Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de abril de 2023
Concede la tutela
El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad, debido a que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, la autoridad demandada, no emitió la Resolución de detención domiciliarias solicitada, en el plazo de cinco días hábiles previsto en el art. 111 del DS 26715 de 27 de julio de 2002, en relación con los arts. 196 y 198 de la LEPS, sin considerar que la Trabajadora Social del Juzgado ya emitió el informe sobre la verificación domiciliaria y la factibilidad de la detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; c) Sobre la medida excepcional de detención domiciliaria en ejecución de sentencia y su trámite ante el juez de ejecución penal; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2021 de 07 de diciembre, cursante de fs., 55 a 57 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital de Cochabamba, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia. 1° CONCEDER la tutela solicitada por la dilación en la resolución de lo impetrado por el ahora accionante, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo, con la expresa aclaración que no se ingresa al análisis de fondo de la solicitud, misma que debe ser resuelta en la vía ordinaria considerando el Juzgamiento con perspectiva de género por la naturaleza del delito sentenciado; y: 2° Disponer Que la Jueza demandada o el titular del Juzgado de Ejecución Penal Segundo, proceda a emitir la Resolución solicitada sobre la procedencia o no de la detención domiciliaria en el plazo de 48 horas, siempre y cuando no se hubiera resuelto con anterioridad. 3° Exhortar al Juez de garantías, que en lo sucesivo remita toda la prueba y antecedentes que las partes ponen en su conocimiento para resolver.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0204/2023-S1 Sucre, 12 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44632-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 11/2021 de 07 de diciembre, cursante de fs. 55 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Gabriel Tito Gutiérrez Mérida, abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública en representación sin mandato de Rene Mollo Choque contra Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba en suplencia legal de su similar Segundo.
Por memorial presentado el 07 de diciembre de 2021, cursante de fs. 34 a 40 el accionante por intermedio de su representante sin mandato manifestó:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la comisión del delito de Abuso Sexual, previsto en el art. 312 del Código Penal (CP); en ejecución penal, el 24 de septiembre de 2021 mediante memorial solicitó detención domiciliaria teniendo en cuenta que cumplió con los requisitos previstos en el art. 196 de la Ley 2228 de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), acompañando la documentación pertinente, sin embargo el trámite sufrió una serie de dilaciones indebidas, por lo que reiteró su petitorio el 9 de noviembre de 2021 pidiendo celeridad, tras lo cual la Jueza ordenó que Trabajo Social del Juzgado de Ejecución Penal Segundo proceda a la verificación del domicilio y los garantes ofrecidos, el 19 de similar mes y año informó que tanto el domicilio como los garantes eran idóneos, para dicho fin.
Desde la emisión de dicho informe la Jueza de Ejecución Penal Tercera en suplencia legal, se encontraba habilitada para dictar resolución tal cual establece el art. 111 del Decreto Supremo 26715 de 27 de julio de 2002 Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de libertad, que establece el plazo máximo de cinco (5) días a efectos de emitirse resolución inclusive desde “recibida la solicitud”. Por lo cual su representante presentó nuevo memorial el 26 de noviembre de 2021 solicitando se dicte resolución, actuado que, al interponer la presente acción de libertad, no ha sido resuelto. Bajo el principio de lealtad procesal señala que el 3 de diciembre solicitó audiencia con la mencionada autoridad pidiendo celeridad en la tramitación de la cuestión pendiente, quien manifestó que el trámite sería resuelto de manera cronológica por la gran carga procesal existente en su despacho y la suplencia legal, lo que no justifica una demora de dos meses y 12 días sin dictar resolución.
Alega como vulnerado su derecho a la libertad, citando únicamente el artículo 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y se disponga que la autoridad demandada emita en el plazo de 24 horas la resolución que resuelva el incidente presentado de su parte, y se lo ponga en detención domiciliaria.
Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 7 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta de audiencia cursante de fs. 54 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por medio de su representante sin mandato, en audiencia ratificó el memorial de acción de libertad y refirió que: a) Las actuaciones de la Autoridad demandada son dilatorias, debido a que se cumplieron con todos los requisitos exigidos; b) No tomó en cuenta que se trata de una persona de la tercera edad que merece trato prioritario, más aún cuando se atraviesa una etapa de pandemia.
Giovana Torrico Díaz Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, no se presentó a la audiencia de consideración de la demanda tutelar, no obstante a su legal citación que corre a fs. 42; sin embargo, presentó informe escrito que cursa a fs. 53 y vta., que informa lo siguiente: 1) Se encuentra en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Segundo; 2) El presente caso seguido por el Ministerio Público por el delito de abuso sexual, mereció una pena de 10 años de presidio; 3) Es evidente que el ahora accionante presentó su solicitud de detención domiciliaria ante la Juez titular del Juzgado Segundo de Ejecución Penal y remitido a su conocimiento el 3 de diciembre de 2021, como se puede evidenciar de la documentación adjunta; 4) Alegó excesiva carga procesal existente tanto en su juzgado como en el Segundo de Ejecución Penal que atiende el suplencia legal; 5) El 6 de diciembre de 2021 le explicó al accionante que el 3 de diciembre de 2021 le pasaron a despacho, encontrándose a cargo de tres juzgados de Ejecución Penal; 6)Respecto al trámite de detención domiciliaria cabe hacer mención que el mismo fue resuelto el “7 de diciembre” (sic), disponiendo que el condenado René Mollo Choque, debe reunir las condiciones conforme a lo previsto por el art. 198 de la LEPS al igual que un procedimiento para la detención domiciliaria se dispuso a) Que por Secretaría se efectúe el cómputo de la pena del condenado en el día; b) La notificación al Director del Penal de “El Abra”, a fin de remitir a este despacho judicial el certificado de permanencia del condenado, a fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos en los numerales 1), y 2) del art. 167 de la LEPS, el mismo que ya fue notificado a la parte interesada; y, 7) Al condenado no se le está privando de su libertad, para solicitar la detención domiciliaria debe cumplir con los requisitos conforme disponen los arts. 167, 196, y 198, de la LEPS.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2021 de 07 de diciembre, cursante de fs. 55 a 57 vta., Denegó la tutela solicitada; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Invocando la jurisprudencia constitucional sobre la acción de libertad traslativa y de pronto despacho y en el contexto de la acción de libertad innovativa, analizó la causa con Nurej 3073992 cuyo titular es el Juzgado de Ejecución Segundo; ii) De la revisión de antecedentes se establece que la juez demandada en suplencia legal no ha generado dilación indebida, si la solicitud de la parte accionante ingresó el 26 de noviembre, es evidente que existe un tiempo prolongado en el cual se ha respondido a la solicitud que va ligada a la detención domiciliaria; iii) Empero, se tiene claramente identificado que dicho memorial ha remitido a la autoridad demandada el 3 de diciembre de 2021 y la solicitud de 26 de noviembre no es la única que el accionante cuestiona, como acto dilatorio, sino desde el momento que ingresó el incidente, que de estos elementos también mencionados por la parte accionante, no se logra identificar una directa responsabilidad en cuanto a la dilación o demora que ahora se le pretende responsabilizar a la autoridad accionada, quien ejerce la suplencia legal según los datos del proceso desde el 3 de diciembre de 2021; iv) En esa línea corresponde tener en cuenta que conforme a la misma jurisprudencia constitucional, no solamente la autoridad jurisdiccional es responsable de los actos dilatorios, sino también el personal de apoyo, en dicho sentido se tiene claramente establecido que la parte accionante no ha identificado de manera clara la legitimación pasiva de la autoridad demandada o los responsables de dilación indebida en la presente acción de libertad; solicitud que va ligada evidentemente al art. 196 de la LEPS esto en cuanto a la detención domiciliaria y los plazos razonables en los que deben ser resueltos; y, v) En relación a lo manifestado por la parte accionante en cuanto al contenido del decreto de 7 de diciembre debemos tener claro que no podemos a través de la acción de libertad establecer una tercera instancia para revisar la jurisdicción ordinaria, si en ella existen medios idóneos para realizar el reclamo que previamente deben ser agotados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Dentro del fenecido proceso penal con Nurej 3073992 seguido por el Ministerio Público por el presunto delito de Abuso Sexual sancionado por el art. 312 del CP, contra René Mollo Choque, en etapa de ejecución penal, el referido condenado presentó memorial de 24 de septiembre de 2021, ante la Juez de Ejecución Penal y Supervisión Segundo de la Capital de Cochabamba, solicitó detención domiciliaria, con el argumento que cuenta con 64 años de edad, que se encuentra privado de su libertad desde el 29 de mayo de 2017 habiendo transcurrido un lapso de tiempo mayor a 4 años, extremo que establece que cumplió más de dos quintas partes de la condena impuesta en su contra y que previa valoración se disponga su detención domiciliaria en cumplimiento del art. 196 de la ley LEPS en relación con los arts. 167 y 198 del mismo compilado legal, alegando que cumple todos los requisitos para cumplir el resto de su condena en detención domiciliaria (fs. 26 a 28). II.2. Memorial de 9 de noviembre de 2021, mediante el cual Rene Mollo Choque reitera ante la Juez demandada, celeridad en cuanto a su solicitud de detención domiciliaria alegando haber cumplido más de dos quintas partes de la condena impuesta en su contra (fs. 29 a 30). II.3. Cursa Informe Social de 19 de noviembre de 2021, de verificación domiciliaria de “Rene Mollo Choque”, emitido por la Trabajadora Social MP. 0013 Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital Cochabamba, recomienda factible la detención domiciliaria siempre y cuando se sigan las siguientes condiciones: a) Que el interno vaya creando mayor responsabilidad real hacia su entorno familiar no sólo nominal como viene haciendo al presente; b) Por las características del proceso penal se sugiere la intervención de un profesional psicólogo para el abordaje del interno para precautelar su salud mental (fs. 31 a 32 vta.). Por decreto de 19 de noviembre el secretario abogado del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital-Cochabamba tuvo presente el informe de verificación de domicilio de Rene Mollo Choque, realizado por la Trabajadora Social del Juzgado y dispuso se arrime a sus antecedentes (fs. 33).
El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad, debido a que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, la autoridad demandada, no emitió la Resolución de detención domiciliarias solicitada, en el plazo de cinco días hábiles previsto en el art. 111 del DS 26715 de 27 de julio de 2002, en relación con los arts. 196 y 198 de la LEPS, sin considerar que la Trabajadora Social del Juzgado ya emitió el informe sobre la verificación domiciliaria y la factibilidad de la detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; c) Sobre la medida excepcional de detención domiciliaria en ejecución de sentencia y su trámite ante el juez de ejecución penal; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional por medio de la SCP 142/2018-S2 de 30 de abril asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0006/2019-S2 de 19 de febrero, asumió el siguiente entendimiento:
Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro, como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto, adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual, fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, 6El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales:
Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 7El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, constituyéndose este entendimiento en el estándar jurisprudencial más alto y vigente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre. Sin embargo, se debe mencionar a la SCP 0135/2014 de 10 de enero, que indicó que la acción de libertad, en casos en los cuales haya cesado el acto lesivo antes de su interposición, procede siempre y cuando sea presentada en un plazo razonable; más tarde la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio señaló que cuando los supuestos fácticos hubieran desaparecido por corrección o enmienda, no es posible su tutela a través de la acción de libertad.
8El FJ III.3.2, indica: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, el desarrollo jurisprudencial glosado, y los demás razonamientos expuestos en la presente Sentencia, aclara que, la acción de libertad puede ser planteada y resuelta en el fondo, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de la libertad, no obstante haber cesado la misma antes de la interposición de la acción, siempre y cuando haya sido planteada en un plazo razonable posterior a la liberación, lo que además debe valorarse en función a la gravedad de los hechos, de forma que a mayor connotación social y/o gravedad del hecho; es decir, que exceda el interés individual y se convierta en interés colectivo, debe considerarse mayor flexibilidad en el plazo razonable. Este razonamiento en virtud a las siguientes consideraciones:
1) Conforme lo disgregado, la línea jurisprudencial vinculante, a pesar de su divagante decurso, constantemente reconoció la posibilidad de la interposición del hábeas corpus -hoy acción de libertad- una vez cesada la privación de libertad, considerada ilegal, siendo además que es la propia Constitución Política del Estado en su art. 125 que determinan esta posibilidad, como ya se tiene anotado.
2) En atención a los principios pro homine y de progresividad desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1.1, al proveer éstos, criterios de interpretación favorables al desarrollo progresivo de los derechos fundamentales de la persona humana, se refuerza una interpretación en el sentido de conceder la tutela en los casos comprobados de detención ilegal aún haya cesado ésta, asimismo el plazo razonable para su interposición, una vez cesada la detención ilegal, deben ser valorados en función a los mismos criterios que beneficien una protección integral del derecho tutelado.
3) Los hechos considerados graves, que tengan como trasfondo la vulneración de derechos fundamentales, no pueden quedar sin un pronunciamiento expreso por parte de la justicia constitucional, cuya labor de interpretación y vinculatoriedad de su jurisprudencia, debe impedir la reiteración de conductas reñidas con el orden constitucional, de ahí la necesidad de la implementación formal de un mecanismo procesal constitucional, que cumpla con la finalidad de evitar dichas conductas, a través de una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional”. 9El FJ III.2, refiere: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución.
Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.
Ahora bien, el propósito de la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese sentido, la referida SCP 2491/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias.
Acorde a lo expuesto, y de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Conforme a lo anotado, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección, aunque la vulneración o restricción hubiere cesado o desaparecido; por ello, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional y evitar futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales; más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico, expresamente prevé esta posibilidad; por cuanto, el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina: “Aún habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 363/2018-S2 de 24 de julio asumió el siguiente entendimiento:
La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, prevé los casos en los que procede la detención domiciliaria para una persona condenada; que al ser un tema accesorio al principal -que en esta etapa ya está resuelto- debe ser promovido como incidente por el mismo condenado; es así, que al respecto esta Ley, dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 196º (Detención Domiciliaria).- Los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan Indulto. Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en Detención Domiciliaria.
Artículo 198 (Condiciones).- La Resolución que disponga el cumplimiento de la condena en Detención Domiciliaria, impondrá las reglas de comportamiento y supervisión correspondientes.
El procedimiento para la autorización de la Detención Domiciliaria, se regirá por lo dispuesto en el artículo 167 de la presente Ley.
Artículo 199 (Revocatoria).- Cuando el condenado no cumpla la obligación de permanecer en el domicilio fijado o quebrante cualquiera de las reglas impuestas por el Juez de Ejecución Penal, la Detención Domiciliaria, será revocada y el condenado será trasladado al Recinto Penitenciario correspondiente, hasta el cumplimiento total de la condena (el resaltado es ilustrativo).
Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la comisión del delito de Abuso sexual con Nurej 3073992 contra René Mollo Choque, quien fue condenado por el lapso de diez años de presidio, por lo que alegando contar con 64 años y haber cumplido dos quintas partes de la condena impuesta, así como los demás requisitos previstos en la norma, solicitó el 24 de septiembre de 2021, detención domiciliaria ante la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital de Cochabamba, pero dicha solicitud fue conocida por su similar Tercera en suplencia legal hoy demandada, quien refirió en su informe que el 7 de diciembre emitió una providencia disponiendo que el condenado Rene Mollo Choque, debe reunir condiciones conforme a lo previsto el art. 198 de la LEPS al igual que un procedimiento para la autorización de la detención domiciliaria, y dispuso a) Que por Secretaría se efectúe el cómputo de la pena del condenado en el día; b) La notificación al Director del Penal de “El Abra”, a fin de remitir a este despacho judicial el certificado de permanencia del condenado, a fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos en los numerales 1), y 2) del art. 167 de la LEPS, el mismo que ya fue notificado a la parte interesada. El 19 de noviembre de 2021 la Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Segunda emitió el Informe Social de verificación domiciliaria que refiere que es factible la detención domiciliaria solicitada por el interno Rene Mollo Choque, sujeto a las condiciones de dicho informe. Por decreto de la misma fecha, el secretario abogado del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital-Cochabamba tuvo presente el informe de verificación de domicilio y dispuso se arrime a sus antecedentes. El accionante se encuentra cumpliendo condena y pide el beneficio de detención domiciliaria alegando haber cumplido dos quintas partes de la condena impuesta, así como los demás requisitos previstos por la norma, motivo por el que reiteró su pedido a la Juez demandada para que se pronuncie sobre la viabilidad del mismo. De los antecedentes referidos se tiene que desde la presentación del memorial de 24 de septiembre de 2021, realizada por el condenado Rene Mollo Choque persona de la tercera edad que pide detención domiciliaria, trascurrieron más de dos meses aproximadamente, sin que en ese lapso de tiempo la Juez demandada hubiera emitido la Resolución que resuelva la solicitud del accionante, el 7 de diciembre de 2021 emitió una providencia que evidentemente viabiliza el trámite; empero, el petitorio del accionante no fue resuelto. Debe precisarse que si bien la Jueza demandada refiere que emitió la providencia de 7 de diciembre de 2021 para que el accionante cumpla los requisitos; sin embargo, la demora persiste, debido a que con la providencia emitida no resolvió el petitorio del hoy accionante (pronunciamiento positivo o negativo sobre detención domiciliaria), es decir que el hecho vulnerador subsiste, no desapareció con la emisión del decreto referido que ordena actuados previos a la Resolución, por lo que no concurren los entendimientos de la acción de libertad innovativa (FJ.III.2), que se presenta cuando cesa el hecho vulnerador, lo que en el caso presente no se evidencia. Por el contrario, al no haberse emitido la Resolución que resuelva la solicitud de detención domiciliaria en el plazo de cinco días previstos por la normativa (art. 111 del DS 26715), que refiere: “Recibida la solicitud el Juez de Ejecución Penal dentro de los cinco días hábiles siguientes dictará resolución concediendo o negando la detención domiciliaria”, se vulneró el derecho a la libertad, pues la norma exige pronunciamiento expreso sobre la solicitud en cinco días, en relación con el art. 196 de la LEPS. Más aún cuando la autoridad demandada, no anexo a su informe las pruebas pertinentes que demuestren que el caso habría ingresado a su despacho el 3 de diciembre de 2021, como señala en su informe. De lo referido se tiene que, en atención a las consideraciones contenidas en los Fundamentos Jurídicos III.1, y III.3 del presente Fallo Constitucional, las Autoridades Judiciales de Ejecución Penal, tienen el deber jurídico y la obligación de pronunciarse sobre la solicitud de detención domiciliaria, dentro de los plazos previstos por ley, una vez que sea de su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que resulta indispensable en aquellos casos vinculados con el derecho a la libertad personal. Obligación que en el caso fue quebrantada por Juez de Ejecución Penal Tercera en suplencia legal de su similar segundo, sin que las recargadas labores sean un motivo para una dilación indebida en el cumplimiento de los plazos procesales. De esa manera, al no haber obrado con oportunidad, se incumplieron las normas referidas, dando lugar a una demora indebida que vulnera el derecho a la libertad del accionante que por tratarse de una persona de la tercera edad, requiere trato prioritario, por consiguiente, corresponde otorgar la tutela a través de la presente acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a objeto que en lo sucesivo la autoridad demandada observe el mandato de la norma y los entendimientos jurisprudenciales al respecto. Por lo precedentemente manifestado, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, no efectuó una adecuada valoración de los antecedentes del proceso y de las normas aplicables al caso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2021 de 07 de diciembre, cursante de fs., 55 a 57 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital de Cochabamba, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia. 1° CONCEDER la tutela solicitada por la dilación en la resolución de lo impetrado por el ahora accionante, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo, con la expresa aclaración que no se ingresa al análisis de fondo de la solicitud, misma que debe ser resuelta en la vía ordinaria considerando el Juzgamiento con perspectiva de género por la naturaleza del delito sentenciado; y: 2° Disponer Que la Jueza demandada o el titular del Juzgado de Ejecución Penal Segundo, proceda a emitir la Resolución solicitada sobre la procedencia o no de la detención domiciliaria en el plazo de 48 horas, siempre y cuando no se hubiera resuelto con anterioridad. 3° Exhortar al Juez de garantías, que en lo sucesivo remita toda la prueba y antecedentes que las partes ponen en su conocimiento para resolver. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
3 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 4El FJ III.2, indica: “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 5El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0204_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 19e75bacd6daa382e7de5c9a4b20964144ad3a7ca9b0f968fe279a4dd6792b10
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