B.IA.LEGAL

SCP 0208/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50661-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, habiendo sido beneficiaria de la detención domiciliaria, el Secretario hoy accionado hasta la interposición de esta acción de defensa no elaboró los respectivos informes de verificación domiciliaria a efectos de que se expida el mandamiento de detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; i) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; ii) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iv) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, v) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos, en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad
  2. III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad
  3. III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  5. III.5. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0208/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50661-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 7/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noemi Mariela Mendoza Chacolla en representación sin mandato de Cathia Vasquez Callisaya contra Luis Adolfo Castro Chura, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, cursante a fs. 3 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal iniciado contra su persona, por Auto Interlocutorio 122/22 de 2 de septiembre de 2022, se dispuso la cesación de su detención preventiva, aplicando la detención domiciliaria; en consecuencia, el 7 de ese mes y año, se cumplió lo solicitado por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, como ser la verificación domiciliaria del garante, transcurriendo desde esa fecha seis días hábiles; sin embargo, el Secretario ahora accionado no expidió el mandamiento de detención domiciliaria, siendo ésta su facultad, ocasionando retardación de justicia e incumplimiento de deberes, vulnerando sus derechos.

I.1.2. Derechos, garantía y principios, supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene que en el día se emita mandamiento de detención domiciliaria.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 16 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 9 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Por Auto Interlocutorio 73/2022 de 23 de junio, se dispuso el cumplimiento de seis medidas a efecto de la cesación de su detención preventiva; sin embargo, únicamente se dio el cumplimiento a cinco medidas, exceptuando el empoce de Bs10 000.- (diez mil bolivianos) de fianza económica; puesto que, fue modificada a través del Auto Interlocutorio 122/22 de 2 de septiembre de 2022, y se dispuso la presentación de un garante solvente; b) El 7 de ese mes y año, se procedió a la respectiva verificación domiciliaria; empero, hasta la interposición de esta acción de defensa -16 de igual mes y año- no se emitió el informe correspondiente, transcurriendo más de seis días hábiles en los que no se emitió el Mandamiento de Detención Domiciliaria, vulnerando sus derechos al encontrarse privada de libertad; y, c) El Secretario ahora accionado incumplió con las obligaciones conferidas por el art. 94.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece la obligación de dar fe los decretos, autos, sentencias, mandamientos, exhortos, cartas acordadas y provisiones que expida la autoridad judicial.

I.2.2. Informe del funcionario de apoyo jurisdiccional accionado

Luis Adolfo Castro Chura, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 7.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 7/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 10 a 11, concedió la tutela solicitada, ordenando que en el día y bajo responsabilidad el Secretario ahora accionado elabore los informes y actas, con la finalidad de dar fe el cumplimiento de las medidas impuestas por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del señalado departamento, a efectos de asegurar la vigencia de los derechos de la accionante, sobre todo de aquellos relacionados con su libertad; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Secretario hoy accionado cuenta con legitimación pasiva de manera excepcional conforme a lo previsto por la SCP 0396/2020-S3 de 3 de agosto; 2) El derecho a la libertad se encuentra protegido por la normativa nacional e internacional y su restricción debe estar siempre limitada y bajo las condiciones previstas por ley; y, 3) En el presente caso el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del citado departamento dispuso la cesación de la detención preventiva de la accionante, modificando la fianza económica a una fianza personal; cumplidas las condiciones y requisitos para hacer efectiva la detención domiciliaria; ya que y ante la inexistencia del respectivo informe por parte del Secretario ahora accionado en esta acción tutelar, se otorga la presunción de verdad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. No consta documentación pertinente adjunta a la acción de libertad; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado por la parte accionante en su memorial de acción de libertad (fs. 3 y vta.), lo manifestado en la respectiva audiencia de consideración (fs. 8 a 9 vta.) y la Resolución 7/2022 de 16 de septiembre, emitida por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 10 a 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, habiendo sido beneficiaria de la detención domiciliaria, el Secretario hoy accionado hasta la interposición de esta acción de defensa no elaboró los respectivos informes de verificación domiciliaria a efectos de que se expida el mandamiento de detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; i) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; ii) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iv) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad

La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, establece que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas son nuestras).

III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad

La SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, señala que: “Si bien la medida cautelar de detención domiciliaria tiene algún elemento en común con la preventiva, de ningún modo, una y otra pueden equipararse; de hecho, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal, la primera, no aparece como una forma de detención preventiva, sino, como una medida sustitutiva a ésta. Por lo que, ambas medidas tienen en común, la restricción de la libertad y se muestran como cautelares, que ayudan a la consecución de la finalidad del proceso penal; sin embargo, esas semejanzas no alteran el hecho de ser distintas, pues no pueden equipararse en sus efectos personales ni en el análisis de las condiciones de procedencia. Si bien ambas medidas cautelares afectan la libertad de locomoción del individuo, lo hacen en intensidades distintas; pues, la detención domiciliaria es una medida alternativa a la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código Procesal Penal (CPP) para disponerla. No cabe duda que la libertad del individuo se resiente más, cuando se dispone su procesamiento con mandato de prisión preventiva, que cuando se la restringe con detención domiciliaria. La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3., establece que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponde). Asimismo, la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La SCP 0633/2019-S2 de 1 de agosto, señala que: “…la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante”.

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, habiendo sido beneficiaria de la detención domiciliaria, el Secretario ahora accionado hasta la interposición de esta acción de defensa no elaboró los respectivos informes de verificación domiciliaria a efectos de que se expida el mandamiento de detención domiciliaria.

Previamente a resolver el problema jurídico planteado, es necesario aclarar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren legitimación pasiva en las acciones de libertad cuando la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, con la aclaración que el acto ilegal no necesariamente tiene que ser jurisdiccional, si no que incluye también las omisiones de diligencias administrativas; por lo que, se analizará el actuar del Secretario hoy accionado para determinar si corresponde o no su legitimación pasiva. En el presente caso se tiene que, en el proceso penal seguido contra la accionante por Auto Interlocutorio 122/22, se dispuso la cesación de su detención preventiva, aplicandose detención domiciliaria, a tal efecto el 7 de septiembre de 2022 se procedió a la respectiva verificación domiciliaria; no obstante, hasta la interposición de esta acción de defensa -15 del señalado mes y año-, el Secretario ahora accionado no elaboró el informe correspondiente, a efecto de que se expida el respectivo mandamiento de detención domiciliaria; ocasionando una retardación de justicia, además del incumplimiento de sus deberes. Al respecto, se tiene que la detención domiciliaria es una medida cautelar personal menos grave que la detención preventiva; no obstante, supone de igual manera una privación de la libertad; por lo que, cualquier demora en su efectivización presupone una vulneración al derecho a la libertad, conforme se estableció en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, de los antecedentes descritos se observa que el Secretario hoy accionado en desconocimiento de sus facultades omitió por más de seis días la elaboración del respectivo informe de verificación domiciliaria, ocasionando que el mandamiento de detención domiciliaria no sea expedido, conllevando a permanecer de manera indebida con la detención preventiva de la accionante y no pueda gozar de la detención domiciliaria, lo que vulneró sus derechos; por consiguiente, corresponde la activación de la legitimación pasiva del Secretario hoy accionado.

Ahora bien, es preciso referir que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales.

En mérito a ello, en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, toda vez que se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, como elemento del debido proceso, debiendo hacerse hincapié que en la situación concreta en análisis el Secretario ahora accionado en desconocimiento de sus funciones, omitió la elaboración del respectivo informe de verificación domiciliaria efectuada el 7 de septiembre de 2022, impidiendo de esta manera que se expida el mandamiento de detención domiciliaria; por lo que, al haber actuado de forma indebida, generó una dilación injustificada por más de seis días, que en los hechos derivó en incertidumbre e indefinición de la situación jurídica procesal de la accionante, máxime si la nombrada se encontraba con detención preventiva; por consiguiente, se activa este mecanismo de protección constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada en la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, al evidenciarse la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, de acceso a una justicia pronta y oportuna, vinculados a la libertad de la accionante.

Finalmente, es necesario aclarar que de antecedentes se constata que el Secretario hoy accionado no se hizo presente en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, como tampoco remitió el respectivo informe a efectos de desvirtuar lo denunciado por la accionante, motivo por el cual en el caso en análisis se vio por pertinente aplicar la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, conforme a lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos, en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0208_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): c52326d54f3fe543d63485ec03ca2a0db9b1559904409db329689a69e1a91411

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →