B.IA.LEGAL

SCP 0206/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Primera · 14 de junio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
14 de junio de 2024
Acción
Acción de protección de privacidad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
56398-2023-113-APP
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de protección de privacidad

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la intimidad, privacidad, imagen, honra y reputación, así como al trabajo y al debido proceso en sus elementos presunción de inocencia y “seguridad jurídica”, toda vez que el Banco BISA no da curso a su solicitud de modificación de la codificación 102 registrada en la ASFI como motivo de su desvinculación laboral, pese a que el proceso penal instaurado en su contra se encuentra concluido debido a la Resolución de extinción de la acción penal por conciliación emitida en su favor, lo que demostraría que no tuvo nada que ver en el hecho investigado; dicha negativa bajo el argumento de que el acuerdo o salida alternativa no demostraría su inocencia y que la codificación que le pusieron no sería incorrecta; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada, y se ordene a la brevedad la modificación de la calificación en el Sistema del Banco y se notifique a la ASFI para que levante la calificación de su persona. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Presupuestos de procedencia y los alcances de la acción de protección de privacidad; 2) De la normativa aplicable al caso; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 227 a 230 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la privacidad e intimidad, a la honra, al honor, a la imagen, a la dignidad, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que, el actual Gerente de Oficina del Banco BISA S.A. de Trinidad, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su notificación con el presente fallo, tramite ante la ASFI la cancelación de la Codificación 102 realizada en contra de Gonzalo Arturo Alcázar Peredo, al corresponder la misma a un registro fuera de lo establecido en el Reglamento Para el Registro de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás Funcionarios. 3° DENEGAR la tutela con relación a los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la “seguridad jurídica” y al trabajo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presupuestos de procedencia y los alcances de la acción de protección de privacidad
  2. III.2. De la normativa aplicable al caso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0206/2024-S1 Sucre, 14 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de protección de privacidad Expediente: 56398-2023-113-APP Departamento: Beni En revisión la Resolución 01/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 227 a 230 vta., pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Gonzalo Arturo Alcázar Peredo contra Fernando Hugo Bejar Molina, Gerente Oficina del Banco BISA S.A. Regional Trinidad.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 20 a 23 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue funcionario del Banco BISA S.A. en la ciudad de Trinidad por el tiempo de “cinco años”, desde el 15 de marzo de 2012 hasta el 10 de febrero de 2015, momento que dicho Banco le retiró intempestivamente, acusándole falsamente de delitos que no cometió. Resulta que, el 3 de febrero de 2015, fue aprehendido en Trinidad, y el 4 de igual mes y año, se procedió a imputarlo formalmente por la presunta comisión del delito de hurto agravado, delitos financieros y apropiación indebida de fondos financieros, disponiéndose su detención preventiva en la Cárcel de Mocovi de esa ciudad. En forma posterior, el 12 de noviembre de ese año, el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra por los mencionados delitos, concluyendo después de casi cinco años dicho proceso, dictándose la Resolución de extinción de la acción penal en su favor por conciliación, habiéndose llegado a un acuerdo con los representantes del citado Banco, donde los mismos funcionarios aceptaron que su persona no tuvo nada que ver en el proceso penal que se le investigaba.

Es así que, el 11 de febrero de 2015, el mencionado Banco procedió a realizar la codificación 102 de su persona en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); posteriormente, el 26 de marzo de 2021, hizo llegar una carta al citado Banco para que procedan con el cambio de codificación, ya que el proceso penal que se le inició concluyó con la Resolución de extinción por conciliación emitida en su favor; sin embargo, ese Banco mediante respuesta de 22 de abril de dicho año, hizo conocer que el acuerdo o salida alternativa no demostraría su inocencia y que la codificación que le pusieron no sería incorrecta. En ese sentido, el 3 de mayo de 2021, su persona hizo conocer al referido Banco que el acuerdo que se llegó a suscribir, no demuestra su culpabilidad, siendo que en dicho proceso existe la declaración voluntaria del verdadero autor y culpable, quien se sometió a un procedimiento abreviado, y su persona se benefició con la salida alternativa de conciliación y no existe sentencia ejecutoriada en su contra, más aun considerando la garantía de la presunción de inocencia; sin embargo, el indicado Banco respondiendo el 10 de junio de igual año, se limitó a ratificarse en la respuesta de 22 de abril de ese año. Por memorial y decreto de 27 de julio de 2021, la autoridad judicial le indicó que al no haberse ordenado por su autoridad esa codificación en el sistema financiero, debía acudir a la autoridad competente efectuando su reclamo; es así que tampoco se consideró que dicha medida fue impuesta por el Banco Bisa de manera ilegal, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y al trabajo. Es así que, el 6 de junio de 2022, hizo llegar una carta a la ASFI, solicitando se levante la calificación antes mencionada como consecuencia de la extinción de la acción penal emitida en su favor dentro del proceso penal iniciado por el mencionado Banco en su contra; ante lo cual la ASFI le respondió indicando que la codificación y recodificación debía realizarla el mismo Banco; consecuentemente, el 19 de enero de 2023, hizo conocer ese extremo al mencionado Banco, pidiendo que por la sección correspondiente se informe los motivos por los cuales le retiraron de su fuente de trabajo, el tiempo que realizó funciones y la codificación que se realizó respecto a su persona; por lo que, por carta de 16 de febrero de igual año, el citado Banco hizo conocer de manera detallada todos los motivos que sucedieron en el proceso penal así como de la codificación hacia su persona en el Sistema Financiero, manteniéndose en la negativa de la modificación requerida.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la intimidad, privacidad, imagen, honra y reputación, así como al trabajo y al debido proceso en sus elementos presunción de inocencia y “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 21.2 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y se ordene a la brevedad la modificación de la calificación en el Sistema del Banco y se notifique a la ASFI para que levante la calificación de su persona.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

En la audiencia virtual de acción de protección de privacidad, celebrada el 12 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 219 a 226, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de la acción de protección de privacidad, y ampliando el mismo señaló que: a) En efecto se emitió a su favor la extinción de la acción penal por conciliación y en forma posterior una Sentencia que si bien se refiere a otras personas más, en esta se lo absuelve por falta de pruebas; b) La ASFI se apersonó en juicio, por lo que antes desconocía del proceso penal; c) Efectivamente existe un proceso laboral donde se solicitó su reincorporación ante la existencia de una Sentencia absolutoria que aclara que no hubo la comisión de ningún delito por su parte, la cual está en apelación; d) Ante la suscripción del documento de conciliación solicitó al Banco BISA se levanten los antecedentes, situación que fue negada, por lo que de forma posterior se solicitó se cambie la calificación ante la determinación de que no tenía ninguna responsabilidad en la comisión del hecho, disponiendo que sea la ASFI la que proceda al cambio de codificación, señalando que no sería viable por la existencia de un proceso laboral, cuando el mismo no tiene nada que ver con el cambio de codificación; e) El 27 de julio de igual año, solicitó al Juez ordene al Banco el cambio de codificación; sin embargo, dicha autoridad ordenó que acuda directamente a la autoridad que emitió la calificación; en ese entendido, lo hizo ante la ASFI; empero, se les hizo conocer el Reglamento indicándoles que hagan lo que en derecho les corresponda; f) Esa calificación le imposibilita conseguir trabajo, debiéndose considerar que no existe delito, no hubo dolo, tampoco una apropiación indebida, ya se extinguió la acción penal, por lo que no puede mantenerse una información errónea; y, g) De acuerdo a lo expuesto solicitó que se ordene al Banco que modifique la codificación que realizó y se notifique a la ASFI para que se levante la misma.

I.2.2. Informe de la persona demandada

Fernando Hugo Bejar Molina, en representación legal del Banco BISA, mediante memorial presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 131 a 140 vta., así como en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) El accionante pretende que se disponga el cambio de la codificación 102 “retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracción y falta cometida con dolo, con daño económico reconocido con formula de solución voluntaria”, bajo el argumento que en su caso se habría suscrito un acuerdo o salida alternativa que dio curso a la extinción del proceso penal que el Banco Bisa S.A. inicio en su contra, señalando que se habría vulnerado su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia; empero, esencialmente se estaría vulnerando su derecho a la autodeterminación informativa, garantizado en los arts. 21 y 22 de la CPE, ya que no existe una sentencia ejecutoriada que demuestre su culpabilidad, solicitando que se ordene se levante el registro de dicha Codificación y se modifique la misma, sin indicar cuál debería ser la calificación que debería quedar en su lugar; 2) Las entidades de intermediación financiera son supervisadas y reguladas por la ASFI, por lo que entre sus obligaciones cursa el registro de la información relacionada con las incorporaciones y desvinculaciones de sus funcionarios en el ejercicio de la actividad financiera; 3) La regulación del registro de datos en la ASFI denominado Sistema de Registro está previsto en el Reglamento para el Registro de Directores, Síndicos, Fiscalizadores internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, el cual fue aprobado por la Resolución ASFI 826/2011 de 19 de diciembre y puesto en vigencia por la Circular ASFI/099/2011 de 19 de diciembre, vigente en el momento de la codificación del accionante, emitida dentro del marco de lo dispuesto en el art. 331 del CPE, referido a la Política Financiera, que destaca la importancia de las actividades de intermediación financiera que son de interés público. Asimismo, la Ley de Servicios Financieros en su art. 483, determina que la ASFI deberá mantener un registro de ex funcionarios suspendidos o inhabilitados en el ejercicio de la actividad financiera, el cual formará una base de datos única y compartida con la APS; 4) La codificación 102 tal como lo indicó el accionante en la misma acción tutelar deviene esencialmente de su participación admitida y demostrada en un hecho irregular que supuso la comisión de una infracción grave, dolosa y con daño económico, que tuvo como efecto su despido y paralelamente su investigación por delitos financieros, siendo que aprovechando su posición en ese Banco como Oficial de Riesgo Comercial de Crédito, proveyó, transmitió y facilitó la información financiera de un cliente del Banco –Rene Eduardo Laverenz Melena- a terceros externos y ajenos a esa entidad financiera, información que obtuvo mediante engaños de su compañera de trabajo Roxana Reyna Aldapiz Beltrán, indicándole que requería la misma al ser supuestamente socio de su suegro, habiendo tomado una fotografía de la interfaz del Sistema Informativo del Banco donde figuraban todos los datos financieros y se los proporcionó a terceros ajenos al banco, quienes justamente con esa información lograron retirar indebidamente los ahorros de dicho usuario que ascendieron a Bs120 000.-, hecho que fue demostrado por diferentes actos de investigación interna del Banco como por parte del Ministerio Público; 5) Esos hechos se encuentran sustentados por: i) Memorándum de desvinculación 014/2015 de 10 de febrero; ii) Memorándum 05/2015 de 10 de febrero de comunicación de codificación; iii) Informe de Auditoría AI 020/2015 de 4 de febrero; iv) Acta de 6 de febrero de 2015, de la Comisión Interna del Banco asignado al caso; v) Declaración informativa como imputado de 3 de febrero de 2015; vi) Imputación de 4 de febrero de 2015 contra el accionante por delitos financieros; vii) Acusación Formal de 12 de noviembre de 2015; viii) Acuerdo transaccional de 8 de marzo de 2016 por reparación del daño reconocido en sus firmas y rúbricas; ix) Comprobante de depósito de 5 de febrero de 2015 de Bs60 000.-, por reparación del daño; x) Memorial del accionante solicitando la extinción de la acción penal por reparación del daño ocasionado; y, xi) Acta y Resolución de 6 de febrero de 2020 de extinción de la acción penal por conciliación por reparación del daño. Toda esa prueba demuestra el hecho irregular por el que fue desvinculado al configurarse en una infracción grave, registrándose el mismo en la ASFI con la codificación 102 que se refiere al retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracción y falta cometida con dolo, con daño económico reconocido con formula de solución voluntaria; 6) Dicha codificación resulta correcta por cuanto el retiro se dio por una causal provocada por el mismo accionante como ex funcionario del Banco, por cometer una infracción grave y una falta del Reglamento Interno del Banco en sus arts. 105 inc. a), b), o), s), v) y x), así como el incumplimiento del art. 475 de la Ley de Servicios Financieros, por no guardar la confidencialidad de asuntos y operaciones de los clientes del Banco, que tuvo como efecto la materialización de un daño económico tanto al Banco Bisa como a su usuario, tal cual lo refiere el informe de auditoría, provocando un daño económico material cuantificado en Bs120 000.-, extraídos ilegalmente de la cuenta de un usuario del Banco justamente por haber proporcionado información a terceros sabiendo que estos iban a cometer tal ilícito, extremo que se tiene del acta de declaración del hoy accionante, en la cual incluso refleja la comunicación continua con los delincuentes, así como el porcentaje que recibiría de dicha acción -10%-, demostrándose que el nombrado sabía de antemano que utilizarían dicha información para cometer el ilícito; en ese sentido, se cumplieron con los parámetros de la codificación 102, consecuentemente, existiendo congruencia entre los hechos, pruebas y el registro, no existe violación alguna a los derechos a la privacidad, honor, honra, dignidad y a la autodeterminación informativa; 7) De todo lo referido se puede verificar que la codificación encuadra con la causa de la desvinculación pues el registro del dato corresponde a la realidad de los hechos y es veraz, mas no son falsos ni erróneos como alega el accionante, por lo que no se vulneraron sus derechos; 8) Si bien los arts. 130.I de la CPE y 14.1 de la CADH garantizan el derecho a la autodeterminación informativa y su corrección o reparación inmediata mediante la acción de protección de privacidad, ello se da cuando se verifica que el registro informático es inexacto, erróneo o falso y que afecte la honra, honor y dignidad del accionante, mas no cuando la información es correcta y corresponde a los hechos verídicamente sucedidos; no obstante, el accionante plantea que por haber existido una extinción de la acción penal por conciliación dentro del proceso penal instaurado en su contra debería levantarse la codificación 102, afirmando que no tuvo nada que ver en el proceso penal y que por ese motivo se extinguió la misma, que existiría declaración voluntaria del verdadero autor y culpable que se sometió a procedimiento abreviado y que no se cuenta con una sentencia ejecutoriada que demuestre su culpabilidad; extremos por demás equivocados y falsos, ya que de la documentación adjunta se podrá verificar que no es evidente que el Banco haya admitido que el accionante no haya participado en los hechos ilícitos denunciados, como tampoco existe una declaración de ninguno de los coacusados que liberen de responsabilidad al nombrado y que la codificación responde a la causa de desvinculación tal como lo establece el Reglamento de Registro de la ASFI vigente en la gestión 2015; 9) Se procedió a la codificación 102 por la existencia de la infracción con dolo; es decir, con intención y con daño económico material, circunstancia que no cambió a la fecha, por lo que el argumento del accionante que al no existir una sentencia ejecutoriada en materia penal, sino al existir una extinción por conciliación, debería levantarse el registro informado por el Banco, resulta totalmente equivocado y sesgado, pues como se describió, existe una condición especial cuando además de la infracción también cursa delito que no contempla la codificación 102, sino que ésta se encuentra en la codificación 101 que expresamente señala “Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a delitos o infracciones y faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido y sin formula de solución voluntaria”; en tal sentido, bajo la codificación 102 no tiene relevancia la determinación asumida por la justicia penal, siendo que lo que se codificó no fue la comisión del delito sino la comisión de una infracción, la que resulta totalmente verificable conforme a los documentos señalados, que en el caso tal infracción cometida por el accionante con dolo y con daño económico son evidentes y no cambiaron a la fecha, por lo que poca relevancia tiene para la codificación la extinción por conciliación, aclarando que independientemente de la infracción grave, en la jurisdicción penal por tratarse de un delito público el Ministerio Público decidió investigar a la causa, imputar e incluso acusar al hoy accionante, que más allá de haberse extinguido por una conciliación, al contrario se reparó el daño, ello no desvirtúa en absoluto la existencia de la infracción grave cometida por el nombrado, que como se indicó, fue el motivo registrado de acuerdo a la Codificación 102 y no en la Codificación 101; 10) En cuanto a lo aseverado por el accionante en el sentido de que ante la inexistencia de una Sentencia ejecutoriada en su contra se demostraría que no habría participado en el hecho, por lo que sería inocente, cabe aclarar que si bien se dio una conciliación con la entidad bancaria, ello se debió esencialmente a la reparación del daño por parte del accionante quien hizo efectivo el depósito de Bs60 000.-, y por una cuestión humanitaria en un acto de conmiseración, más dicha extinción no se dio por haberse declarado la inocencia del nombrado, pues de no haber sido culpable como indica, cuál sería el motivo lógico de haber reparado parte del daño ocasionado al Banco y a su usuario mediante el deposito efectivo del monto mencionado, pues tal acción es un acto inequívoco de admitir su participación en el hecho irregular, así como el reconocimiento del daño producido; 11) A momento de realizar el registro de codificación del accionante se cumplió con los requisitos exigidos por el art. 3 del Reglamento de Registro de la ASFI, pues de otra forma no se hubiese permitido su ingreso al Sistema, acompañándose el Memorándum de desvinculación 014/2015 de 10 de febrero, el Memorándum 015/2015 de 10 de febrero de comunicación de codificación, el Informe de Auditoría AI 020/20155 de 4 de febrero, el Acta de 6 de febrero de 2015 de la Comisión Interna del banco asignado al caso, que acreditaban el hecho enmarcado en la codificación 102, el cual -se reitera- fue realizado por infracciones graves y no un presunto delito; 12) No existe un perjuicio cierto, verdadero o material en contra del accionante, pues no fue suspendido ni inhabilitado temporal ni definitivamente para las labores en el sector bancario y financiero, que únicamente puede ser determinado por la ASFI, como lo establece el art. 4 del Reglamento de Registro, extremos que si se hubieran dado se podría entender que ante una mala codificación efectivamente se estaría vulnerando el derecho a la autodeterminación y consecuentemente al trabajo; es así que el supuesto perjuicio citado por el accionante es inexistente, lo que igualmente denota la improcedencia de la acción; 13) No existen los elementos por los cuales se debería recodificarse menos aun la nulidad de la misma, por cuanto del Reglamento se tiene que debe existir una Resolución Judicial estableciendo incluso la continuidad laboral del trabajador en el Banco, debiéndose considerar que el accionante presentó una demanda de reincorporación en contra del Banco BISA, estando a la fecha para emitirse Sentencia, la cual establecerá si el despido fue injustificado o no y determinara su reincorporación si corresponde; y, 14) Solicitó se deniegue la tutela impetrada y se condene al pago de costas y costos respectivos por la temeridad de la acción de defensa.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la ASFI, a través de Carlos Martín Rodríguez Soria, mediante el memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 44 a 46, así como en audiencia, manifestó que: i) El Reglamento para el Registro de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, contenido en el Capítulo IV, Título V, Libro 2 de la Recopilación de normas para Servicios Financieros que tiene por objeto, establecer los requisitos que deben cumplir las Entidades de Intermediación Financiera y Empresas de Servicios Financieros Complementarios para el registro de la información relacionada con las suspensiones temporales o definitivas, inhabilitaciones, incorporaciones, desvinculaciones, hechos posteriores a la desvinculación y cambios de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás Funcionarios, para lo cual, existe el módulo de Registro de Funcionarios del Sistema de Registro del Mercado Integrado proporcionado y administrado por la ASFI que permite a las entidades supervisadas registrar las altas, anulaciones, bajas, hechos posteriores a la desvinculación, modificaciones y rectificaciones de los datos de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios; ii) El accionante refiere que el 11 de febrero de 2015, el Banco Bisa procedió a realizar la codificación 102 de su persona en la ASFI, en ese sentido, el art. 2 del citado Reglamento establece la codificación a utilizarse, en el caso concreto se hizo uso del Código 102, que establece el registro del retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracciones y faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido y con formula de solución voluntaria; iii) El Registro de Funcionarios del Sistema de Registro del Mercado Integrado, proporcionado y administrado por la ASFI, es una base de datos que contiene información reportada por las entidades de intermediación financiera sobre su personal, que asignan la codificación correspondiente al motivo del retiro, el cual tiene carácter referencial para las entidades financieras en sus procesos de selección y contratación, lo que no puede entenderse como sanción, no disponiendo la ASFI de facultades para modificar o corregir los registros efectuados por las entidades supervisadas considerando que las relaciones contractuales de carácter laboral y la administración de los recursos humanos de las entidades supervisadas son privativas de ellas y son de su responsabilidad, teniendo únicamente esta Autoridad de Supervisión la facultad de administración del sistema de información mencionado, no así para la codificación que es realizado por personal competente de las entidades financieras y bajo su responsabilidad; iv) El accionante señala que dentro del proceso penal habría sido beneficiado con una Resolución de extinción de la acción penal por conciliación con los representantes del Banco BISA; sin embargo, no hizo conocer el número de caso de la Fiscalía ni el NUREJ de esa causa penal a efectos del conocimiento y revisión por la ASFI; tampoco se presentó la Resolución mencionada y que hubiera sido homologada por el Juzgado o Tribunal de Sentencia en lo Penal, situación que causaría certeza respecto a los planteamientos del accionante, como consecuencia de esa falta de documentación se debe tomar en cuenta que estamos ante delitos de acción penal pública que deben ser patrocinados y sustentados por la Fiscalía conforme lo establece el art. 70 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, v) Por lo expuesto solicitó se declare improcedente la acción planteada y se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni, a través de la Resolución 01/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 227 a 230 vta., denegó la tutela solicitada; dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) El accionante refiere que no se puede mantener o se debe modificar la sanción registrada en la ASFI por el Banco BISA –codificación 102-, por cuanto el proceso penal iniciado en su contra por el citado Banco concluyó con la extinción de la acción por conciliación, además de la emisión de una Sentencia absolutoria a su favor, por lo cual no se llegó a comprobar el delito acusado, extremo que le causa perjuicio ya que no puede encontrar trabajo; b) De antecedentes se evidenciaron los reclamos efectuados ante el Banco BISA y la ASFI, así como también el proceso penal seguido contra el nombrado por el citado Banco, dentro del cual se llegó a suscribir un acuerdo transaccional definitivo de 8 de marzo de 2016, teniéndose en su cláusula cuarta la advertencia que en caso de presentarse a futuro algún otro reclamo de algún cliente por hechos similares o vinculado al hecho denunciado y querellado con daño económico para sus clientes y en consecuencia para el Banco, el nombrado se obliga a responder y asumir los mismos; c) A partir del Reglamento para el registro de directores, síndicos, fiscalizadores internos, inspectores de vigilancia ejecutivos y demás funcionarios, Sección 1 Aspectos generales, arts. 1 y 3 inc. c); y, Sección 3 art. 2; en el caso concreto, se realizó la codificación 102 por la entidad bancaria, teniéndose como causal: “Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracciones y faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido con formula de solución voluntaria” (sic); d) Si bien en el proceso penal realizado contra el hoy accionante no se cuenta con una sentencia condenatoria, se debe tomar en cuenta que se tienen establecidas salidas alternativas para concluir un proceso penal, entre ellas el acuerdo transaccional por conciliación, el cual fue suscrito en el caso en particular el 8 de marzo de 2016, por lo que se emitió la Resolución de extinción de la acción penal, refiriendo “…habiendo llegado a un acuerdo con el representante del Banco Bisa mediante el documento que se adjunta donde se aclara estar conforme con el depósito realizado por su persona de Bs60 000.-, con el que se resarció el daño causado al Banco BISA” (sic), de lo cual se puede alegar que el imputado hoy accionante asumió su responsabilidad de reparar el daño causado a la entidad bancaria, y de acuerdo a la codificación realizada por el Banco ante la ASFI, se puede evidenciar que la causal del retiro corresponde con daño económico reconocido con formula de solución voluntaria, no siendo evidente que exista una mala o errónea codificación por la entidad bancaria ante la ASFI en contra del hoy accionante; e) De esa manera se tiene que en el presente caso el hecho que vulnera presuntamente los derechos del accionante fueron insertados al sistema de registro de la ASFI conforme lo determina el Capítulo IV del mencionado Reglamento, por lo cual no se vulneró los derechos del nombrado, mucho más cuando a partir del propio Reglamento se tienen establecidas las causales en las que se puede anular la codificación registrada, extremo determinado en su Sección 3 art. 8, determinando que se procederá a la anulación de la codificación en el caso de reincorporaciones de directores, síndicos, fiscalizadores internos, inspectores de vigilancia, ejecutivos y demás funcionarios que se encuentren clasificados en los códigos 01 al 09 y en los códigos 11, 13, 14, 15 y 16, dando cumplimiento a la emisión de la resolución judicial con calidad de cosa juzgada, resolución administrativa firme, conminatoria del Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social y/o resolución del directorio o memorándum emitido por la Gerencia General -cuando corresponda-, que determine la continuidad laboral, la entidad supervisada debe proceder a efectuar la anulación de la codificación asignada en el Sistema de Registro y enviar una carta firmada por el Gerente General, comunicando dicha situación, adjuntando copia del informe legal; f) De igual manera, la entidad supervisada debe llevar el control y registro de la documentación que sustente la anulación de la codificación asignada, dicha información debe permanecer en los archivos de la misma y estar a disposición de ASFI para efectos de control y supervisión, la cual debe consistir mínimamente en: i) El informe del área legal; ii) El informe del auditor interno; iii) La resolución judicial en calidad de cosa juzgada -cuando corresponda-; iv) La resolución administrativa en firma -cuando corresponda-; v) Conminatoria del Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social -cuando corresponda-; vi) La resolución del directorio o memorándum emitido por la Gerencia General –cuando corresponde-; y, vii) La copia de la comunicación efectuada al Director, Sindico, Fiscalizador Interno, Inspector de Vigilancia, Ejecutivo o Funcionario de la anulación de la codificación que fuere asignada; y, g) Lo referido permite llegar a la convicción que no se vulneraron derechos del accionante al encontrarse registrado conforme al mencionado Reglamento la codificación por el retiro del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe 020/2015 de 4 de febrero, realizado por el Comité de Auditoría del Banco BISA, respecto a faltas graves incurridas por el funcionario Gonzalo Arturo Alcázar Peredo, (ahora accionante), establecido que el nombrado presuntamente proporcionó a terceras personas información de clientes, lo que permitió que se retire Bs120 000.- de la cuenta de Rene Eduardo Leverenz Melena, cliente de ese Banco, incumpliendo así con las obligaciones descritas en el Reglamento Interno del Banco Titulo IV, Capítulo I, articulo 105, inc. a, b, e, k, n y v, e incurrió en faltas graves contempladas en el art. 111 inc. a, b, o, s, v y x, incumpliendo el art. 475 de la Ley de Servicios Financieros al no guardar la confidencialidad de asuntos y operaciones de los clientes del Banco y presuntamente incurrió en el delito financiero tipificado en el art. 363 del Código Penal (CP) (fs. 52 a 58). II.2. Por memorándum RRHHSC/014-2015 de 10 de febrero de 2015, el Gerente de Oficina del Banco BISA, comunicó a Gonzalo Arturo Alcázar Peredo, Oficial Comercial Riesgo de Crédito Administrador Créditos, hoy accionante, su desvinculación laboral por causal justificada de despido (fs. 50). II.3. El Gerente de Oficina del Banco BISA por memorándum RRHHSC/015-2015 de 10 de febrero, comunicó el código de retiro registrado en la ASFI correspondiendo el 102: Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracciones y faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido, con formula de solución voluntaria (fs. 51). II.4. Se tiene un acuerdo transaccional definitivo suscrito el 8 de marzo de 2016, por el hoy accionante y los representantes del Banco BISA, constando que el primero de los nombrados canceló la suma de Bs60 000.- en calidad de restitución de los dineros devueltos por el Banco a su cliente Rene Eduardo Leverenz Melena (fs. 66 y vta.). II.5. A través de la Resolución de 6 de febrero de 2020, el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del departamento de Beni, determinó la extinción de la acción penal por conciliación a favor del hoy accionante (fs. 72 vta. a 73 vta.). II.6. Cursa nota de 26 de marzo de 2021, dirigida al Banco BISA S.A. Trinidad, mediante la cual el ahora accionante, solicitó cambio de calificación ASFI, al haberse extinguido la acción penal seguida en su contra (fs. 2). II.7. Por oficio BISA/TDD/09/2021 de 22 de abril, dirigida al ahora accionante, el Banco BISA S.A., dio respuesta a la solicitud de 26 de marzo de 2021, señalándole que se evidenció la extinción de la acción penal por conciliación, en razón al acuerdo transaccional suscrito con resarcimiento parcial efectuado por su persona a ese Banco, por los ilícitos que dieron lugar al proceso tramitado. Dicha extinción de la acción penal es una consecuencia a la salida alternativa por conciliación tramitada en el proceso penal que se siguió en su contra; lo cual conlleva de igual manera consecuencias legales. Esa salida alternativa de ninguna manera corresponde a una declaración de inocencia, debiéndose considerar que en la propia Resolución de extinción de la acción penal en su considerando I se estableció que efectuado el resarcimiento parcial, ese Banco por razones humanitarias, renunció a seguir la acción penal en contra del nombrado, lo que de ninguna manera desvirtuó que el código asignado a su desvinculación sea incorrecto o no corresponda (fs. 3). II.8. Por nota de 3 de mayo de 2021, el hoy accionante, respondiendo el oficio precedentemente indicado, señaló que su persona en ningún momento a través del acuerdo suscrito se declaró culpable, representando el mismo una conciliación entre ambas partes, a la cual se arribó justamente porque el hecho denunciado fue realizado en la ciudad de La Paz, por lo que no participó del mismo. Esa salida alternativa de conciliación dio lugar a la extinción del proceso penal en su favor, sin que se haya llegado en ningún momento a una Sentencia condenatoria. En ese sentido, con la calificación efectuada se le ocasiona perjuicios en cuanto a su derecho a la actividad laboral (fs. 4). II.9. Por Nota de 14 de mayo de 2021, el hoy accionante, solicitó una respuesta a su nota de 3 de ese mes y año (fs. 5). II.10. El ahora accionante, el 6 de junio de 2022, mediante nota solicitó a la ASFI modificación de calificación, toda vez que en el proceso penal que le seguía el Banco BISA se habría llegado a un acuerdo conciliatorio, y en forma posterior se habría emitido extinción de la acción penal en su favor, y posterior absolutoria, por lo que por la sección correspondiente se instruya al mencionado Banco que levante su calificación a efectos de que no se vulnere su derecho al trabajo (fs. 7). II.11. Mediante oficio BISA/TDD/20/2021 de 10 de junio, ese Banco respondiendo a las notas del ahora accionante de 3 y 14 de mayo de 2021 y 4 de junio de igual año, le señaló que en las mismas se efectuó una interpretación particular y absolutamente descontextualizada del acuerdo transaccional que se suscribió con su persona y que motivó la extinción de la acción penal, por lo que se ratificaron en la respuesta que le fue otorgada mediante BISA/TDD/09/2021 de 22 de abril (fs. 8). II.12. El 12 de julio de 2022, el ahora accionante, por nota dirigida al Director General Ejecutivo de la ASFI, reiteró su solicitud de modificación de calificación, aclarando que existe una demanda de reincorporación interpuesta por su persona contra el Banco BISA, el cual no tiene nada que ver con la calificación en la ASFI y en cuanto al proceso penal se tiene que fue beneficiado con la extinción de la acción penal por conciliación, habiéndole indicado dicho Banco que previamente el proceso debería contar con sentencia ejecutoriada para ver si corresponde o no dicha modificación, vulnerándose con ello su derecho a la presunción de inocencia además del perjuicio al trabajo, por lo que solicitó que por la sección correspondiente se ordene al Banco levante su calificación (fs. 9 y 10).

II.13. La ASFI, por oficio ASFI/DAJ/R-153760/2022 de 26 de julio, respondió la nota del accionante de 12 de ese mes y año, señalando que el Módulo de Registro de Funcionarios es un sistema proporcionado y administrado por la “ASF”, que permite a la entidad supervisada registrar las altas, anulaciones, bajas, hechos posteriores a la desvinculación, modificaciones y rectificaciones de los datos de funcionarios de las entidades supervisadas, no pudiendo esa Autoridad de Supervisión ordenar la modificación y/o eliminación de la información que las entidades de intermediación financiera registran en ese sistema, por lo que no puede atender su solicitud, por cuanto las gestiones de codificación y recodificación previstas en el Reglamento para registro de directores, síndicos, fiscalizadores internos, inspectores de vigilancia, ejecutivos y demás funcionarios, corresponden ser efectuadas por el Banco BISA, bajo el marco normativo vigente, considerando además que dicho Reglamento en su art. 8 establece la anulación de la codificación, la cual realizara la entidad supervisada previo cumplimiento de lo determinado en dicha normativa. Si considera que la codificación asignada por el Banco antes referido afecta su derecho fundamental a la intimidad o privacidad personal, familiar o a su propia imagen, honra y reputación, puede interponer la acción de protección de privacidad de acuerdo a la previsión de los arts. 130 y 131 de la CPE (fs. 11 a 12). II.14. Consta un proveído de 27 de julio de 2021, mediante el cual el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, dando repuesta al memorial del hoy accionante, refirió que según la revisión de antecedentes no se tienen datos de la medida impuesta en cuanto a la calificación en el sistema financiero realizado en su contra, por lo que mal podría levantar dichos antecedentes, consecuentemente diríjase a la autoridad competente (fs. 6). II.15. El ahora accionante, el 19 de enero de 2023, solicitó al Director General Ejecutivo de la ASFI, informes respecto al tiempo de trabajo de su persona en el Banco BISA, motivo del retiro y fecha del mismo, en qué situación se encuentra el proceso penal instaurado en su contra, en qué fecha realizó la calificación el citado Banco respecto a su persona y si la misma sigue vigente (fs. 17 a 18). II.16. El 17 de febrero de 2023, el Banco Bisa, por oficio RRHH-C-16/2023, le proporcionó al ahora accionante, la información ordenada por la nota ASFI/DSR IV R-34965/2023 de 15 de febrero, dando respuesta a los puntos solicitados por la nota precedentemente señalada (fs. 13 y 14). II.17. La ASFI mediante oficio de 28 de febrero de 2023, tomaron conocimiento que el Banco Bisa, el 16 de febrero de ese año, en atención a la instrucción que impartieron, atendió su solicitud de información realizada por nota de 19 de enero de igual año; así en relación a lo relativo a la vigencia del código de desvinculación asignado a su persona, el mismo se mantiene inalterable en el Módulo de Registro de Funcionarios del Sistema de Registro del Mercado integrado, mientras la entidad que registró dicha información no realice modificaciones y/o rectificaciones en el marco del Reglamento (fs. 15 a 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la intimidad, privacidad, imagen, honra y reputación, así como al trabajo y al debido proceso en sus elementos presunción de inocencia y “seguridad jurídica”, toda vez que el Banco BISA no da curso a su solicitud de modificación de la codificación 102 registrada en la ASFI como motivo de su desvinculación laboral, pese a que el proceso penal instaurado en su contra se encuentra concluido debido a la Resolución de extinción de la acción penal por conciliación emitida en su favor, lo que demostraría que no tuvo nada que ver en el hecho investigado; dicha negativa bajo el argumento de que el acuerdo o salida alternativa no demostraría su inocencia y que la codificación que le pusieron no sería incorrecta; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada, y se ordene a la brevedad la modificación de la calificación en el Sistema del Banco y se notifique a la ASFI para que levante la calificación de su persona. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Presupuestos de procedencia y los alcances de la acción de protección de privacidad; 2) De la normativa aplicable al caso; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Presupuestos de procedencia y los alcances de la acción de protección de privacidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1104/2019-S2 de 18 de diciembre, reiterada por la SCP 0634/2021-S1 de 25 de octubre asumió el siguiente entendimiento: Conforme dispone la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1738/2010-R, la procedencia de la acción requiere dos presupuestos: 1) La existencia de un banco de datos, público o privado, físico, electrónico, magnético o informático, que tenga la finalidad de proveer informes; y, 2) Que el banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la acción de protección de privacidad; es decir a los derechos a la privacidad, intimidad, propia imagen, honra y reputación. Según se advierte de la Sentencia señalada líneas arriba, precisa los alcances de la acción de protección de privacidad que se resumen a los siguientes ámbitos:

1. Conocer la información o “registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, para conocer qué es lo que se dice respecto a la persona que plantea el hábeas data, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos y almacenados son los correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal”; asimismo, conocer los fines y objetivo de la obtención y almacenamiento; es decir, qué uso le darán a esa información.

2. Actualizar los datos existentes, este es “el derecho a la actualización de la información o los datos personales registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizando los datos atrasados; con la finalidad de evitar el uso o distribución de una información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”.

3. Modificar o corregir la información existente en el banco de datos, cuando son incorrectos o ajenos a la verdad, en otros términos es “el derecho corrección o modificación de la información o los datos personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado, tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”.

4. Preservar la confidencialidad de la información que si bien es correcta y obtenida legalmente, no se la puede otorgar en forma indiscriminada; esta acción se funda en el derecho a la “confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros porque su difusión podría causar daños y perjuicios a la persona”. 5. Excluir la información sensible, es decir, aquella información que sólo importa al titular, como las ideas políticas, religiosas, orientación sexual, enfermedades, etc.; así la citada Sentencia Constitucional señaló que es el ‘Derecho de exclusión de la llamada “información sensible’ relacionada al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado”.

III.2. De la normativa aplicable al caso

La CPE en su art. 332.I. establece que: “Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano”.

El art. 481 de la Ley de Servicios Financieros, aprobado mediante Ley 393 de 21 de agosto de 2013, estipula que: “La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI administrará una base de datos denominada “Central de Información de Reclamos y Sanciones”, la misma deberá ser de acceso público y registrará sistemáticamente y de manera clara, estadísticas de los reclamos por tema y entidad, presentados por los consumidores financieros a las entidades financieras, así como las sanciones en firme emitidas por dicha autoridad a las entidades de intermediación financiera”.

El art. 484 de la citada ley, a propósito de los registros de información señala: “En el marco de preservar un sistema financiero sano y eficiente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI conformará otros registros de información, sobre los siguientes temas: f) Registro de funcionarios y empleados, exfuncionarios y exempleados suspendidos o inhabilitados en el ejercicio de la actividad financiera” (negrillas agregadas).

Mediante Resolución ASFI 024/2014 de 16 de enero, la ASFI (vigente al momento en que el ahora accionante solicitó la baja o modificación de su codificación), aprueba y pone en vigencia las modificaciones efectuadas al “Reglamento para el Registro de Directores Síndicos Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás Funcionarios”. Dicha normativa reglamentaria en su parte pertinente de la Sección 3 referida a Inhabilitaciones, Suspensiones y Reportes de Baja, señala:

Art. 2 (Codificación) Para el reporte de las causas de desvinculación de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, las entidades supervisadas deben utilizar la siguiente codificación: “…02 Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracciones y faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido con formula de solución voluntaria” (sic).

Art. 3 (Requerimiento de información) Para el registro de los códigos de retiro que se encuentren clasificados entre los códigos 01 al 09 y del 11 al 16, la entidad supervisada debe enviar una carta firmada por el Gerente General, adjuntando un informe que contenga las decisiones adoptadas y las conclusiones y recomendaciones remitidas por el auditor interno, respeto al establecimiento de responsabilidades y la cuantificación del daño económico, si correspondiese. De igual manera la entidad supervisada debe llevar el control y registro de la documentación que sustente la codificación asignada, dicha información debe permanecer en los archivos de la misma y estar a disposición de ASFI para efectos de control y supervisión, la cual debe consistir en:

a) El informe del auditor interno;

b) La denuncia al Ministerio Público y las diligencias o gestiones judiciales que se hubieran realizado, cuando se asigne el estado del código “En proceso”; y la sentencia ejecutoriada de la autoridad judicial competente, cuando se asigne el estado del código “Definitivo”, si correspondiese;

c) La demanda en materia civil o laboral y las diligencias o gestiones judiciales que se hubieran realizado cuando se asigne el código “En proceso”; y la sentencia ejecutoriada cuando se asigne el código “Definitivo” si corresponde;

d) La Resolución administrativa de ASFI sujeta a impugnación, que determine la suspensión o inhabilitación, tanto de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, cuando se asigne el código “En proceso” correspondiente; y la Resolución Administrativa en firme cuando se asigne el código “Definitivo”, si corresponde;

e) La resolución de Directorio cuando corresponda;

f) La copia de la comunicación al Director, Síndico Fiscalizador Interno, Inspector de Vigilancia, Ejecutivo o Funcionario codificado.

(…)

Art. 5. (Estado del Código) En el caso de desvinculaciones de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios que se encuentren en proceso de investigación por las causales establecidas en los códigos del 01 al 05 y en los códigos 11, 13, 14 y 15, las entidades supervisadas deben asignar a los códigos señalados un estado “En Proceso” hasta que se determine el grado de responsabilidad existente y se asigne el estado de “Definitivo”.

Las entidades supervisadas que procedan con la asignación de un código “En Proceso” deben contar con la documentación respaldatoria la cual deberá estar a disposición de ASFI para efectos de control y supervisión, esta documentación debe consistir en:

a) El informe del Auditor Interno b) La Resolución de Directorio o memorándum emitido por la Gerencia General (cuando corresponda)

c) La denuncia al Ministerio Publico y las diligencias o gestiones judiciales que se hubieran realizado (cuando corresponda)

d) La demanda en materia civil o laboral y las diligencias o gestiones judiciales que se hubieran realizado (cuando corresponda)

e) La copia de la comunicación efectuada al Director, Síndico, Fiscalizador Interno, Inspector de Vigilancia, Ejecutivo y Funcionario codificado.

Asimismo las entidades supervisadas deben realizar el seguimiento de los proceso de investigación iniciados, para lo cual deben contar de manera trimestral con el correspondiente informe del auditor interno y la documentación que respalde la codificación asignada en el Sistema de Registro, el mismo que debe permanecer en la entidad supervisada a disposición de la ASFI.

El estado “En Proceso” podrá ser utilizado hasta la emisión de la Resolución judicial en calidad de cosa juzgada y/o Resolución Administrativa en firme, momento en el cual, la entidad supervisada deberá cambiar el estado a “Definitivo” según el grado de responsabilidad determinado. Art. 6 (Recodificación) Las entidades supervisadas que modifiquen la codificación asignada a una de menor grado de responsabilidad, deben solicitar a la ASFI mediante una carta dirigida al Director Ejecutivo, la recodificación de dichos códigos adjuntando el informe de auditoría interna, la documentación respaldatoria que justifique la recodificación y la copia de comunicación al Director, Sindico Fiscalizador Interno, Inspector de Vigilancia, Ejecutivo o funcionario afectado.

Para la modificación de la codificación asignada a una de mayor grado de responsabilidad, las entidades supervisadas deben contar con el informe de auditoría interna, la documentación que sustente dicha recodificación y la copia de la comunicación al Director, Síndico, Fiscalizador Interno, Inspector de Vigilancia, Ejecutivo o funcionario afectado; esta información debe permanecer en los archivos de la entidad supervisada y estar a disposición de la ASFI para efectos de control y supervisión.

(…)

Art. 8 (Anulación de la codificación) En el caso de reincorporaciones de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia; Ejecutivos y demás funcionarios que se encuentran clasificados en los códigos 01 al 09 y en los códigos 11, 13, 14, 15 y 16 dando cumplimiento a la emisión de la resolución judicial en calidad de cosa juzgada, Resolución Administrativa en firme, conminatoria del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, y/o Resolución de Directorio o memorándum emitido por la Gerencia General (cuando corresponda), que determine la continuidad laboral, la entidad supervisada, debe proceder a efectuar la anulación de la codificación asignada en el Sistema de Registro, y enviar una carta firmada por el Gerente General, comunicando dicha situación, adjuntando copia del informe legal.

De igual manera, la entidad supervisada debe llevar el control y registro de la documentación que sustente la anulación de la codificación asignada, dicha información debe permanecer en los archivos de la misma y estar a disposición de ASFI para efectos de control y supervisión la cual debe consistir mínimamente en:

a) El informe del área legal b) Informe del Auditor Interno, c) La resolución judicial en calidad de cosa juzgada (cuando corresponda);

d) La Resolución Administrativa en firme (cuando corresponda);

e) Conminatoria del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social (cuando corresponda);

f) La Resolución de Directorio o memorándum emitido por la Gerencia General (cuando corresponda);

g) La copia de la comunicación efectuada al Director, Síndico, Fiscalizador Interno, Inspector de Vigilancia, Ejecutivo y Funcionario de la anulación de la codificación que le fuera asignada.

Art. 9 (Régimen de responsabilidades) Dentro del Régimen disciplinario establecido por la entidad supervisada se debe garantizar el cumplimiento del debido proceso, previsto en los Artículos 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, a efectos de que la codificación asignada de acuerdo con el Artículo 2º de la presente Sección y Artículo 4º de la Sección 4 del presente Reglamento, refleje la responsabilidad que efectivamente tiene; el Director, Síndico, Fiscalizador Interno, Inspector de Vigilancia, Ejecutivo o funcionario (el subrayado y las negrillas son nuestros).

Mediante Resolución ASFI 216/2016 de 28 de marzo, la ASFI, aprueba y pone en vigencia las modificaciones efectuadas al “Reglamento para el Registro de Directores Síndicos Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y Demás Funcionarios”.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la intimidad, privacidad, imagen, honra y reputación, así como al trabajo y al debido proceso en sus elementos presunción de inocencia y “seguridad jurídica”, toda vez que el Banco BISA no da curso a su solicitud de modificación de la codificación 102 registrada en la ASFI como motivo de su desvinculación laboral, pese a que el proceso penal instaurado en su contra se encuentra concluido debido a la Resolución de extinción de la acción penal por conciliación emitida en su favor, lo que demostraría que no tuvo nada que ver en el hecho investigado; dicha negativa bajo el argumento de que el acuerdo o salida alternativa no demostraría su inocencia y que la codificación que le pusieron no sería incorrecta; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada, y se ordene a la brevedad la modificación de la calificación en el Sistema del Banco y se notifique a la ASFI para que levante la calificación de su persona.

De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que por Informe 020/2015 de 4 de febrero, realizado por el Comité de Auditoría del Banco BISA, respecto a faltas graves incurridas por el funcionario Gonzalo Alcázar Peredo, ahora accionante, se estableció que el nombrado presuntamente proporcionó a terceras personas información de clientes, lo que permitió que se retire Bs120 000.- de la cuenta de Rene Eduardo Leverenz Melena, cliente de ese Banco, incumpliendo así con las obligaciones descritas en el Reglamento Interno del Banco Titulo IV, Capítulo I, articulo 105, inc. a, b, e, k, n y v, e incurrió en faltas graves contempladas en el art. 111 inc. a, b, o, s, v y x, incumpliendo el art. 475 de la Ley de Servicios Financieros al no guardar la confidencialidad de asuntos y operaciones de los clientes del Banco y presuntamente incurrió en el delito financiero tipificado en el art. 363 del Código Penal (CP) (Conclusión II.1.). Es así que, por memorándum RRHHSC/014-2015 de 10 de febrero de 2015, el Gerente de Oficina del Banco BISA, comunicó a Gonzalo Arturo Alcázar Peredo, Oficial Comercial Riesgo de Crédito Administrador Créditos, hoy accionante, su desvinculación laboral por causa justificada de despido (Conclusión II.2.); y que en forma posterior, el Gerente del Banco BISA por memorándum RRHHSC/015-2015 de igual fecha, comunicó al nombrado el código de retiro registrado en la ASFI correspondiendo el 102: Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracciones y faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido con formula de solución voluntaria (Conclusión II.3.).

Al respecto, se tiene un acuerdo transaccional definitivo suscrito el 8 de marzo de 2016, por el hoy accionante y los representantes del Banco BISA, constando que el primero de los nombrados cancelo la suma de Bs60 000.- en calidad de restitución de los dineros devueltos por el Banco a su cliente Rene Eduardo Leverenz Melena (Conclusión II.4.); con ese antecedente, se emitió la Resolución de 6 de febrero de 2020, por el Tribunal de Sentencia Primero de la capital del departamento de Beni, determinándose la extinción de la acción penal por conciliación a favor del hoy accionante (Conclusión II.5.).

Es así que, cursa nota de 26 de marzo de 2021, dirigida al Banco BISA S.A. Trinidad, mediante la cual Gonzalo Alcázar Peredo, ahora accionante, solicitó cambio de calificación ASFI, al haberse extinguido la acción penal seguida en su contra (Conclusión II.6.); en ese sentido, por oficio BISA/TDD/09/2021 de 22 de abril, el Banco BISA S.A., le dio respuesta a la referida solicitud, señalándole que se evidenció la extinción de la acción penal por conciliación, en razón al acuerdo transaccional suscrito con resarcimiento parcial efectuado por su persona a ese Banco, por los ilícitos que dieron lugar al proceso tramitado. Dicha extinción de la acción penal es una consecuencia a la salida alternativa por conciliación tramitada en el proceso penal que se siguió en su contra; lo cual conlleva de igual manera consecuencias legales. Esa salida alternativa de ninguna manera corresponde a una declaración de inocencia, debiéndose considerar que en la propia Resolución de extinción de la acción penal en su considerando I se estableció que efectuado el resarcimiento parcial, ese Banco por razones humanitarias, renunció a seguir la acción penal en contra del nombrado, lo que de ninguna manera desvirtuó que el código asignado a su desvinculación sea incorrecto o no corresponda (Conclusión II.7.); ante dicho oficio, el hoy accionante, por nota de 3 de mayo de 2021, manifestó que su persona en ningún momento a través del acuerdo suscrito se declaró culpable, representando el mismo una conciliación entre ambas partes, a la cual se arribó justamente porque el hecho denunciado fue realizado en la ciudad de La Paz, por lo que no participó del mismo. Esa salida alternativa de conciliación dio lugar a la extinción del proceso penal en su favor, sin que se haya llegado en ningún momento a una Sentencia condenatoria; consecuentemente, con la calificación efectuada se le ocasiona perjuicios en cuanto a su derecho a la actividad laboral (Conclusión II.8.).

El 14 de mayo de 2021, el hoy accionante, solicitó una respuesta a su nota de 3 de ese mes y año (Conclusión II.9.); asimismo, el 6 de junio de 2022, mediante nota solicitó a la ASFI modificación de calificación, toda vez que en el proceso penal que le seguía el Banco BISA se habría llegado a un acuerdo conciliatorio, que mediante el mismo se habría emitido extinción de la acción penal en su favor, y posterior absolutoria, por lo que por la sección correspondiente se instruya al mencionado Banco que levante su calificación a efectos de que no se vulnere su derecho al trabajo (Conclusión II.10.).

Mediante oficio BISA/TDD/20/2021 de 10 de junio, ese Banco respondiendo a las notas del ahora accionante de 3 y 14 de mayo de 2021 y 4 de junio de igual año, le señaló que en las mismas se efectuó una interpretación particular y absolutamente descontextualizada del acuerdo transaccional que se suscribió con su persona y que motivó la extinción de la acción penal, por lo que se ratificaron en la respuesta que le fue otorgada mediante nota con Cite BISA/TDD/09/2021 de 22 de abril (Conclusión II.11.). El 12 de julio de 2022, el ahora accionante, por nota dirigida al Director General Ejecutivo de la ASFI, reiteró su solicitud de modificación de calificación, aclarando que existe una demanda de reincorporación interpuesta por su persona contra el Banco BISA, el cual no tiene nada que ver con la calificación en la ASFI y en cuanto al proceso penal se tiene que fue beneficiado con la extinción de la acción penal por conciliación, habiéndole indicado dicho Banco que previamente el proceso debería contar con sentencia ejecutoriada para ver si corresponde o no dicha modificación, vulnerándose con ello su derecho a la presunción de inocencia además del perjuicio al trabajo, por lo que solicitó que por la sección correspondiente se ordene al Banco levante su calificación (Conclusión II.12.).

La ASFI, por oficio ASFI/DAJ/R-153760/2022 de 26 de julio, respondió la nota del accionante de 12 de ese mes y año, señalando que el Módulo de Registro de Funcionarios es un sistema proporcionado y administrado por la “ASF”, que permite a la entidad supervisada registrar las altas, anulaciones, bajas, hechos posteriores a la desvinculación, modificaciones y rectificaciones de los datos de funcionarios de las entidades supervisadas, no pudiendo esa Autoridad de Supervisión ordenar la modificación y/o eliminación de la información que las entidades de intermediación financiera registran en ese sistema, por lo que no puede atender su solicitud, por cuanto las gestiones de codificación y recodificación previstas en el Reglamento para registro de directores, síndicos, fiscalizadores internos, inspectores de vigilancia, ejecutivos y demás funcionarios, corresponden ser efectuadas por el Banco BISA, bajo el marco normativo vigente, considerando además que dicho Reglamento en su art. 8 establece la anulación de la codificación, la cual realizara la entidad supervisada previo cumplimiento de lo determinado en dicha normativa. Si considera que la codificación asignada por el Banco antes referido afecta su derecho fundamental a la intimidad o privacidad personal, familiar o a su propia imagen, honra y reputación, puede interponer la acción de protección de privacidad de acuerdo a la previsión de los arts. 130 y 131 de la CPE (Conclusión II.13.).

Por otro lado, consta un proveído de 27 de julio de 2021, mediante el cual el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la capital del departamento de Beni, dando repuesta al memorial del hoy accionante, refirió que según la revisión de antecedentes no se tienen datos de la medida impuesta en cuanto a la calificación en el sistema financiero realizado en su contra, por lo que mal podría levantar dichos antecedentes, consecuentemente diríjase a la autoridad competente (Conclusión II.14.).

El ahora accionante, el 19 de enero de 2023, solicitó al Director General Ejecutivo de la ASFI, informes respecto al tiempo de trabajo de su persona en el Banco BISA, motivo del retiro y fecha del mismo, en qué situación se encuentra el proceso penal instaurado en su contra, en qué fecha realizó la calificación el citado Banco respecto a su persona y si la misma sigue vigente (Conclusión II.15.). En ese marco, el 17 de febrero de 2023, el Banco Bisa, por oficio RRHH-C-16/2023, le proporcionó al hoy accionante, la información ordenada por la nota ASFI/DSR IV R-34965/2023 de 15 de febrero, dando respuesta a los puntos solicitados por la nota precedentemente señalada (Conclusión II.16.); finalmente, la ASFI mediante oficio de 28 de febrero de ese año, tomaron conocimiento que el Banco Bisa, el 16 de febrero de ese año, en atención a la instrucción que impartieron, atendió la solicitud de información realizada por nota de 19 de enero de igual año; así en relación a la vigencia del código de desvinculación asignado al ahora accionante, el mismo se mantiene inalterable en el Modulo de Registro de Funcionarios del Sistema de Registro del Mercado integrado, mientras la entidad que registró dicha información no realice modificaciones y/o rectificaciones en el marco del Reglamento (Conclusión II.17.).

Conforme se tiene de la problemática planteada, el accionante alega que la negativa del Banco BISA respecto a la modificación del código 102 asignado a su persona como motivo de su desvinculación laboral, sin considerar el acuerdo conciliatorio que llegó con dicha entidad bancaria y la consiguiente extinción de la acción penal emitida en su favor como emergencia de esa conciliación, lesiona sus derechos a la intimidad, privacidad, imagen, honra y reputación, así como también denuncia a través de la presente acción de protección de privacidad la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos presunción de inocencia, “seguridad jurídica” y al trabajo; basándose dicho Banco en el argumento para la negativa, en el hecho de que el acuerdo mencionado no demostraría su inocencia, por lo que la codificación que le pusieron sería la correcta.

Bajo ese contexto, conforme se tiene de los antecedentes cursantes en el expediente, por memorándum RRHHSC/014-2015 de 10 de febrero, el Gerente de la Oficina del Banco BISA comunicó al hoy accionante su desvinculación laboral por causa justificada de despido; así como también, en la misma fecha a través del memorándum RRHHSC/015-2015, comunicó que el código 102 sería el que correspondería ser registrado en la ASFI, como motivo de su retiro, debido a las infracciones y faltas cometidas con dolo, daño económico reconocido, con formula de solución voluntaria.

Para poder resolver la problemática de fondo, corresponde referirnos a la codificación a ser asignada por una entidad financiera, el Reglamento para el Registro de Directores Síndicos Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, que cursa de fs. 98 vta. a 104 de obrados, en su parte pertinente de la Sección 3 referida a “Inhabilitaciones, Supleciones y Reportes de Baja” (sic) establece en su art. 2 que para el reporte de las causas de desvinculación de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, las entidades supervisadas deben utilizar la siguiente codificación 02: “Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracciones y faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido con formula de solución voluntaria” (sic). En ese sentido, el mismo Reglamento en su art. 3 establece que para el registro de la codificación, la entidad financiera debe enviar a la ASFI, una carta firmada por el Gerente General, adjuntando un informe que contenga las decisiones adoptadas y las conclusiones y recomendaciones emitidas por el auditor interno, respecto a las responsabilidades y cuantificación del daño económico en el caso de que corresponda; así como también dicha norma determina que mientras se encuentra en proceso de investigación también se debe otorgarle un estado, denominado “En proceso” hasta que se emita la respectiva resolución judicial o administrativa donde se determine el grado de responsabilidad del funcionario y la misma adquiera la calidad de cosa juzgada; y a partir de ella la misma entidad debe cambiar el estado a “Definitivo”. Así también, el art. 6 del citado Reglamento, dejo claro que, las entidades financieras que requieran modificar la codificación -recodificación-asignada a un funcionario ya sea a una de menor o mayor grado de responsabilidad, esta debe solicitar a la ASFI mediante una carta, adjuntando la documentación respectiva que sustente dicho petitorio.

En ese marco, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad. En consideración de la prueba adjunta se evidencia que una vez que el accionante suscribió el acuerdo transaccional con el Banco BISA, realizó un depósito de Bs60 000.-, mismo que utilizó para efectuar la solicitud de la extinción de la acción penal iniciada en su contra, la cual fue determinada a través de la Resolución de 6 de febrero de 2020, por el Tribunal de Sentencia Primero de la capital del departamento de Beni, por conciliación a favor del accionante; por lo que en virtud a esos antecedentes solicitó tanto al citado Banco como a la ASFI la modificación de la codificación asignada a su persona -102-, sin que en ambas instancias se haya procedido a dar curso a lo solicitado, indicándole que no correspondía por cuanto la misma devendría de los antecedentes que emergieron a su desvinculación laboral.

No obstante, de los datos cursantes en el expediente, se establece que el Banco BISA S.A. realizó la asignación del código 102, en base al Informe de Auditoría Interna AIN 265/2015 de 4 de febrero, señalando que el accionante incurrió en faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido; debiéndose considerar al efecto la normativa descrita en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, a efectos de que los códigos señalados en el art. 2 de la Sección 3 del Reglamento Para el Registro de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás Funcionarios, establece la codificación para el reporte de las causas de desvinculación de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, las entidades supervisadas deben utilizar la codificación 02 para aquellos retiros por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a infracciones y faltas cometidas con dolo, con daños económico reconocido con formula de solución voluntaria; es decir, dicha codificación reflejará la responsabilidad de los citados funcionarios para la veracidad y validez de la asignación del código de baja o retiro.

En ese sentido es que asignaron al hoy accionante el código 102, correspondiendo el mismo como el reporte del motivo o la razón de su retiro o desvinculación de esa entidad bancaria, para cuyo registro de los códigos de retiro –art. 3 del citado Reglamento- establece que aquellos que se encuentren clasificados entre los códigos 01 al 09 y del 11 al 16, la entidad bancaria supervisada debe enviar una carta firmada por el Gerente General, adjuntando un informe del auditor interno, respeto al establecimiento de responsabilidades y la cuantificación del daños económico, en caso de corresponder; de igual manera, la entidad supervisada debe llevar el control y registro de la documentación que sustente la codificación asignada, información que deberá permanecer en los archivos de la misma y estar a disposición de la ASFI para efectos de control y supervisión, debiendo constar:

a) El informe de Auditor Interno; b) La denuncia al Ministerio Público y las diligencias o gestiones judiciales que se hubieran realizado, cuando se asigne el estado del código “En proceso” y en caso de existir sentencia ejecutoriada, cuando se le asigne el estado del código “Definitivo”, en caso de corresponder; c) La demanda en materia civil o laboral y las diligencias o gestiones judiciales que se hubieran realizado cuando se asigne el código “En proceso” y la Sentencia cuando se asigne el ´código “Definitivo”; d) La Resolución administrativa de ASFI sujeta a impugnación, que determine la suspensión o inhabilitación, tanto de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, cuando se asigne el código “En proceso”, y la Resolución Administrativa en firme, cuando se asigne el código “Definitivo”; e) La resolución de Directorio cuando corresponda; f) La copia de la comunicación al Director, Síndico, Fiscalizador Interno, Inspector de Vigilancia, Ejecutivo o Funcionario codificado.

Dicha normativa permite concluir que para proceder a la mencionada codificación por parte de una entidad bancaria no se requiere que la misma sea efectuada en base a un proceso administrativo o judicial iniciado contra el merecedor de la codificación, siendo únicamente el requisito para proceder a la misma el informe de auditoría interna que concluya en la existencia de responsabilidades y la cuantificación del daño económico, debiéndose iniciar el proceso judicial correspondiente, tal como se procedió en el caso de autos.

Sin embargo a lo señalado, se tiene que el mismo art. 3 del Reglamento Para el Registro de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás Funcionarios, la realización de la codificación 102 debe encontrarse debidamente respaldada con la documentación correspondiente ya sea en el caso de asignarse el estado “en proceso” o cuando se asigne el estado “definitivo”, la cual deberá permanecer en los archivos de la entidad bancaria y estar a disposición de la ASFI para efectos de control y supervisión; en el caso concreto, de acuerdo al registro efectuado en el sistema de la ASFI cursante a fs. 120 del expediente –captura de pantalla-, se tiene que en el campo de documentos de respaldo de la codificación, se advierte que no se consignó ningún documento que sustente el estado “definitivo” determinado en dicho registro.

En ese sentido, para la codificación 102 del accionante, la entidad bancaria demandada no procedió conforme a dicho Reglamento, extremo que evidencia que la codificación se efectuó al margen de la normativa interna o procedimiento establecido para tal efecto, materializando una anotación o registro irregular al no haber respaldado la misma con la documentación correspondiente al código 102 y al estado “definitivo” realizado en contra del hoy accionante, extremo que hace viable la concesión de tutela, por cuanto en el caso concreto se vulneraron los derechos del nombrado a la privacidad e intimidad, a la honra, al honor, a la imagen y a la dignidad, protegidos por la acción de protección de privacidad, puesto que la codificación 102 realizada en su contra no cumplió el Reglamento Para el Registro de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás Funcionarios.

Finalmente, con relación a los derechos al debido proceso, presunción de inocencia, “seguridad jurídica” y al trabajo alegados como lesionados por la parte accionante, cabe aclarar que los mismos, conforme la naturaleza y ámbito de protección de la acción de protección de privacidad, no corresponde sean analizados a través de esta acción tutelar, por lo que al respecto corresponde denegar la tutela solicitada. Consecuentemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 227 a 230 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la privacidad e intimidad, a la honra, al honor, a la imagen, a la dignidad, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que, el actual Gerente de Oficina del Banco BISA S.A. de Trinidad, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su notificación con el presente fallo, tramite ante la ASFI la cancelación de la Codificación 102 realizada en contra de Gonzalo Arturo Alcázar Peredo, al corresponder la misma a un registro fuera de lo establecido en el Reglamento Para el Registro de Directores, Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás Funcionarios. 3° DENEGAR la tutela con relación a los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la “seguridad jurídica” y al trabajo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Más sobre Acción de protección de privacidad

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0206_2024-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): 89f0bd7b3e64413c3dc7230a9a9c04a716ead043c23bdbd883e005e308d515c2

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →