Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de mayo de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración a su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; puesto que, al cumplir el tiempo de la condena impuesta por la comisión del delito de robo agravado; a través de memorial de 7 de abril de 2022, solicitó al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora accionado- se extienda el Certificado de permanencia y conducta para poder tramitar su libertad definitiva al cumplimiento de la pena; no obstante, a la fecha de presentación de la acción de libertad, no se emitió el Certificado requerido, incurriendo en una dilación injustificada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 108/2022 de 7 de junio, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por la vulneración del derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en lo concerniente al Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0218/2024-S3 Sucre, 24 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48438-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 108/2022 de 7 de junio, cursante de fs. 13 a 14., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Mario Laime Flores en representación sin mandato de Brayan Gabriel Coronel Duran contra Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Por memorial presentado el 6 de junio de 2022, cursante de fs. 3 a 6, manifestó que en el proceso penal seguido contra su persona por la comisión del delito de robo agravado, por Sentencia de 25 de septiembre de 2018, se lo condenó a una pena privativa de libertad de tres años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, al estar cumplida su condena, por memorial presentado el 7 de abril de 2022, ante el Director del indicado Centro Penitenciario, solicitó el respectivo Certificado de permanencia y conducta, con el fin de tramitar su libertad definitiva; sin embargo, no obstante a las reiteradas solicitudes de 30 de mayo de igual año; 1, 2 y 6 de junio del mismo año; hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa no obtuvo una respuesta “favorable”. Extremos que fueron ratificados en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, de 7 de junio de 2022, conforme se advierte del acta cursante de fs. 10 a 12.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad;
citando al efecto los arts. 13 y 23 de la Constitución Política del Estado; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se emita el Certificado de permanencia y conducta.
David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia de consideración de esta acción de defensa manifestó que, la emisión del Certificado de permanencia y conducta se encuentra a cargo de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, su autoridad únicamente otorga el visto bueno; el “día de ayer” -se entiende 6 de junio de 2022-, le remitieron el respectivo Certificado de permanencia y conducta del accionante; por lo que, una vez suscrito por su persona, al promediar las 18:00 horas, se hizo entrega de dicho Certificado al nombrado. Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, a pesar de su citación cursante a fs. 8.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 108/2022 de 7 de junio, cursante de fs. 13 a 14., concedió la tutela solicitada, únicamente contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por ser esta la autoridad quien no actuó con celeridad en la tramitación de la solicitud, es decir, efectuar la respectiva remisión ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 7 de abril de 2022, ante el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el cual Brayan Gabriel Coronel Durán -hoy accionante- solicitó Certificado de permanencia y conducta (fs. 2).
El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración a su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; puesto que, al cumplir el tiempo de la condena impuesta por la comisión del delito de robo agravado; a través de memorial de 7 de abril de 2022, solicitó al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora accionado- se extienda el Certificado de permanencia y conducta para poder tramitar su libertad definitiva al cumplimiento de la pena; no obstante, a la fecha de presentación de la acción de libertad, no se emitió el Certificado requerido, incurriendo en una dilación injustificada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que:“…este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
Respecto a la legitimación pasiva en acción de libertad es importante establecer que la misma recae en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, la SCP 1055/2016-S1 de 26 de octubre, señaló que: “Con relación a la legitimación pasiva el art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.I de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar” (las negrillas fueron agregadas).
El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración a su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; puesto que, al cumplir el tiempo de la condena impuesta por la comisión del delito de robo agravado; a través de memorial de 7 de abril de 2022, solicitó al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora accionado- se extienda el Certificado de permanencia y conducta para poder tramitar su libertad definitiva al cumplimiento de la pena; no obstante, a la fecha de presentación de la acción de libertad, no se emitió el Certificado requerido, incurriendo en una dilación injustificada.
De los antecedentes que cursan en obrados, se advierte el memorial presentado el 7 de abril de 2022, ante el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -hoy accionado-, por el cual el accionante solicitó Certificado de permanencia y conducta (Conclusión II.1.), a efectos de tramitar su libertad definitiva al cumplir la condena por la comisión del delito de robo agravado. En ese sentido, considerando que la finalidad de la emisión del Certificado de permanencia y conducta conlleva la obtención de su libertad definitiva, su extensión debe efectuarse de forma célere dentro de un plazo razonable permitiendo que los privados de libertad puedan materializar el acceso a la justicia pronta y oportuna; por lo que, debe tomarse en cuenta que David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -hoy accionado-, recién el 30 de mayo de 2022, remitió la solicitud del accionante a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario; y no obstante, a que el Certificado de permanencia y conducta fue entregado al nombrado el 6 de junio de igual año, es decir, el mismo día de citación con esta acción de defensa, se constata una dilación indebida e injustificada en la remisión y tramitación de dicha solicitud, sobrepasando un plazo razonable para tal efecto, más aún, si se considera que dicho Certificado se encuentra en vinculación directa con la libertad del accionante, en consecuencia, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho o traslativa, la cual tiene como finalidad acelerar los trámites administrativos frente a dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, entendimiento que no se limita únicamente a medidas cautelares, sino también a otros aspectos, entre ellos los trámites administrativos o jurisdiccionales relacionados con el derecho a la libertad, tal el caso de una solicitud de extensión del Certificado de permanencia y conducta para viabilizar el trámite del cumplimiento de una condena.
Finalmente, respecto a la legitimación pasiva de esta acción de defensa, se tiene que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se advierte que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona accionada no participó en la vulneración de los derechos alegados, en ese contexto, se constata que el accionante presentó el memorial de solicitud de Certificado de permanencia y conducta ante la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, siendo esta Dirección la que se encuentra impelida de otorgar el correspondiente Certificado y no así la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, la cual carece de legitimación pasiva al no tener conocimiento de la solicitud del nombrado, lo que hace posible que respecto a la referida Dirección Departamental se deniegue la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 108/2022 de 7 de junio, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por la vulneración del derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en lo concerniente al Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condor
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0218_2024-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 69cff50b4da6c6ccb064f2a987246b980f6217c1d1a9de1c11c2e68f53c26364
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