Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de mayo de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado a la tutela judicial efectiva y a la “justicia y verdad material”, al debido proceso y a la dignidad; toda vez que, en el proceso de asistencia familiar instaurado en su contra, la Jueza accionada: 1) Libró de manera indebida mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022, puesto que correspondía emitirlo una vez sea “…liberado el efecto suspensivo…” (sic) del recurso de reposición que interpuso contra el “Auto” -siendo lo correcto decreto- de 16 del citado mes y año; 2) No resolvió de manera oportuna dentro el plazo de veinticuatro horas, el referido recurso reposición, encontrándose pendiente de resolución “hasta la fecha”, por lo que la emisión del señalado mandamiento de apremio resulta deliberada y arbitraria; y, 3) Se ejecutó la indicada orden de apremio de manera dolosa el viernes a horas 16:45, a sabiendas que no podría acceder los días posteriores ante el Juzgado que conoce dicho proceso por ser sábado y domingo impidiendo su acceso a la justicia y al control de la legalidad de la emisión del referido mandamiento de apremio, a pesar de haberse explicado a la actora y funcionario policial de manera verbal que “…se le está depositando dicho monto de asistencia familiar…” (sic), desapareciendo el objeto del mencionado mandamiento de apremio por haberse efectivizado la suma adeudada, encontrándose por ello indebidamente privado de su libertad.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al segundo problema jurídico identificado en la presente acción de defensa, respecto a los derechos al acceso a una justicia pronta y oportuna, y al principio de celeridad -como parte del debido proceso-, vinculado a la libertad del accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional y en los mismos alcances determinados por la Jueza de garantías. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la libertad vinculada a la tutela judicial efectiva, a la justicia y verdad material y a la dignidad, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la primera y tercera problemáticas planteadas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0198/2024-S2 Sucre, 27 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 48282-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 013/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Lucelia Orellana y Osvaldo Boris Gonzales Huallpa en representación sin mandato de Jaime Simón Colque López contra Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 11 de junio de 2022, cursante de fs. 11 a 15, el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifiesta que:
Dentro del proceso de asistencia familiar instaurado en su contra, por “Auto definitivo” de 16 de mayo de 2022, Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionada-le conminó al pago de Bs12 700.- (doce mil setecientos bolivianos) por concepto de asistencia familiar, decisión que mediante escrito de 26 del mismo mes y año, fue objeto de recurso de reposición, debido a que el monto consignado no sería el correcto, “…como se advierte del depósito de fecha 28 de mayo de 2022…” (sic), por el monto de Bs900.- (novecientos bolivianos); medio de impugnación que mereció el proveído de 27 de mayo de 2022, por el cual se decretó el traslado a la parte contraria, pero que no fue resuelto a la “fecha”. Así, no obstante de encontrarse aun pendiente de resolución la citada reposición, con los efectos previstos por el art. 378.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, es decir “efecto suspensivo” en tanto sea resuelto en el plazo de veinticuatro horas conforme determina el art. 370.II del referido Código, la autoridad accionada de manera deliberada y arbitraria extendió mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022 en su contra, “…pues solo podía extenderse una vez sea liberado el efecto suspensivo del recurso de reposición interpuesto, que con justo motivo cambia el monto consignado del auto de fecha 16 de mayo de 2022…” (sic). Asimismo, dicho mandamiento de apremio fue ejecutada de manera dolosa en su perjuicio el viernes -se entiende 10 de junio de 2022- a horas 16:45, a sabiendas que no podría acceder los días posteriores ante el referido Juzgado por ser sábado y domingo, impidiendo su acceso a la justicia y al control de la legalidad de la emisión arbitraria de la indicada orden de apremio, con el afán de privarle de su libertad de manera indebida hasta el lunes. Finalmente refiere que, conforme la documentación que acompaña, mediante su esposa logró prestarse el monto de dinero que atinge al mandamiento de apremio, procediendo a depositarlo a la cuenta de la demandante -en el proceso familiar de referencia-, a fin de no ser privado de su libertad; sin embargo, todo ello fue ignorado por la indicada actora y el funcionario policial, a pesar de haberse explicado de manera verbal que “…se le está depositando dicho monto de asistencia familiar…” (sic), lo que también lo motivó a interponer la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, ya que no se puede supeditar su libertad al retorno de las funciones de la Jueza accionada el lunes 13 de junio de 2022, cuando ya desapareció el objeto y materia de dicho mandamiento de apremio, resultando su retención en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba desproporcional e ilegal a los principios de justicia y verdad material.
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad vinculado a la tutela judicial efectiva y a la “justicia y verdad material”, al debido proceso y a la dignidad, citando al efecto los arts. 8, 22, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se “anule” el mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022, por emerger de un procedimiento indebido y no existir objeto y materia para su emisión y ejecución; y, b) Se disponga que “…EL GOBERNADOR DE LA CÁRCEL PUBLICA SAN ANTONIO O QUIEN SE ENCUENTRE A CARGO DE DICHA CÁRCEL PUBLICA, CESE LA INDEBIDA DETENCIÓN (…) DE FORMA INMEDIATA, bajo responsabilidad” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 45, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el memorial de su acción de libertad y ampliándolo en audiencia, manifestó que: 1) Invocó la vulneración del derecho a la libertad vinculada a la tutela judicial efectiva y a la verdad material, toda vez que el decreto de 16 de mayo de 2022, pronunciado por la Jueza accionada ordenó la emisión de mandamiento de apremio por la suma de Bs12 700.-, sin prever la habilitación de horas y días extraordinarios, para su ejecución, determinación que da fin a la asistencia familiar devengada; 2) Contra la referida providencia, mediante memorial de 26 del citado mes y año, interpuso recurso de reposición, puesto que existirían “dos depósitos” no considerados al momento de la liquidación, por lo que correspondía disponer una suma exacta y resolverse el mismo dentro el plazo de veinticuatro horas; empero, la autoridad accionada no lo hizo, por el contrario, de manera posterior “…al 16 de mayo notifica recién el primero de junio de la presente gestión con proveído de 27 de mayo disponiendo el traslado a la parte contraria y también dispone que pase a despacho para resolución, empero al presente no fue resuelto…” (sic). Aún así efectuó depósitos; sin embargo, “ayer” aproximadamente a horas “4:45” fue apremiado, sin habilitarse horas extraordinarias, siendo el mandamiento de apremio ejecutado “fuera del horario”, por lo que se encuentra procesado indebidamente; 3) De acuerdo a la SCP 2030/2013 de 13 de noviembre, el mandamiento de apremio corporal no puede ser ejecutado “en día viernes”, tomando en cuenta las circulares emitidas por los “tribunales departamentales”, a fin de evitar posibles vulneraciones a los derechos a la libertad y a la defensa durante las vacaciones judiciales y otros, impidiendo a los litigantes que acudan ante la autoridad competente, exceptuándose cuando haya jueces de turno en materia familiar ejerciendo funciones dentro de ese periodo, por la primacía del interés superior -del niño, niña o adolescente-; 4) La Ley del Órgano Judicial, establece que el horario hábil es de lunes a viernes y excepcionalmente el Tribunal Departamental de Justicia determinará el horario conveniente para el rol de turnos en caso de vacaciones, siendo días inhábiles los sábados y domingos, encontrándose normado sólo en materia el rol de turnos para detenidos preventivamente, pero no existe una circular que habilite a autoridades del juzgado familiar para resolver las cuestiones ahora denunciadas, lo cual debe ser regulado a fin de no restringir los derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación y a la defensa; y, 5) Con relación a la lesión de su derecho a la libertad vinculado a la “justicia material”, la asistencia familiar devengada fue efectivizada, a pesar que no constituye el monto real y objetivo, ya que existen “montos anteriores” depositados que no fueron descontados; sin embargo, “…eso lo hará la autoridad accionada vía ordinaria, pero lo que se está reclamando es la prolongación indebida e ilegal de la detención, toda vez que el deposito, bajo la verdad material, ha hecho desaparecer el objeto del mandamiento de apremio…” (sic), por lo que no es idónea ni proporcional su “detención”, ya que no existe la necesidad o justificación para ello “…la otra accionante también que está conectada María intentó contactarse con la autoridad judicial para poder acceder a la justicia, mostrando el depósito pero no tuvo la posibilidad…” (sic).
Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 43 y vta., señaló que: i) Se determinó una asistencia familiar de Bs900.- a favor del hijo del accionante; posteriormente, el prenombrado solicitó la rebaja de dicho monto, que tramitado mereció el Auto Definitivo de 11 de agosto de 2021, que mantuvo incólume el monto fijado; decisión que fue objeto de apelación por el obligado, una vez concedida quedó sin efecto debido a que el apelante no proveyó los recaudos de ley; ii) Ante la falta de pago oportuno de la asistencia familiar, la demandante en el proceso familiar, por memorial de 29 de septiembre de 2020 presentó liquidación en la suma de Bs9 300.- (nueve mil trescientos bolivianos), que fue observada, motivando que la actora vuelva a presentar la misma el 15 de octubre del citado año, la cual fue objetada una vez más, corriéndose traslado a la mencionada; empero, por memorial de 16 de noviembre del mencionado año, el impetrante de tutela planteó rebaja de asistencia familiar, la cual fue declarada improbada mediante Auto Definitivo de 11 de agosto de 2021, como se tiene referido precedentemente, y luego se determinó su ejecutoria, a pesar que el peticionante de tutela impugnó dicha decisión, empero no proveyó los recaudos de ley; iii) Con la respuesta de la demandante en el proceso familiar a la observación de la liquidación de 15 de octubre de 2020, por decreto de 24 de noviembre de ese año, a fin de resolver tal incidente se exigió al ahora accionante gestionar el extracto bancario relativo a los pagos que hubiera efectuado y que no hubieran sido considerados, lo cual no fue cumplido por el mismo, por lo que mediante decreto de 8 de diciembre de igual año, se dispuso la remisión del expediente para la resolución de la observación planteada, mereciendo el Auto Interlocutorio de 22 de marzo de 2022, que declaró probada en parte dicha observación, ordenándose se practique nueva liquidación de asistencia familiar devengada, la cual fue presentada a través de escrito de 30 de igual mes y año, por la suma de Bs16 300.- (dieciséis mil trescientos bolivianos), siendo observada nuevamente por el obligado, por memorial de 14 de abril del citado año; quien acompañó una fotocopia simple de un depósito bancario por la suma de Bs1 800.- (un mil ochocientos bolivianos), efectuado el “4/12/2022” -siendo lo correcto 12 de abril de 2022-, que fue declarada improbada por Auto de 29 de abril de similar año, conminándose su pago en tercer día, bajo conminatoria de emitirse en su contra el respectivo mandamiento de apremio; iv) Notificado el impetrante de tutela con el Auto de 29 de abril de 2022 el “…6 de mayo de 2022 (…) por memorial de 26 de abril de 2022 RECIÉN acompaña el original del depósito bancario por la suma de Bs. 1.800.-efectuado el 04/12/2022, que le exigió por decreto de 14 de abril 2022.-, cuya no presentación TAMBIEN motivo la resolución de 29 de abril de 2022” (sic); v) Mediante escrito de 26 de mayo de ese año, el peticionante de tutela, erróneamente planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 16 del mismo mes y año, que ordena la emisión del mandamiento de apremio, toda vez que dicho recurso solo procede contra Autos Interlocutorios de conformidad al art. 368 del CFPF; sin embargo, se efectuó el trámite de rigor; y, vi) A “Fs. 640” se tiene la nota de emisión del mandamiento de apremio el 2 de junio de 2022, en consecuencia conforme a los arts. 117 y 415 del mencionado Código, la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y corre desde la citación con la demanda y su cumplimiento no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial.
La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 013/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 46 a 49, concedió en parte la tutela impetrada, por pronto despacho y no así por procesamiento indebido, disponiendo que la Jueza accionada emita la resolución que corresponda al recurso de reposición bajo alternativa de apelación formulado por el accionante, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación con dicha determinación, conminándole a dar cumplimiento a los plazos que determina el Código de las Familias y del Proceso Familiar, más aún cuando la solicitud se halla vinculada a su libertad; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Respecto al indebido procesamiento alegado por el impetrante de tutela, se tiene que por Auto de 29 de abril de 2022, se aprobó la liquidación de 30 de marzo de igual año, en la suma de Bs16 300.- por concepto de asistencia familiar devengada; b) Mediante memorial de 26 de abril de ese año, el peticionante de tutela acompañó el original del “depósito rechazado”, el cual mereció el proveído de 5 de mayo del similar año, teniéndose presente lo manifestado por esa parte procesal; asimismo, a través de escrito de 9 de igual mes y año, el mismo objetó la liquidación efectuada, la cual fue rechazada por extemporánea mediante proveído de 16 de ese mes y año; c) De igual manera, se advierte que por memorial de 11 de mayo de 2022, el accionante adjuntó los descargos de los depósitos señalados, a los fines de la objeción presentada; sin embargo, por decreto de 16 del referido mes y año, se reiteró que la objeción presentada fue extemporánea, ordenando la emisión del mandamiento de apremio, por la suma de Bs12 700.- por concepto de asistencia familiar devengada, proveído contra el cual el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición, objetando las liquidaciones presentadas por la parte demandante del proceso familiar, solicitando reponer el “…Auto de 12 de mayo de 2022…” (sic), y se deje sin efecto la extensión del mandamiento de apremio, con la aclaración de que en realidad es un proveído de 16 de mayo de 2022 y no un Auto como refiere el peticionante de tutela, el cual fue corrido en traslado por decreto de 27 de igual mes y año, notificándose a la demandante el 1 de junio del mismo año; d) De lo que se advierte que la Jueza accionada no resolvió el recurso de reposisión formulado dentro del plazo establecido de veinticuatro horas de conformidad al art. 370.II del CFPF, ya sea confirmando, modificando o dejando sin efecto la resolución impugnada o lo que dicha autoridad considere dentro de sus atribuciones y competencias que por ley ejerce, más aún si se pretendía con dicho recurso dejar sin efecto un mandamiento de apremio vinculado a la libertad del acionante, por lo que se vulneró el principio de celeridad; consecuentemente, correspondía cumplir con los plazos dispuestos por ley a efectos de no generar indefensión e incertidumbre al nombrado; en consecuencia, amerita dar curso a la acción de libertad por pronto despacho; e) Si bien, la parte impetrante de tutela alega el efecto suspensivo del recurso de reposición interpuesto, haciendo referencia al art. 375 del CFPF; sin embargo, tal normativa corresponde a los efectos del recurso de apelación y no contra el recurso de reposición como erróneamente identifica el peticionante de tutela; f) En cuanto a la hora de ejecución del mandamiento de apremio, el art. 322 del citado Código sobre los plazos procesales refiere que son días hábiles de lunes a viernes y son horas hábiles, las horas de oficina establecidas por el Tribunal Departamental de Justicia, excepcionalmente las diligencias del juzgado podrán realizarse entre las 6 de la mañana hasta las 19:00; en consecuencia, habiendo sido ejecutado el indicado mandamiento aproximadamente a horas 16:45 como refiere la parte accionante, se establece se encontraría dentro de los días y horas hábiles que determina la ley para su ejecución, por lo que en el caso no existe procesamiento indebido; y, g) Con relación al derecho de la libertad vinculada al principio de justicia y verdad material, el accionante acompaña una nota de crédito de 10 de junio 2022 a horas “19:16:49” por la suma de Bs12 700.-, con la que “…aparentemente ya habría cancelado la asistencia familiar devengada, luego de haberse ejecutado su mandamiento de apremio…” (sic); sin embargo, corresponde a la autoridad jurisdiccional valorar esa prueba y si cubre o no la asistencia familiar devengada, pues el pronunciarse al respecto implica invadir la jurisdicción ordinaria, cuando lo que se busca es el resguardo de los derechos del beneficiario de asistencia familiar, toda vez que el mandamiento de apremio fue emergente de la propia negligencia de la parte impetrante de tutela, que no presentó en su debido momento la boleta de depósito de asistencia familiar, pese a que fue notificado con la orden de emisión del mandamiento de apremio y conocía su obligación de otorgar dicho beneficio conforme a la liquidación efectuada. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante pidió que a fin de no generar incertidumbre, se aclare si se mantendrá su “detención” como efecto del mandamiento de apremio hasta el “día lunes” donde se retomaran las funciones laborales del señalado Juzgado de Familia. Ante lo cual, la Jueza de garantías señaló que, conforme la normativa familiar, el mandamiento de apremio quedará sin efecto una vez se cumpla con el pago de la asistencia familiar devengada, por lo que conforme fue argumentado, la autoridad jurisdiccional ordinaria será la encargada de valorar y comprobar la cancelación efectuada y pronunciarse respecto al mandamiento de apremio, verificando si se cumplieron los requisitos para emitir el mandamiento de libertad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 26 de abril de 2022, ante Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionada- con la suma “Presenta Nueva Liquidación de Asistencia Familiar” (sic), Rocío Maldonado Pérez, solicitó se rechace la objeción de la liquidación presentada el 30 de marzo de igual año, efectuada por el obligado Jaime Simón Colque López -hoy accionante-, toda vez que el comprobante acompañado por el mismo por la suma de Bs1 800.- data de 12 de abril de ese año; es decir, es posterior a la referida liquidación que comprende solo hasta el mes de marzo del indicado año. Escrito que mereció el Auto de 29 de abril de 2022, que declaró improbada la observación planteada por el impetrante de tutela y aprobó la liquidación de 30 de marzo de igual año, ordenándose el pago de Bs16 300.- por concepto de asistencia familiar devengada en el plazo de tres días a partir de su notificación, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio (fs. 20 a 21). II.2. Mediante memorial presentado el 10 de mayo de 2022, el peticionante de tutela observó la “nueva” liquidación, señalando que conforme el depósito de Bs1 800.- acreditó el cumplimiento parcial de la obligación, correspondiendo por ello se actualice la liquidación. Ante lo cual, la Jueza accionada por providencia de 16 del indicado mes y año, rechazó la misma por su presentación extemporánea fuera del plazo previsto por el art. 415.I del CFPF (fs. 25 y vta.). II.3. A través de escrito presentado el 12 de mayo de 2022, la demandante en el proceso de asistencia familiar en cuestión, solicitó se expida mandamiento de apremio contra el impetrante de tutela, emitiendo la autoridad accionada a tal efecto decreto de 16 de mayo del señalado año, por el cual estableció que el obligado no canceló la suma adeudada por concepto de asistencia familiar; sin embargo, hubiera realizado dos depósitos bancarios el 12 de abril y 11 de mayo, ambos de 2022, por la suma de Bs1 800.- que son abonados al importe adeudado, ordenándose en consecuencia se expida mandamiento de apremio contra el prenombrado en la suma restante de Bs12 700.- (fs. 30 vta. a 31).
II.4. Por memorial presentado el 26 de mayo de 2022, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el “auto” de 16 de igual mes y año, por no haberse considerado los depósitos de Bs1 800.- de fechas 10 de enero, 12 de abril y 11 de mayo, todos del citado año; y, de Bs900.- de 26 de mayo del mismo año, que sumados dan el monto de Bs6 300.- que debieron ser descontados “…de la suma de 14.400 dando como resultado el monto de Bs. 8.100 (…) al 19 de marzo de 2022…” (sic), solicitando además se ordene al Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) expida un extracto bancario; que mereció decreto de 27 de mayo de ese año, por el cual se corrió traslado a la parte contraria, señalando además la autoridad accionada al “OTROSI 1.- No existiendo ningún incidente pendiente que tramitar dentro la presente causa (Observación a la Liquidación), sin lugar a lo solicitado, debiendo el impetrante estarse a lo principal…” (sic [fs. 36 a 37 vta.]). II.5. Cursa mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022, expedido por la Jueza accionada, ordenando se proceda con el apremio del impetrante de tutela y sea conducido al Centro Penitenciario San Antonio del departamrnto de Cochabamba, hasta que cancele la suma de Bs12 700.- en cumplimiento del decreto de 16 del mismo mes y año (fs. 9). II.6. Consta fotocopia simple de “NOTA DE CREDITO (…) SEGÚN SOLICITUD DE LA CLIENTE…” (sic) correspondiente al Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.) -con demás datos ilegibles- (fs. 10 vta.).
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado a la tutela judicial efectiva y a la “justicia y verdad material”, al debido proceso y a la dignidad; toda vez que, en el proceso de asistencia familiar instaurado en su contra, la Jueza accionada: 1) Libró de manera indebida mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022, puesto que correspondía emitirlo una vez sea “…liberado el efecto suspensivo…” (sic) del recurso de reposición que interpuso contra el “Auto” -siendo lo correcto decreto- de 16 del citado mes y año; 2) No resolvió de manera oportuna dentro el plazo de veinticuatro horas, el referido recurso reposición, encontrándose pendiente de resolución “hasta la fecha”, por lo que la emisión del señalado mandamiento de apremio resulta deliberada y arbitraria; y, 3) Se ejecutó la indicada orden de apremio de manera dolosa el viernes a horas 16:45, a sabiendas que no podría acceder los días posteriores ante el Juzgado que conoce dicho proceso por ser sábado y domingo impidiendo su acceso a la justicia y al control de la legalidad de la emisión del referido mandamiento de apremio, a pesar de haberse explicado a la actora y funcionario policial de manera verbal que “…se le está depositando dicho monto de asistencia familiar…” (sic), desapareciendo el objeto del mencionado mandamiento de apremio por haberse efectivizado la suma adeudada, encontrándose por ello indebidamente privado de su libertad.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia sobre el alcance de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se verifica la existencia de recursos idóneos intraproceso que resultan eficaces para el resguardo de los derechos a la libertad y/o debido proceso vinculado a la misma, precisó que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa. En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (las negrillas nos corresponden).
Sobre el particular, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, citando la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”. Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…) De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”…» (el énfasis es agregado).
Delimitado como se tiene el contenido de las reclamaciones constitucionales planteadas dentro de esta acción de defensa, corresponde referir con fines de contextualización que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Rocío Maldonado Pérez contra Jaime Simón Colque López -hoy accionante-, por memorial presentado por la prenombrada el 26 de abril de 2022, ante Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionada-, solicitó se rechace la objeción de la liquidación presentada el 30 de marzo de igual año, por el obligado; indicando que el comprobante acompañado por el mismo, por la suma de Bs1 800.- data de 12 de abril de ese año; es decir, es posterior a la referida liquidación que comprende solo hasta el mes de marzo; ante lo cual, dicha autoridad judicial mediante Auto de 29 de abril del citado año, declaró improbada la observación planteada por el impetrante de tutela y aprobó la liquidación señalada, ordenándose el pago de Bs16 300.- por concepto de asistencia familiar devengada en el plazo de tres días a partir de su notificación, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio (Conclusión II.1). Asimismo, por memorial de 10 de mayo de 2022, el peticionante de tutela observó la “nueva” liquidación, señalando que conforme al depósito de Bs1 800.- acreditó el cumplimiento parcial de la obligación, considerando por ello, que se debe actualizar la liquidación, escrito que mereció providencia de 16 del indicado mes y año, por el cual la Jueza accionada rechazó la misma por su presentación extemporánea fuera del plazo previsto por el art. 415.I del CFPF (Conclusión II.2). Por otro lado, la demandante en el proceso de asistencia familiar en cuestión, a través de escrito presentado el 12 de mayo de 2022, impetró se expida mandamiento de apremio contra el impetrante de tutela, emitiendo la autoridad accionada a tal efecto el decreto de 16 de mayo del señalado año -objeto de la presente acción de libertad-, por el cual estableció que el obligado no canceló la suma adeudada por concepto de asistencia familiar; sin embargo, hubiera realizado dos depósitos bancarios el 12 de abril y 11 de mayo, ambos del referido año, por la suma de Bs1 800.- y una vez abonados al importe adeudado, ordenó se expida mandamiento de apremio contra el prenombrado en la suma restante de Bs12 700.- (Conclusión II.3). En ese estado procesal, a través de escrito presentado el 26 de mayo de 2022, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el “auto” -decreto- de 16 de igual mes y año, por considerar que no se tomaron en cuenta los depósitos de Bs1 800.- de 10 de enero, 12 de abril y 11 de mayo, todos del mencionado año; y, de Bs900.- de 26 de mayo del mismo año, que sumados dan el monto de Bs6 300.- que debieron ser descontados “…de la suma de 14.400 dando como resultado el monto de Bs. 8.100 (…) al 19 de marzo de 2022…” (sic), solicitando además se ordene al Banco Unión S.A. expida un extracto bancario; dando lugar al decreto de 27 de mayo de 2022, por el que se corrió traslado la pretensión del impetrante de tutela a la parte contraria, señalando además la autoridad accionada “AL OTROSI 1.- No existiendo ningún incidente pendiente que tramitar dentro la presente causa (Observación a la Liquidación), sin lugar a lo solicitado, debiendo el impetrante estarse a lo principal…” (sic); y por otro lado, en cumplimiento al decreto de 16 de mayo de 2022, consta mandamiento de apremio de 31 del citado mes y año, expedido por la Jueza accionada, ordenando se proceda con el apremio del impetrante de tutela y sea conducido al Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba, hasta que cancele la suma de Bs12 700.- (Conclusiones II.4 y II.5).
A partir del contexto fáctico procesal detallado precedentemente, que configura la tramitación del proceso de asistencia familiar del cual emerge la presente problemática, con base en la citada relación de antecedentes se establece que: En cuanto a la primera problemática Referida a que la Jueza accionada libró de manera indebida mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022 contra el impetrante de tutela, señalando el prenombrado que correspondía emitirlo una vez sea “…liberado el efecto suspensivo…” (sic) del recurso de reposición con “alternativa de apelación” que interpuso contra el “Auto” -siendo lo correcto decreto- de 16 de mayo de 2022, pues no consideró el depósito de “Bs900.-” de 28 de igual mes y año.
Al respecto, si bien el peticionante de tutela expone una relación de hechos de manera imprecisa y confusa, infiriéndose que el reclamo constitucional sobre este punto involucra una presunta omisión en la que hubiese incurrido la Jueza accionada a tiempo de emitir el mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022 en su contra, sobre la consideración del “efecto suspensivo” del recurso de reposición con “alternativa de apelación” que formuló contra el decreto de 16 de mayo de 2022, que ordenó se expida orden de apremio en su contra por la suma de Bs12 700.- por concepto de asistencia familiar devengada; no obstante, no se advierte que sobre dicha presunta irregularidad procesal el accionante hubiese activado la vía incidental, conforme establecen los arts. 255 y 256 del CFPF, resultando un cuestionamiento que no fue reclamado en su oportunidad ante la autoridad jurisdiccional, a través del medio intraprocesal idóneo para ello, siendo que al respecto la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo cobnstitucional sostuvo de manera taxativa que: “…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (SCP 0584/2018-S1); de modo que, no es posible ingresar al análisis de fondo mediante esta acción tutelar sobre este punto, por no haberse agotado los mecanismos intraprocesales previstos por ley previamente a la activación de la jurisdiccion constitucional, permitiendo que se resuelva en la vía ordinaria la aludida incidencia que se reitera se encuentra prevista en las normas que regulan el proceso familiar; máxime si se considera que existen en antecedentes pronunciamientos de la Jueza accionada sobre pagos parciales vinculados a la disminución del monto inicial de la liquidación, lo que evidencia que dicha autoridad es la que debe pronunciarse sobre las alegadas cuestiones incidentales que se habrían presentado; siendo por ende aplicable la subsidiariedad excepcional, correspondiendo denegar la tutela impetrada al respecto.
Con relación a la segunda problemática En cuanto a que la Jueza accionada no habría resuelto de manera oportuna y dentro el plazo de veinticuatro horas el referido recurso de reposición, encontrándose pendiente de resolución “hasta la fecha”, considerando por ello que la emisión del mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022, resultaría deliberada y arbitraria. Al respecto, se tiene que el obligado de asistencia familiar, ahora impetrante de tutela, en ejercicio del derecho a la defensa dentro del proceso de asistencia familiar de origen, asumió una actuación activa vinculada a cuestionar defectos procesales sobre la liquidación familiar presentada por la actora y el monto aprobado por la autoridad accionada, efectuando su impugnación contra tal determinación mediante escrito de 26 de mayo de 2022, a cuyo efecto por providencia de 27 del mismo mes y año, se dispuso el traslado a la parte contraria, notificándose a la misma el 1 de junio de ese año. Sin embargo, en efecto, pese al tiempo transcurrido la autoridad accionada no pronunció la resolución respectiva, de la cual dependían los efectos en cuanto a un eventual cumplimiento de parte de la obligación de asistencia familiar ligado este a su vez a la emisión de un mandamiento de apremio en caso de no efectivizarse el pago dispuesto por el decreto de 16 de mayo de 2022, objeto de reposición; ello pese al incumplimiento del plazo previsto por los arts. 369 y 370 del CFPF, sin que tampoco hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -11 de junio de 2022- se hubiera cumplido con la emisión de la resolución extrañada; a pesar que ya se había superado abundantemente el plazo procesal establecido de veinticuatro horas para su pronunciamiento de oficio e independientemente de la presentación de la contestación escrita o sin ella conforme a la normativa referida precedentemente, pues a partir de la notificación de la demandante del proceso familiar -el 1 de junio de ese año- transcurrieron siete días hábiles, limitándose a informar al respecto la Jueza accionada, que la reposición planteada bajo alternativa de apelación solo procede contra autos interlocutorios, pero que sin embargo, efectuó el trámite de rigor. De lo que resulta evidente que esta situación omisiva traducida en dilación indebida en la resolución al recurso de reposición formulado por el peticionante de tutela, vinculado a la vigencia o no del mandamiento de apremio ordenado, cuya pretensión converge en que: “SE SIRVA REPONER EL AUTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA EXTENSION DE MANDAMIENTO DE APREMIO…” (sic) se advierte que tiene incidencia en la tramitación de la liquidación de asistencia familiar y la restricción de la libertad del hoy peticionante de tutela, por lo que corresponde traer a colación los entendimientos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, referidos a que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla en los plazos que señala la norma, o en su caso dentro de un plazo razonable, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la petición en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, sino que debe atenderla a la brevedad posible en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele. En consecuencia, ante la existencia de la advertida dilación en la resolución del recurso de reposición “bajo alternativa de apelación” por parte de la Jueza accionada, configurando ello no solo en incumplimiento de plazos procesales, sino también en una afectación de los derechos al acceso a una justicia pronta y oportuna, y al principio de celeridad -como parte del debido proceso-, vinculado a la libertad del accionante, corresponde se active la protección que brinda la acción de libertad bajo su modalidad traslativa o de pronto despacho, debiendo consecuentemente otorgarse la tutela solicitada sobre este punto de reclamación en los mismos alcances determinados por la Jueza de garantías.
Sobre la tercera problemática Concerniente a que se habría ejecutado el mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022 de manera dolosa el viernes -10 de junio de ese año-a horas 16:45, a sabiendas que no podría acceder los días posteriores ante el Juzgado que conoce dicho proceso por ser sábado y domingo más aún, cuando ya desapareció el objeto del señalado mandamiento de apremio por haberse efectivizado el pago de la asistencia familiar devengada, considerando por ello encontrarse indebidamente privado de su libertad, denunciando la transgresión de su derecho de la libertad vinculada a la tutela judicial efectiva, a la justicia y verdad material; y, a la dignidad. Sobre el particular, se advierte que dichos cuestionamientos están encaminados a cuestionar la forma de ejecución del referido mandamiento de apremio, que a su criterio, se realizó en su perjuicio en días y horas inhábiles, así como debido a la falta de consideración por la autoridad accionada de un presunto pago a la actora de la asistencia familiar devengada, que hubiera realizado su esposa adjuntando fotocopia simple de “NOTA DE CREDITO (…) SEGÚN SOLICITUD DE LA CLIENTE…” (sic) correspondiente al Banco Mercantil Santa Cruz S.A. -con demás datos ilegibles- (Conclusión II.6), extrayéndose de la referencia efectuada por la Jueza de garantías, quien tuvo acceso a la documentación remitida, que la misma data de 10 de junio 2022 a horas “19:16:49” por una suma de Bs12 7000.-, señalando la indicada autoridad de garantías que: “…aparentemente ya habría cancelado la asistencia familiar devengada, luego de haberse ejecutado su mandamiento de apremio…” (sic). Sin embargo, dichos cuestionamientos y alegadas actuaciones, no se advierte que hubiesen sido de conocimiento de la autoridad accionada, a objeto de que esta pueda pronunciarse sobre los mismos, es decir tanto en la consideración procesal sobre la hora de ejecución del mandamiento de apremio y sobre todo la invocación fáctica de presunto cumplimiento -total- de la obligación y el momento en que ocurrio ello, vinculado a la ejución del apremio, siendo ambas cuestiones de estricto orden procesal y de necesaria verificación por la autoridad judicial en conocimiento del proceso de asistencia familiar, por la inmediación requerida para ello y la forzosa valoración probatoria a objeto de asumir la determinación que corresponda en derecho; por lo tanto, la prenombrada no tuvo oportunidad alguna de conocer y en su caso de así corresponder, reparar la presunta lesión de los derechos que reclama el accionante; en consecuencia, en similar sentido que en la primera problemática analizada precedentemente, corresponde aplicar el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad (Fundamento Jurídico III.1); por cuanto se verifica que el impetranbte de tutela no agotó los mecanismos procesales ordinarios en materia familiar; para el caso concreto, mediante la ya referida vía incidental, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de este punto de reclamo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque en parte con distintos fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al segundo problema jurídico identificado en la presente acción de defensa, respecto a los derechos al acceso a una justicia pronta y oportuna, y al principio de celeridad -como parte del debido proceso-, vinculado a la libertad del accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional y en los mismos alcances determinados por la Jueza de garantías. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la libertad vinculada a la tutela judicial efectiva, a la justicia y verdad material y a la dignidad, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la primera y tercera problemáticas planteadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0198_2024-S2.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): d368e16543ef1280b4abe695bc3d7163b85bef0b5f98ced6c2e683726a715710
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