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SCP 0191/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50752-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El solicitante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos; al debido proceso y a la defensa; toda vez que, la autoridad demandada, primero retardo su solicitud de fijación de día y hora para la inspección técnica ocular y reconstrucción, no dándole la celeridad que merecía al estar este privado de su libertad; y, segundo, una vez que respondió a la precitada solicitud; esta fue rechazada, acto jurídico que contradice no solo la imputación formal; sino también, la Resolución de medidas cautelares antes referida; ya que no podrá, enervar el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP; aspecto este que, lesionarían su derecho a la defensa y al debido proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 23 de septiembre, cursante a fs. 28 a 30, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Reiteración de la línea jurisprudencial desarrollada por las SSCC
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0191/2025-S4 Sucre, 2 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50752-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Santos Nelguardo Callisaya contra Natividad Castro Flores, Fiscal de Materia Especializada en Delitos de Violencia Sexual y Razón de Género del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 19 a 22, el accionante, manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, habiéndose realizado la audiencia de medidas cautelares luego que la Fiscal de Materia ̶ ahora demandada‒; presentara la imputación formal, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; por Resolución 449/2022 de 8 de septiembre, determino la extrema medida de la detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. En la imputación formal de igual fecha precitada, la autoridad Fiscal manifestaba que existían actos investigativos pendientes, entre ellos la inspección técnica ocular en el lugar de los hechos, a efectos de colectar mayores elementos de convicción, sobre la participación del –hoy impetrante de tutela‒ y enervar los riesgos procesales que recaen sobre el mismo; siendo uno de ellos el contemplado en el art. 235.2 del Código Procesal Penal CPP; consecuentemente el 9 de idéntico mes y año ut supra mencionado, solicitó día y hora de inspección ocular a la autoridad fiscal no emitiendo pronunciamiento de inmediato; tanto así, que sus abogados tuvieron que llegar a representar este aspecto ante la Coordinadora de Fiscales; por lo que, a la fecha de presentación de la acción tutelar; recién se pronunció la demandada; dando una respuesta negativa a lo impetrado, contradiciendo no solo la imputación formal; sino también, la Resolución de medidas cautelares antes referida, aspectos estos que lesionarían su derecho a la defensa y al debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denunció la lesión al derecho al debido proceso y a la defensa; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada, fije día y hora de inspección ocular para llegar a la verdad histórica de los hechos denunciados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 27 vta.; presentes la parte accionante, y, la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, por intermedio de su abogado en audiencia, ratificó los fundamentos contenidos en su demanda de acción de libertad, y ampliando los mismos, manifestó lo siguiente: a) En la audiencia de medidas cautelares, de 8 de septiembre de 2022, se pudo enervar el art. 234.1 y 2, quedando latente el 7; y, del art. 235.2, todos del CPP, indicando la demandada que para este efecto era necesario la inspección técnica ocular; y, así refleja la Resolución de imputación, como en el acta de audiencia de medidas cautelares, es por este hecho que el Juez de la causa se allanó a su solicitud; por lo que, el día 9 de igual mes y año antes mencionados, presentó memorial pidiendo la inspección indicada; empero, luego de no haberle dado celeridad, respondió negando la solicitud, porque pertenecería la presunta víctima a un grupo vulnerable, sin considerar que el accionante esta con privación de libertad; b) La procedencia de la “…acción de libertad relativa de pronto despacho y bajo el principio del debido proceso en las actuaciones procesales, nos habla la SC Nro. 0589/2020-S2 de fecha 23 de octubre de 2020, por otro lado la SC Nro. 0412/2021-S4 de fecha 17 de agosto de 2021 nos habla del acceso a la justicia de toda persona detenida en un caso similar, donde se ha pedido vincular al caso concreto inspección técnica ocular y se nos ha negado; en esta sentencia también nos habla de la justicia pronta y oportuna; con estos hechos también se estaría vulnerando el Art. 8, Art. 24 y Art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Art. 7.1. Art. 10, Art. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ello ratificándonos con el memorial de la acción de libertad toda vez que el Art. 125 y Art. 126 de la CPE, es clara en su contenido y refiere que tiene tres esferas es preventiva, correctiva y reparador, en este caso queremos que repare y corrija el decreto todo en virtud a la imputación formal y la medida cautelar que ellos mismos han solicitado la inspección técnica ocular…” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Natividad Castro Flores, Fiscal de Materia, Especializada en Delitos de Violencia Sexual y Razón de Género, del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que; 1) La subsidiariedad no fue observada por el accionante, como tampoco, se consideró los requisitos para plantear una acción de libertad y que esta incluso debe tener un vínculo directo con la privación de libertad; en este sentido, se tiene justamente la SCP 1135/2014 de 10 de junio, donde se establece los parámetros que se debe exigir para interponer esta acción tutelar, como es el agotamiento de vías específicas, idóneas, eficientes y oportunas, en este caso el proceso tiene una Autoridad de Control Jurisdiccional y en ese sentido el reclamo no ha sido realizado ante dicha autoridad; primero, deberían de haberse agotado las instancias y si el Ministerio Público hubiese incumplido dicha observación o dicho control jurisdiccional de la autoridad competente; en ese caso, fuese procedente esta acción de defensa; segundo, la solicitud del imputado –hoy solicitante de tutela–, fue la realización de una audiencia de inspección ocular seguida de reconstrucción, la misma fue rechazada con la debida fundamentación mediante un decreto; ya que, la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 –Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia–; que, está en línea directa con los estándares internacionales del cual es parte nuestro país como es la Convención para Prevenir Sancionar todo tipo de Violencia; así como también, las Convenciones Belem do Para y la de CEDAW que en sus inc. 35 y 33 establece justamente la revictimización, pues se investiga un hecho por agresión sexual, y el impetrante de tutela pide la reconstrucción de un presunto delito por violación; aspecto que, de acuerdo a la Ley 348 está prohibido por la revictimización y el encuentro de la víctima con las personas que han sido sus agresores; en ese sentido es que, en observancia justamente de esos estándares internacionales el Ministerio Público negó dicha petición; 2) La privación de libertad del impetrante de tutela, no fue solamente a consecuencia de la solicitud de un único acto; como es la inspección técnica ocular, sino que, se ha fundamentado varios riesgos procesales, tales como el peligro de obstaculización del art. 235.1 del CPP; falta lo que, es la valoración psicológica de la víctima; terapia psicológica de la víctima; la entrevista en la cámara GESELL del hijo de la víctima; el secuestro del celular del imputado y de la víctima; pericia en informática forense; pericia psicológica del imputado; esos son los elementos con el que se ha constituido la solicitud extrema de detención preventiva, muy aparte de la inspección técnica ocular por las que justamente se ha constituido este riesgo procesal y es una de las razones por las que se encuentra privado de libertad; tómese en cuenta, también que se tiene la concurrencia del num. 7 del adjetivo penal, peligro efectivo para la víctima; y, 3) El Ministerio Público no vulneró ningún derecho fundamental ni garantía constitucional del solicitante de tutela; por lo cual, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 09/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes argumentos: i) Por encontrarse latentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 233.1, 234.7 y 235.2 del CPP; y, con respecto a este último punto, refiere: “...en el presente caso el ministerio público ha señalado de que al ser un vecino de la tienda donde la víctima desarrolla su actividad conoce los medios necesarios para poder acceder a la afectada, entonces se advierte de que identifica sobre quien va influir durante el transcurso de las investigaciones, también ha precisado actos investigativos que va llevar a cabo durante la etapa preparatoria como la inspección técnica ocular respecto al lugar de los hechos, esto a efectos de colectar mayores elementos de convicción, que establezcan la certeza sobre la participación o no del imputado en el hecho de agresión sexual hacia la víctima; consiguientemente, se ha precisado que tiene que practicarse la declaración de una menor de edad por ante Cámara Gesell, el cual sería el hijo de la víctima, tercero la pericia informática respecto al celular del imputado, esto a efectos de la investigación y una pericia psicológica del imputado a efectos de establecer si el mismo representa o no un riesgo para la víctima”. En consecuencia, no es evidente que el accionante se encontraría privado de su libertad únicamente por falta de la realización de la inspección técnica ocular; sino que, faltarían varios actos investigativos; y, ii) Si bien es cierto que el impetrante de tutela mediante memorial de 9 de septiembre de 2022, solicito día y hora de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción; sin embargo, no es evidente que hasta la fecha la autoridad demandada no hubiera dado respuesta, por cuanto según la copia del decreto de 12 de igual mes y año antes citado, que adjunta a la presente acción de defensa el mismo indica que: “No ha lugar puesto que en hechos donde se tiene como víctima personas pertenecientes a grupos vulnerables como es el presente caso, no se puede someter a la víctima a un proceso de re victimización con lo que pretende con auto de reconstrucción" (sic.); es decir, que la autoridad demandada mal o bien dio respuesta a la solicitud del solicitante de tutela; puesto que en caso fuese cierto que la autoridad demandada hubiese dado recién respuesta el día de hoy a la solicitud, el mismo conforme a la línea jurisprudencial citada precedentemente, correspondía ser reclamado previamente ante el Juez de Control Jurisdiccional y no obstante, al mismo continuara la lesión, recién debía interponer la presente acción de libertad; lo cual no ha sido, acreditado con documentación alguna; vale decir, que no correspondía directamente activar este recurso, si no que debía previamente agotar la vía ordinaria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-004/2024 de 9 de mayo, se dispuso la Optimización de la Gestión Procesal para la Resolución de las Acciones de Libertad;

en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de ese Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución 449/2022 de 8 de septiembre, emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, luego que la Fiscal de Materia –ahora demandada‒, presentó la imputación formal en contra del accionante, por la presunta comisión del delito de violación, determinando la extrema medida de la detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. (fs. 11 a 13). II.2. Cursa memorial de 9 de septiembre de 2022, presentado por el solicitante de tutela a la autoridad demandada, pidiendo se fije día y hora de inspección técnica ocular (fs. 14 a 16). II.3. Por Decreto de 12 de septiembre de 2022, la Fiscal de Materia rechaza la solicitud presentada por el impetrante de tutela indicando: “No ha lugar puesto que en hechos donde se tiene como víctimas a personas pertenecientes a grupos vulnerables como es el presente caso, no se puede someter a la víctima a un proceso de revictimización como lo que se pretende con el acto de reconstrucción que pide” (sic) (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos; al debido proceso y a la defensa; toda vez que, la autoridad demandada, primero retardo su solicitud de fijación de día y hora para la inspección técnica ocular y reconstrucción, no dándole la celeridad que merecía al estar este privado de su libertad; y, segundo, una vez que respondió a la precitada solicitud; esta fue rechazada, acto jurídico que contradice no solo la imputación formal; sino también, la Resolución de medidas cautelares antes referida; ya que no podrá, enervar el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP; aspecto este que, lesionarían su derecho a la defensa y al debido proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Reiteración de la línea jurisprudencial desarrollada por las SSCC

0160/2005-R y 0008/2010-R referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0424/2019-S4 de 2 de julio, reiterando los entendimientos instituidos por los fallos constitucionales indicados al exordio de este acápite, señaló que: “La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, durante la vigencia de la Constitución Política del Estado abrogada, estableció la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus -actualmente acción de libertad- en razón a que: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’. No obstante, dicho entendimiento jurisprudencial fue reiterado en vigencia de la actual Constitución Política del Estado, a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la cual determinó que: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, la autoridad –hoy demandada–, primero retardo su solicitud de fijación de día y hora para la inspección técnica ocular y reconstrucción, no dándole la celeridad que merecía al estar el accionante privado de su libertad; y, segundo, una vez que respondió a la precitada solicitud, esta fue rechazada, acto jurídico que contradice no solo la imputación formal; sino también, la Resolución de medidas cautelares antes referida; ya que no podrá, enervar el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, aspecto este que lesionarían su derecho a la defensa y al debido proceso. Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes venidos en revisión; a partir de lo cual, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del solicitante de tutela por la presunta comisión del delito de violación, mediante Resolución 449/2022 de 8 de septiembre, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, luego que la Fiscal de Materia ̶ ahora demandada‒, presentara la imputación formal en su contra, determinando la extrema medida de la detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Seguidamente, el impetrante de tutela al no haberse enervado el riesgo procesal contemplado en el art. 235.2 del CPP; solicitó que, la autoridad demandada fije día y hora de inspección técnica ocular y reconstrucción; misma que, no fue atendida con celeridad por la Fiscal de Materia, siendo al final rechazada bajo el argumento de que al tratarse la víctima de un sector vulnerable, no se le puede revictimizar; hecho este que, a decir del accionante va en contra de la Resolución de la imputación Fiscal y de las medidas cautelares; toda vez que, al no poder desvirtuar ese riesgo procesal y seguir latente no podrá obtener su libertad, razón por la cual presenta esta acción de defensa. De conformidad al Fundamento Jurídico III.1. glosados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referidos a la naturaleza de la acción de libertad, el art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; por lo que, se debe tomar en cuenta que la acción de libertad es una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran bajo su protección; no obstante, es evidente que en la vía ordinaria existen medios de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad; por lo tanto, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado; estos deben ser utilizados, previamente circunstancia en la que excepcionalmente operará la mencionada acción de manera subsidiaria. Ahora bien, en la etapa preparatoria del proceso penal, el camino procesal apto para impugnar la aceptación o no de la proposición de diligencias ante el Fiscal de Materia durante la referida etapa, –la cual actualmente se desarrolla–, conforme a lo dispuesto por el art. 306 del CPP; es la objeción presentada ante el superior jerárquico y no directamente la acción de libertad; por lo cual, correspondía al solicitante de tutela, previo a acudir a la jurisdicción constitucional, denunciar previamente estos actos jurídicos como es el rechazo de su solicitud a tener una audiencia de inspección técnica ocular y reconstrucción del que fuera víctima, ante la autoridad el Fiscal Departamental de La Paz; habida cuenta que, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnere sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; entre los cuales, se encuentra de por medio su libertad; debe acudir ante esa autoridad, caso contrario se provocarían disfunciones procesales no requeridas por el orden constitucional. En el caso analizado, no se advierte que el solicitante de tutela hubiera denunciado la vulneración a su derecho al debido proceso y defensa, por el rechazo a la solicitud prenombrada que le permitiría desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del adjetivo penal, con lo cual obtendría su libertad; empero, se advierte que la Fiscal de Materia demandada, mediante decreto de 12 de septiembre de 2022, respondió el porqué del rechazo y sobre todo; cuidando de que, la supuesta víctima no fuera revictimizada al ponerle frente a su supuesto agresor, al ser el delito que se investiga de violación. Por lo tanto, siendo evidente que la denuncia sobre la supuesta vulneración a sus derechos al debido proceso y a la defensa, no fue impugnado ante la autoridad competente ‒Fiscal Departamental de La Paz‒, que tiene a su cargo el conocer las supuestas arbitrariedades cometidas por la Fiscal de Materia, en su calidad de inmediato superior y pretender mediante esta acción de libertad, dilucidar aspectos no considerados previamente ante la precitada autoridad, supondría una tergiversación de este medio de defensa constitucional; extremo que, impide a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la problemática planteada, en aplicación de la subsidiariedad excepcional que rige este medio de defensa constitucional, correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 23 de septiembre, cursante a fs. 28 a 30, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0191_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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