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SCP 0210/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58637-2023-118-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 69/2023 de 16 de septiembre, cursante de fs. 18 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidadora, de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, disponiendo que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del citado departamento, de no haberlo hecho, se desarrolle inmediatamente la audiencia de cesación a la detención preventiva.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0210/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58637-2023-118-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 69/2023 de 16 de septiembre, cursante de fs. 18 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raquel Cecilia Meruvia Choque contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.

II. OBJETO PROCESAL

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, aduciendo que la Jueza demandada suspendió la audiencia de “consideración de ampliación o cesación a la detención preventiva” (sic) -lo correcto y en adelante es cesación de la detención preventiva- programada para el 15 de septiembre de 2023, por supuesta inasistencia de su abogado defensor y hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar no reprogramó la misma, generándose una demora indebida que vulneró los mencionados derechos; por lo que, solicitó se considere su situación jurídica de forma inmediata. María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia virtual de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 14. Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidadora, de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 69/2023 de 16 de septiembre, cursante de fs. 18 a 21 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del plazo de veinticuatro horas, bajo el argumento que se debió haber designado un defensor estatal o de oficio, la demandada no justificó la imposibilidad de ingreso a la audiencia y no efectuó señalamiento dentro de las cuarenta y ocho horas, como correspondía. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, clasificándolo como: “…reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. La SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas). En el caso de la suspensión de la audiencia de medida cautelar y su reprogramación, la SCP 0048/2025-S3 de 10 de marzo, estableció el siguiente razonamiento: “…los administradores de justicia están en el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata; en este caso si hubiera una causa justificada de suspensión el plazo de reprogramación debería ser cumplido estrictamente por el ahora Juez demandado bajo lo previsto en los arts. 113.II y 239 numerales 1,2,5 y 6 del CPP, modificado por la Ley 1173; es decir generando un nuevo señalamiento, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, debiendo incluso habilitarse horas inhábiles”.

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que la accionante se encuentra cumpliendo detención preventiva por el tiempo de sesenta días en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres, por la supuesta comisión del delito de abuso sexual; en mérito a ello, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, que fue programada por la autoridad demandada para el 15 de septiembre de 2023 a horas 15:00 en plataforma virtual; empero, fue suspendida por la supuesta inasistencia de su abogado defensor a la sala virtual y hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, la demandada no reprogramó la referida audiencia En ese contexto, contrastada la problemática identificada con la prueba presentada a la jurisdicción constitucional, este Tribunal, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; en cuyo efecto, se presenta la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica del privado de libertad; asimismo, en referencia puntual a los señalamientos de audiencia, citamos en dicho apartado, la SCP 0048/2025-S3 de 10 de marzo, que determinó que, en aquellos casos en los cuales si hubiera una causa justificada de suspensión de la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva, bajo las previsiones contenidas en los arts. 113. II y 239 numerales 1, 2, 5 y 6 del CPP, modificado por la Ley 1173, el juzgador, debe generar u nuevo señalamiento de audiencia en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, debiendo incluso habilitarse horas inhábiles. Con todo, en el caso analizado, se evidencia que, la demandada, habiendo suspendido la audiencia programada para el 15 de septiembre de 2023, no fijó nuevo día y hora para su realización, manteniendo en incertidumbre a la accionante, sin definir su situación jurídica y de esa manera, incumpliendo las previsiones normativas señaladas en la parte final del párrafo que precede; omisión que hace viable la concesión de tutela. En consecuencia, la Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 69/2023 de 16 de septiembre, cursante de fs. 18 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Partido de Sustancias Controladas, Liquidadora, de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, disponiendo que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del citado departamento, de no haberlo hecho, se desarrolle inmediatamente la audiencia de cesación a la detención preventiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0210_2026-S3.pdf · páginas 1 a 4.

Huella digital del PDF (SHA-256): 04553894991a913cc0fe4c2e6053799a5c56ade8613e27caa18be98c0ccb7185

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