B.IA.LEGAL

SCP 0174/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50820-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, y a los principios de celeridad, eficacia y accesibilidad; ello en mérito que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Jueza demandada emitió la Resolución 487/202 de 22 de septiembre, por la que determinó mantener la detención preventiva de su persona en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz; motivo por el cual, en la misma audiencia presentó su recurso de apelación, conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, a pesar de haber solicitado que se de mayor celeridad y que los antecedentes se remitan dentro de los plazos procesales determinados por ley, la autoridad jurisdiccional demandada no ha remitido el legajo correspondiente ante el Tribunal de alzada; la Secretaria demandada por su parte no transcribió la Resolución 487/2022 y el acta de audiencia, pasando ya más de seis días sin que se cumpla con lo determinado por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 15/2022 de 1 de octubre, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el la Jueza de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada con relación a la Jueza y Secretaria, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en relación los derechos del debido proceso en su elemento de celeridad y a la libertad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2° EXHORTAR a la autoridad demandada, y a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta, tanto en la emisión de resoluciones y providencias, como en las notificaciones, remisiones, informes y todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto al personal de apoyo jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0174/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50820-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2022 de 1 de octubre, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Luis Gutiérrez Aranda contra Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, y Mónica Mamani Mayta, Secretaria del mismo Juzgado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2022, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal que se sigue en su contra, emitió el Auto Interlocutorio 487/2022 de 22 de agosto, por la cual rechazó sin fundamento ni motivación alguna su solicitud de cesación a la detención preventiva, por el cumplimiento del plazo de dicha medida cautelar aplicada en su contra, conforme a lo establecido en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Dicha resolución fue apelada de su parte en la vía incidental el mismo 22 de septiembre, conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP, sin embargo, hasta la presentación de esta acción de libertad, a pesar de haber solicitado que se dé la mayor celeridad y que los antecedentes se remitan dentro del plazo de veinticuatro horas, habiendo transcurrido más de seis días, sin que la autoridad judicial demandada haya remitido el legajo correspondiente; en cuanto, a la Secretaria del referido Juzgado, afirmó que esta no ha transcrito el Auto Interlocutorio 487/2022 ni su acta de audiencia. La norma procesal y la jurisprudencia constitucional, refieren que debe de remitirse los antecedentes a las autoridades superiores en grado dentro de las veinticuatro horas, y excepcionalmente dentro de los tres días como plazo razonable, por tal motivo, el accionante presenta acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, y a los principios de celeridad, eficacia y accesibilidad, citando al efecto el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión del legajo de apelación incidental de 22 de septiembre de 2022, y los elementos de prueba, ofrecidas en la audiencia de cesación a la detención preventiva ante la instancia superior en grado de turno en atención al art. 251 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de octubre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 11, en la que se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia pública virtual de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 10.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; a través, del informe escrito de 30 de septiembre de 2022, cursante a fs. 12 y vta., señaló que: a) El caso signado con el código 201502022102586 se encuentra radicado en su juzgado, en el que se emitió el Auto Interlocutorio 487/2022, determinación contra la que el accionante presentó recurso de apelación, por lo que su autoridad dispuso que la Secretaria del Juzgado remita antecedentes ante el Tribunal de alzada y quien tenía la obligación de cumplir con esta disposición y dentro del plazo establecido por ley era precisamente la Secretaria -demandada- dentro de esta acción tutelar, por ende, dentro del presente caso su autoridad carece de legitimación pasiva, pues conforme a lo establecido por el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025-, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173-, las y los Secretarios tienen las funciones de labrar las actas de audiencias y otros, como controlar e informar de oficio al tribunal y juzgado sobre el vencimiento de los plazos para dictar resoluciones bajo responsabilidad; además, de cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomienden, dentro del marco de sus funciones; y, b) Sostiene además que la SCP 0396/2020-S3 de 3 de agosto, determinó que el personal subalterno o de apoyo jurisdiccional pueden ser demandados cuando incumplen las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, por lo que dentro del presente caso, al haberse emitido la determinación 487/2022, quien es directamente responsable de la remisión de los antecedentes es la Secretaria del Juzgado y el personal de apoyo judicial, no así su autoridad, que dispuso la remisión de tales antecedentes, por lo que solicitó que se deniegue la tutela respecto a su persona. Mónica Mamani Mayta, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por informe presentado el 30 de septiembre de 2022, cursante a fs. 13 a 14, manifestó lo siguiente: 1) En el Auto Interlocutorio 487/2022 dispuso mantener la detención preventiva del imputado, Jorge Luis Gutiérrez Aranda, determinación que fue apelada por el accionante, disponiendo que se remita fotocopias debidamente legalizadas ante el Tribunal de alzada a efectos de su revisión conminándose a los abogados a proveer las fotocopias necesarias para remitir la misma; 2) Por lealtad procesal informó que no se pudo remitir la respectiva apelación toda vez que la parte no se apersonó ante el Juzgado para sacar las respectivas copias, siendo que el cuaderno de control jurisdiccional consta de 4 cuerpos y la suscrita no puede cubrir con los gastos de las fotocopias; ya que no es la primera vez que el accionante interpone su recurso de apelación, siendo que en una anterior ocasión de igual forma apeló la Resolución 385/2022 de 22 de agosto, y tanto la Jueza como su persona, tuvieron que cubrir todos los gastos para la remisión del legajo de apelación, y cuando se le indicó al abogado que cancelara a la fotocopiadora, de manera prepotente respondió que se debería de remitir el original y que no cancelaría las respectivas copias, aclara que el Tribunal a quo no acepta cuadernos en original; y, 3) Es de conocimiento que cada Juzgado tiene un vale de copias que les otorga la Dirección Administrativa y Financiera (DAF); sin embargo, debido a las notificaciones, remisiones de copias a juzgados de ejecución, el Juzgado ya no contaba con el vale respectivo, razón por la cual se tuvo que solicitar a la DAF se les amplíe las respectivas copias, y el 30 de septiembre de 2022, se les entregó el vale solicitado, procediendo a dejar el cuaderno de control jurisdiccional en la fotocopiadora, para que proceda a sacar las copias de la apelación, no existiendo ninguna vulneración de su parte a los derechos del accionante, considerando que el cuaderno de control jurisdiccional se dejó en la fotocopiadora, y ya se armó la apelación para su respectiva remisión, por lo que solicitó que se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Noveno en suplencia legal de su similar Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 15/2022 de 1 de octubre, cursante de fs. 17 a 20, denegó la tutela solicitada, con relación a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, recomendando hacer el seguimiento correspondiente al personal de apoyo jurisdiccional en el cumplimiento de sus funciones, y concedió la tutela respecto a la Secretaria del referido Juzgado, disponiendo: i) Que en el término de veinticuatro horas se cumpla con la remisión dispuesta por decreto de 22 de septiembre de 2022; y, ii) “La remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a efectos de la sanción disciplinaria que corresponda en contra de la misma” (sic); tal determinación se la asumió con base en los siguientes fundamentos: a) De la documentación presentada por la parte accionante, se tiene que la Jueza demandada emitió el Auto Interlocutorio 487/2022, por la cual decidió mantener la detención preventiva del imputado y ahora accionante, en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, ante lo cual la defensa técnica del citado imputado, en la misma audiencia interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, a lo que la autoridad jurisdiccional -demandada-, de conformidad al art. 251 del CPP, concedió dicho recurso y dispuso que por secretaría se remitan obrados en fotocopias legalizadas ante el Tribunal de alzada, dentro del plazo determinado por ley, conminando al abogado del imputado a proveer las fotocopias necesarias para remitir la apelación; b) De la fotocopia del vale adjuntada en calidad de prueba, se tiene que la Secretaria demandada recién solicitó el cupo de copias el 30 de septiembre de 2022, es decir, después de haber sido notificada con la presente acción de libertad; c) Se concluye que no resulta ser cierto lo denunciado por el accionante, respecto que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad no se encontraba transcrita la Resolución 487/2022, puesto que si fuera así, este no hubiera podido adjuntar en calidad de prueba la fotocopia de la citada resolución, y si no se tiene transcrito el acta de audiencia, es porque conforme lo establecido por el art. 113 del CPP, modificado por la Ley 1173, el registro se realiza de forma digital; y, d) Del informe de la Secretaria del Juzgado -demandada-, y de la copia del vale de 30 de septiembre de 2022, resulta evidente que hasta la fecha no se cumplió con la remisión de la apelación incidental interpuesta por el accionante, en contra de la referida determinación, que fue ordenada por la autoridad judicial mediante providencia de 22 de septiembre de 2022, que conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, tenía el plazo de veinticuatro horas para remitir dicha apelación, y que al incumplir con dicho plazo procesal, se provocó una dilación indebida de más de seis días para resolver la situación jurídica del accionante, lesionando de esa manera el debido proceso en su elemento de la celeridad; finalmente, aclara que en todo caso la Secretaria debió de solicitar inmediatamente la otorgación del nuevo cupo de copias, no esperar que la parte apelante provea las copias, mucho menos esperar a ser notificado con esta acción tutelar, ya que en este tipo de apelaciones solamente debe sacarse fotocopias de las piezas pertinentes, y no así de los cuatro cuerpos como pretende “hacer creer” la Secretaria demandada, y si aun así no le fuera otorgado el cupo de copias, debió remitir el acta y la resolución.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 24 a 30), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de las acciones de libertad; y en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Auto Interlocutorio 487/2022 de 22 de septiembre, emitida dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Charo Maribel Salazar Ramos, contra Jorge Luis Gutiérrez Aranda, por la presunta comisión del delito de feminicidio, por la cual se decidió el mantener la detención preventiva del imputado, en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, concediendo al Ministerio Público el plazo de cuarenta y ocho horas, a efectos de que presente su requerimiento conclusivo de esta causa, bajo alternativa de poner en conocimiento del Fiscal Departamental el incumplimiento de la emisión de su requerimiento de la etapa preparatoria; el abogado defensor, en la misma audiencia presentó recurso de apelación contra la indicada Resolución, solicitando que en el plazo de veinticuatro horas se remitan los antecedentes ante el Tribunal alzada; dicha apelación fue concedida por la Jueza, disponiendo que por secretaría se remitan obrados en fotocopias debidamente legalizadas, a efectos de su revisión, conminándose a los abogados de la parte imputada a proveer las fotocopias necesarias para remitir la apelación en el plazo establecido por ley (fs. 3 a 4 vta.). II.2. Solicitud de fotocopias, firmada por Miriam Laura Tarqui Flores -Jueza demandada-; autorizada por el Técnico Administrativo del Órgano Judicial (DAF) de 30 de septiembre de 2022 (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, y a los principios de celeridad, eficacia y accesibilidad; ello en mérito que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Jueza demandada emitió la Resolución 487/202 de 22 de septiembre, por la que determinó mantener la detención preventiva de su persona en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz; motivo por el cual, en la misma audiencia presentó su recurso de apelación, conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, a pesar de haber solicitado que se de mayor celeridad y que los antecedentes se remitan dentro de los plazos procesales determinados por ley, la autoridad jurisdiccional demandada no ha remitido el legajo correspondiente ante el Tribunal de alzada; la Secretaria demandada por su parte no transcribió la Resolución 487/2022 y el acta de audiencia, pasando ya más de seis días sin que se cumpla con lo determinado por el art. 251 del CPP, que establece que dicha remisión debe realizarse dentro del plazo de las veinticuatro horas; motivo por el cual, solicita que se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión del legajo de apelación incidental de 22 de septiembre de 2022, y sus elementos de prueba ofrecidas en la audiencia de cesación a la detención preventiva ante la instancia superior en grado de turno, en atención al citado artículo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir cuándo: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 36/2018-S2, 68/2018-S2, 105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.

III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto al personal de apoyo jurisdiccional

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre4, ratificada 4 El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de posteriormente por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0332/2010-R de 17 de junio, 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, que establecieron que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.1. (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales precedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas).

Como se puede advertir, la jurisprudencia emanada de este Tribunal, señaló que el personal subalterno, al no contar con poder de decisión o jurisdicción que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales, este personal comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes o cuando el acto lesivo derive de actuaciones meramente administrativas; casos en los cuales, sí tendría legitimación pasiva para ser demandado; siendo que, en este último supuesto, la autoridad jurisdiccional que ejerce la supervisión del personal a su cargo, asume responsabilidad.

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra Jorge Luis Gutiérrez Aranda -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de feminicidio, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva desarrollada el 22 de septiembre de 2022, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 487/2024, que decidió mantener la detención preventiva del imputado, en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz. Dentro de la misma audiencia, el abogado del accionante presentó Recurso de apelación contra la indicada resolución, solicitando que en el plazo de veinticuatro horas se remitan los antecedentes ante el Tribunal de alzada; dicha apelación fue concedida por la Jueza, disponiendo que por secretaría se remitan obrados en fotocopias debidamente legalizadas ante la referida instancia, conminándose a los abogados de la parte imputada a proveer las fotocopias necesarias para remitir la apelación en el plazo establecido por ley (Conclusión II.1).

Del informe remitido por la autoridad judicial demandada, sostiene que esta carece de legitimación pasiva debido a que cumplió con su obligación al determinar conceder la apelación y disponer que por secretaría se remitieran dichos antecedentes; sin embargo, del análisis a dicha resolución se tiene que esta condicionó la remisión de los mismos al cumplimiento de provisión de recaudos de ley, extremo que se encuentra prohibido por la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, citada dentro del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que estableció claramente que tal condicionamiento no corresponde, precisamente en virtud de los principios de gratuidad, proactione, los derechos de impugnación y acceso a la justicia, jurisprudencia que se encuentra vigente desde la gestión 2013 y que resulta aplicable al presente caso. Aparte de ello, tampoco resulta admisible el argumento vertido por esta autoridad demandada, ya que dentro del mismo informe presentado, en relación a la inexistencia de vulneración de derechos, atribuyó la responsabilidad de la remisión de los actuados a la Secretaria del despacho a su cargo; pues conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, si bien los servidores de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados, entendiendo que el acto lesivo puede derivar de actuaciones meramente administrativas como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado; empero, la autoridad judicial no deja de asumir responsabilidad de su Juzgado, por las facultades de supervisión que ejerce sobre este personal; derivando en consecuencia, la inobservancia al principio de celeridad como elemento del debido proceso, con incidencia en el derecho a la libertad del impetrante de tutela. En cuanto a la Secretaria demandada, si bien aceptó que no se hubieran remitido los antecedentes dentro del presente caso, hasta la interposición de esta acción tutelar, esta alegó que el accionante no se apersonó al despacho judicial para la provisión de los recaudos correspondientes; además, de que el Juzgado no contaba con el vale respectivo de solicitud de copias que la DAF otorga, argumentos que como se explicó previamente, la exigencia de que el imputado provea los recaudos resulta contrario a los principios de gratuidad de la justicia y el derecho de acceso a la justicia, como lo establece el precitado Fundamento Jurídico III.1. En ese contexto, se advierte que la Secretaria demandada resulta también pasible de ser demandada dentro de esta acción tutelar, ya que la vulneración de los derechos de la parte accionante se dio al incumplir lo ordenado mediante la Resolución 487/2022 y omitir la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela, siendo ésta una función y obligación del cargo que ejerce, conforme a lo establecido por el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, obviando atender con la mayor celeridad los trámites en los que se encuentra vinculado el derecho de libertad, como en el presente caso, tomando en cuenta que la falta de provisión de los recaudos de ley encomendados a la parte accionante, no son óbice para la remisión de dichos antecedentes; ya que, los mismos pueden ser enviados en original, ello en aplicación de los principios de gratuidad y en resguardo de los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

Aparte de que esta misma reconoce la posibilidad de solicitar a la DAF que provea un cupo adicional destinado precisamente a copias, y que la misma recién se les habría entregado el 30 de septiembre de 2022 (Conclusión II.2), fecha en la que coincidentemente fue notificada con esta acción tutelar, motivos por los cuales corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 15/2022 de 1 de octubre, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el la Jueza de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada con relación a la Jueza y Secretaria, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en relación los derechos del debido proceso en su elemento de celeridad y a la libertad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2° EXHORTAR a la autoridad demandada, y a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta, tanto en la emisión de resoluciones y providencias, como en las notificaciones, remisiones, informes y todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y

esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0174_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6ea862f3ed008edef127383dcf23c3e036aa4d22a21ad5b32488f4a4a31c36a2

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