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SCP 0187/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50689-2022-102-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que, habiéndose cumplido el 10 de junio de 2022 el plazo máximo de duración de su detención preventiva, el 6 de septiembre de 2022, solicitó a la autoridad ahora demanda, audiencia para la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar se haya pronunciado al respecto. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 48 vta. a 50 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en función a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por dicha Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0187/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50689-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 48 vta. a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paul Salinas Vaca en representación sin mandato de Julio Cesar Herbas Aguilera contra Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante legal, por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 36 a 38, expreso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra en su contra por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, por Auto Interlocutorio 542/2021 de 12 de diciembre, se ordenó su detención preventiva por el plazo de ciento ochenta días computables desde el 12 de diciembre de 2021 hasta el 10 de junio de 2022; sin embargo, dado que la autoridad judicial responsable del control jurisdiccional, no fijó audiencia de oficio dentro del plazo establecido. Por memorial presentado el 5 de julio de 2022, solicitó al entonces Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la cesación de su detención preventiva en función a lo establecido en el art. 239 núm. 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por efecto de la solicitud, la referida autoridad judicial, señaló audiencia para el 14 de julio del referido año, acto procesal que se suspendió por motivos atribuibles al Juzgado. Al no contar de oficio con el correspondiente señalamiento de nueva audiencia, presentó otro memorial reiterando nuevamente su solicitud de cesación de la medida cautelar de detención preventiva, habiendo la autoridad judicial señalado audiencia para el 28 de julio de 2022, audiencia que tampoco se llevó adelante por motivos no atribuibles a su persona. Ante esta circunstancia, presentó nueva solicitud el 10 de agosto de 2022, reiterando la cesación de su detención preventiva, logrando que la mencionada autoridad judicial señale audiencia para el 18 del mismo mes y año, acto procesal que tampoco se lleve adelante por motivos ajenos a su voluntad. Asimismo, por memorial de 23 de agosto de 2022, solicitó nuevamente audiencia para la consideración de la cesación de detención preventiva solicitada, fijando la autoridad judicial audiencia para el 6 de septiembre del señalado año, actuado procesal que tampoco se llevó a cabo. Finalmente, ante la falta de realización y predisposición de llevar adelante la audiencia solicitada, por memorial de 6 de septiembre de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a cargo del control de la investigación para que señale audiencia para la cesación de su detención preventiva, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad se haya pronunciado al respecto.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23 núm. 1, 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga la restitución de sus derechos a la libertad y la reparación de los defectos legales. En audiencia ampliando su petitorio solicitó se disponga se lleve adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva sin más dilaciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional se realizó el 14 de septiembre de 2022, según acta cursante de fs. 46 a 48 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, señaló que: a) Desde el 10 de junio de 2022, se encuentra en una situación indefinida, al no existir una resolución judicial que determine la continuidad de su detención preventiva en el Recinto Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, lo que hace la misma se torne en indebida al haberse cumplido el plazo de su detención preventiva; b) Extraoficialmente conoce que el Ministerio Público un mes después que se cumplió el plazo de su detención preventiva, presentó solicitud de ampliación de la misma; sin embargo, hasta la fecha no fue notificado con dicha solicitud; y, c) De acuerdo al art. 139 -siendo lo correcto 239- núm. 2 del CPC, la detención preventiva debió cesar una vez se cumplió el plazo que fue dispuesta, y la solicitud de ampliación debió hacérsela de manera previa a su vencimiento. Respondiendo a las preguntas del Vocal Constitucional, señaló que, de existir una fecha de señalamiento de audiencia para el 16 de septiembre de 2022, no tienen conocimiento de la misma, al no haber sido notificado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 40.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 18/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 48 vta. a 50 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad ahora demandada, señale en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la Resolución emitida, audiencia para la consideración de la solicitud de la cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante, con el argumento que, de la revisión de antecedentes, evidenciaron que el ahora demandante de tutela habría solicitado en diferentes oportunidades solicitud de cesación de la detención preventiva, siendo la ultima el 6 de septiembre de 2022 al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz ahora a cargo del control jurisdiccional como consecuencia de la refuncionalización de Juzgados, solicitud que ingresó a despacho de la autoridad demandada el 13 de septiembre del referido año, sin que observen que dicha autoridad hubiera señalado audiencia para considerar la solicitud de detención preventiva.

I.3. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, cursante de fs. 53 a 59, se dispuso en el punto 2 disponer el sorteo conforme el orden correlativo de las acciones de libertad traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto, según el número que solicite, independientemente del número de causas que le correspondan en el sorteo ordinario.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursan memoriales de 5, 8, 14, todos de julio 2022, así como de 10 y 23 de agosto de igual año, suscritos por Julio Cesar Herbas Aguilera -ahora accionante- dirigidos al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitando la cesación de la medida cautelar de detención preventiva por cumplimiento del plazo máximo de ciento ochenta días (fs. 2 a 6). II.2. Consta memorial de 6 de septiembre de 2022, suscrito por el ahora impetrante de tutela, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, solicitando audiencia para la cesación de la medida cautelar de detención preventiva por cumplimiento del plazo máximo de ciento ochenta días (fs. 7 y vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que, habiéndose cumplido el 10 de junio de 2022 el plazo máximo de duración de su detención preventiva, el 6 de septiembre de 2022, solicitó a la autoridad ahora demanda, audiencia para la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar se haya pronunciado al respecto. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, al argumentar que, habiéndose cumplido el 10 de junio de 2022 el plazo máximo para la duración de su detención preventiva, el 6 de septiembre del mismo año, solicitó a la autoridad judicial la convocatoria de una audiencia para considerar la cesación de dicha medida. Sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se ha pronunciado sobre su solicitud. De acuerdo con las Conclusiones II.1 y II.2 del presente fallo constitucional, el accionante presentó una serie de memoriales -el 5, 8 y 14 de julio, así como el 10 y 23 de agosto de 2022- en los que solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz la cesación de la medida cautelar de detención preventiva, argumentando que había vencido el plazo máximo de ciento ochenta días. Posteriormente, mediante memorial presentado el 6 de septiembre del mencionado año, reiteró su solicitud ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital de Santa Cruz, bajo el fundamento de que el vencimiento del plazo máximo de detención preventiva se cumplió el 10 de junio de 2022. Ahora bien, según la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, todas las autoridades judiciales tienen la obligación de tramitar con la mayor celeridad las solicitudes relacionadas con el derecho a la libertad. Esta obligación implica resolver la solicitud dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. El incumplimiento de esta obligación faculta al afectado a presentar una acción tutelar bajo la modalidad de pronto despacho, que constituye un mecanismo constitucional de defensa frente a dilaciones indebidas que impiden la resolución oportuna de la situación jurídica de la persona privada de libertad.

En este caso, el accionante sostiene que, habiendo transcurrido más de una semana desde la presentación de su memorial, la autoridad judicial incumplió su deber de tramitar la solicitud con la celeridad debida, tal como establece el art. 239 núm. 2 del CPP que ordena al juez de la causa señalé audiencia para resolver dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Para sustentar lo expuesto previamente, es imprescindible remitirnos al procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Penal en relación al régimen de medidas cautelares, cuya observancia resulta crucial para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa penal. El cumplimiento de dichos plazos no solo tiene como fin asegurar la celeridad del proceso, sino también evitar la retardación de justicia en la jurisdicción penal ordinaria, especialmente cuando se trata de solicitudes que afectan el derecho fundamental a la libertad de los procesados. En este contexto, cabe destacar la relevancia de la normativa que regula la modificación de las medidas cautelares personales aplicadas dentro de un proceso penal. El art. 239 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226 de 18 de septiembre de 2019, que establece en sus numerales que las medidas cautelares cesarán por diversas causales, entre ellas: cuando nuevos elementos demuestren que los motivos que fundaron la medida ya no concurren o resulten convenientes para ser sustituidas por otra medida, y cuando haya vencido el plazo dispuesto para el cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el Fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo. En estos casos, la citada norma adjetiva penal establece un trámite sumario para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva, señalando que la autoridad judicial debe fijar una audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Dicha disposición legal configura un procedimiento ágil, cuyo fin es evitar la dilación indebida en la resolución de solicitudes que afectan la libertad de la persona procesada. Así, cuando la solicitud de cesación de la detención preventiva se fundamenta en las causales mencionadas en el art. 239 núm. 1 y 2 del CPP, la ley establece de manera imperativa que la autoridad judicial debe fijar y sustanciar la audiencia dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y efectiva. En el caso en cuestión, la autoridad accionada incurrió en una clara infracción al no cumplir con el plazo procesal establecido y, además, al no procurar la efectiva realización de la audiencia de cesación de la medida cautelar. Esta actuación dilatoria contraviene el procedimiento legalmente establecido y los principios jurisprudenciales que promueven la celeridad procesal, especialmente en lo relacionado con el derecho a la libertad del accionante. Tal conducta resulta incompatible con lo dispuesto por el art. 239 del indicado Código, que establece de manera imperativa el procedimiento y el plazo que debe observar el juzgador. El incumplimiento de estos plazos no solo afecta la tramitación del proceso, sino que también vulnera el derecho fundamental a la libertad del procesado, al provocar un retraso injustificado en la resolución de su situación jurídica; dicho de otro modo, la omisión de la autoridad judicial de fijar la audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas y la falta de señalamiento de una nueva audiencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva ha generado que, hasta la fecha de interposición de esta acción de tutela -13 de septiembre de 2022-, la situación jurídica del peticionante de tutela aún no haya sido resuelta. Esta dilación en el proceso resulta claramente perjudicial para los derechos fundamentales de la persona privada de libertad. En consecuencia, esta jurisdicción constitucional ha advertido una conducta dilatoria por parte del juez accionado en la tramitación y resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva, lo que constituye una infracción al principio de celeridad procesal y, por ende, al debido proceso, el cual está vinculado directamente con el derecho a la libertad del procesado. Por tal motivo, corresponde conceder la tutela solicitada, en el sentido de que se tramite la solicitud de cesación de la medida cautelar extrema de acuerdo con lo dispuesto por la norma procesal penal, y que dicha solicitud sea resuelta conforme a derecho. Consecuentemente, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 48 vta. a 50 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en función a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por dicha Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0187_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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