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SCP 0192/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50608-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante considera vulnerado su derecho a la libertad; toda vez que, al no haberse remitido el legajo de apelación incidental emergente del Auto Interlocutorio 417/2022, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, se impidió que el Tribunal de alzada tome conocimiento del recurso, cuando dicha remisión debía realizarse dentro de las veinticuatro horas conforme prevé el art. 251 del CPP, y no dilatarse por más de siete días. Por su parte, la autoridad demandada, en audiencia de garantías sostuvo que, se ordenó la remisión del legajo por motivo del recurso de apelación incidental planteado, y que la dilación se generó por omisión de la Secretaria del Juzgado a su cargo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el citado Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0192/2025-S2 Sucre, 3 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50608-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guido Dionicio Cochi Quispe contra Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1 y 6 a 7, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo solicitado cesación de la detención preventiva ante Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, se llevó a cabo audiencia para su consideración, emitiéndose en consecuencia, la “Resolución” -siendo lo correcto Auto Interlocutorio- 417/2022 de 6 de septiembre que rechazó su pretensión; por ello, en el mismo acto procesal, promovió recurso de apelación incidental. Una vez concedido su recurso, pese a que el 7 de septiembre de 2022, tanto su abogado como su esposa coadyuvaron con las fotocopias pertinentes y brindaron los recaudos necesarios para la remisión del cuaderno de apelación, esta no se efectivizó, a cuyo efecto, transcurrió más de una semana en la que no se elevó ningún actuado ante el Tribunal de alzada para su consideración, conociendo tales extremos por parte del personal subalterno.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela alega la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto, los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, ordene a la autoridad demandada, que en el día remita el cuaderno de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 417/2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos señaló que, debió tramitarse la remisión de la apelación incidental dentro de las veinticuatro horas, además que, ante la incomparecencia de todos los sujetos procesales, el “juzgado” pudo realizar las notificaciones pertinentes el 7 de septiembre de 2022 cuando ya se tenía emitido el Auto Interlocutorio 417/2022, siendo que, se esperó siete días para que se concrete ello y consecuentemente se eleve el mismo al Tribunal de alzada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe -sin firma- cursante de fs. 11 a 13, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) Ante el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 417/2022, se ordenó a Julia Raquel Márquez Quisbert, Secretaria del Juzgado a su cargo, a que de acuerdo al plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), remita antecedentes del cuaderno de la impugnación al Tribunal de alzada a efectos de su correspondiente análisis y posterior resolución; y, b) No cuenta con legitimación pasiva, considerando que quien incumplió la orden de remisión que instruyó fue la prenombrada funcionaria de apoyo jurisdiccional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 03/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 27 a 28, concedió en parte la tutela solicitada, ordenando al Juez demandado y a la Secretaría dependiente, verificar y consolidar la remisión de la apelación cuestionada bajo responsabilidad, con base en los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo con el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, tratándose de un proceso con detenido, la impugnación a una resolución que modifique o rechace una medida cautelar deberá ser remitida al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; y, 2) La apelación fue presentada el 6 de septiembre de 2022, habiendo transcurrido hasta la fecha de presentación de la acción de libertad siete días continuos, remitiéndose lo ordenado recién el 13 de igual mes y año -compréndase el día de celebración de la audiencia de garantías-.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, de Optimización de la Gestión Procesal para la resolución de las acciones de libertad, cursante de fs. 32 a 38, se dispuso en lo central, el sorteo conforme el orden cronológico de las acciones de libertad traslativas o de pronto despacho; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Guido Dionicio Cochi Quispe -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, por Auto Interlocutorio 417/2022 de 6 de septiembre, emitido por Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, se determinó el rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva del prenombrado. Asimismo, se tiene formulación de recurso de apelación incidental contra dicha determinación y su consiguiente concesión de acuerdo al art. 251 del CPP, ordenándose la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada para efectos de su análisis y posterior resolución, conminando a la parte a cubrir con los recaudos de ley para las fotocopias del legajo de apelación (fs. 4 a 5 vta.).

II.2. Consta informe de 14 de septiembre de 2022, emitido por Raquel Julia Márquez Quisbert, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, refiriendo que, en la audiencia donde se emitió el Auto Interlocutorio 417/2022 impugnado, no se encontraban dos de las cinco víctimas; por lo que, se procedió a generar “las notificaciones” a fin de que la Oficina Gestora de Procesos se encargue de notificar a las mismas. De igual manera, el Tribunal de alzada tendría establecido que, a partir de la última notificación de las partes, se debe contar recién las setenta y dos horas hábiles para su remisión; y, pasado dicho término, recién efectuarían la recepción de la apelación (fs. 23 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera vulnerado su derecho a la libertad; toda vez que, al no haberse remitido el legajo de apelación incidental emergente del Auto Interlocutorio 417/2022, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, se impidió que el Tribunal de alzada tome conocimiento del recurso, cuando dicha remisión debía realizarse dentro de las veinticuatro horas conforme prevé el art. 251 del CPP, y no dilatarse por más de siete días. Por su parte, la autoridad demandada, en audiencia de garantías sostuvo que, se ordenó la remisión del legajo por motivo del recurso de apelación incidental planteado, y que la dilación se generó por omisión de la Secretaria del Juzgado a su cargo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; el cual, exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de forma explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).

III.2. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano

Judicial

Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, a partir de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, se realizó un cambio de línea jurisprudencial constitucional respecto al entendimiento efectuado en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, señalando que: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente…”. Entendimiento que, fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0244/2016-S2, 1110/2017-S2, 0798/2018-S3, 0259/2019-S1, entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes del expediente constitucional, se tiene que, el impetrante de tutela, encontrándose con detención preventiva solicitó la cesación de su detención preventiva, misma que, fue considerada en audiencia de 6 de septiembre de 2022, mereciendo el Auto Interlocutorio 417/2022, dictado por el Juez de Instrucción Penal Sétimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, determinación contra la cual, interpuso recurso de apelación incidental que obtuvo su concesión en el mismo momento procesal, ordenándose además, la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada para su tratamiento conforme lo dispuesto por el art. 251 del CPP (Conclusión II.1). De acuerdo con el informe emitido por la Secretaria del referido Juzgado, señala que dentro del proceso existirían cinco víctimas, de las cuales dos no estuvieron presentes en la audiencia que dio lugar a la emisión del Auto Interlocutorio mencionado, lo cual, motivó la emisión de notificaciones a través de la Oficina Gestora de Procesos para su comunicación, lo que ocasionó el retraso en la remisión de antecedentes. Además, según la referida funcionaria, el plazo de setenta y dos horas comienza a correr a partir de la última notificación y, no con la presentación y concesión de la solicitud (Conclusión II.2); no obstante, el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, dispone que: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas”; por lo que, la Secretaria hizo una interpretación ajena al texto de la norma. Ahora bien, con relación al Juez demandado, en cuanto a lo que manifestó la funcionaria subalterna, se evidencia que dicha autoridad jurisdiccional no adoptó medidas de organización de su despacho, de forma que las notificaciones se efectúen oportunamente, pero además, se identificó que existían interpretaciones alejadas a la norma vigente por parte del personal de apoyo jurisdiccional como sucedió en el presente caso con la Secretaria, misma que, no corrigió oportunamente dicha autoridad; al respecto, el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), establece que: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. En ese contexto, se tiene que la Secretaria del señalado Juzgado no fue demandada en la presente acción de defensa; empero, considerando el principio de informalismo que caracteriza la acción de libertad, permite considerar actuaciones indebidas de todos los sujetos intervinientes en la audiencia; en este caso concreto, en relación a la referida funcionaria subalterna, quien pese a no ser demandada evacuó informe sobre el objeto de la acción tutelar habilitando un pronunciamiento al respecto, señalando que, al contar con pluralidad de víctimas y que dos de ellas no asistieron a la audiencia, se procedió a generar la notificación para su comunicación a través de la Oficina Gestora de Procesos con el Auto Interlocutorio 417/2022, que resolvió el rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva incoada por el impetrante de tutela; además que, las setenta y dos horas comenzarían a correr a partir de la notificación al último interesado y así proceder recién con la remisión el legajo de apelación. Dicha interpretación, denota un total desconocimiento de lo dispuesto en el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, que en ninguna de sus partes establece que el cómputo de dicho plazo corre a partir de la última notificación a los sujetos procesales; además, tales hechos no justifican la dilación provocada al accionante; puesto que, los actuados de apelación se remitieron después de siete días de promovida y conocida la presente acción de libertad; en tal situación, corresponde conceder la tutela, disponiendo llamar la atención al Juez demandado como a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, en razón de los fundamentos descritos precedentemente. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el citado Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0192_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 21635506f3ea821651f1b35ee191adf78128d56f806ac48a3601c568165e2dc8

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