B.IA.LEGAL

SCP 0210/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50702-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida “…en su elemento de una vida digna…” (sic), a la libertad y de circulación y al debido proceso en sus elementos de una resolución fundamentada y motivada; por lo que: i) La Fiscal ahora coaccionada, tras llevarse a cabo una audiencia de acción de libertad donde el Juez de garantías “conminó” a la referida Fiscal emita una resolución a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado y sea de pronto despacho; lo que no ocurrió, como tampoco dispuso lo que en derecho corresponda generando perjuicio en esta “...oportunidad como con anterioridad…” (sic); ii) El Juez ahora accionado no emitió pronunciamiento alguno respecto al memorial presentado el 16 de septiembre de 2022, por el que solicitó la salida alternativa de procedimiento abreviado; y, iii) El Juez y la Secretaria ahora accionados no exponen el cuaderno de control jurisdiccional caratulado “M/P Villalba”, a pesar de haberse constituido en reiteradas oportunidades y solicitar el Libro de seguimiento de litigantes el cual hasta la fecha no se encuentra a la vista. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, c) Respecto a la legitimación pasiva y res…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de defensa, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. Respecto a la legitimación pasiva y responsabilidad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0210/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50702-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Tonconi Quisbert en representación sin mandato de José Cristian Villalba contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, Alejandra Alcira Claros Pardo, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante de fs. 28 a 32 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, a denuncia de Vannesa Helen Callisaya Moya, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por los arts. 272 bis.1 y 250 Ter. del Código Penal (CP). Con relación al Juez y la Secretaria hoy accionados El 16 de septiembre de 2022, presentó memorial ante el Juez ahora accionado solicitando el pronunciamiento de la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, quien a la fecha -se entiende 20 de septiembre de 2022- no se pronunció al mismo. Por otra parte la Secretaria hoy coaccionada no remitió antecedentes al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, siendo que el Juez tiene la tuición y control de sus procesos conforme lo establece en la Ley del Órgano Judicial. No es la primera vez que generan una dilación y vulneración de derechos; ya que, tanto el Juez como la Secretaría hoy accionados no exponen el cuaderno de control jurisdiccional caratulado “MP/Villalba”; puesto que, en reiteradas oportunidades se constituyeron al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz para solicitar dicho cuaderno, tampoco exponen el Libro de seguimiento de litigantes para protestar lo establecido en la “instructiva 018/2018”; por lo que, tuvo que llamar al Consejo de la Magistratura para que puedan exponer no solo el referido libro sino también el mencionado cuaderno; empero, aun no fueron expuestos transcurriendo dos semanas. En cuanto a la Fiscal de Materia ahora coaccionada Tras llevarse a cabo una audiencia de acción de libertad donde el Juez de garantías conminó a la Fiscal de Materia hoy coaccionada, para que emita una resolución a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado y sea de pronto despacho; sin embargo, la misma no pronuncio ninguna resolución, como tampoco dispuso lo que en derecho corresponda generando perjuicio en esta “…oportunidad como con anterioridad…” (sic). Por memoriales presentados el 7 y 19 de julio de 2022, solicitó acogimiento a la salida alternativa de procedimiento abreviado, de los cuales no se tiene respuesta alguna por parte de la Fiscal de Materia hoy coaccionada. Mediante memorial de 8 de agosto de 2022, reiteró su solicitud de acogimiento a la salida alternativa de procedimiento abreviado, del cual solo se mencionó “…se tiene presente en el memorial que anteceden tal sentido se considera a momento de emitir requerimientos conclusivos” (sic). El 3 de igual mes y año, presentó memorial solicitando acogimiento a procedimiento abreviado del cual solo se refirió ‷se tiene presente en el memorial que antecede en tal sentido se considerar en su debida oportunidad…”׳ (sic). De ese antecedente acudió ante el Juez de control jurisdiccional, agotando con ello el principio de subsidiariedad; empero, de manera incongruente el Ministerio Público, en un informe solicitado por el Juez de la causa refirió ‷ Señor Juez poner en conocimiento de su autoridad que la suscrita Fiscal de Materia, que asignada a la presente causa en fecha 08 de agosto de 2022, conforme se tiene de la impresión del Sistema de Justicia Libre que me permito adjuntar al presente donde se evidencia la de la fecha en la cual se me asigna la Presente causa. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesta por su autoridad mediante providencia de fecha 24 de agosto de 2022, notificado el día de hoy 31 de agosto de 2022, tengo a bien informa lo siguiente: Que, en relación a que la suscrita Fiscal de Materia no da curso a la solicitud realizada por el señor José Cristian Villalba Dávila sobre la de salida alternativa de procedimiento abreviado solicitado ante la suscrita, cabe manifestar que conforme lo previsto en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, se condiciona la procedencia de dicha salida alternativa a la conclusión de la investigación, dentro de la presente se investiga un hecho de violencia física sufrida por la víctima Vannesa Helen Callisaya (…) concluidos dichos actos investigativos e emitida el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar correspondiente…‴ (sic), lo cual contradice lo señalado por el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida “…en su elemento de una vida digna…” (sic), a la libertad y de circulación, al debido proceso, en sus elementos de una resolución fundamentada y motivada, citando al efecto los arts. 7, 8, 9, 10.I, 21.7 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Que el Juez ahora accionado en el plazo de veinticuatro horas emita la resolución que corresponda a la petición de salida alternativa de procedimiento abreviado; y, b) Se determine la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal, estimando en el primer supuesto el monto a indemnizar por daños y perjuicios y en el segundo se remita antecedentes ante el Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado cuando corresponda;

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 42, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) Lamentablemente en la presente acción de defensa nuevamente se tuvo que accionar contra el Ministerio Público, en razón a que no pronunció la resolución a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, a pesar que el Juez de garantías conminó a la Fiscal ahora coaccionada para que emita la referida resolución a la brevedad posible; empero, no lo hizo; y, 2) El 16 de septiembre de 2022, se solicitó al Juez hoy accionado, señale día y hora de solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado; ya que, la normativa es clara ante la no emisión del Ministerio Público, será el juez quien se pronunciará sobre la misma, en cumplimiento de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal; empero, a raíz de la presente acción de libertad, y con la finalidad de evadir dicha acción de defensa el Juez hoy accionado conjuntamente con la Secretaria ahora coaccionada “…en un tiempo fugaz han realizado el decreto recién el día de hoy…” (sic), provocando una dilación indebida en el proceso penal.

I.2.2. Informe de las autoridades y la Secretaria accionadas

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 21 de septiembre de 2022, cursante a fs. 37 vta., manifestó que: i) Se tiene evidencia que la presente causa cuenta con Resolución 928/2022 de 8 de septiembre, de situación jurídica, contra dicha Resolución el accionante planteó recurso de apelación, siendo sorteada a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, la parte apelante no coadyuvó para el legajo del recurso de apelación; ii) El accionante presentó memorial de procedimiento abreviado el 16 de septiembre de 2022, mereciendo el decreto de 19 de igual mes y año, en la cual se señaló audiencia para el 22 de ese mes y año, a las 15:00 horas, cumpliéndose con los plazos procesales; y, iii) Le extraña la pretensión del accionante; puesto que, no existe vulneración de ningún derecho o garantía constitucional y mucho menos retardación de justicia por parte de su autoridad; razón por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada. Alejandra Alcira Claros Pardo, Fiscal de Materia; mediante informe emitido en audiencia, manifestó que: a) La presente causa fue “…iniciada y comunicada a la autoridad jurisdiccional…” (sic) el 19 de enero de 2022, siendo sorteado ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; b) El 1 de junio de igual año, se emitió la imputación formal contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; para el desarrollo de los actos investigativos dentro de la presente causa, se emitieron los requerimientos correspondientes con la finalidad de concluir los actos investigativos; empero, el 31 de agosto de 2022, fue notificada con la solicitud de informe por parte del Juez de la causa, y en esa fecha se emitió dicho informe con relación a los puntos solicitados por el referido Juez; c) El 8 de agosto del citado año, se llevó a cabo la audiencia de consideración de situación jurídica del accionante; sin embargo, a través del Juez de la causa se dispuso la ampliación de la detención preventiva del nombrado por el lapso de un mes más para la investigación, siendo que el fundamento de dicha solicitud fue el de encontrarse pendientes actos investigativos a ser realizados, contando con dos semanas y media para la conclusión de los mismos; y, d) El accionante hizo referencia al actuar del Juez hoy accionado; sin embargo, no refirió con relación, al accionar que habría sido promovido por su autoridad, siendo que en la presente causa y con la finalidad de desarrollar todos los actos investigativos y posterior a una acción de libertad que también se encontraba bajo su conocimiento, se emitieron las conminatorias, inicialmente al investigador del caso con la finalidad del debido diligenciamiento de requerimientos, a la fecha se cuenta con una de las respuestas con relación a la pericia psicológica solicitada, la cual fue presentada por la perito forense. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 21 de septiembre de 2022, cursante a fs. 39 vta., manifestó que: 1) La presente causa cuenta con un recurso de apelación incidental planteada por la “…parte sindica a dicha resolución…” (sic), la cual fue sorteada a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la remisión del legajo del recurso de apelación incidental original, al no coadyuvar la parte apelante para cubrir el legajo de dicho recurso de apelación; y, 2) El sindicado -accionante- presentó memorial de salida alternativa de procedimiento abreviado el 19 de igual mes y año, señalándose audiencia para el 22 del citado mes y año, a las 15:00 horas, con lo cual se cumplieron los plazos procesales; ya que, al no existir vulneración de derecho alguno, menos retardación de justicia, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 09/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 43 a 45 denegó la tutela solicitada por subsidiariedad y repetición con la misma pretensión con referencia a la Fiscal de Materia hoy coaccionada, bajo los siguientes fundamentos: i) De la remisión del cuaderno de investigación de control jurisdiccional se tiene una Resolución de imputación formal y solicitud de medidas cautelares de 1 de junio de 2022; ii) La Fiscal de Materia ahora coaccionada no se pronunció a una petición efectuada por el accionante, ya sea aceptando o rechazando la misma; iii) De los memoriales presentados de manera consecutiva ante la Fiscal de Materia hoy coaccionada, el informe remitido por dicha Fiscal a instancia del Juez de la causa; y, del memorial de 16 de septiembre de 2022; por el que, se solicitó señalar día y hora de audiencia de la salida alternativa de procedimiento abreviado, se tuvo como respuesta el decreto de 19 de igual mes y año, en el que se señaló audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado para el 22 del citado mes y año, a las 15:00 horas, debiendo notificarse a las partes procesales; iv) Del informe del Juez ahora accionado, se tiene que hizo conocer que se envió el cuaderno procesal original a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a la falta de provisión de las fotocopias de las piezas procesales del recurso de apelación incidental por las partes procesales, para su continuidad en el proceso, y que mediante Nota de 2 septiembre de ese año, se remitió a la referida Sala Penal los antecedentes; v) De lo manifestado se colige que, de la petición inicial, el Juez ahora accionado no se pronunció al memorial de 16 de septiembre de 2022, debido a que era viernes, y el 17 y 18 de ese mes y año se constituían en sábado y domingo, teniendo respuesta el 19 del referido mes y año, y “hoy” -21 de septiembre del citado año-; “…estamos a 48 horas de realizado dicho plazo…” (sic); es decir, ya se tiene el señalamiento de audiencia; vi) Se refirió a una acción de libertad interpuesta anteriormente, con los mismos sujetos procesales; es decir la “…parte accionante, la parte accionada representante del Ministerio público…” (sic); vii) Se hizo mención que en una anterior acción de libertad, su autoridad conminó a la Fiscal de Materia ahora coaccionada para que se pronuncie; sin embargo; dicha “resolución” fue de exhortación al Ministerio Público ya sea aceptando o rechazando una petición; y, viii) Por lo mencionado, no se puede pedir el cumplimiento de una decisión mediante otra acción de libertad lo que impide que la misma ingrese en el art. 125 de la CPE. En vía de complementación, aclaración y enmienda, el accionante a través de su abogada solicitó al Juez de garantías que: a) Respecto a los antecedentes no se realizó una revisión minuciosa de los cuadernos de control jurisdiccional y de investigaciones y menos de la prueba documental presentada; puesto que, refiere sobre un recurso de apelación, el cual nada tiene que ver dentro de la acción de libertad planteada ante su autoridad; sin embargo, existe una solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado donde la Fiscal de Materia ahora coaccionada solo indicó que existen actos investigativos pendientes, confundiendo la normativa establecida en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, al emitir un informe y no una resolución; b) Con relación al Juez y a la Secretaria ahora accionados, en la presente acción de libertad, cursa la fotostática del cuaderno del Libro de control y seguimiento de litigantes, por el que se establece que el “…Juez tampoco oculta esconde el cuaderno de control jurisdiccional…” (sic), constituyéndose en aspectos graves en el ámbito disciplinario en cuanto al referido Juez y la Secretaria hoy accionados. También existe un reclamo donde a la fecha -21 de septiembre de 2022- no se advierte decreto alguno por parte del Juez ahora accionado; y, c) De lo expuesto, no se manifestó, simplemente señaló que se presentaron dos acciones de libertad con los mismos fundamentos, y ello porque su autoridad tampoco indicó a que normativa “nos vamos a sostener” en cuanto a su privación de libertad en la que continúa. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías señaló lo siguiente; 1) La solicitud de aclaración refiere a que se estuviese confundiendo; ya que, no se revisó el cuaderno de investigaciones, al respecto la Resolución alcanza a la petición de la acción de defensa no a la verificación de un cuaderno de investigaciones; 2) Anteriormente ya se presentó una acción de libertad contra la Fiscal de Materia ahora coaccionada y con el mismo accionante; es decir, dicha acción de defensa ya fue resuelta, como se señaló en la Resolución 09/2022; por lo que, no se puede “repetir” con igual fundamento y contra la misma Fiscal de Materia hoy coaccionada; y, 3) Lo fundamental de la presente acción de defensa como en la anterior, es que se presentó una solicitud para señalar día y hora de audiencia “…ante el Juez Cautelar contralor de garantías…” (sic) indicando que no se tendría un decreto; empero, de la remisión del cuaderno de investigaciones existe un decreto de 19 de septiembre de 2022, emitido por el Juez de la causa, en el que se fijó audiencia para el 22 de ese mes y año, conforme al art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), motivo por el que no se puede ingresar a similar trámite, al tratar que se conceda la tutela en una acción de libertad cuando ya existe pronunciamiento. En la anterior acción tutelar se exhortó a la Fiscal de Materia hoy coaccionada con los mismos fundamentos, ya que tiene la obligación de pronunciarse respecto a lo solicitado entre otros aspectos; sin embargo, al no efectuar el reclamo ante el “Juez de Instrucción” en su momento se denegó la tutela en esa acción de libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución de Imputación Formal de 1 de junio de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por el que el entonces Fiscal de Materia, imputó formalmente a José Cristian Villalba -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y solicitando como medida cautelar su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 6 a 8vta.)

II.2. Cursa memorial de acción de libertad -primera acción- interpuesta por Verónica Tonconi Quisbert en representación sin mandato de José Cristian Villalba contra Alejandra Alcira Claros Pardo Fiscal de Materia -ahora coaccionada- con el sello del Tribunal Departamental de Justicia de El Alto del departamento de La Paz, Ventanilla 5 -no consigna fecha- (fs. 21 a 24 vta.). II.3. Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante solicitó señale día y hora de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado (fs. 27 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida “…en su elemento de una vida digna…” (sic), a la libertad y de circulación y al debido proceso en sus elementos de una resolución fundamentada y motivada; por lo que: i) La Fiscal ahora coaccionada, tras llevarse a cabo una audiencia de acción de libertad donde el Juez de garantías “conminó” a la referida Fiscal emita una resolución a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado y sea de pronto despacho; lo que no ocurrió, como tampoco dispuso lo que en derecho corresponda generando perjuicio en esta “...oportunidad como con anterioridad…” (sic); ii) El Juez ahora accionado no emitió pronunciamiento alguno respecto al memorial presentado el 16 de septiembre de 2022, por el que solicitó la salida alternativa de procedimiento abreviado; y, iii) El Juez y la Secretaria ahora accionados no exponen el cuaderno de control jurisdiccional caratulado “M/P Villalba”, a pesar de haberse constituido en reiteradas oportunidades y solicitar el Libro de seguimiento de litigantes el cual hasta la fecha no se encuentra a la vista. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, c) Respecto a la legitimación pasiva y responsabilidad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de defensa, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares

La SCP 1334/2022-S1 de 15 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 294/2018-S2 de 25 de junio, señala que: “Con relación a la imposibilidad de plantear otra acción tutelar por hechos análogos mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, tiene su antecedente en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, la cual establece que la interposición de un nuevo recurso -ahora acción- sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos; puesto que, solo después de emitida la sentencia constitucional en revisión, y siempre que se hubiere declarado la improcedencia por cuestiones formales, que no impliquen examinar el fondo del asunto, la parte accionante podría interponer nuevo recurso -ahora acción-, cumpliendo con los requisitos extrañados.

Dicho entendimiento, fue reiterado en las SSCC 0016/2004-R de 6 de enero y 0252/2004-R de 20 de febrero; posteriormente, confirmado en la SC 1598/2011-R de 11 de octubre; razonamiento que fue asumido también por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio.

Asimismo, la SCP 1224/2014 de 16 de junio, en el Fundamento Jurídico III.5, señala: “…no se puede pretender que sea tutelado el reclamo de vulneración de su derecho a la libertad, porque le denegaron una anterior acción de libertad, a través de otra acción de libertad, cuando la misma se encuentra en revisión antes este Tribunal, el que en definitiva se pronunciará al respecto…”. Finalmente, la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero, reiteró el entendimiento establecido en la SC 1347/2003-R.

En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que el accionante no puede activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 0748/2020-S1 de 18 de noviembre, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.3. Respecto a la legitimación pasiva y responsabilidad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0521/2021-S3 de 18 de agosto, señala que: “…respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida “…en su elemento de una vida digna…” (sic), a la libertad y de circulación y al debido proceso en sus elementos de una resolución fundamentada y motivada; por lo que: 1) La Fiscal ahora coaccionada, tras llevarse a cabo una audiencia de acción de libertad donde el Juez de garantías “conminó” a la referida Fiscal emita una resolución a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado y sea de pronto despacho; lo que no ocurrió, como tampoco dispuso lo que en derecho corresponda generando perjuicio en esta “...oportunidad como con anterioridad…” (sic); 2) El Juez ahora accionado no emitió pronunciamiento alguno respecto al memorial presentado el 16 de septiembre de 2022, por el que solicitó la salida alternativa de procedimiento abreviado; y, 3) El Juez y la Secretaria ahora accionados no exponen el cuaderno de control jurisdiccional caratulado “M/P Villalba”, a pesar de haberse constituido en reiteradas oportunidades y solicitar el libro de seguimiento de litigantes el cual hasta la fecha no está a la vista. Ahora bien de la revisión de antecedentes, se tiene que cursa Resolución de Imputación Formal de 1 de junio de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por el que el entonces Fiscal de Materia, imputó formalmente al accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y solicitó como medida cautelar su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.1.). Bajo ese antecedente corresponderá determinar el actuar tanto del Juez, de la Fiscal de Materia y de la Secretaria ahora accionados. Con relación a la Fiscal de Materia ahora coaccionada Ahora bien, corresponde precisar que, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se verificó la existencia de otra acción tutelar interpuesta por Verónica Tonconi Quisbert en representación sin mandato de José Cristian Villalba Dávila -accionante- contra Alejandra Alcira Claros Pardo, Fiscal de Materia -hoy coaccionada-; que mereció la Resolución 05/2022 de 14 de septiembre, por el que Armando Herrera Huarachi, Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, denegó la acción de libertad; expediente que una vez remitido a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se le asignó el número de expediente 50770-2022-102-AL, encontrándose pendiente de revisión por esta instancia constitucional. A partir de ello, se constata que el accionante formuló la actual acción de defensa (expediente 50702-2022-102-AL), contra la Fiscal de Materia ahora coaccionada entre otros, sin esperar que la acción de libertad presentada anteriormente -referida en el párrafo anterior- sea resuelta por este Tribunal Constitucional Plurinacional; situación de connotación procesal-constitucional, que exige efectuar la necesaria verificación de la coincidencia de sujetos, objeto y causa entre estos mecanismos de defensa activados por el accionante. Con relación a la identidad de sujetos, en la primera acción de libertad signada bajo el número de expediente 50770-2022-102-AL se tiene a Verónica Tonconi Quisbert en representación sin mandato de José Cristian Villalba como accionante contra Alejandra Alcira Claros Pardo, Fiscal de Materia -hoy accionada-(Conclusión II.2.). Por su parte, la presente acción tutelar es interpuesta por Verónica Tonconi Quisbert en representación sin mandato de José Cristian Villalba contra Alejandra Alcira Claros Pardo Fiscal de Materia, ahora coaccionada. Datos de los que puede advertirse que en ambas acciones de libertad, el accionante es el mismo y fueron interpuestas contra la misma Fiscal de Materia ahora coaccionada, concluyéndose que concurre una identidad de sujetos. En cuanto al objeto, se tiene que en la primera y segunda acción de libertad, el accionante solicitó, conforme el acta de audiencia de la presente acción de libertad, así como en la anterior acción de defensa pronunciamiento a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, al referir de manera textual “…se debe señalar que lamentamos nuevamente tener que accionar al Ministerio Público en virtud a que el mismo no ha realizado una resolución de salida alternativa de pronunciamiento abreviado pese a que su autoridad ha conminado a esta autoridad que realice dicha resolución a la brevedad posible…” (sic [fs. 40 vta.]). De lo que se advierte que en la actual acción tutelar, el objeto esencial planteado coincide plenamente con la pretensión aludida en la anterior acción de libertad interpuesta, concluyendo que el objeto procesal es idéntico en ambas acciones de libertad. Finalmente, respecto a la identidad de la causa, en ambas acciones de libertad, está relacionada con los mismos hechos fácticos que utiliza como fundamentos para activar la jurisdicción constitucional; es decir, con relación a la petición principal que hace referencia a que la Fiscal de Materia hoy coaccionada no se hubiese pronunciado ya sea aceptando o rechazando una petición realizada de manera reiterada por el accionante a través de varios memoriales respecto al pronunciamiento de la salida alternativa de procedimiento abreviado incurriendo en esa omisión; por lo que, los hechos son idénticos en ambos mecanismos tutelares; aspectos que, fueron reconocidos por el Juez de garantías de la presente acción de libertad, ante quien recayeron ambas acciones de libertad -la anterior y la actual-. Así, a partir de la verificación efectuada, se advierte que en el caso de análisis y dentro del alcance de reclamación formulado por el accionante en la presente acción de defensa, concurre la triple identidad de sujeto, objeto y causa; y en ese sentido, es aplicable a la situación descrita en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, encontrándose esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática venida en revisión contra la Fiscal de Materia ahora coaccionada; puesto que, no es permisible una recurrente activación de mecanismos de defensa, no solo por la certidumbre de los derechos, sino también para evitar la duplicidad de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales; ya que, de permitirse la coexistencia de dos resoluciones en las que coincidan las tres identidades, se estaría frente a la posibilidad de que dichas resoluciones sean contradictorias, extremo que podría incluso resultar perjudicial a la parte accionante; situación que fue provocada por el nombrado, que ante la denegatoria de su primera acción de libertad por el Juez de garantías, que conoció la misma -siendo en la presente acción de libertad el mismo Juez de garantías- quien aclaró que se exhortó a la Fiscal ahora coaccionada, señalar los fundamentos de por qué no se pronunció sobre lo solicitado por el accionante. En lugar de esperar el pronunciamiento a la primera acción de libertad por este Tribunal Constitucional Plurinacional, activó nuevamente la jurisdicción constitucional con igual objeto procesal; correspondiendo, denegar la tutela solicitada contra la Fiscal de Materia hoy coaccionada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Con relación al Juez hoy accionado

De antecedentes se tiene que por memorial presentado el 16 de septiembre de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante solicitó señale día y hora de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado (Conclusión II.3.). Al respecto, corresponde precisar del memorial de la acción de libertad y de la misma intervención del accionante en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, que el fundamento por el que considera que existió dilación en su solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado sería que el Juez hoy accionado no se pronunció sobre este pedido; sin embargo, el accionante manifestó que el Juez ahora accionado en un tiempo fugaz se emitió el decreto “recién el día de hoy” -21 de septiembre de 2022- con la finalidad de eludir esta acción de libertad (fs. 40 vta.). Con ese antecedente, es preciso manifestar que, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible buscando su efectivización y materialización en procura de evitar una vulneración a dicho derecho; es así que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad. En ese marco y toda vez que la acción de libertad de pronto despacho que alegó el accionante, se activa para reparar las vulneraciones del derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, corresponde verificar si en el caso en análisis existió la dilación denunciada ante la falta de señalamiento de día y hora de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, que de acuerdo al memorial presentado el 16 de septiembre de 2022, aparentemente, generaría actos de omisión, un incumplimiento de deberes y una dilación indebida en el proceso penal. En tal entendido, corresponde referirnos al informe de 21 de septiembre de 2022, emitido por el Juez ahora accionado, quien de la presentación del memorial de 16 de igual mes y año, por el accionante, mediante decreto de 19 del citado mes y año, señaló audiencia para el 22 de ese mes y año, a las 15:00 horas.

Asimismo, por informe de 21 de septiembre de 2022, emitido por la Secretaria hoy coaccionada indicó que el accionante presentó memorial el 16 de septiembre de 2022, ante el Juez hoy accionado solicitando señale día y hora de audiencia de procedimiento abreviado, el cual mereció el decreto de 19 de igual mes y año, fijándose audiencia para el 22 del mismo mes y año, manifestado haberse cumplido con los plazos procesales. Finalmente, de la intervención del accionante en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, manifestó que el Juez hoy accionado conjuntamente la Secretaria ahora coaccionada en un tiempo fugaz emitieron el decreto recién el “día de hoy” -20 de septiembre de 2022-, para eludir la acción de libertad interpuesta contra los nombrados. De esos antecedentes, se establece que el accionante presentó memorial el 16 de septiembre de 2022, ante el Juez hoy accionado, por el que solicitó el señalamiento de día y hora de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, y que según el accionante no tendría pronunciamiento sino hasta el día de la audiencia; empero, de lo manifestado tanto por el Juez y la Secretaria hoy accionados se advierte que dicho memorial fue resuelto mediante decreto de 19 de igual mes y año, por parte del referido Juez. Ahora si bien el accionante alega dilación por la falta de pronunciamiento oportuno a su solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de procedimiento abreviado; empero, considerando que el 16 de septiembre de 2022, cuando presentó su memorial correspondía a un día viernes; siendo que los siguientes días 17 y 18 de septiembre de 2022, correspondían a los días sábado y domingo; por tanto días inhábiles; por lo que, el lunes 19 del citado mes y año; se resolvió dicho memorial; en tal sentido, se tiene que el Juez hoy accionado sí señalo día y hora de audiencia de salida alternativa, lo cual desvirtúa lo aseverado por el accionante al manifestar que recién el día de la audiencia se decretó el memorial de 16 de septiembre de 2022; por lo que, no se advierte dilación alguna en el presente caso; puesto que, se cumplió con ese actuado procesal de señalamiento de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas tal cual establece el art. 328 del CPP, como así también se advirtió de la Resolución 09/2022, donde el Juez de garantías tuvo acceso a los antecedentes del cuaderno procesal al referir “…ya se tiene un señalamiento de audiencia…” (sic [fs. 45]). En ese contexto, no se advierte la vulneración del derecho a la libertad por demora o dilación injustificada por parte del Juez ahora accionado, dentro del presente caso; puesto que, la interposición de la presente acción tutelar se la efectuó un día después del señalamiento de día y hora de audiencia para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado; es decir, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que tenía el Juez hoy accionado para emitir su pronunciamiento. Resuelta como se encuentra la problemática planteada, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional referirse a la actuación del accionante y su defensa en el caso concreto; puesto que, sin efectuar el seguimiento del proceso, de manera apresurada se interpuso esta acción tutelar, a pesar de darse respuesta a la solicitud de señalamiento de audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado; es decir, dentro del plazo procesal de las cuarenta y ocho horas, sin cumplirse el referido plazo procesal, para que el Juez hoy accionado pueda responder a la solicitud del accionante; generando con ello innecesariamente y sin causa justificada, la activación de todo el mecanismo procesal constitucional ocasionando mayor carga en el Juez de garantías como en esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, -se reitera- con un infundado despliegue procesal. Respecto a la Secretaria ahora coaccionada Del memorial de la acción de libertad de manera confusa se interpone la misma contra la Secretaria hoy coaccionada ya que el accionante manifiesta que la misma no remitió antecedentes al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, sin dar mayor detalle. Así también manifiesta que tanto su persona como el Juez hoy accionado no exponen el cuaderno de control jurisdiccional caratulado “MP/Villalba”; es decir que esconden el mismo, a pesar de haberse constituido en reiteradas oportunidades para solicitar el Libro de seguimiento de litigantes “…para poder protestar lo establecido en la instancia en la instructiva 018/2018…” (sic). En mérito al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional como regla general, carecen de legitimación pasiva; para ser accionados en acciones tutelares; por cuanto, no asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existen supuestos que hacen la excepción a dicha subregla, los cuales se encuentran relacionados con que los funcionarios de apoyo jurisdiccional que incurran en excesos contradiciendo o alterando las disposiciones de la autoridad judicial, o que la falta de cumplimiento o desconocimiento de sus funciones provoque la vulneración de derechos tutelados mediante acciones de defensa; o emerjan del incumplimiento de determinaciones u órdenes impartidas por el superior en grado; situaciones que activan la excepción a la legitimación pasiva de dichos funcionarios para que sean accionados través de las acciones de defensa. Ahora bien, del informe emitido por la Secretaria hoy coaccionada, se tiene que la presente causa cuenta con un recurso de apelación incidental, la cual fue sorteada a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, la remisión de antecedentes se lo efectuó en original, al no coadyuvar la parte apelante para el legajo del referido recurso, aspecto que fue afirmado por el Juez ahora accionado a través de su informe presentado el 21 de septiembre de 2022. De lo que se advierte que el cuaderno de control jurisdiccional del caso único 20150202220598 caratulado “MP/Villalba” original, no se encontraba en el Juzgado de origen al ser remitido por efecto de un recurso de apelación remitido ante la Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, “…mediante oficio de 2 de septiembre…” -se entiende de 2022- (fs. 44 vta.), denotándose de ese acto procesal que la Secretaria ahora coaccionada no incumplió con sus funciones asignadas; puesto que, remitió el extrañado cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal de segunda instancia, motivo por el que no se podía exhibir el mismo, ante la solicitud del accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada contra la Secretaria hoy coaccionada. Con relación al Libro de seguimiento de litigantes al que hace referencia el accionante, éste no expone mayor detalle al respecto; por cuanto esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir pronunciamiento alguno. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 43 a 45, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0210_2025-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): d5e165e95db0958247a464edd16957629f6fd8c18b1b8c0eb680582bc1937930

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