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SCP 0206/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de abril de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
51285-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, alega la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, en su elemento “pronto despacho”, en razón a que el 11 de agosto de 2022, solicitó modificación de la fianza económica; pero en lugar de programar audiencia, la Jueza demandada dispuso que con carácter previo la Fiscal de Materia se pronuncie sobre la “coimputada”; luego los señalamientos de audiencia para el 7 y 13 de octubre del mismo año, se suspendieron; en virtud a que no se notificó a su abogado; y, la autoridad demandada y la Secretaria del mencionado Tribunal no se conectaron a la audiencia reprogramada en la plataforma.

La autoridad demandada señaló que, en el proceso seguido contra el impetrante de tutela, se fijó audiencia para el 13 de octubre de 2022, que no se instaló por problemas de conexión a internet, de conexión y grabación de la plataforma Cisco Webex en la “Casa de Justicia de Caranavi” del departamento de La Paz, situación que no es atribuible al Tribunal de Sentencia de la cual es parte, por lo que la audiencia fue reprogramada para el 18 del citado mes y año.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 27 a 30, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por dilación en la celebración de la audiencia; y, disponiendo resolver conforme corresponda en derecho, la solicitud de modificación de medidas cautelares del accionante; en los mismos términos dispuesto por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la suspensión de la audiencia de 7 de octubre de 2022, por falta de legitimación pasiva.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad de pronto despacho y el principio de celeridad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0206/2025-S2 Sucre, 3 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 51285-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 010/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 27 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Vicente Sánchez Bolaños y Elvis Junior Guzmán Escobar en representación sin mandato de José Luis García Pillco contra Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por el supuesto delito de homicidio, se encuentra detenido preventivamente por disposición contenida en la Resolución 40/2021-P de 16 de marzo, medida que se modificó por Resolución 261/2021 de 20 de diciembre, emitida por el “…juez cautelar en lo penal séptimo de la ciudad de La Paz…” (sic), que resolvió la detención domiciliaria, el arraigo, fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) y la presentación en el Ministerio Público cada lunes. Encontrándose el proceso en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz; por memorial presentado el 11 de agosto de 2022, solicitó se modifique la fianza económica, habiendo dispuesto Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del nombrado Tribunal -ahora demandada-, que con carácter previo la Fiscal de Materia se pronuncie sobre la “coimputada” y lo remitió al Juez de Instrucción Penal “Cautelar de Caranavi”, desconociendo la priorización de la libertad; finalmente, el 28 de septiembre del mismo año, reiteró se señale audiencia, que fue fijada para el 7 de octubre del citado año, que fue suspendida por un error en la notificación en el que incurrió la Secretaria de dicho Tribunal, siendo reprogramada de manera virtual para el 31 de octubre del citado año. Una vez conectados, tuvieron que esperar más de una hora y media en el link de la audiencia programada, sin embargo, no obtuvieron respuesta de la Jueza demandada, ni de la Secretaria, por lo que juntamente su defensa, abandonaron la plataforma y presumen que, al no responder las nombradas no estaban presentes.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, alega la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, en su elemento “pronto despacho”, al no ser atendida su petición con la celeridad que requiere, incumpliendo los arts. 22, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga que la Jueza demandada, señale audiencia en la que se considere la modificación de la fianza económica.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 26, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de sus abogados ratificó in extenso los argumentos expuestos en la acción tutelar y expresó que son más de dos meses insistiendo que se lleve a cabo la audiencia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 7, expresó que en el proceso penal se fijó audiencia para el 13 de octubre de 2022, a horas 18:00 y no se sustanció por problemas de conexión en la plataforma virtual Cisco Webex, a cuyo efecto, adjunta certificación emitida por el “Ingeniero de Sistemas” y la Secretaria del Tribunal, debiendo considerarse que no es su responsabilidad el control del mencionado sistema, ni del internet, por lo que se reprogramó nuevo día y hora para el 18 del citado mes y año. Al tener problemas de conexión toda la semana, se realizó los reclamos y el Tribunal se constituyó en el día en la ciudad de La Paz, para sustanciar audiencias de manera presencial, en razón a que no se cuenta con salón de audiencias habilitado en la localidad de Caranavi por refacción; que al ser ajenas a su persona las circunstancias de suspensión, solicitó el “rechazo” de la acción tutelar.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 010/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 27 a 30, concedió en parte la tutela impetrada, sin responsabilidad por ser excusable, ordenando que la Jueza demandada habiendo dispuesto nuevo señalamiento de audiencia para el 18 de octubre de 2022 a horas 12:00, instale la misma bajo responsabilidad y haga uso del poder moderador que ostenta para garantizar el desarrollo del referido acto al tratarse el caso de un detenido preventivo; con base en los siguientes fundamentos: a) En respuesta a la solicitud del accionante de modificación de fianza económica, por decreto de 29 de septiembre de 2022, se señaló audiencia para el 7 de octubre de igual año, la cual fue suspendida por error en la notificación al abogado defensor del nombrado, fijando nuevamente día y hora de audiencia para el 13 de ese mes y año. Del informe de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, se establece que la señalada audiencia no se instaló por problemas de conexión en la plataforma Cisco Webex, aspecto informado al “Encargado de la Plataforma”, quien manifestó que el problema sería la conexión de internet de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) Sociedad Anónima (S.A.) de Caranavi; b) Del Informe de INTERAL Telecomunicaciones Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) al Encargado de Administración de Sistemas Informáticos y Comunicaciones de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial - La Paz, se advierte que se hizo conocer sobre problemas en la radio base tramo La Paz - Caranavi con daño de equipos que, por la magnitud, se demoró en solucionar afectando la transmisión de datos en oficinas del “juzgado de Caranavi”, habilitando un nuevo enlace el 14 de octubre del mismo año y habilitado a horas 8:20. El mencionado informe no señala las fechas y horas en las que se suscitó el corte de servicio de internet a la “Casa de Justicia de Caranavi”, tampoco se advierte que dichos percances fueron dados a conocer a las partes en el proceso para que no continúen conectados en la plataforma Cisco Webex; c) Si bien se está ante una audiencia de modificación de medida cautelar y no de cesación de detención preventiva, no se puede soslayar que de la misma dependerá definir si es viable o no atender la modificación impetrada por el detenido preventivo, por lo que se establece demora procesal al haber transcurrido aproximadamente dieciséis días de su petición a la fecha, incumpliendo el plazo razonable para atender la petición formulada; d) La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho es un medio para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas que vulneren el principio de celeridad, más aun cuando se trata de resolver la situación jurídica del privado de libertad; y, e) Sin perjuicio de lo señalado corresponde considerar los extremos referidos por la autoridad accionada sobre los defectos técnicos, no para deslindar responsabilidad que tiene como directora del proceso, sino para establecer si incurre negligencia atribuible a su persona.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, Optimización de la Gestión Procesal para la resolución de las acciones de libertad, cursante de fs. 34 a 40, se dispuso, en lo central, el sorteo conforme al orden cronológico de las acciones de libertad traslativa o de pronto despacho; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Resolución 197/2022 de 28 de septiembre, los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, refirieron que en virtud a que el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Caranavi del mismo departamento, subsanó la observación realizada en cuanto al control jurisdiccional respecto a la “otra co denunciada”, radicaban la causa en el proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra José Luis García Pillco -ahora accionante-(fs. 11).

II.2. Consta memorial presentado el 28 de septiembre de 2022, firmado por el impetrante de tutela, dirigida al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, mediante el que señala que al haber sido devuelto el proceso, existiendo resolución de rechazo para la coimputada, reitera la solicitud de día y hora de audiencia de modificación de la fianza económica dispuesta como medida cautelar (fs. 17); y, por decreto de 29 del mismo mes y año, se fijó audiencia para el 7 de octubre de ese año a horas 15:30, de forma virtual a través de la plataforma Cisco Webex (fs. 17 vta.).

II.3. Cursa Acta de audiencia de modificación de medida cautelar de 7 de octubre de 2022, de la que se establece que por Secretaría del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, se notificó a otros abogados que no eran defensa del procesado, razón por la cual se señala nuevamente audiencia para el 13 del citado mes y año a horas 18:00 (fs. 21 y vta.).

II.4. Por informe de 14 de octubre de 2022, emitido por Nelly Jenny Canaviri Silva, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dirigido a Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del citado Tribunal -ahora demandada-, hace conocer que, en el proceso penal seguido contra el peticionante de tutela, la audiencia programada para el 13 de octubre del mismo año, no se instaló debido a problemas de conexión de internet que se tuvo toda la semana, aspecto que se hizo conocer al encargado de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial del mencionado departamento (fs. 8).

II.5. Se adjunta correo electrónico de 14 de octubre de 2022, enviado por Álvaro Conde Cosme de la Empresa INTERAL Telecomunicaciones S.R.L., dirigido a Marco Antonio Lima Fuentes, Encargado de Administración de Sistemas Informáticos y Comunicaciones de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial - La Paz, haciendo conocer los problemas de enlace en el tramo La Paz - Caranavi, en la que dos radios bases sufrieron daños de equipos, por cuya magnitud demoró en resolverse, afectando el servicio de transmisión de datos con oficinas del “Juzgado de Caranavi”, habilitando el nuevo enlace el 14 del citado mes y año (fs. 8 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, alega la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, en su elemento “pronto despacho”, en razón a que el 11 de agosto de 2022, solicitó modificación de la fianza económica; pero en lugar de programar audiencia, la Jueza demandada dispuso que con carácter previo la Fiscal de Materia se pronuncie sobre la “coimputada”; luego los señalamientos de audiencia para el 7 y 13 de octubre del mismo año, se suspendieron; en virtud a que no se notificó a su abogado; y, la autoridad demandada y la Secretaria del mencionado Tribunal no se conectaron a la audiencia reprogramada en la plataforma.

La autoridad demandada señaló que, en el proceso seguido contra el impetrante de tutela, se fijó audiencia para el 13 de octubre de 2022, que no se instaló por problemas de conexión a internet, de conexión y grabación de la plataforma Cisco Webex en la “Casa de Justicia de Caranavi” del departamento de La Paz, situación que no es atribuible al Tribunal de Sentencia de la cual es parte, por lo que la audiencia fue reprogramada para el 18 del citado mes y año.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad de pronto despacho y el principio de celeridad

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el hábeas corpus -ahora acción de libertad- expuso sus tipologías, como ser el preventivo y correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional amplió los tipos de hábeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas, por lo que todo tipo de decisiones vinculadas al derecho a la libertad, tienen que ser tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad.

III.2. Análisis del caso concreto

En el proceso penal seguido contra el accionante -estando detenido preventivamente-, mediante Resolución 261/2021 de 20 de diciembre, se le fijó medidas cautelares personales consistentes en detención domiciliaria, su arraigo, fianza económica de Bs50 000.- y la presentación al Ministerio Público; sin embargo, ante la imposibilidad de cumplir con el monto fijado como fianza económica, el 11 de agosto de 2022, conforme el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, modificación de la fianza económica, que fue decretada por la Jueza demandada, señalando que la Fiscal de Materia se pronuncie sobre la “coimputada”; el 28 de septiembre del mismo año, reiteró se fije día y hora de audiencia, que fue programada para el 7 de octubre del mencionado año (Conclusiones II.3 y II.4), que también fue suspendida para el 13 de igual mes y año, y tampoco se llevó a cabo, ante la ausencia de la Jueza demandada, ni la Secretaria de dicho Tribunal.

En ese contexto, bajo el entendimiento señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que todo trámite administrativo o judicial en el cual existe demora indebida para resolver la situación jurídica del privado de libertad, activará la acción de libertad de pronto despacho en procura de buscar la corrección del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, impulsando de esta forma una tramitación estancada por procedimientos dilatorios.

Así, para determinar en el presente caso si la autoridad demandada fue responsable de la suspensión de las audiencias suscitadas que reclama el accionante, concierne verificar las causas de las mismas:

Respecto a la presentación del memorial de 11 de agosto de 2022, mediante el que solicita modificación de la fianza económica, transcurrió tiempo por demás suficiente hasta el 7 de octubre de ese año, sin que se resuelva lo peticionado y por ende no fue definida su situación jurídica; peor aún, que conforme señala el impetrante de tutela, la Jueza demandada en lugar de resolver de manera pronta y oportuna esa solicitud, provee de manera indebida que con carácter previo la Fiscal de Materia se pronuncie sobre la “coimputada”, lo cual no tiene relación alguna con la petición de modificar las medidas cautelares personales y la situación jurídica de la otra coprocesada, aspecto sobre el cual la Jueza demandada no rebatió tales aseveraciones, sin tomar en cuenta que se trata de un privado de libertad ni considerar que el procesado a partir del mes de diciembre de 2021 -por falta de recursos económicos-no pudo materializar la aplicación de las medidas impuestas, provocando un tiempo mayor en su detención preventiva.

Por consiguiente, se evidencia que la Jueza demandada lesionó el principio de celeridad como elemento del debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante, por no haber resuelto en tiempo oportuno su situación jurídica, conforme señala el art. 239 del CPP, es decir dentro de las cuarenta y ocho horas, estableciéndose que su responsabilidad recae en la dilación injustificada de señalamiento de las audiencias en el plazo dispuesto por la norma procesal; por lo que, corresponde conceder la tutela, a fin de procurar la debida celeridad en la tramitación de dicha petición.

En cuanto a la suspensión de audiencia de 7 de octubre de 2022, de antecedentes se atribuye a la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en razón a que por error -conforme señala el impetrante de tutela-, la misma notificó con el señalamiento de audiencia a un abogado ajeno al proceso; respecto a ello, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la acción de libertad, así como, de los principios que la rigen, estableció que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva…”; por lo que, en el presente caso, la dilación cuestionada en este punto, emerge de la orden emitida por la Jueza demandada a su personal de apoyo jurisdiccional, quien de manera equívoca y en perjuicio del peticionante de tutela, notificó a otro abogado; empero, al no haber sido demandada carece de legitimación pasiva.

En cuanto a la tercera suspensión, de 13 de octubre de 2022, del estudio del caso, es atribuible a problemas de conexión de internet en el tramo La Paz - Caranavi, hecho que afectó el servicio de transmisión de datos en oficinas del juzgado que preside la autoridad demandada, tal como establece el correo electrónico de la Empresa INTERAL Telecomunicaciones S.R.L., dirigido al Encargado de Administración de Sistemas Informáticos y Comunicaciones de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial - La Paz, de 14 de octubre de 2022 (Conclusiones II.4 y II.5); aspecto que queda fuera de la responsabilidad de la Jueza demandada; por lo que, tal suspensión no es atribuible a la misma; sin embargo, sin considerar el tiempo transcurrido, nuevamente de forma dilatoria reprograma la audiencia para cinco días después, 18 del citado mes y año, persistiendo en no actuar con la celeridad que le impele la norma suprema y la norma procesal.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 27 a 30, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por dilación en la celebración de la audiencia; y, disponiendo resolver conforme corresponda en derecho, la solicitud de modificación de medidas cautelares del accionante; en los mismos términos dispuesto por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la suspensión de la audiencia de 7 de octubre de 2022, por falta de legitimación pasiva.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0206_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

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