Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025
Concede la tutela
El peticionante de tutela, consideró lesionado sus derechos a la libertad, relacionados con el debido proceso en su vertiente defensa; toda vez que, en el proceso que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa; la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro por medio del Auto Interlocutorio 29/2022 de 15 de septiembre, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad transcurrió dieciocho días sin ser notificado de forma personal con dicha determinación acto que dilata la oportunidad de poder interponer el recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 4 de octubre, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada bajo las mismas determinaciones ordenadas por la Jueza de garantías y en aplicación de los Fundamentos Jurídicos descrito en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0214/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50861-2022-102-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 09/2022 de 4 de octubre, cursante de fs. 47 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Remi Ademir Colque Vallejos contra Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 3 octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 5 vta., el accionante, consideró lesionado sus derechos a la libertad, relacionados con el debido proceso en su vertiente defensa; en razón a que, una vez llevada a cabo el 15 de septiembre del mismo año la audiencia de medidas cautelares en su contra por el delito de parricidio en grado de tentativa, se dispuso por parte de la Autoridad judicial ahora demandada su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de Oruro; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de defensa, no existe en el cuaderno procesal, el acta de audiencia, el Auto de detención preventiva, las notificaciones con el referido Auto; y, el Mandamiento de detención fue arrimado al cuaderno sin respaldo judicial, incumpliendo lo establecido en la SCP 1981/2013 de 4 de noviembre, transcurriendo dieciocho días desde la aplicación de la detención preventiva sin que exista notificación personal con dicha Resolución, acto que dilata la oportunidad de poder interponer el recurso de apelación incidental, solicitando se conceda la tutela en su modalidad de “pronto despacho”, en la que se disponga la notificación en el día con el Auto Interlocutorio pronunciado el 15 de septiembre de 2022, condenando en costas por la demora injustificada y retardación de justicia de un privado de libertad.
La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro; informó que, desde el 22 de agosto de 2022, se encuentra en proceso de refuncionalización del Órgano Judicial, por la cual recibió procesos de dos juzgados cautelares, al margen de los que ingresan diariamente, atendiendo ocho audiencias y otras labores en su despacho, dicho aspecto, hace imposible que los casos sean atendidos de forma oportuna y adecuada; por lo que, la existencia de algún retraso en la redacción de resoluciones y la elaboración de actas, no es por negligencia o una retardación deliberada, sino por la carga procesal que imposibilita atender oportunamente los requerimientos; en ese contexto, el Auto Interlocutorio de detención preventiva fue notificada de forma personal por su lectura al imputado, pudiendo impugnarlo conforme lo establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aspecto que no fue realizado por el accionante, pretendiendo sacar ventaja y forzar un nuevo plazo para interponer una apelación, siendo la misma extemporánea, solicitando se deniegue la tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 4 de octubre, cursante de (fs. 47 a 48), concedió la tutela, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas, se notifique al impetrante de tutela de forma personal con el Auto Interlocutorio 29/2022 de 15 de septiembre, bajo su absoluta responsabilidad, bajo alternativa de poner en conocimiento los antecedentes ante el Juez Disciplinario, en base a los siguientes fundamentos: a) Se advierte que en el Cuaderno Procesal se encuentra arrimada el Acta de Audiencia y el Auto Interlocutorio 29/2022 de 15 de septiembre, así como el Mandamiento de Detención Preventiva; sin embargo, no se evidencia la notificación con dichos actuados al accionante, conforme lo establece la “SCP 0796/2021”, la cual establece que con la Resolución de Detención Preventiva, se debe notificar de forma personal al imputado; para que pueda interponer el recurso de apelación incidental en base al art. 251 del CPP; b) Si bien se constata que los actuados fueron arrimados al Cuaderno, sin embargo, no se advierte la notificación al impetrante de tutela; y, c) No se puede aducir carga procesal, siendo una obligación de la autoridad jurisdiccional el notificar con la Resolución a la parte afectada, para que esta decida presentar o no el recurso de apelación correspondiente.
El peticionante de tutela, consideró lesionado sus derechos a la libertad, relacionados con el debido proceso en su vertiente defensa; toda vez que, en el proceso que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa; la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro por medio del Auto Interlocutorio 29/2022 de 15 de septiembre, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad transcurrió dieciocho días sin ser notificado de forma personal con dicha determinación acto que dilata la oportunidad de poder interponer el recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0596/2024-S3 de 1 de agosto, en su Fundamento Jurídico II.1 describió la siguiente reflexión constitucional: “La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: ‘…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. (…) Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (…) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias” (el resaltado es añadido).
La SCP 0796/2021-S3 de 20 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.2 describió la siguiente jurisprudencia constitucional: “Al respecto, la SCP 0013/2021-S2 de 1 de abril, señaló que: ‘La SCP 1981/2013 de 4 de noviembre, respecto a la forma de notificación de las medidas cautelares señaló que: «Si bien el anterior Tribunal Constitucional, estableció de manera general sobre notificaciones realizadas en audiencias orales; es decir, por la lectura que se hace en el mismo acto; sin embargo, este razonamiento no se aplica en las audiencias en las que se impone una medida cautelar de carácter personal como es la detención preventiva por la trascendencia que tiene para la persona a la que se le aplica. Ahora bien, el art. 236 del CPP, establece que: ‘El auto de detención preventiva será dictado por el juez o tribunal de proceso y deberá contener: 1) Los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo; 2) Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables; y, 4) El lugar de su cumplimiento’, en este sentido el art. 124 del CPP, determina que ‘Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’, entiéndase que dicha fundamentación y/o motivación debe expresarse de manera oral en audiencia. En ese sentido el art. 163 del CPP, prescribe que: ‘Se notificarán personalmente: (…) 3) Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales (…) La notificación se efectuará mediante la entrega de una copia de la resolución al interesado y una advertencia por escrito acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción…’, de forma que el término para interponer la apelación incidental conforme el art. 251 del mismo Código, se computará a partir de la entrega de la copia de la resolución de la referida audiencia aclarándose en todo caso que respecto al registro de la audiencia es aplicable el art. 371 del CPP, que establece que: ‘(…) Cuando el juicio se registre por un medio audiovisual es el juez o presidente del Tribunal ordenará las medidas convenientes para asegurar su conservación, fidelidad y autenticidad, las mimas que deberán constar en acta que será firmada por el juez o miembros del tribunal, el secretario y las partes’, ello en virtud a que el principio de oralidad es transversal al Código adjetivo penal de forma que resulta idóneo a efectos del art. 160 del Código adjetivo Penal. Es decir, de una interpretación sistemática del Código de Procedimiento Penal y a trasluz de los principios de transparencia, celeridad, oralidad y eficiencia que proclama nuestra Constitución en su art. 180.I, se tiene que al referirse a copia no se establece que necesariamente deba ser escrita sino que más bien deja la posibilidad de la utilización de medios y/o mecanismo tecnológicos disponibles para la grabación de la audiencia accesibles a las partes procesales como copias digitales debidamente autenticadas por la o el Secretario conforme al art. 120 del CPP, que acrediten con verisimilitud de lo acontecido en la tramitación de la audiencia, debiendo dejarse plena constancia de su entrega a las partes y un punto en su caso de los momentos en los que se realizaron los actuados relevantes de forma que resulte de fácil búsqueda, aclarándose además que de acuerdo al art. 371 del mismo Código, la autoridad jurisdiccional competente al inicio del acto debe hacer constar a las partes el medio que se está empleando y las medidas encargadas al secretario para asegurar la conservación de la información y la autenticidad del registro o cuyo efecto corresponde la elaboración de un acta que debe ser firmada por todas las partes intervinientes actuación en la cual además se deje establecido el término de apelación de la resolución a emitirse y que repercutirá en la posterior notificación a las mismas»''' (las negrillas son nuestras).
La problemática remitida en revisión, se traduce en que, dentro del proceso penal que se sigue en contra del accionante por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa; la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro, por medio del Auto Interlocutorio 29/2022 de 15 de septiembre, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del mismo departamento; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad transcurrió dieciocho días desde la aplicación de la detención preventiva sin que exista notificación personal con dicha Resolución, acto que dilata la oportunidad de poder interponer el recurso de apelación incidental. De antecedentes traídos en revisión, se establece que el 15 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares contra el accionante por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa (fs. 28 a 29); por la cual, la Jueza ahora demandada pronunció el Auto Interlocutorio 22/2022 de la misma fecha, en la que dispuso la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro (fs. 30 a 32 vta.), librándose en el mismo acto el respectivo Mandamiento de Detención Preventiva (fs. 33); empero, no se evidencia de dichos antecedentes los respectivos formularios de notificación con la referida determinación, advirtiéndose en el contenido del Auto Interlocutorio un párrafo que textualmente indica “CON LA PRESENTE RESOLUCION QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS EL IMPUTADO Y LA AUTORIDAD FISCAL a horas 15:00…” (Sic). Ahora bien, conforme se establece del Fundamento Jurídico II.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tratándose de Resoluciones que impongan una Medida Cautelar -lo que ocurre en el caso presente- se establece que las Resoluciones que impongan medidas cautelares deben necesariamente ser notificados de forma personal en cumplimiento del art. 163 del CPP; de tal forma, que los plazos para interponer el recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del mismo Código, recién se computa a partir de la entrega de la copia de la resolución; es decir, que toda resolución que determine imponer una medida cautelar -detención preventiva- debe necesariamente ser notificada de forma personal al imputado, en plazos prudenciales, todo en aplicación del principio de celeridad; puesto que, se trata de una persona que se encuentra privada de libertad, en la que sus peticiones y solicitudes deben ser atendidas y resueltas de forma inmediata, prescindiendo de formalidades y ritualismos. En ese sentido, se puede establecer que el Auto Interlocutorio 22/2022 de 15 de septiembre, hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa no fue debidamente notificado de manera personal al impetrante transcurriendo dieciocho días sin dicha notificación, incurriendo la autoridad accionada en una dilación en la tramitación de la causa; puesto que, no cumplió a cabalidad con los principios de celeridad y oportunidad, ya que incumplió lo establecido en el Fundamento Jurídico II.2 de esta Resolución Constitucional, incurriendo en un retardo injustificado de justicia, no siendo valedero sus argumentos de carga procesal, ya que siendo director del proceso, es quien debe controlar que sus órdenes se cumplan por el personal de su despacho; y al no haber efectuado la notificación de manera personal al impetrante de tutela con el Auto Interlocutorio 22/2022 incumplió sus obligaciones, dilatando el proceso; y, por lo mismo violentando los derechos reclamados por el accionante, aplicándose lo determinado en el Fundamento Jurídico II.1 de este fallo constitucional en relación a la acción de libertad en su modalidad traslativa o pronto despacho, por el cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, en consecuencia al ser evidente lo reclamado por el impetrante de tutela, corresponde conceder la tutela al respecto.
En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, efectuó una compulsa correcta de los antecedentes del proceso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 4 de octubre, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada bajo las mismas determinaciones ordenadas por la Jueza de garantías y en aplicación de los Fundamentos Jurídicos descrito en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0214_2025-S4.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): df988dfd1013f3329eba97f0c7583d0cde6c5ee90e03f3a46a64d11fdede08cb
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