no, haber tomado las previsiones necesarias para el despacho de causas con el debido interés antes del receso judicial. Otras consideraciones Respecto a la determinación de la Jueza de garantías de llamar la atención a la Secretaria Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, corresponde precisar que la legitimación pasiva exige la coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración y aquella contra quien se dirige la acción tutelar; presupuesto que en el presente caso no se cumple, toda vez que el propio accionante no identificó ni demandó a la citada funcionaria como autoridad accionada. Al carecer la Secretaria de competencia legal para emitir decretos de señalamiento de audiencia o disponer la remisión de expedientes por iniciativa propia, resulta improcedente atribuirle responsabilidad o llamar su atención por actos que dependen exclusivamente de la firma del juzgador. El Juez, como "Director" del proceso, es el único que posee legitimación pasiva para responder por la situación jurídica del privado de libertad; distinción que debe ser observada con rigor por la jurisdicción de garantías para no desnaturalizar el alcance y los efectos de la tutela constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 163 a 164 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni; y en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en la modalidad traslativa o de pronto despacho.

2º DISPONER en caso de no haberse realizado, que en el plazo de veinticuatro horas de ser notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, remitan obrados a efectos de cumplir con la tramitación de la situación jurídica del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0223_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): a08ca85df28c80385dbb391a2466bcf07248786e64b088cf762fdd8042a7792f

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