Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
El demandante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta y oportuna vinculado directamente con la libertad; toda vez que la autoridad jurisdiccional no remitieron los antecedentes del recurso de apelación interpuesto el 7 de septiembre de 2022, por más de cuatro días hábiles hasta la presentación de la acción tutelar, incumpliéndose el plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP; así como no obtuvo respuesta alguna respecto a que se le hizo conocer que el Fiscal de Materia asignado al caso no le permite acceder a ciertos actuados procesales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad innovativa; b) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y; c) Análisis del caso en concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia;
1° CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad innovativa, por constatarse demora innecesaria en la remisión del recurso de apelación planteado contra la Resolución de 7 de septiembre de 2022, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto, dicha remisión fue efectivizada el 15 de septiembre de 2022; 2° Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que en solicitudes y/o actuaciones en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, debe actuar con la mayor celeridad posible, en estricto cumplimiento de los plazos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico penal y conforme lo señala la jurisprudencia constitucional. 3° DENEGAR la tutela en lo referido a la falta de respuesta del Juez demandado respecto a la denuncia del accionante, en cuanto a que el Fiscal de Materia asignado al caso no le habría permitido el acceso a ciertos actuados procesales; conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0186/2025-S1 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50600-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 5/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Agustín Estivariz Loayza en representación sin mandato de Dionicio Quinteros Quispe contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante de fs. 4 a 5 vta., el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el 7 de septiembre de 2022, el Fiscal de materia a cargo de la investigación penal presentó ante la autoridad demandada la Resolución de Imputación Formal en su contra, convocándose a audiencia de medidas cautelares para ese mismo día; en ese acto procesal, mediante una Resolución ilegal y carente de toda fundamentación, se dispuso su detención preventiva, por lo cual al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso recurso de apelación; recurso que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no fue remitido al Tribunal ad quem para su posterior resolución, vulnerando de esa manera sus derechos, por cuanto se apartó del plazo de veinticuatro horas establecido por el citado artículo; sumándose a ello que el Fiscal de Materia asignado al caso le impide acceder a ciertos actuados del cuaderno de investigación, hecho que fue puesto ante la autoridad jurisdiccional demandada, quien hasta la fecha no emitió pronunciamiento alguno.
Denuncia la lesión a su derecho a una justicia pronta y oportuna vinculado directamente con la libertad; citando a los arts. 23; y, 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga: a) La remisión inmediata de los antecedentes ante el Tribunal de apelación; b) Se conmine a la autoridad demandada a ejercer el rol de control jurisdiccional; y, c) Se califiquen daños y perjuicios, de acuerdo a al art. 113 de la CPE.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de septiembre de 2022; según consta en acta cursante de fs. 10 a 12, produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante en audiencia se ratificó íntegramente en la acción tutelar, y ampliando la misma señaló: 1) Que transcurrieron cinco días hábiles desde la fecha de interposición del recurso de apelación, superándose el plazo de veinticuatro horas que tenía el Juez ahora demandado para remitir el mismo; y, 2) Se tenga presente que la remisión extrañada se efectivizo “el día de hoy” como objeto de la notificación con la presente acción de libertad, lo que reconduce esta acción a una innovativa, lo que quiere decir, que por más de que el hecho haya cesado existe una violación perpetrada contra el ahora accionante.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 9, señalando que el recurso de apelación planteado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, fue remitido ante la Sala Penal Primera del citado Tribunal Departamental de Justicia.
El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 5/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 13 a 14, concedió en parte la tutela, sin responsabilidad, exhortando al Juez demandado a tener el debido control jurisdiccional y supervisión del proceso a objeto de que no vuelvan a suscitarse dilaciones indebidas; con los siguientes fundamentos: i) El art. 251 del CPP estableció que la impugnación a una resolución que modifique o rechace una medida cautelar será remitida al Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; consecuentemente, de la revisión de los antecedentes se establece que la apelación presentada por el ahora accionante fue realizada el 7 de ese mes y año, habiendo transcurrido hasta la fecha ocho días continuos y cinco días hábiles; teniéndose del informe de la autoridad demandada que el mismo fue remitido el 15 de igual mes y año; y, ii) Al haberse constatado la remisión solicitada no tendría razón alguna otorgarse la tutela en la modalidad de pronto despacho, debiéndose considerar en el caso de autos la modalidad innovativa que tiene por objeto evitar que se vuelvan a suscitar nuevos incidentes, aun estos hubieren cesado, tal como se tiene de la SCP 0424/2021-S2 de 16 de agosto.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Oficio de 15 de septiembre de 2022, mediante el cual Mario Helmer Laura Piscavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -autoridad judicial demandada-, remitió los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Dionicio Quinteros Quispe -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, ello en merito a la apelación planteada contra la Resolución 713/2022 de 7 de ese mes y año; constando el sello de recepción de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 15 de igual mes y año a horas 10:42 (fs. 8 y vta.).
El demandante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta y oportuna vinculado directamente con la libertad; toda vez que la autoridad jurisdiccional no remitieron los antecedentes del recurso de apelación interpuesto el 7 de septiembre de 2022, por más de cuatro días hábiles hasta la presentación de la acción tutelar, incumpliéndose el plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP; así como no obtuvo respuesta alguna respecto a que se le hizo conocer que el Fiscal de Materia asignado al caso no le permite acceder a ciertos actuados procesales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad innovativa; b) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y; c) Análisis del caso en concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0184/2020-S1 de 28 de julio -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:
Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, 6El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
7El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El demandante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta y oportuna vinculado directamente con la libertad; toda vez que la autoridad jurisdiccional no remitieron los antecedentes del recurso de apelación interpuesto el 7 de septiembre de 2022, por más de cuatro días hábiles hasta la presentación de la acción tutelar, incumpliéndose el plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP; así como no obtuvo respuesta alguna respecto a que se le hizo conocer que el Fiscal de Materia asignado al caso no le permite acceder a ciertos actuados procesales.
De los antecedentes anotados en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que mediante Oficio de 15 de septiembre de 2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionante-, remitió los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Dionicio Quinteros Quispe, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, ello en merito a la apelación planteada contra la Resolución 713/2022 de 7 de ese mes y año; constando el sello de recepción de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 15 de igual mes y año a horas 10:42; cumpliéndose con ello la pretensión de la acción tutelar y desapareciendo el objeto de la misma; sin embargo, dicha situación, no corresponde un impedimento para que la jurisdicción constitucional, pueda analizar el fondo de la problemática planteada; siendo posible activar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; motivo por el cual en el presente caso se ingresará a examinar las actuaciones de la autoridad demandada.
En ese marco, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, se presentó recurso de apelación en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares celebrada el 7 de septiembre de 2022, en la cual se determinó la detención preventiva del nombrado –extremo que no fue refutado por la autoridad demandada en el informe cursante a fs. 9-; teniéndose constancia que los antecedentes correspondientes para el análisis, consideración y consiguiente resolución del citado recurso de apelación recién fue remitido el 15 de igual mes y año a horas 10:42 ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Bajo ese contexto, se advierte que el Juez demandado no remitió el recurso de apelación presentado el 7 de septiembre de 2022, dentro del plazo de veinticuatro horas que establece el art. 251 del CPP, sin que dicha autoridad haya desvirtuado ese extremo, más al contrario, a partir del informe y documentación remitidos ante el Juez de garantías, aceptó la dilación indebida en la que incurrió, pues transcurrió más de ocho días sin que se efectúe la remisión extrañada mediante la presente acción de libertad, pues no señaló ni acreditó algún impedimento para no hacerlo dentro del mencionado plazo determinado por la norma; puesto que las autoridades judiciales están en el deber de actuar con la máxima celeridad en los trámites relativos al derecho a la libertad; consecuentemente, corresponde aplicable la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que dejó establecido que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad; por lo cual evidenciada como se tiene la demora en la remisión del recurso de apelación incidental contra la Resolución que dispuso la detención preventiva del ahora accionante, se provocó una dilación en la resolución de la situación jurídica del solicitante de tutela; correspondiendo, conceder la tutela impetrada. Finalmente, en cuanto a lo referido por la parte accionante en el sentido de que no obtuvo respuesta alguna del Juez ahora demandado respecto a que se le hizo conocer que el Fiscal de Materia asignado al caso no le permite acceder a ciertos actuados procesales; corresponde señalar que este Tribunal Constitucional Plurinacional no emitirá pronunciamiento alguno, por cuanto la parte accionante solo se limitó a citar dicho extremo sin presentar documentación alguna que acredite dicha denuncia, por lo cual corresponde al respecto denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder parcialmente la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia;
1° CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad innovativa, por constatarse demora innecesaria en la remisión del recurso de apelación planteado contra la Resolución de 7 de septiembre de 2022, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto, dicha remisión fue efectivizada el 15 de septiembre de 2022; 2° Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que en solicitudes y/o actuaciones en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, debe actuar con la mayor celeridad posible, en estricto cumplimiento de los plazos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico penal y conforme lo señala la jurisprudencia constitucional. 3° DENEGAR la tutela en lo referido a la falta de respuesta del Juez demandado respecto a la denuncia del accionante, en cuanto a que el Fiscal de Materia asignado al caso no le habría permitido el acceso a ciertos actuados procesales; conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal
particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0186_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 592a8268324abacdd1948300886ce1bf37a8a67017a5a7549b3c944632d8dbbf
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