Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 12 de octubre de 2022, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva ante la Jueza demandada, la cual dispuso que previamente la ex Oficial de Diligencias del despacho judicial a su cargo elabore el acta de audiencia de 16 de marzo del citado año; posteriormente, tras presentarse acusación formal, el expediente fue remitido ante la autoridad judicial codemandada, a quien reiteró su solicitud el 20 de julio de 2023; y, si bien mediante decreto emitido al día siguiente se señaló audiencia para el 25 del mismo mes y año, la misma no pudo llevarse a cabo debido a que la prenombrada fue declarada en comisión; finalmente, el 28 del referido mes y año reiteró su solicitud, sin embargo, se le informó que el expediente había sido devuelto a la Jueza demandada con la finalidad de que se subsane la elaboración del acta de audiencia extrañada; por otro lado, si bien el decreto de 21 del mes y año señalados, señaló audiencia para el 25 de julio de 2023, el mismo no indica si será virtual o presencial omitiendo ordenar su salida del CERPROM, lo cual hace previsible una nueva suspensión de audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 21/23 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 76 a 77 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, adopte todas las medidas necesarias para la realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el accionante, incluyendo la transcripción del acta de audiencia de medidas cautelares de 16 de marzo de 2022, así como la notificación de su decreto de 4 de agosto de 2023; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, por los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0183/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57537-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/23 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 76 a 77 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alexander Vargas Argote contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera y Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera, ambas de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 18 a 20, el accionante manifiesta lo siguiente:
El 15 de marzo de 2022, fue aprehendido por la presunta comisión del delito de abuso sexual; al día siguiente, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Okinawa de Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz; es así que, el 12 de octubre del mismo año, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, el 14 de igual mes y año, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del citado departamento, dispuso que previamente María Carolina Dafne Galvis Valverde, ex Oficial de Diligencias cumpla con la providencia de 11 del referido mes y año, en la cual fue conminada a remitir al indicado despacho judicial el acta de audiencia de 16 de marzo del señalado año. Posteriormente, el expediente fue remitido al Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; al cual, reiteró su solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva el 20 de julio de 2023; sin embargo, la misma fue suspendida por la realización de las jornadas de descongestionamiento en el CERPROM; por lo que, el 28 de igual mes y año, solicitó nuevamente señalamiento de audiencia, recibiendo en esa oportunidad información de que el expediente fue devuelto al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la referida localidad y departamento para que “…subsanen el acta de audiencia de fecha 16 de marzo de 2022…” (sic); ante ello, se apersonó al mencionado Juzgado de Instrucción Penal, donde le indicaron que el acta sería elaborada, pero no existe fecha de conclusión. Por otro lado, si bien mediante decreto de 21 de julio de 2023, Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -codemandada-, señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, no refirió si la audiencia sería virtual o presencial, y en este último caso, no se ordena la expedición de orden de salida, considerando que se encuentra en detención preventiva, lo cual será sin duda causa de una nueva suspensión de dicho acto procesal; además, no notificaron al centro de detención, cuando lo correcto era señalar audiencia virtual pues existen los elementos necesarios que hacen viable este tipo de audiencia y evitar futuras suspensiones.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que: a) Se realicen los actos necesarios para la reposición de la “…resolución de fecha 16 de marzo de 2022…” (sic) en el plazo de veinticuatro horas; y, b) Se señale día y hora de audiencia cesación de la detención preventiva de forma virtual.
Celebrada la audiencia pública el 4 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 76, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Si bien se conminó a la ex Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz a transcribir el acta de audiencia de medidas cautelares, la Ley del Órgano Judicial no establece que ello está dentro de sus atribuciones; y, 2) A pesar de que reiteró su solicitud de audiencia, recién tuvo conocimiento “hoy” -se entiende la fecha de la audiencia de la acción tutelar- respecto al “decreto” y que estaban devolviendo el expediente al referido Juzgado para que se subsane el acta; es decir que, su derecho a ser oído sigue postergado desde el 16 de marzo de 2022, ya que no se adjuntó el acta de audiencia extrañada y se sigue exigiendo su elaboración a la ex Oficial de Diligencias su elaboración.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera y Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera, ambas de Warnes del departamento de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de garantías ni presentaron informe escrito alguno, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 24 y 25.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 21/23 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 76 a 77 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que se apliquen los plazos establecidos en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva; con base en los siguientes fundamentos: i) Existen diversos memoriales de solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva presentados por el accionante; y, pese a que se señaló audiencia al efecto, se suspendió la misma por una situación no atribuible al accionante; y, ii) La parte demandada no cumplió las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que determinan que toda autoridad que conozca sobre el derecho a la integridad física debe tramitarla lo más antes posible dentro de un plazo razonable, más allá de que la causa ya no se encuentre con el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del citado departamento. Tras la emisión de la Resolución 21/23, el accionante -se entiende en vía de complementación-, a través de su abogado, solicitó que se reponga el acta de audiencia de 16 de marzo de 2022, ya que fue la causal de suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, si bien en el expediente cursa una conminatoria para su elaboración, no cursa notificación con la misma ni “con a cesación” -se asume con el señalamiento de audiencia-. Al respecto, el Juez de garantías dio curso a su solicitud ordenando que la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz tome todos los mecanismos y recaudos necesarios para que curse en el cuaderno procesal el acta de audiencia de medidas cautelares.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene decreto de 11 de octubre de 2022, mediante el cual, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes -ahora demandada-, determinó que Carolina Dafne Galvis Valverde, ex Oficial de Diligencias del despacho judicial a su cargo, remita el acta de audiencia de 16 de marzo del citado año, ya que la misma no cursaba en obrados (fs. 9). II.2. Por memorial presentado el 12 de octubre de 2022, Alexander Vargas Argote -ahora accionante- solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz (fs. 10 y vta.). II.3. Mediante decreto de 14 de octubre de 2022, la Jueza demandada dispuso que previamente a considerar la solicitud del accionante “…la ex servidora MARIA CAROLINA DAFNE GALVIS VALVERDE de cumplimiento con lo ordenado en la providencia de 11 de octubre del presente año…” (sic [fs. 11]). II.4. Cursa decreto de 22 de mayo de 2023, por el cual, Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora codemandada-dispuso la radicatoria de la causa en su despacho tras haberse emitido acusación formal (fs. 60); además, por memorial presentado el 20 de julio de 2023, el accionante reiteró su solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva ante la Jueza codemandada (fs. 14 y vta). II.5. A través de decreto de 20 de julio de 2023, la autoridad judicial codemandada señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 25 de julio de 2023 (fs. 15), la cual fue suspendida debido a que la prenombrada fue declarada en comisión (fs. 67 a 69).
II.6. Consta memorial presentado el 28 de julio de 2023, por el accionante, reiterando ante la Jueza codemandada su solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 70). II.7. Se tiene Oficio 220/2023 de 3 de agosto, emitido por la Jueza codemandada, mediante el cual solicitó la remisión del expediente original a la autoridad judicial demandada, señalando que esta última recibió el cuaderno procesal con la finalidad de restituir el “…auto de fecha 16 de marzo del 2022…” (sic [fs. 72]). II.8. Por decreto de 4 de agosto de 2023, Jueza codemandada señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 10 de agosto de 2023, disponiendo se oficie al Gobernador del CERPROM para que el accionante sea remitido con escolta (fs. 74).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 12 de octubre de 2022, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva ante la Jueza demandada, la cual dispuso que previamente la ex Oficial de Diligencias del despacho judicial a su cargo elabore el acta de audiencia de 16 de marzo del citado año; posteriormente, tras presentarse acusación formal, el expediente fue remitido ante la autoridad judicial codemandada, a quien reiteró su solicitud el 20 de julio de 2023; y, si bien mediante decreto emitido al día siguiente se señaló audiencia para el 25 del mismo mes y año, la misma no pudo llevarse a cabo debido a que la prenombrada fue declarada en comisión; finalmente, el 28 del referido mes y año reiteró su solicitud, sin embargo, se le informó que el expediente había sido devuelto a la Jueza demandada con la finalidad de que se subsane la elaboración del acta de audiencia extrañada; por otro lado, si bien el decreto de 21 del mes y año señalados, señaló audiencia para el 25 de julio de 2023, el mismo no indica si será virtual o presencial omitiendo ordenar su salida del CERPROM, lo cual hace previsible una nueva suspensión de audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE, establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos corresponden).
De la revisión del expediente constitucional, se tiene que el 12 de octubre de 2022, Alexander Vargas Argote -ahora accionante- solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva ante el Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -hoy demandada- (Conclusión II.2); petición que fue condicionada por la prenombrada, mediante decreto de 14 de octubre de igual año que se remitió al decreto de 11 del referido mes y año, a que una ex funcionaria de su despacho elabore el acta de la audiencia de 16 de marzo del citado año (Conclusiones II.1 y II.3). Posteriormente, una vez radicada la causa ante Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de la mencionada localidad y departamento -codemandada-, el 22 de mayo de 2023, tras la emisión de acusación formal, el 20 de julio de 2023, el accionante reiteró su solicitud de audiencia a la nombrada (Conclusión II.4); en consecuencia, mediante decreto de 21 de julio de 2023, se señaló audiencia para el 25 del mismo mes y año, la cual fue suspendida debido a que la Jueza codemandada se encontraba en comisión (Conclusión II.5). Ante dicha suspensión, el accionante reiteró su solicitud de audiencia el 28 del citado mes y año (Conclusión II.6); en mérito a lo cual, por Oficio 220/2023 de 3 de agosto, la autoridad judicial codemandada solicitó a la Jueza demandada la remisión del expediente original, el cual había sido remitido a efecto de subsanar la falta del acta de la audiencia de 16 de marzo de 2022 (Conclusión II.7). Finalmente, mediante decreto de 4 de agosto de 2023, la Jueza codemandada señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 10 de agosto de 2023, disponiendo se oficie al Gobernador del CERPROM para que el accionante sea remitido con escolta (Conclusión II.8).
En ese orden, debe tenerse en cuenta que, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el principio de celeridad constituye un componente esencial de la garantía al debido proceso y es exigible en aquellas actuaciones en las que se encuentra comprometido el derecho a la libertad personal, de modo que, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, tiene el deber de tramitarla con la mayor diligencia posible y dentro de un plazo razonable, contexto en el cual se activa la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho cuando se genera una dilación indebida en la tramitación de solicitudes y peticiones directamente relacionadas con el derecho a la libertad. Por consiguiente, en el caso concreto, una vez que la Jueza codemandada radicó la causa el 22 de mayo de 2023 y, posteriormente, incluso conoció dos memoriales del accionante de reiteración de la solicitud audiencia de cesación de la detención preventiva, se encontraba habilitada para atender dicha petición dentro de un plazo razonable evitando eventuales suspensiones por aspectos que podrían ser previstos oportunamente; asimismo, si bien mediante decreto de 4 de agosto del citado año, la indicada autoridad judicial codemandada señaló audiencia para el 10 del mismo mes y año, de antecedentes no se advierte que dicha providencia haya sido debidamente notificada; por lo cual, se evidencia un retardo injustificado en la atención de la solicitud del impetrante de tutela por la falta oportuna de convocatoria y celebración de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, así como la adopción de medidas tendientes a la efectiva realización de la misma como la notificación de su providencia de 4 de igual mes y año, o la transcripción del acta de audiencia de medidas cautelares de 16 de marzo de 2022 por funcionarios de su despacho. Por otro lado, con relación a la Jueza demandada, la justicia constitucional se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento de fondo sobre un eventual retardo injustificado atribuible a su despacho, respecto a la falta de atención oportuna de la solicitud del impetrante de tutela, puesto que, a momento de interposición de la presente acción de libertad, dicha autoridad perdió competencia sobre el caso luego de haberse radicado al causa en el Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz. Finalmente, en cuanto al alegato del accionante referido a que el decreto de 21 de julio de 2023 no habría precisado la modalidad de realización de la audiencia, es decir, virtual o presencial, ni dispuesto su traslado; realizar un análisis al respecto en sede constitucional resulta irrelevante, toda vez que, el indicado decreto fijó fecha de una audiencia que se suspendió por la declaratoria en comisión de la autoridad judicial codemandada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 21/23 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 76 a 77 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, adopte todas las medidas necesarias para la realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el accionante, incluyendo la transcripción del acta de audiencia de medidas cautelares de 16 de marzo de 2022, así como la notificación de su decreto de 4 de agosto de 2023; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, por los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0183_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4581365c81b59aa1f22358aeb6c94c8890c33f4203fb701a22954dcabcd3f162
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