Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos -se entiende de su demanda y reiterados además en audiencia- a la libertad, a la petición y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, el Vocal -ahora demandado- no se pronunció sobre su solicitud de complementación y enmienda del Auto de Vista 355/2022 de 17 de junio, tampoco hace entrega del mencionado Auto de Vista que resolvería su apelación incidental de medidas cautelares, situación que impide el ejercicio efectivo de sus derechos como persona privada de libertad y que pertenece a un grupo vulnerable por ser de la tercera edad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 167/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que el Vocal a cargo de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, ponga en conocimiento del accionante el Auto de Vista 355/2022 de 17 de junio y el Auto que resuelve la solicitud de complementación y enmienda, siempre y cuando aún no lo haya realizado por el Juzgado de origen, sin disponer la libertad del impetrante de tutela, considerando que dicho derecho no ha sido objeto de la presente acción tutelar. 3º Exhortar a la autoridad ahora demandada, así como al personal de apoyo jurisdiccional de la citada Sala Penal, actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales, a efecto de evitar la lesión de derechos y garantías constitucionales de las partes procesales; y, 4º Se llama severamente la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, debiendo los mismos en próximas consideraciones analizar correctamente la problemática expuesta por el demandante de tutela, precautelando el acceso a la justicia a fin de evitar demoras en la tramitación de la causa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0190/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50927-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 167/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Torrejón Rocabado contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 30 de junio de 2022, cursante de fs. 4 a 8, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señaló que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y otros, el 17 de junio de 2022 se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el cual se determinó la inconcurrencia de riesgos procesales de peligro de fuga en todos sus elementos; dado que se demostró que su persona es de la tercera edad, presentando prueba que no podía ser utilizada en su contra. Asimismo, en el indicado día, haciendo uso de su derecho a la petición solicitó enmienda y complementación; debido a que pertenece a un grupo vulnerable como es el de adulto mayor, pues no se consideró la otorgación de libertad o en su defecto, la aplicación de una medida menos gravosa como ser la detención preventiva, más aún cuando dicha justificación fue utilizada para enervar su peligro de fuga. A la fecha, no existiría pronunciamiento al señalado memorial ni al Auto de Vista 355/2022 de 17 de junio, que resolvió el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, para ver la postura que determinaría dicha autoridad respecto a su pretensión y adoptar la vía correspondiente que en derecho pueda hacer valer. Además, refirió que la autoridad demandada estaría generando retardación de justicia; puesto que, seguiría privado de su libertad, teniendo la condición de persona adulta mayor y el de estar a cargo de su hija con discapacidad; de igual forma, mencionó que dicha autoridad habría incurrido en incumplimiento de deberes, al no pronunciarse dentro de un plazo prudencial; por cuanto merece trato prioritario por ser adulto mayor, debiendo darse celeridad a los actuados procesales. Finalmente, arguyó que peregrinó en el “juzgado” para exigir la resolución que defina el recurso de apelación incidental de las medidas cautelares; sin embargo, el personal de apoyo de dicho Juzgado, refirieron que: “NO TIENEN TIEMPO QUE TIENEN CARGA PROCESAL DE AUDIENCIAS ANTERIORES y que tendría que esperar unas dos semanas más para la transcripción de la mentada resolución” (sic).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos -se entiende de su demanda y reiterados además en audiencia- a la libertad, a la petición y al debido proceso en su elemento celeridad, citando para el efecto los arts. 13, 14, 15, 18, 73, 74, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene que: a) La autoridad demandada de respuesta al memorial de 17 de junio de 2022; y, b) En el día se exhiba el Auto de Vista 355/2022 de igual data, mismo que resolvió la apelación incidental de medidas cautelares y se franquee copias legalizadas en doble ejemplar.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad el 1 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su abogado, se ratificó en el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad y ampliándolo en el desarrollo de la audiencia, manifestó que: 1) En la audiencia de apelación de medidas cautelares de 17 de junio de 2022, llevada a cabo ante la Sala Penal Primera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se demostró que el Juez a quo habría incurrido en faltas al emitir su Resolución; ante ello, la autoridad ahora demandada pudo valorar la prueba, enervándose los riesgos procesales que son importantes a ser considerados a posteriori, para optar por una libertad o cesación a la detención preventiva domiciliaria; 2) En la indicada fecha, se emitió el Auto de Vista 355/2022, siendo que desde esa data el abogado de la parte accionante peregrinó ante dicha instancia, pidiendo se labre la resolución para utilizar la cesación a la detención preventiva; empero, hasta la presentación de la acción de libertad no se efectuó la misma, así como tampoco se pronunció la autoridad demandada respecto a la redacción de esta, indicando que tendrían demasiada carga laboral y que conforme a listas faltaría realizar aún dicha resolución; 3) La Constitución Política del Estado, claramente establece que los plazos procesales deben ser prudenciales, no dilatorios y bajo una celeridad procesal; en ese entendido, al no haberse emitido ninguna resolución desde la audiencia hasta el 30 del mismo mes y año, le generó agravio, al no poder cambiar su situación jurídica de detenido preventivo; 4) Asimismo, en dicha fecha, también se presentó memorial de solicitud de complementación y enmienda para la aclaración de ciertos puntos que le quedaron en incertidumbre, aspecto que no tuvo respuesta alguna para hacer valer conforme a derecho; incumpliendo el procedimiento que señala que los memoriales de mero trámite deben ser providenciados en veinticuatro horas; y, 5) La jurisprudencia constitucional ha establecido claramente de que el acto lesivo se consolida y confirma al momento de la presentación de la acción de libertad de pronto despacho; es decir, que si bien la parte demandada subsana esta lesión, empero, esto no puede ser catalogado como un incumplimiento; puesto que, a la fecha se encuentran a la expectativa del pronunciamiento de dichas resoluciones para poder activar los respectivos mecanismos de defensa y cambiar la situación jurídica del accionante, tomando en cuenta que es una persona de la tercera edad y merece un trato diferenciado.
Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, mediante informe escrito de 30 de junio de 2022, cursante a fs. 14, señaló que el cuaderno del recurso de apelación caratulado como Ministerio Público contra Freddy Torrejón Rocabado, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y otros, fue devuelto al Juzgado de origen por el Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; adjuntando copia del mismo, pidiendo se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 167/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 18 a 21, denegó la acción de libertad impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) El imperante de tutela señaló que se le restringieron sus derechos; puesto que, a la fecha no se devolvió su caso con resolución, empero, la trascendencia de hacer este análisis es establecer que los actos desplegados son intuito persona; es decir, que cada autoridad, persona y funcionario tiene asignadas determinadas funciones; ii) El accionante denunció que no se habría atendido su solicitud, puesto que no hay una remisión ni transcripción; sin embargo, no se tiene acreditación o un nexo directo en que sea la autoridad demandada, el responsable de este desplegamiento de actividad jurisdiccional; iii) La Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, los Protocolos de actuaciones y la práctica jurídica diaria, establecen que las autoridades jurisdiccionales a momento de emitir su resolución -se entiende que fue oral- con ello prácticamente habría cumplido con su función; y la transcripción del acta y de la resolución, cargar un libro diario, llevar a despacho o no un memorial, un escrito, le correspondería al personal de apoyo jurisdiccional; es decir, que no es la autoridad, el Vocal, el omnipotente que debe realizar todas esas actividades y en el presente caso, se entendería que la autoridad demandada informó que ya habría sido superado el objeto de la presente acción tutelar; es decir, que el cuaderno del recurso de apelación, ya fue devuelto; iv) Existirían dos aspectos que se deben tomar en cuenta, que hacen a esta Sala Constitucional ingresar a un análisis: iv.a) Si bien se ha establecido la existencia de un atraso en los actuados, como son la devolución y el diligenciamiento de despacho; sin embargo, la parte demandada con el informe presentado señaló que el expediente ya fue devuelto al Juzgado de origen a momento del desarrollo de la audiencia, con ello no es posible establecer ninguna otra situación que la referida en el informe; iv.b) El demandante de tutela no estableció con precisión que sea la autoridad ahora demandada, el autor o responsable de esta dilación; puesto que, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas -Vocal- tiene funciones asignadas cabales, como ser el señalamiento de audiencia, llevar adelante la misma y dar un pronunciamiento de fondo, pero no se establecería que sea esta autoridad demandada el responsable de transcribir el acta, de llenar los libros, de realizar las devoluciones de antecedentes, y si bien este control lo efectúa dicho Juez; empero, en este caso no sería posible entrar en aspectos que no fueron debatidos; por ello, no habiéndose evidenciado un retardo de manera directa por la autoridad demandada, no corresponde viabilizar esta acción tutelar; y, vi) Ante la solicitud de la parte peticionante de tutela, señalando que realizó el seguimiento diario de su caso desde 17 de junio de 2022, y que no habría sido transcrita un acta; no sabía que pasaba con su memorial; por lo que, correspondería exhortar que el personal jurisdiccional cumpla con sus obligaciones, tenga previsión de los plazos impuestos por ley, debiendo cumplir a cabalidad sus funciones, informando, pidiendo y no se ingrese en este tipo de acciones, que finalmente dañan la imagen de la sana administración de justicia. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó explicación de los siguientes aspectos: 1) En relación a la legitimación “activa”, dado que los funcionarios subalternos no lo constituirían en este tipo de acciones, quiere decir que la responsabilidad funcionaria del juzgado o de la sala, que en este caso es del Vocal, entonces claramente esta dilación es atribuible a la autoridad ahora demandada; pidiendo se aclare, por qué se les estaría haciendo partícipes a los subalternos; puesto que, la acción tutelar fue dirigida contra el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 2) Con respecto al derecho de petición, debido a que se presentó un memorial de complementación donde también solicitó fotocopias legalizadas en doble ejemplar y que la respuesta es incierta, explique el por qué no se le estaría dando curso a su pretensión, ya que se tendría que volver a presentar un memorial al Juez a quo, generando nueva situación de dilación. En respuesta, la precitada Sala Constitucional refirió que: i) Dentro de razonamiento de esta Resolución en ningún momento se dio un reconocimiento a la legitimación activa, lo que se estableció de manera clara, es que no se demostró que la autoridad demandada sea el Vocal, quien de manera directa estaría dilatando o retardando la devolución de obrados; y, ii) Respecto a la solicitud de fotocopias legalizadas, habiéndose determinado que los antecedentes ya fueron devueltos al Juzgado de origen, se entiende que el mismo fue resuelto, no pudiéndose establecer si se ha provisto la fotocopia legalizada o no; la pretensión de la acción tutelar fue clara al establecer que no conocía o que no fue remitido un proceso que tenía además una solicitud de complementación y enmienda, evidenciándose por informe que a la fecha del desarrollo de la audiencia ya se hubiera devuelto el expediente, entonces se establecería que ya no existe vulneración de derechos, por ello queda claro los demás razonamientos, manteniéndose firme y subsistente lo dispuesto.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia simple de proveído de 15 de junio de 2022, en el que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y otros, señaló audiencia pública virtual para considerar el recurso de apelación de medida cautelar de carácter personal, para el día viernes 17 del mismo mes y año a horas 8:30 (fs. 2). II.2. Corre copia fotostática del libro diario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la cual se evidenciaría que la causa penal ingresó a despacho el 20 de junio de 2022, con solicitud de complementación, no existiendo decreto con el cual hubiera devuelto a Secretaría de Cámara (fs. 3).
II.3. Consta nota de devolución de obrados con sello de recepción de 1 de julio de 2022, suscrita por Ángel Flores Medina, Secretario de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 13 y vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos -se entiende de su demanda y reiterados además en audiencia- a la libertad, a la petición y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, el Vocal -ahora demandado- no se pronunció sobre su solicitud de complementación y enmienda del Auto de Vista 355/2022 de 17 de junio, tampoco hace entrega del mencionado Auto de Vista que resolvería su apelación incidental de medidas cautelares, situación que impide el ejercicio efectivo de sus derechos como persona privada de libertad y que pertenece a un grupo vulnerable por ser de la tercera edad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:
Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una 3El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 4El FJ III.2, indica: “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.
En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 5El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.
ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. Luego, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el 6El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales:
Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado. Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 7El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos -se entiende de su demanda y reiterados además en audiencia- a la libertad, a la petición y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la autoridad -ahora demandada-no dio respuesta a su memorial de solicitud de enmienda y complementación, presentado el 17 de junio de 2022 ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; puesto que, en audiencia de consideración del recurso de apelación de medida cautelar de carácter personal, no se contempló la otorgación de su libertad o en su defecto la aplicación de una medida menos gravosa, a pesar de haber desvirtuado la concurrencia de riesgos procesales de peligro de fuga en todos sus elementos; asimismo, tampoco exhibió el Auto de Vista 355/2022 de la referida fecha, que resuelve dicha apelación incidental. Con ese antecedente y habiendo identificado el problema jurídico en la presente acción tutelar, previamente debe establecerse que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales ante dilaciones indebidas, protegiendo los principios de celeridad y respeto a los derechos. Cuando se presenta una solicitud que involucra el derecho a la libertad, toda vez que, la autoridad o funcionario tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o al menos, dentro de un plazo razonable; ya que de no hacerlo, podría incurrirse en una restricción indebida de dicho derecho. Sin embargo, esto no implica que siempre deba otorgarse o atenderse la petición de forma positiva. Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de las documentales que cursan en el expediente, se advierte que mediante proveído de 15 de junio de 2022, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad ahora demandada-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y otros, señaló audiencia pública para considerar el recurso de apelación incidental de medidas cautelares de carácter personal, para el día viernes 17 del mismo mes y año, a horas 08:30 (Conclusión II.1). Celebrada dicha audiencia, el impetrante de tutela, en la misma fecha, presentó memorial solicitando la complementación y enmienda del precitado Auto de Vista 355/2022, que resolvía el referido recurso de apelación incidental; ello debido a que -según menciona- la autoridad judicial no consideró su solicitud de otorgamiento de libertad, o en su defecto, la aplicación de una medida cautelar menos gravosa, a pesar de que en dicho Auto de Vista se habría establecido la inexistencia de los riesgos procesales de peligro de fuga en todos sus elementos. No obstante, el citado memorial no fue respondido por la autoridad ahora demandada, a pesar de que consta su ingreso a despacho, como se evidencia en la copia del registro del libro diario de la mencionada Sala Penal, con fecha 20 de junio de 2022 (Conclusión II.2). Por otro lado, en su informe de descargo, la autoridad demandada manifestó que el cuaderno de apelación correspondiente al proceso seguido contra Freddy Torrejón Rocabado -actual demandante de tutela- fue devuelto al Juzgado de origen. Como respaldo, adjuntó la nota de devolución de obrados que lleva sello de recepción de fecha 1 de julio de 2022, firmada por Ángel Flores Medina, Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.3).
En ese contexto, se tiene que el citado informe, no acredita a este Tribunal la emisión oportuna de la Resolución que resolvió la apelación incidental presentado por el acusado, mucho menos la respuesta que debería haber merecido el memorial de solicitud de complementación y enmienda dentro los plazos previstos por ley, debiendo considerarse el tiempo transcurrido desde la celebración de la audiencia del recurso de apelación incidental, realizada el 17 de junio de 2022 hasta la fecha de remisión del cuaderno procesal al Juzgado de origen, y en aplicación del principio de veracidad se da por cierto lo denunciado por el accionante; en tal extremo, la autoridad ahora demandada, al no haber emitido una respuesta a la solicitud de complementación y enmienda conforme lo previsto por el art. 132 del CPP y presentado la Resolución 355/2022, incurrió en una dilación indebida en la tramitación de esa solicitud. Por consiguiente, es evidente la dilación indebida en la que incurrió la autoridad ahora demandada, vulnerándose así el principio de celeridad, el cual está estrechamente relacionado con el derecho a la libertad del demandante de tutela; en ese sentido, al no existir ninguna justificación razonable que pueda eximirlo para no resolver oportunamente la petición planteada por el accionante y definir su situación jurídica, que debía ser tramitada y resuelta con mayor celeridad y al no haberlo hecho de esa manera, se lesionó su derecho a la petición y el derecho al debido proceso en su elemento celeridad y en el marco del precitado Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; que señala, que toda autoridad que conozca una solicitud que involucre la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor prontitud posible, o al menos dentro de plazos razonables. La omisión de este deber, puede derivar en una restricción indebida de ese derecho fundamental. Asimismo, se observa que los funcionarios de la citada Sala, tampoco actuaron con la debida diligencia ni rapidez en la tramitación del recurso de apelación presentado por el accionante; omisión que no fue debidamente justificada ni desvirtuada por los mismos en audiencia, motivo por el cual, igualmente se presume la veracidad de lo alegado por el solicitante de tutela. Finalmente, si bien se constató la lesión del principio de celeridad, corresponde conceder la presente acción de libertad en su modalidad innovativa, dado que el objeto que originó su interposición -esto es, la falta de pronunciamiento sobre la apelación de medidas cautelares- cesó con anterioridad a la realización de la audiencia constitucional. En consecuencia, la presente decisión tiene como finalidad prevenir futuras vulneraciones de derechos fundamentales en casos similares, que pudieran ser conocidos por las autoridades demandadas.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 167/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que el Vocal a cargo de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, ponga en conocimiento del accionante el Auto de Vista 355/2022 de 17 de junio y el Auto que resuelve la solicitud de complementación y enmienda, siempre y cuando aún no lo haya realizado por el Juzgado de origen, sin disponer la libertad del impetrante de tutela, considerando que dicho derecho no ha sido objeto de la presente acción tutelar. 3º Exhortar a la autoridad ahora demandada, así como al personal de apoyo jurisdiccional de la citada Sala Penal, actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales, a efecto de evitar la lesión de derechos y garantías constitucionales de las partes procesales; y, 4º Se llama severamente la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, debiendo los mismos en próximas consideraciones analizar correctamente la problemática expuesta por el demandante de tutela, precautelando el acceso a la justicia a fin de evitar demoras en la tramitación de la causa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0190_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6c6cde1dea20f88491b60a7aaa9b3d2fa694ec75b3d38e946c0a1720097531ad
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