Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 4 de junio de 2024
Deniega la tutela
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia como vulnerados sus derechos a la vida, a una justicia pronta y oportuna; acceso al cuaderno de control jurisdiccional; y, los principios de celeridad y gratuidad; alegando que la autoridad ahora demandada, desde el 26 de mayo de 2022 hasta la interposición de la presente acción de libertad –9 de junio del mismo año–, no remitió la apelación incidental formulada de manera oral en audiencia, conforme dispone el art. 251 del CPP, cuando debió haber enviado al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas como dispone la norma precitada. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo firme y subsistente la determinación inicial dispuesta por el Juez de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0197/2024-S4 Sucre, 4 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48212-2022-97-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 03/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Gustavo Serrudo Garrido y Humberto Quispe Poma en representación sin mandato de Eveling Marina Arroyo Mamani contra Gary Bracamonte Gumiel, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Chuquisaca.
Mediante memorial presentado el 9 de junio de 2022, cursante de fs. 1 a 5, la accionante a través de sus representantes sin mandato expuso lo siguiente:
Dentro del proceso penal signado con el Código Único (CU) 101102012104865 seguido por el Ministerio Público contra Bernardo Siñani Montalvo, por la presunta comisión del delito de violación, previsto en el art. 308 del Código Penal (CP) con relación al inciso k) –se presume del art. 310– del mismo cuerpo legal; el 26 de mayo de 2022 a las 15:00 se celebró audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares en el despacho judicial del Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Chuquisaca –ahora demandado–, oportunidad en la que dicha autoridad dispuso verbalmente la aplicación de “medidas sustitutivas” a favor del imputado –Bernardo Siñani Montalvo–, a pesar de la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.4 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); motivo por el cual, al amparo de los arts. 251 con relación al 403 y 404, todos de la ley adjetiva penal, formuló verbalmente apelación incidental contra la precitada determinación emitida por la autoridad ahora demandada; sin embargo, a pesar de consultar reiteradamente en Secretaría del Juzgado indicado sobre la remisión de la apelación, tuvo como respuesta que el expediente no salió de despacho ya que el acta de audiencia de consideración de medida cautelar no fue elaborada, motivo por el cual el recurso no fue remitido al Tribunal de alzada; aspecto que persistió hasta la interposición de la presente acción de libertad; es decir, que habiendo transcurrido catorce días, la impugnación planteada no fue enviada ante la autoridad superior en grado para su resolución; consiguientemente, tampoco tuvo acceso al cuaderno procesal.
La accionante mediante sus representantes sin mandato alegó como lesionados sus derechos a una justicia pronta y oportuna; así como, al acceso al cuaderno de control jurisdiccional, y los principios de celeridad y gratuidad; citando al efecto los arts. 13.I, IV; 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7.1.2 y 3; y, 8.2. 17 inc. 1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: a) “Disponga en el día la autoridad accionada remita los antecedentes en grado de apelación incidental conforme señala el art. 251 del Código de Procedimiento Penal” (sic); b) Se establezca responsabilidad en contra de la autoridad demandada; y, c) El pago de costas judiciales en calidad de accionante a ser calificados en ejecución de fallos en contra del demandado.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 15 vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, ratificó en extenso los fundamentos de la acción de libertad, y ampliándola señaló que: 1) Acude a la vía constitucional habida cuenta que el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP fue declarado fundado, en razón de que el imputado constituyó un peligro para víctima y, que la vida de la misma estaba en peligro: consecuentemente, se cumplió con lo estatuido en el art. 125 de la CPE, que establece que toda persona que considere que está en peligro su vida podrá interponer de forma directa la acción de libertad; a cuyo efecto citó la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero; 2) El Auto Interlocutorio emitido por la autoridad jurisdiccional hoy demandada fue emitido el 26 de mayo de 2022 y hasta la interposición de la presente acción de libertad, transcurrieron trece días; y, cuando estaban para corroborar ese incumplimiento por parte del Juez demandado, la apelación fue remitida el 10 de junio de 2022 a horas diez y seis como se pudo advertir del informe brindado por la autoridad recurrida; 3)
En el proceso penal seguido contra el imputado, se investiga un hecho de carácter sexual y al no haberse remitido la apelación dentro del plazo previsto por Ley –24 horas– se incumplió lo establecido en el art. 251 del CPP; 4) Gary Bracamonte Gumiel, incurrió en retardación de los plazos procesales, así como limitó el acceso a la justicia a una víctima de agresión sexual; 5) El Juez hoy demandado fue benevolente con el imputado cuando le otorgó medida menos gravosa –se comprende a la detención preventiva– y que a la fecha pone en riesgo inminente a la víctima; y, 6) Esta acción de libertad tiene una relación directa con la Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019–; el primer objeto de dicha norma es evitar el retraso o retardo procesal y posibilitar la efectiva tutela judicial de la víctima; con base en ese fundamento es que la remisión del recurso de apelación debe efectuarse dentro de las veinticuatro horas bajo responsabilidad conforme dispone el art. 251 del CPP.
Gary Bracamonte Gumiel, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Chuquisaca, en audiencia se dio lectura al informe escrito y pruebas presentadas por la autoridad ahora demandada, documentos que no fueron anexados al cuaderno constitucional. Sin embargo, conforme consta en el acta de audiencia de consideración de acción de libertad, cursante de fs. 13 a 15 vta., el referido informe expresó lo siguiente: i) La acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero, referido a la naturaleza procesal y el segundo, concerniente a los presupuestos de activación; aspectos que en el presente caso no fueron cumplidos; ii) No todas las presuntas vulneraciones del debido proceso merecen ser analizadas a través de la acción de libertad, salvo aquellas en las que se evidencie un vínculo directo con el derecho a la libertad personal o de locomoción, que no acontece en el presente caso; iii) En el proceso penal la hoy impetrante de tutela, no tiene calidad de imputada ni procesada; consecuentemente, de ninguna forma corresponde otorgar la acción de libertad incoada; iv) La apelación incidental interpuesta y el expediente fueron remitidos a la Sala Penal Segunda –se comprende del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca–, conforme consta en la carátula de reparto; v) La presente acción tutelar de pronto despacho, expuso que él –autoridad hoy demandada– no hubiese remitido los actuados correspondientes a la Sala Penal de turno en el plazo de veinticuatro horas, por un aparente retraso en la elaboración de las actas de audiencia; al respecto se debe considerar lo previsto en el art. 120 del CPP que en su parte final señala, que las secretarias o secretarios serán los encargados de redactar las actas; motivo por el cual, la supuesta dilación no es atribuible a su persona; por otra parte, la parte interesada debió hacer conocer ese aspecto a su autoridad a los fines correspondientes; sin embargo, no lo hizo; vi) La carga laboral que atiende ese despacho supera las mil causas en movimiento; y, aquellos casos en los que las víctimas sean menores de edad, deben ser priorizados; vii) Debido a su cuadro delicado de salud, ya que presentaba síntomas similares a los del COVID-19, no pudo asistir a la audiencia de acción de libertad; y, viii) Al no existir vulneración de derechos y garantías constitucionales, impetró la denegatoria de tutela.
El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., concedió la tutela impetrada y, en atención a que la apelación incidental fue puesta en conocimiento de la Sala de apelaciones, llamó severamente la atención al Juez hoy demandado, que continua con el control jurisdiccional de la etapa investigativa; ello, en razón al retraso considerable en el labrado del acta de audiencia de consideración de medidas cautelares; si bien, resulta evidente que la autoridad recurrida tiene una carga procesal ampulosa, en rigor de verdad no fue una omisión o renuencia por parte de la autoridad ahora demandada; pero sí por parte del funcionario de su despacho –personal de apoyo jurisdiccional–; sin embargo, se debe tener presente que la autoridad judicial debe ejercer el seguimiento y control sobre el personal dependiente a su cargo; así mismo, llamó la atención al funcionario encargado de labrar el acta por el retraso en el que incurrió, ya que debió analizar las circunstancias de esa audiencia cautelar con el objeto de garantizar que ese documento esté concluido a la brevedad posible. La determinación precedente la asumió con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad ciertamente está sujeta al principio de informalismo, incluso podría señalarse que es la acción en la que menos debe exigirse el cumplimiento de formalidades y, en el presente caso, así como fue interpuesta presentó algunos defectos en su formulación, aspectos que no fueron mencionados en la audiencia, principalmente el referido a direccionar la misma hacia una posible conversión de acción de libertad a una acción de amparo constitucional porque se invocó principalmente la lesión del principio de celeridad como uno de los elementos constitutivos del debido proceso, cuya invocación se comprende que fue realizada en razón a que si bien se mencionó que podría estar en riesgo, en peligro la víctima; sin embargo, la misma fue escueta; empero, en audiencia fue “salvada” por los abogados; b) Conforme lo manifestado en audiencia por los abogados y principalmente de los antecedentes que hacen al proceso penal en sí, concretamente en la relación de hechos de la imputación formal se advierte que entre las partes hubo una relación de concubinato, que a la fecha estaría disuelta, no obstante de ello, el imputado omitiendo las medidas de protección hubiese ingresado al domicilio de la ahora accionante y la agredió sexualmente, y como consecuencia de esa acción la víctima quedó embarazada; c) A pesar del estado de gravidez de la víctima, el imputado la hubiese amenazado a ella y a la vida de su hijo; d) En el caso de autos, si bien se advierte que la voluntad del sindicado es de someterse al proceso y a la justicia, ello no desvirtúa la existencia de indicios fuertes y evidentes de que incumplió las medidas dispuestas por la autoridad hoy recurrida; y ello, implica que existe la necesidad que se revise la determinación asumida por la autoridad demandada; y, e) En ese contexto, se advierte que la pretensión jurídica formulada por la accionante, se encuentra dentro de los alcances del art. 125 de la CPE, toda vez que la vida de la víctima y de su hijo podría correr peligro.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial de Acción de libertad NUREJ: 10126024, en el que consta que la recepción fue el nueve de junio de 2022 a las 17:48; por otra parte, en el mismo documento consta el cargo de recepción –de la presente acción tutelar– en el Juzgado de Sentencia Penal Primero del departamento de Chuquisaca, en el que consta que fue recibido el 10 del mismo mes y año precitados a las 08:05 (fs. 1). II.2. Cursa acta de audiencia de consideración de acción de libertad del caso de autos, en la que se advierte que dando cumplimiento a lo instruido por el Juez de garantías se dio lectura al informe escrito presentado por la autoridad demandada, en cuyo actuado se corroboró la existencia de reparto a la Sala Penal Segunda y que el proceso fue remitido -se comprende la apelación incidental- el 10 de junio de 2022 (fs. 13 a 15 vta.).
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia como vulnerados sus derechos a la vida, a una justicia pronta y oportuna; acceso al cuaderno de control jurisdiccional; y, los principios de celeridad y gratuidad; alegando que la autoridad ahora demandada, desde el 26 de mayo de 2022 hasta la interposición de la presente acción de libertad –9 de junio del mismo año–, no remitió la apelación incidental formulada de manera oral en audiencia, conforme dispone el art. 251 del CPP, cuando debió haber enviado al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas como dispone la norma precitada. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Partiendo de la esencia y finalidad de la acción de libertad y su alcance en cuanto al ámbito de protección que abarca, así como respecto a los presupuestos de activación de este mecanismo de defensa frente a la vulneración de los derechos a la vida y a la libertad, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el siguiente entendimiento: “…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción por parte de servidores públicos o de personas particulares; en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas son nuestras).
Respecto al derecho a la vida, la SCP 1433/2022-S4 de 31 de octubre, señaló que: “…el derecho a la vida, se entendió que la protección de éste deriva del carácter importantísimo que posee esta prerrogativa de las personas frente a las demás; y por ello, será protegido cuando exista un real peligro o amenaza al mismo. Así lo refirió la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, en la que también se concluyó lo siguiente: ‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. ‘(…) empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acciónʼ. Por ello, se concluye que el impetrante que reclame la lesión o amenaza a su derecho a la vida, debe demostrar razonablemente el riesgo o amenaza que sufre, no siendo suficiente la sola alegación de tal vulneración; así lo estableció también la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, que indica: ‘Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparablesʼ. Bajo el mismo criterio, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto estableció que: ‘Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal” (las negrillas nos corresponden). Conforme a los razonamientos jurisprudenciales y normativos expuestos, se tiene que la acción de libertad tiene un amplio ámbito de protección que incluye el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción; asimismo, protege de manera directa el derecho a la vida e integridad personal; empero, a efecto de que la tutela vía acción de libertad proceda, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino que corresponde demostrar materialmente su lesión o peligro.
La accionante mediante sus representantes sin mandato, denunció dicha lesión de sus derechos a la vida, a una justicia pronta y oportuna; acceso al cuaderno de control jurisdiccional; y, los principios de celeridad y gratuidad; debido a que, habiendo formulado verbalmente recurso de apelación a tenor del art. 251 del CPP, contra la resolución que dispuso la aplicación de medidas menos gravosas en favor del imputado, la autoridad Judicial hoy demandada no remitió el recurso mencionado, ante el Tribunal superior en grado, habiendo transcurrido más de catorce días sin que se hubiese cumplido con dicha remisión. Con carácter previo, es menester referir que de la revisión de obrados de la presente acción de libertad, si bien no se advierte el informe escrito de la autoridad demandada ni la constancia de remisión de apelación incidental ante el superior en grado; empero, se colige que el Juez de garantías evidenció dichos extremos en el cuaderno procesal; consecuentemente, se presume la veracidad de los hechos y, en aplicación del principio de inmediación y presunción de veracidad; corresponde en consecuencia, efectuar el siguiente análisis. En virtud a los antecedentes descritos, ante la demora indebida por parte del Juez ahora demandado, la peticionante de tutela requirió se conceda la tutela, ordenándose la remisión en el día del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada; así como se establezca responsabilidad en contra de la autoridad demandada; y, el pago de costas judiciales en calidad de accionante a ser calificados en ejecución de fallos en contra del demandado. En el caso de autos, de la revisión de antecedentes, del informe del Juez hoy demando –leído en audiencia y transcrito en el acta de audiencia de consideración de acción de libertad–; se tiene que la autoridad ya hubiera cumplido con la remisión de la apelación extrañada el 10 de junio de 2022 a horas “16” (Conclusión II.2), ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Así mismo, como parte de los antecedentes del expediente remitido en revisión, se tiene la carátula de recepción del Sistema Integrado de Registro Judicial, que cursa en la Conclusión II.1 por el que se constata que la presente acción tutelar fue presentada en plataforma de atención del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el 9 de junio de 2022 a las 17:48; y, según se advierte en la misma carátula consta el cargo de recepción del Juzgado de Sentencia Penal Primero del mismo departamento, que actuando como Juzgado de garantías, recibió la presente causa el 10 del mismo mes y año precitados a las 08:05; aspecto que vislumbra que el Juez de garantías conoció la presente acción de defensa ocho horas antes del envió del recurso de apelación ante la Sala Penal de referencia; es decir, que en el presente caso en efecto existió una demora evidente, puesto que, el recurso de apelación recién fue remitido después de quince días de haber sido interpuesto, en franco incumplimiento al trámite que establece el art. 251 del CPP, que dispone que la remisión del recurso de apelación debe ser efectuada dentro del plazo de veinticuatro horas. Ahora bien, corresponde precisar que, conforme se explicó en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, la acción de libertad tiene un amplio margen de protección; pues, además de tutelar de manera directa el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción, también tutela el derecho a la vida e integridad personal; que por la naturaleza del derecho a la vida, impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección; en virtud de lo cual, se suscita la abstracción del principio de subsidiariedad; es decir, que la tutela del derecho a la vida, que se encuentra bajo el ámbito de protección de esta acción de defensa, puede ser solicitada de manera directa ante la justicia constitucional, sin tener que agotar previamente la jurisdicción ordinaria; por lo que, no existe óbice alguno al respecto, para continuar con el estudio del caso de análisis. Con base en lo señalado precedentemente, de la revisión de antecedentes anexados a la presente acción tutelar, este Tribunal no avizora, que la dilación en la remisión de la apelación incidental interpuesta de manera oral conforme el art. 251 del CPP atribuida a la autoridad ahora demandada, guarde relación ni se encuentre directamente vinculada con la libertad de la impetrante de tutela, más aún cuando ella es la víctima en el proceso penal; por otro lado, si bien el art. 125 de la CPE prevé que la acción de libertad podrá ser interpuesta cuando la vida de una persona se encuentre en peligro; en el caso de autos, se tiene que en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, la accionante argumentó que planteó la misma habida cuenta que su vida se encontraba en peligro, ya que el Juez hoy demandado determinó en audiencia de medidas cautelares la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los numerales 4 y 7 del art. 234 del CPP; en cuyo mérito su vida estaría en peligro. En ese orden de ideas, debe considerarse que la naturaleza de la acción de libertad es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar contra los derechos a la vida, a la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido, que en el presente caso no se dio, ello de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1; existiendo la vía de la acción de amparo constitucional, para que la hoy impetrante de tutela efectúe su reclamo. En mérito a que la ahora solicitante de tutela expresó en audiencia de acción de libertad que su vida estaba en peligro, debe tenerse presente que la protección de esta acción tutelar, no implica bajo ningún criterio una tutela directa y sin cuestionamientos de lo que se denuncie; pues si bien, la rigurosidad formal de ciertos presupuestos de acceso a la justicia debe ceder en pos de la protección de los derechos de las personas; sin embargo, quienes se encuentran sujetas al marco constitucional y legal, a los efectos de que esta acción de defensa tutele los derechos invocados, es indispensable que el riesgo a la vida que se alega sea evidente, directo e inminente; en otras palabras, aquella presunta lesión debe ser real y no una simple enunciación o suposición sin sustento; dado que, la justicia constitucional requiere de un grado de certidumbre sobre la vulneración del derecho alegado para poder tutelarlo y protegerlo; por lo que, es la jurisdicción constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida, tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción de defensa. En ese contexto, en el caso de autos, en lo que se refiere a la supuesta lesión al derecho a la vida, la accionante no fundamentó ni demostró cómo con la decisión del Juez a quo se hubiera lesionado su derecho a la vida, pues solo se limitó a señalar que en audiencia de medidas cautelares se determinó la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.4 y 7 del CPP, concurriendo este último ya que el imputado era un peligro para la víctima; pues en ese sentido se debe tener presente lo manifestado en la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la sola enunciación de la mencionada lesión, no activa el análisis de fondo de esta acción de defensa, en cuyo mérito, no es posible aperturar la protección de la acción de libertad, al no corroborarse que la vida y libertad de la impetrante de tutela esté en peligro real, inminente y directo. Por lo señalado precedentemente, ante la inobservancia de la naturaleza jurídica de la acción de libertad y su ámbito de protección por parte de la impetrante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Sin perjuicio de lo precedentemente expresado, se dimensiona los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por cuanto la hoy impetrante de tutela, pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad y por tanto, merece la atención reforzada conforme la normativa nacional, así como por instrumentos internacionales; en tal sentido, se mantiene vigente lo dispuesto por el Juez de garantías. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 11 de junio, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo firme y subsistente la determinación inicial dispuesta por el Juez de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0197_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f95590acb2b2f5b50d10beb7d0bb8460d951200f96d47dd058c3572e9d82b36a
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