Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho a la libertad y transgresión al principio de celeridad, pues habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la determinación de aplicar detención preventiva en su contra, a la fecha de la presentación de su acción tutelar ni siquiera se elaboró el acta de la audiencia cautelar, menos la remisión de antecedentes ante el superior en grado, provocándole incertidumbre respecto a su situación procesal, tomando en cuenta que se encuentra privada de su libertad, por lo que, solicitó se conceda la tutela y se cumpla con dicho remisión, en el día. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del Departamento de Cochabamba y, en consecuencia:
1 º CONCEDER la tutela impetrada, respecto al Juez y Secretaria demandados con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer que una vez notificado con el presente fallo constitucional, en el día se proceda a la remisión del recurso de apelación incidental y antecedentes al Tribunal de alzada, siempre y cuando aún no se lo haya efectuado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0214/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52960-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tany Melina Suruby Colque en representación sin mandato de Carmela Herrera Galarza y Pablo Zuleta Justiniano contra José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez; y, Vianca Coca Claros y Secretaria, ambos del Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 6 de enero de 2022, cursante de fs. 4 a 6, la parte accionante manifestó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, el 14 de diciembre de 2022, en audiencia pública de consideración de medidas cautelaras se dispuso su detención preventiva, decisión contra la cual, al término de la citada audiencia, interpuso recurso de apelación incidental; consiguientemente, el Juez de la causa, dispuso que se remitan los antecedentes al superior en grado para su conocimiento y resolución. Transcurridos más de dieciocho días de la celebración de la audiencia, ni siquiera se realizó el acta correspondiente, menos la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada, incumpliéndose lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); lo cual, constituye una demora que le causa incertidumbre respecto a su situación procesal.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna; y por otra parte la transgresión al principio de celeridad citando al efecto el art. 178.I de la Constitución política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión en el día de los antecedentes al Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de julio de 2023, según consta en acta cursante a fs. 15 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándola señalaron que, a los dieciocho días de la interposición de su recurso de apelación incidental, no se remitieron aún los antecedentes al Tribunal de alzada para su consideración, debiendo la autoridad demandada hacerlo a la brevedad posible, en resguardo al principio de celeridad.
José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -demandado- en audiencia señaló que, en su despacho tiene a su cargo varios casos y estaba de turno, llegando a tener por día alrededor de quince audiencias, y haberse elaborado ciento cuarenta y cinco actas y si bien la normativa exige la remisión de antecedentes en veinticuatro horas, la situación que atraviesa su juzgado imposibilita su cumplimiento, más aun considerando que la secretaria se encontraba con baja médica y la oficial de diligencias que la suplió se encontraba en estado de gestación; empero, ya se dispuso que se transcriba el acta correspondiente. Vianca Coca Claros, Secretaria del Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, en audiencia manifestó que del 26 de noviembre de 2022 al 3 de enero de 2023 se encontraba con baja médica, y que por la premura de tiempo no ajuntó la prueba correspondiente; no obstante, ésta cursa en Recursos Humanos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y que de todas formas ya se dispuso la transcripción de la respectiva acta.
La Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del Departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 05/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 16 a 18 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) Que en el día se remita el cuadernillo de medidas cautelares al Tribunal de alzada correspondiente; y, b) Se exhorta que en el futuro la autoridad demandada observe las normas sobre las medidas cautelares y su apelación, cuando se trate de privados de libertad; determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: 1) Efectivamente desde la interposición de la apelación incidental transcurrieron más dieciocho días sin que se haya cumplido con la diligencia de remisión de antecedentes, y si bien es una tarea de la Secretaria del juzgado, la autoridad jurisdiccional debe velar por el cumplimento de dicha obligación; y, 2) La autoridad demandada no acreditó que la diligencia de remisión extrañada haya sido cumplida por el personal del juzgado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Carmela Herrera Galarza, el 14 de diciembre de 2022, en audiencia convocada se dispuso su detención preventiva, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación incidental, y el juez de la causa, ordenó que se remitan los antecedentes al superior en grado para su conocimiento y resolución (fs. 4). II.2. No obstante, lo dispuesto en audiencia, después de más de dieciocho días, no se transcribió el acta correspondiente, menos aún la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada (fs. 4 vta.).
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho a la libertad y transgresión al principio de celeridad, pues habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la determinación de aplicar detención preventiva en su contra, a la fecha de la presentación de su acción tutelar ni siquiera se elaboró el acta de la audiencia cautelar, menos la remisión de antecedentes ante el superior en grado, provocándole incertidumbre respecto a su situación procesal, tomando en cuenta que se encuentra privada de su libertad, por lo que, solicitó se conceda la tutela y se cumpla con dicho remisión, en el día. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental de medida cautelar, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
En ese entendido, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las sub reglas relativas a la obligación de remitir los antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, conforme al siguiente entendimiento: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
En esta acción tutelar, la parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y transgresión al principio de celeridad, pues su recurso de apelación incidental contra la determinación de aplicar detención preventiva en su contra, no fue remitida al superior en grado y ni siquiera se elaboró el acta de la audiencia cautelar, provocándole incertidumbre respecto a su situación procesal, tomando en cuenta que se encuentra privada de su libertad.
En este contexto, de la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones II.1, y II.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Carmela Herrera Galarza -ahora accionante-, el 14 de diciembre de 2022, en audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación incidental, hechos que no han sido negados por los demandados, sino por el contrario admitidos implícitamente. En el marco del principio de inmediación, la Jueza de garantías verificó en audiencia que no existía evidencia objetiva de que se haya producido la remisión hasta la audiencia de realización de la acción de libertad, puesto que se constató únicamente el sorteo realizado el 6 de enero del 2023, sin advertirse que materialmente se hubiera procedido a la remisión del legajo de la apelación. Finalmente, la justificación esgrimida por el Juez demandado de que se encontraba en suplencia legal de varios juzgados y que por la cantidad de casos atendidos era humanamente imposible atender el flujo de las actas que existen de todas las audiencias realizadas, de las cuales en un 60 a 70 % fueron impugnadas, no le exime de responsabilidad, puesto que al margen de no hallarse acreditado ese extremo, la dilación producida desde el 14 de diciembre del 2022 al 6 de enero del 2023, excede y por mucho al plazo de flexibilización de tres días que estableció la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los supuestos de recarga laboral. En cuanto a la Secretaria demandada, si bien es cierto que se halla acreditada por la fotocopia de baja médica su impedimento laboral desde el 5 al 14 de diciembre del 2022; la demora advertida con posterioridad a esa fecha le es atribuible en cuanto a la remisión de la apelación; por lo cual, en este caso, dicha funcionaria judicial también asume legitimación pasiva en esta causa, en el marco del entendimiento establecido en la en la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, que señala que los funcionarios subalternos del órgano judicial tienen legitimación pasiva en acciones de libertad cuando incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; razón por la cual, igualmente corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la indicada funcionaria judicial.
En suma, la omisión de remitir el expediente ante el superior en grado por parte del Juez y Secretaria demandados, efectivamente representa vulneración al derecho y principio jurídico denunciados por la parte demandante de tutela, más aún, considerando su condición de privada de libertad y el tiempo transcurrido de más de dieciocho días, sin que se haya cumplido con tal diligencia. Ahora bien, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad jurisdiccional en las que esté involucrada la libertad personal, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales si están fijados o caso contrario dentro de un plazo razonable; esto implica que en función al principio de celeridad no es admisible, que ni siquiera se haya transcrito el acta de la audiencia cautelar, estando por tanto pendiente la remisión del expediente, circunstancia ante la cual la autoridad demandada no ejerció el control debido sobre su personal de apoyo, fundamentalmente al tratarse de un trámite en el que está involucrada una persona privada de libertad que pertenece a un sector vulnerable en su condición de mujer, dejando que la parte afectada no vea otra medida que plantear la presente acción tutelar para que sus derechos sean respetados.
Por lo señalado, el incumplimiento de las diligencias necesarias para permitir el ejercicio pleno del derecho a impugnar, constituye demora o dilación indebida; advirtiéndose en consecuencia también transgresión al principio de celeridad, siendo que no se tomaron los debidos recaudos de control para efectivizar la remisión del expediente y garantizar el ejercicio del citado derecho en el marco del debido proceso, correspondiendo se conceda la tutela solicitada, al haberse vulnerado los derechos invocados por la parte accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del Departamento de Cochabamba y, en consecuencia:
1 º CONCEDER la tutela impetrada, respecto al Juez y Secretaria demandados con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer que una vez notificado con el presente fallo constitucional, en el día se proceda a la remisión del recurso de apelación incidental y antecedentes al Tribunal de alzada, siempre y cuando aún no se lo haya efectuado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
2 La sistematización de los precedentes constitucionales referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0214_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 084dc2568d91327ee063e3fb6d9ee90b730925aa53e320d5f274d87aa2ae2c66
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