Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la petición; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, el 12 de agosto de 2022 solicitó a la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz, expida requerimientos fiscales con la finalidad de obtener diversas certificaciones que serían utilizados en la audiencia de cesación a su detención preventiva; sin embargo, la referida solicitud fue observada, constituyéndose éste, en un acto obstructivo y dilatorio. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 67/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0213/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50774-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 67/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 11 a 13; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Geraldine Villegas Roja|s en representación sin mandato de Catalina Condori Gonzales contra María Condori Fernández, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada para Victimas de Atención Prioritaria (FEVAP) de El Alto del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2022, cursante a fs. 3 y vta., la accionante expuso los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Solicitó requerimientos fiscales, para el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), con la finalidad que se le otorgue certificado de antecedentes penales; a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para obtener antecedentes policiales; al Servicio Nacional de Migraciones (SENAMIG), para obtener certificado de verificación de flujo migratorio; y, a la “Oficinas de actas y registros” de la Policía Nacional de El Alto, con la finalidad que se efectúe verificación domiciliaria, a su domicilio ubicado en la autopista 7 esquina Cortes 334. No obstante; la respuesta recibida por parte de la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionada-, solo se refiere al otrosí y no así a la petición principal, a más de señalársele que haga mención a la utilidad de lo solicitado; constituyéndose éste, en un acto obstructivo y dilatorio, que vulnera sus derechos y garantías constitucionales, máxime al encontrarse con detención preventiva, toda vez que lo requerido será utilizado en una audiencia de cesación a su detención.
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se ordene que la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz, emita los requerimientos solicitados a la brevedad posible.
La audiencia virtual de la acción tutelar impetrada, se efectuó el 18 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 10 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, por medio de su representante sin mandato ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda y amplió la acción tutelar, manifestando que: a) La solicitud de requerimientos fiscales, fue efectuada el 12 de agosto de 2022 y la respuesta data de 15 del mismo mes y año; y, b) La documentación impetrada mediante requerimientos fiscales, es necesaria para solicitar la cesación de su detención preventiva. Respondiendo a las preguntas del Juez de garantías, señaló que, habida cuenta que se aproxima la audiencia conclusiva señalada para el “3 de octubre”; en ese sentido, debe considerarse la SCP 0518/2017-S2 de 5 de junio, respecto al principio de celeridad, con relación a personas privadas de libertad, que no ha sido aplicado por la representante del Ministerio Público; se requiere la documentación “para la próxima semana” (tomando en cuenta la fecha de celebración de la audiencia de acción tutelar); y, presentaron otro memorial el 8 de agosto y recién se les dio respuesta el 18 de agosto, aspecto que no pudieron plasmarlo en la presente acción de defensa.
María Condori Fernández, Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia solicitó se deniegue la tutela y expresó que: 1) En el memorial presentado por la accionante el 12 de agosto de 2022, no refiere cuál es la utilidad o pertinencia de la solicitud, solo se sustenta en el art. 24 de la CPE; 2) El Ministerio Público se pronunció mediante decreto de 15 de del mismo mes y año, con relación a la solicitud de extensión de fotocopias legalizadas del acta de otorgamiento de medidas de protección, informe de entrevista, informe psicológico de cámara Gesell; esta actuación se efectuó conforme a la previsión de los arts. 180 y 225 de la Norma Suprema, que establecen que el Ministerio Público debe actuar bajo el principio de objetividad y ser garante de derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales; 3) Debido a que la que la ahora impetrante de tutela, no estableció la necesidad y pertinencia de lo solicitado, no se consideró el mismo, aclarando que su solicitud no fue negada, ni se está dilatando su respuesta; 4) Respecto a la solicitud de informe de la entrevista psicológica de la menor en cámara Gesell, se le indicó que acuda ante la autoridad competente, siendo que a la fecha (de la audiencia de acción tutelar), el Ministerio Público no cuenta con el mencionado informe en físico; sin embargo, la accionante puede descargarlo del sistema JL1; 5) Con relación a la solicitud del Registro de Antecedentes Penales (REJAP) y Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE) de la impetrante de tutela, ya se obtuvo de oficio el 5 de igual mes y año, y se puede verificar en el mismo sistema JL1; y, 6) El Ministerio Público actúa en el marco de la dirección funcional de las investigaciones y no está vulnerando ningún derecho ni garantía constitucional.
El Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz, mediante Resolución 67/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 11 a 13; denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) La accionante presentó una acción de libertad traslativa y de pronto despacho, dada su necesidad de contar con documentación para solicitar la cesación de su detención preventiva; al respecto, mediante este tipo de acciones, se busca que la autoridad pueda atender de forma inmediata y sin dilaciones la petición presentada, a efectos de ejercer su defensa; ii) Se advierte que la accionante presentó su memorial el 12 de agosto de 2022 y fue respondido por la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz el 15 de “mayo”, estableciendo que se señale la utilidad y pertinencia de los requerimientos, al otrosí se pronunció sobre la copia legalizada y respecto a la cámara Gesell, señaló que acuda ante la autoridad competente; respondiendo oportunamente al memorial presentado por la impetrante de tutela; iii) Mediante la presente acción, se pretende que su memorial sea nuevamente considerado, modificándose el “requerimiento” emitido el 15 de agosto de 2022; la Fiscal, puede exigir el cumplimiento de la Ley del Ministerio Público, bajo los principios de objetividad y legalidad en el ejercicio de sus atribuciones; así como cumplir sus obligaciones siguiendo el principio de celeridad, de manera pronta y oportuna, sin dilaciones; iv) Si bien es evidente que el derecho de petición se ejerce conforme al art. 24 de la CPE, también es cierto que al tratarse de delitos contra infante, niño, niña y adolescente, deben tomarse todos los recaudos para que no se incurra en error y sea motivo de procesos penales; y, v) Con relación a la solicitud efectuada, la accionante pudo haber presentado otro memorial subsanando la observación efectuada por la representante del Ministerio Público, con el objeto de que la petición esté debidamente fundamentada, e incluso acudir ante el Juez de Instrucción Cautelar quien también tiene el control jurisdiccional y constitucional y no acudir directamente a esta vía.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso la optimización de la gestión procesal para la resolución de las acciones de libertad (fs. 16 a 22).
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Catalina Condori Gonzales -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, presentó memorial el 12 de agosto de 2022, solicitando a la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz María Condori Fernández -ahora accionada-, expida requerimientos fiscales dirigidos al REJAP, a la FELCC, al SENAMIG y a las “Oficinas de actas y registros” de la Policía Nacional de El Alto, con la finalidad de que emitan diversas certificaciones. Asimismo, solicitó fotocopias legalizadas del acta de otorgamiento de medidas de protección y del informe de entrevista psicológica en cámara Gesell de 26 de mayo de 2022 (fs. 2). II.2. La representante del Ministerio Público, respondiendo al memorial supra referido, emitió el decreto de 15 de agosto de 2022, disponiendo que señale la utilidad y pertinencia de los requerimientos solicitados; se otorgue fotocopias legalizadas de las medidas de protección; y, respecto a la solicitud de la cámara Gesell, acuda ante la autoridad competente (fs. 2).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la petición; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, el 12 de agosto de 2022 solicitó a la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz, expida requerimientos fiscales con la finalidad de obtener diversas certificaciones que serían utilizados en la audiencia de cesación a su detención preventiva; sin embargo, la referida solicitud fue observada, constituyéndose éste, en un acto obstructivo y dilatorio. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0441/2024-S3 de 5 de julio, señala: “La Constitución Política del Estado, instituye dentro de las `Acciones de Defensa´, a la acción de libertad -que encuentra fundamento asimismo, en instrumentos normativos de orden internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad, según prevé el art. 410.II.2 de la CPE-; precisando: `Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad´ (art. 125). En ese marco, el art. 46 del CPCo, prevé que el objeto de la garantía constitucional está destinado a: `…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro´. Destaca en la ingeniería dogmática de esta garantía jurisdiccional, tal como se determinó en la jurisprudencia sentada por este Tribunal, entre otras, en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, que la misma se halla diseñada sobre dos pilares esenciales. El primero, en cuanto a su naturaleza procesal, caracterizada por una tramitación especial y sumarísima reforzada por la inmediatez en la tutela, informalismo, generalidad e inmediación, procediendo contra servidores públicos o personas particulares, sin reconocer fueros ni privilegios. El segundo pilar, referido a los presupuestos de activación que la configuran, resumidos en cuatro de acuerdo al art. 125 de la CPE, consistentes en: i) Atentados contra el derecho a la vida; ii) Afectación de los derechos a la libertad física o de locomoción; iii) Actos y omisiones que constituyan procesamiento indebido; y, iv) Actos u omisiones que impliquen persecuciones indebidas. En concordancia a lo desarrollado, el art. 47 del CPCo, prevé que la acción de libertad es factible cuando la persona afectada considere que: `1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal´ (las negrillas fueron añadidas). Infiriéndose de las normas glosadas, su triple carácter tutelar: Preventivo, que responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, que opera a efecto de evitar se agraven las condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; y, reparador, que busca reparar una lesión ya consumada; es decir, que es viable ante la verificación de una detención ilegal o indebida como consecuencia de la inobservancia de formalidades legales”(las negrillas nos pertenecen).
A partir de la tipología de la acción de libertad establecida por la jurisprudencia y doctrina constitucional, en lo que hace a la acción de libertad de pronto despacho y el alcance de su activación a objeto de determinar su procedencia, la SCP 0835/2020-S3 de 30 de noviembre, precisó que: “Respecto a la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, sistematizando la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, precisó que: ‘La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: …los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: «Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.
En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad».
Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional’” (las negrillas nos corresponden).
La accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y a la petición; debido a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, el 12 de agosto de 2022 solicitó a la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz, expida requerimientos fiscales con la finalidad de obtener diversas certificaciones que serían utilizadas en la audiencia de cesación a su detención preventiva; sin embargo, la referida solicitud fue observada, constituyéndose éste, en un acto obstructivo y dilatorio. En principio, es necesario inquirir los antecedentes que hacen a la presente causa; es así que, la accionante mediante memorial de 12 de agosto de 2022, solicitó a la accionada, expida requerimientos fiscales dirigidos al REJAP, a la FELCC, al SENAMIG y a las “Oficinas de actas y registros” de la Policía Nacional de El Alto, con la finalidad de que emitan diversas certificaciones; asimismo, solicitó fotocopias legalizadas del acta de otorgamiento de medidas de protección y del informe de entrevista psicológica en cámara Gesell de 26 de mayo de 2022 (Conclusión II.1). La representante del Ministerio Público, como respuesta a la solicitud impetrada por la accionante, por Decreto de 15 de agosto de 2022, pronunció que: “señale la utilidad y pertinencia de los requerimientos que solicita” (sic); y, “…Respecto a la Cámara Gesell, acuda a la autoridad competente” (sic) [Conclusión II.2]. Ahora bien, conforme a la acción de defensa postulada por la accionante, se advierte que el acto lesivo que se denuncia recae en la dilación en que incurrió la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz al observar la solicitud de requerimientos fiscales impetrados. De acuerdo a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos. En el presente caso, la peticionante de tutela alega que, con los requerimientos fiscales peticionados, pretende obtener certificaciones para la sustentación de su solicitud de cesación a la detención preventiva; de ahí que, al encontrarse su solicitud relacionada al régimen de medidas cautelares, se evidencia una vinculación con su derecho a la libertad, razón por la cual se ingresará al análisis de la problemática planteada. En ese contexto, de la Conclusión II.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la impetrante de tutela, solicitó a la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz, la emisión de requerimientos fiscales y fotocopias legalizadas, sin explicar de forma alguna el motivo o la finalidad de su petición, limitándose a amparar su petición en la cita del art. 24 de la CPE. La accionada, en respuesta a dicha petición, a través del decreto de 15 de agosto de 2022, se pronunció expresamente indicando “Señale la utilidad y pertinencia de los requerimientos que solicita” (sic). En ese contexto, la petición efectuada por la accionante si mereció un pronunciamiento oportuno, claro y concreto, puesto que la representante del Ministerio Público respondió dentro de los tres días de realizada la solicitud; asimismo, si bien la respuesta no fue favorable a la accionante en un primer momento, por la observación señalada por el Ministerio Público, bien pudo subsanar la misma, explicando que la finalidad y utilidad de los requerimientos fiscales solicitados era para obtener certificaciones que serían utilizadas en audiencia de consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva, como bien lo hizo en la presente acción de libertad; empero, tal información no fue puesta a conocimiento de la accionada, razón por la que extrañó tal aspecto. En ese sentido, la Resolución emitida por la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz, no implica un rechazo a la solicitud efectuada, sino, una observación previa, la cual pudo ser subsanada, y dar lugar al respectivo pronunciamiento en función a los datos y antecedentes que arrojen el proceso. Por consiguiente, se concluye que el accionar de la accionada, se enmarca en el cumplimiento de sus labores como representante del Ministerio Público, atendiendo principalmente al principio de objetividad en su labor; de ahí que la respuesta otorgada se encuentra dentro de los parámetros de razonabilidad, tomando en cuenta la naturaleza de la petición efectuada y el lapso de tiempo transcurrido hasta el momento de emitirla, por lo que no se encuentra sustento suficiente que permita establecer que el accionar de la Fiscal de Materia de la FEVAP de El Alto del departamento de La Paz, haya provocado la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, como refiere la impetrante de tutela. Finalmente, con relación al derecho a la petición denunciado, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es necesario establecer que la acción de libertad, es un mecanismo constitucional por el que el art. 125 de la CPE, determina un procedimiento de protección inmediato tanto del derecho a la vida así como del derecho a la libertad física cuando se encuentra lesionado por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; advirtiéndose que esta pretensión, se contrapone radicalmente al marco de la naturaleza y ámbito de protección que brinda la acción de libertad que está limitada a los presupuestos señalados, existiendo otras acciones tutelares, como el amparo constitucional, que están llamadas a proteger los demás derechos como el de petición. Por las razones desarrolladas precedentemente, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 67/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía
MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0213_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): f88e9f5b18847d62c66fe86fed7815894980d4fdefea54b886ad1abb15c9e6a6
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