Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de mayo de 2024
Concede la tutela
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, defensa, celeridad, debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, a ser oído vinculado a la libre locomoción, vida y salud; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica y lesiones graves y leves, la autoridad ahora demandada: i) No tramitó conforme a procedimiento los incidentes de acumulación de causas por conexitud y de nulidad de imputación formal que formuló de manera oportuna a través del buzón judicial el 19 de mayo de 2022, y pese a que en audiencia de medidas cautelares desarrollada el 23 de igual mes y año, hizo constar la presentación de los mismos, solicitando la suspensión de dicho verificativo considerando que son de previo y especial pronunciamiento, su petición fue rechazada bajo el argumento que su presentación no implicaba la suspensión de actos investigativos o procesales de acuerdo a las modificaciones realizadas por la Ley 1173, determinación contra la cual planteó recurso de reposición y solicitud de corrección de procedimiento en la vía de saneamiento procesal, amparado en los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 180 a 182 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en lo que respecta a la dilación advertida, en cuanto a la remisión de la apelación formulada por la parte impetrante de tutela, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0172/2024-S4 Sucre, 28 de mayo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48059-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 180 a 182 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Sossa Rocha en representación sin mandato de Mónica Antonia y Santos Rolando ambos Colque Jiménez contra René Eduardo Foronda Escóbar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 107 a 131 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público a instancias de María Timotea Gutiérrez Aruquipa y Domingo Aliaga Alí, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica y lesiones graves y leves, que se encuentra bajo la dirección funcional de Richard Juvenal Ticona Paye –Fiscal de la causa– y de la autoridad –hoy demandado– como control jurisdiccional, fue presentada imputación formal el 18 de febrero de “2021”, donde se solicitó su detención preventiva, por cuanto habiendo sido notificados con dicho acto el 4 de abril de 2022, asumiendo defensa a través del buzón judicial el 19 del mismo mes y año, presentaron memorial planteando incidentes de acumulación de causas por conexitud y de defecto procesal absoluto nulidad de la imputación formal, dentro del plazo previsto por los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debiendo tomarse en cuenta que el 15 del citado mes y año, era feriado nacional.
Añadió que, tal petición fue remitida por la Gestora de Procesos ante el Juez –ahora demandado– el 20 del mismo mes y año; no obstante, el mismo no fue respondido ni “puesto a la vista desde su presentación; sin embargo, fijó audiencia de medidas cautelares para el 23 de mayo del referido año, en cuya audiencia se hizo constar la presentación de los incidentes, solicitándose se suspenda la audiencia, al ser los mismos de previo y especial pronunciamiento por cuanto debían anteponerse a la consideración de las medidas cautelares; y no obstante que, la autoridad judicial hoy demandada verificó su presentación, llamando la atención a la “auxiliatura” por su falta de notificación a las partes, dicha autoridad señaló que su presentación no implicaba la suspensión de actos investigativos o procesales de acuerdo a las modificaciones realizadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, por lo que debía estarse a la notificación de la audiencia que se realizaría, conminando a su personal hacerlo en el día, determinación contra la cual planteó recurso de reposición y solicitud de corrección de procedimiento en la vía de saneamiento procesal, amparado en los arts. 168 y 401 del CPP, el primero de los cuales fue denegado, y respecto al otro no hubo pronunciamiento, provocando con ello incertidumbre jurídica. Por cuanto al diferir su consideración para después de la audiencia cautelar, restringió su derecho a la defensa, pues no tiene sentido tramitar después la nulidad de la imputación formal y la conexitud de causas, porque ya se encontrarán privados de su libertad, siendo evidente que no se respetó la naturaleza de los incidentes planteados, no debiendo perderse de vista que cuando el legislador establece que los incidentes no implican la suspensión de actos investigativos o procesales, se refiere a incidentes que no cuestionan la nulidad de los actos procesales; empero, en el caso se trata de la invalidez de la imputación formal, porque sin ella no pueden “haber” medidas cautelares; no obstante, se ingresó a ultranza a tramitar dicha audiencia, donde se determinó que guarden detención preventiva, actuación irregular que vulneró su derecho a la libertad. Por otro lado manifestó que, en audiencia de medidas cautelares se acreditó el delicado estado de salud y riesgo de vida de Mónica Antonia Colque Jiménez –hoy accionante–mediante certificado médico emitido por el Instituto Nacional del Tórax, donde se establece que debe permanecer hospitalizada por dos intervenciones quirúrgicas del pulmón; no obstante, el Juez demandado exigió la presentación de un certificado médico por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público, soslayando el principio de libertad probatoria y la línea jurisprudencial que modula la validez de los certificados médicos incluso particulares, y cuando se le pidió enmendar dicha situación, justificó su posición señalando que no se presentó el fallo constitucional, cuando es obligación del operador de justicia velar por la vida y la salud de todas las personas, empero, actuando de manera contraria puso en riesgo su vida al disponer su detención preventiva, cuando su estado de salud es delicado, determinación que resulta indebida y arbitraria, pues además soslaya que como mujer pertenece a un grupo vulnerable. También el demandado, incumplió con el art. 124 del adjetivo penal, en cuanto a la debida fundamentación de la resolución por la que dispuso su detención preventiva, conculcando la congruencia interna, pues no se tramitó la causa penal considerando la perspectiva de género de la imputada, quién es mujer y se encuentra enferma tratándola al igual que al otro coimputado, por lo que hay un contrasentido y conculcación a la congruencia interna de la resolución; asimismo, cuestionó la valoración intelectiva de la prueba producida por la defensa como ser el informe de la de la investigadora del caso, “DONDE ESTABLECE QUIENES AMENZAN, INTIMIDAN Y TIENEN DOS VERSIONES SON LOS DENUNCIANTES DEL PROCESO PENAL, ASÍ COMO QUE INCLUSO HAN INTENTADO CORROMPERLE A LA INVESTIGADORA, LO CUAL NO HA SIDO VALORADO, RECLAMANDO INCONGRUENCIA OMISIVA, SE PRONUNCIE AL INFORME DE MANIPULACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD ELABORADO POR LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ELABORADO POR SEIS PROFESIONALES, PIDIENDOLE QUE VALORACIÓN LE ESTA DANDO EL JUEZ, TAMBIEN SE LE SOLICITA SE PRONUNCIE AL IMPEDIMENTO DEL DENUNCIANTE DOMINGO ALIAGA ALI CON 03 DIAS DE IMPEDIMENTO QUE NO AMERITA DETENCION PREVENTIVA, ASÍ COMO NO HA CUMPLIDO CON LA VALORACION DEL CERTIDICADO MÉDICO DE LA DENUNCIANTE QUE HACE REFERENCIA AL 01 DE OCTUBRE DE 2021; ASI MISMO SE SOLICITA SE ESTABLEZCA DE FORMA EXPRESA Y FUNDAMENTADA LA NECESIDAD, LA IDONEIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA EXTREMA MEDIDA DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE LOS DOS IMPUTADOS, CONFORME LO PREVISTO POR LA S.C.P. NO. 340/2019-S3 DE 24 DE JULIO, Y NO EMITE CRITERIO ALGUNO EL JUEZ ACCIONADO, Y AL CONTRARIO EXPIDE EN EL DIA MANDAMIENTOS DE DETENCIÓN PREVENTIVA” (sic). Finalizó manifestando que, planteada la apelación en contra del fallo que dispuso su detención preventiva, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no fue remitida al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el plazo de veinticuatro horas, haciendo viable la acción de libertad traslativa de pronto despacho, ante el incumplimiento del art. 251 del CPP; por tanto, considerando la naturaleza de la presente acción de libertad de pronto despacho con víctima en situación de violencia, existe la excepción al principio de subsidiariedad, por peligro de vida y a la salud.
Los accionantes alegaron como lesionado su derecho a la libertad, defensa, celeridad, debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, a ser oído vinculado a la libre locomoción, vida y salud, citando al efecto los arts. 23, 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Resolución de medidas cautelares 502/2022 de 23 de mayo y los mandamientos de detención preventiva dispuesta en su contra; b) Se disponga que el Juez – ahora demandado–, proceda en el día a señalar acto procesal para resolver los incidentes de defecto procesal absoluto de nulidad de la imputación formal y conexitud de causas, presentados en forma escrita el 19 de abril de 2022, mediante buzón judicial, ello con carácter previo a realizar la audiencia de medidas cautelares, garantizando el derecho a la defensa y a ser oído en relación a los incidentes planteados de forma escrita conforme a procedimiento, sin traslados u otras disposiciones dilatorias, bajo alternativa de responsabilidad; c) Se conmine a la autoridad –hoy demandada– cumplir la jurisprudencia constitucional referente a la validez de certificados o informes médicos que no sean del IDIF, para su correcta y fundamentada valoración y consideración de la salud y enfermedad que atraviesa Mónica Antonia Colque Jiménez, a quién incluso puede extirparse un riñón, por ende su vida corre peligro su vida; d) Se disponga que el Juez –hoy demandado– emita resoluciones y actuaciones debidamente fundamentadas cumpliendo el voto del art. 124 del CPP, ordenado que se pronuncie en forma expresa a la valoración intelectiva de todos los medios probatorios conforme a procedimiento, y no incurrir en incongruencia omisiva; e) Se cumpla con los plazos procesales que rigen la materia en cuanto a la resolución de incidentes, así como de recursos planteados conforme el art. 130 del adjetivo penal; f) Se conmine al demandado que resguarde la integridad física, salud, vida de la hoy accionante; g) Se establezca la responsabilidad civil con monto indemnizable a favor de los imputados que se encuentran con amenaza contra su libertad, ante la emisión del mandamiento de detención preventiva, conforme lo previsto por la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, h) Pago de costas judiciales a ser calificados en ejecución de fallos.
Celebrada la audiencia pública el 27 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 169 a 179 vta., presentes los impetrantes de tutela asistidos de su abogado, la autoridad demandada y terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:
Los solicitantes de tutela a través de su abogado, ratificaron el contenido de su demanda y ampliándola manifestaron lo siguiente: 1) Existen cuatro procesos penales respecto al mismo hecho, razón por la cual solicitaron la acumulación de causas como antes ya lo había hecho el Ministerio Público, así también pidieron la nulidad de la imputación formal, al carecer la misma de los requisitos formales y materiales de validez; 2) Por otra parte, existe otro proceso penal a cargo del Ministerio Público, también sobre el mismo hecho que tiene como imputados a Santos Rolando Colque y Mónica Antonia Colque –ahora terceros interesados– en el cuales sus personas son víctimas, el cual cuenta con imputación formal, encontrándose prófugo el hijo de los prenombrados; 3) En cuanto al art. 314.I del CPP, el Juez –hoy demandado–, hizo una simple interpretación literal, afirmando que “el código dice que no suspende los actos investigativos o procesales" (sic), pero omitió realizarla acorde con el sistema jurídico procesal penal, porque cuando el legislador manifestó esta circunstancia, se refiere a actos procesales vinculados a actos investigativos; sin embargo, por la naturaleza jurídica del incidente de conexitud de causas, “que incluso antes estaba considerado como una excepción, porque ya está derogado el tema de la litispendencia, pero como incidente de conexitud de causas, vela por este principio de no doble procesamiento, pero además de ello el incidente de actividad procesal defectuosa, no tienen ese carácter” (sic), de dilatorio sino tiene la finalidad de garantizar el derecho a la defensa; 4) Las medidas cautelares por su naturaleza jurídica, tienen la característica de la instrumentalidad, consecuentemente la audiencia de medidas cautelares no podía haber sido instalada, por cuanto que efecto podría tener si ya se encuentran con detención preventiva, por lo que trajeron a colación lo referido por el autor Arturo Yáñez, respecto al tema de incidentes o excepciones, quien señaló que se tratan de medios de defensa que son directamente destinados a oponerse contra la acción propiamente dicha, en requerimiento preliminar compulsivo de imputación formal, entonces este derecho a la defensa no puede ser restringido con una interpretación simplemente literal, pues prevalece su naturaleza del carácter previo y especial pronunciamiento; 5) Refirió que el art. 35 del Reglamento de conductas y medidas disciplinarias inherente al poder ordenador disciplinario en audiencia en materia penal –emitido por el Tribunal Supremo de Justicia–, que aplicó el Juez para no suspender la audiencia de medidas cautelares e ingresar al tratamiento de la audiencia de medidas cautelares, tiene menor jerarquía normativa que la Ley y la propia Constitución, “pero este reglamento en el romano III, establece y reglamenta que en caso de excepciones e incidentes sean planteadas en audiencia, incluyendo aquellas de extinción, prescripción de la acción formulación considerada no podrá ser penal su suspensión, debiendo continuarse con el objeto de la misma, en cuyo caso, se deferirá su tratamiento conforme al procedimiento previsto en el artículo 314 del código de procedimiento penal modificado por el artículo 12 de la ley 1173. A ver analicemos, este reglamento del Tribunal supremo, en este romano II que aplica el juez cautelar en nuestro caso, se refiere a incidentes planteados en audiencia, y ahí está la diferencia señora magistrada, este incidente de nulidad de la imputación y el incidente de conexitud de causas nunca ha sido planteado en la audiencia señora magistrada, ha sido planteado dentro el plazo del 314, 315 por escrito conforme a procedimiento, por eso es que este reglamento, repele, proscribe la dilación de estos incidentes planteados en audiencia, entonces está siendo mal aplicado el artículo 35 de este reglamento, en el romano III del mismo artículo dice: ante la eventualidad de que en audiencia de medidas cautelares surjan cuestiones incidentales como emergencia de la misma, entonces se está refiriendo una vez más en el romano III, a qué en plena audiencia de medidas cautelares se están planteando incidentes como emergencia de esta audiencia, ejemplo, la aprehensión ilegal, formal o material, podemos dar como un ejemplo de este tipo de incidentes de manera excepcional deberán ser resueltas en la misma audiencia” (sic), teniendo la autoridad judicial la facultad de determinar si fue o no presentada en audiencia; 6) El Juez no puede emitir considerar las pruebas presentadas por la defensa en la audiencia de medidas cautelares, ateniéndose solamente a las que presentó la Fiscalía, evidenciándose con ello que se encuentran ante un procesamiento indebido al disponerse su detención preventiva, ya que el demandado pretende establecer que ejerció valoración bajo la sana crítica, trayendo a colación la subsidiaridad, ante la presentación de la apelación contra el fallo que determinó su detención preventiva; no obstante, dejaron claro que interpusieron dicho recurso conforme al art. 251 de la norma adjetiva penal, debió tramitarse y remitirse en el plazo de 24 horas, pero hasta el momento de la presentación ésta acción de libertad no fue remitido, “seguramente el señor juez dirá que ya los he metido al tribunal departamental, pero lo ha hecho extemporáneamente señora juez, al ser extemporáneo la revisión de la apelación ya no hace aplicable la subsidiaridad de la acción constitucional, y esto lo invoco señora magistrada conforme lo establecido la sentencia constitucional 8/2010-R, que establece la no aplicación de la subrógala de la no subsidiaridad, cuándo se dilata la tramitación y se incumplen los plazos procesales el artículo 251 nos dice claramente en 24 horas deberá ser remitido, el artículo 130 del Procedimiento Penal también establece que los plazos procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, obviamente entre ellos para los operadores de justicia entonces al no haberse remitido dentro las 24 horas señora magistrada, habiéndose llevado la audiencia el 23 de abril del 2022, habiendo concluido casi a las 3 de la tarde aproximadamente, no ha sido remetido en las 24 horas, entonces no se puede hablar de ningún principio de subsidiaridad para que esto sea conocido por el Tribunal Departamental de Justicia, nosotros hemos interpuestos recurso, y han incumplido plazos de sentencia constitucional 1130/2011-R qué ha sido invocada también señora magistrada, establece también dicha situación de no aplicación a las subsidiaridad, máximo señora juez, si ésta acción de libertad también está siendo invocada y presentada por peligro de vida y por derecho a la salud, puesto que como es de vuestro conocimiento también cuando se invoca esta circunstancia no hay subsidiariedad, la vida no espera” (sic), por cuanto debe ingresarse al fondo; y, 7) Todos estos actos evidencian que se encuentra en peligro el debido proceso vinculado con la libertad, pues “en cualquier momento los van a aprender a estos dos ciudadanos, los van a llevar a un penal” (sic); fundamentos en torno a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.
René Eduardo Foronda Escóbar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) En su art. 314 de la Ley 1173, señala claramente que el planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales; por cuanto el mismo debe ser resuelto conforme procedimiento; y, ii) En la audiencia de medidas cautelares, los impetrantes de tutela plantearon reposición que fue rechazado, “también, ha sido remitida a la sala penal primera de fecha 26 de mayo del 2022 a los 12:04 minutos. Así también en el fondo la resolución de medida cautelar, ha sido remitida en fecha 26 de mayo del año 2022 a horas 12:18 minutos a la sala penal segunda, han sido remitidas en originales, toda vez que el apelante no hubiese proporcionado las fotocopias debidamente legalizadas” (sic), por cuanto al no haberse vulnerado ningún derecho fundamental o garantía constitucional, pidió se deniegue la tutela con costas, debiendo remitirse antecedentes al Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados, a efecto de sanciones disciplinarias, pues la solicitud de la defensa de los solicitantes de tutela no tiene asidero legal.
María Timotea Gutiérrez de Aliaga y Domingo Aliaga Alí, mediante informe escrito presentado el 26 de mayo de 2022, cursante a fs. 165, manifestaron que se enteraron de la existencia de la presente acción tutelar, por lo que en su calidad de adultos mayores víctimas anunciaban su apersonamiento. En audiencia a través de su abogado, precisaron que: a) No se puntualizó cual la relevancia constitucional de la labor intelectiva que realizó la autoridad –ahora demandada, con relación al certificado médico, pretendiéndose hacer valer informes médicos particulares para pedir una modificación o contrarrestar la detención preventiva; no obstante, en el caso el criterio asumido por el demandado, debe ser sometido al control de legalidad por un Tribunal superior, debiendo agotarse la subsidiariedad; y, b) No se demostró donde se encuentra el peligro inminente para la salud y vida, por cuanto justificar que el recinto penitenciario no cuenta con las condiciones no resulta suficiente, debiendo haberse generado prueba pertinente en audiencia de medidas cautelares para acreditar el estado de salud de forma objetiva.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 180 a 182 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: 1) El art. 314 del CPP, establece en el parágrafo I última parte, "el planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales", aparte de dicha norma procedimental los accionantes no precisaron si existiría otra normativa que establezca de manera expresa que la interposición de los incidentes y excepciones suspende la consideración de la medida cautelar, tampoco dentro los precedentes constitucionales que adjuntó se advertía circunstancia fáctica similar y si bien hizo mención a la SCP 0007/2018-S1 del 27 de febrero, en ninguno de sus “obiter dicta” o ratio decidendi se establece que deba suspenderse la consideración de una medida cautelar, por lo que no resultaba aplicable al caso; 2) Los impetrantes de tutela tenían la posibilidad de efectuar el reclamo correspondiente a la providencia emitida por la autoridad jurisdiccional, respecto a la presentación de los incidentes y excepciones de acuerdo a procedimiento contenido en el art. 314 del adjetivo penal, sin que se haya demostrado que esa circunstancia sucedió, tampoco que en caso de haber sido activada no hubiera sido atendida por la autoridad jurisdiccional; 3) En cuanto a la realización de la audiencia de medida cautelar y la falta de valoración de los elementos de prueba, entre ellos un certificado médico, presentó la SCP 723/2019-S3; no obstante, la misma refiere a la aplicación de la detención domiciliaria ante el Juez de Ejecución Penal, sin que resulte vinculante su aplicación; y, 4) Respecto al informe médico, señaló que el mismo evidenciaba que que Mónica Antonia Colque Jiménez, fue internada en el Servicio de cirugía del Tórax el 20 de abril del 2022, habiendo iniciado tratamiento quirúrgico el 29 del mismo mes y año, y un procedimiento quirúrgico para el 11 de mayo del citado año, realizándose una decorticación pleural, cierre de fístula bronco pleural y limpieza quirúrgica, dándose el alta el 17 de mayo, sugiriendo se efectúe control externo de manera estricta; no obstante, si bien dicho certificado, daba cuenta de su condición de salud y procedimientos quirúrgicos a los que fue sometida, no advertía que su vida se encuentre en peligro, requisito indispensable para aplicar la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad; máxime, cuando el mismo tampoco tiene fecha de emisión; por lo que, no era posible pasar por alto los medios y recursos ordinarios establecidos por el procedimiento, más aún cuando se advierte la existencia de un recurso de apelación contra la medida cautelar dispuesta.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Informe Médico, emitido por Efraín Núñez Suárez, Jefe a.i. del Departamento de Cirugía del Instituto Nacional del Tórax del departamento de La Paz, en el que se establece que Mónica Antonia Colque Jiménez –hoy accionante–, fue internada en el Servicio de Cirugía del Tórax el 20 de abril de 2022, con diagnóstico de Quiste hidatídico pulmonar derecho, decidiéndose intervención quirúrgica para el 29 del citado mes y año, donde se realizó quistectomía derecha de lóbulo superior derecho, tratamiento periquistico y cierre de fistula broncopleural, habiendo presentado evolución lenta por lo que presentando posteriormente fístula broncopleural recidivante, se procedió a cirugía el 11 de mayo del mismo año, realizándose decorticación pleural, cierre de fístula bronco peural y limpieza quirúrgica, presentando en el post quirúrgico estado “algico”, dando el alta hospitalaria el 17 del referido mes y año, por lo que tratándose de paciente sumamente delicada debía efectuar controles y observación por consultorio externo de manera estricta “(con alta probabilidad de fistularse nuevamente y requerir extirpación pulmonar, pleurectomía). En vigencia de todo lo anteriormente certificado, se le otorgó 30 días de impedimento a partir de esa fecha” (sic [fs. 66]). II.2. Cursa CD que contiene la grabación de la audiencia de consideración de medidas cautelares (virtual) desarrollada el 23 de mayo de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de María Timotea Gutiérrez Aruquipa y Domingo Aliaga Alí, contra por Mónica Antonia y Santos Rolando ambos Colque Jiménez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica y lesiones graves y leves (fs. 72).
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, defensa, celeridad, debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, a ser oído vinculado a la libre locomoción, vida y salud; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica y lesiones graves y leves, la autoridad ahora demandada: i) No tramitó conforme a procedimiento los incidentes de acumulación de causas por conexitud y de nulidad de imputación formal que formuló de manera oportuna a través del buzón judicial el 19 de mayo de 2022, y pese a que en audiencia de medidas cautelares desarrollada el 23 de igual mes y año, hizo constar la presentación de los mismos, solicitando la suspensión de dicho verificativo considerando que son de previo y especial pronunciamiento, su petición fue rechazada bajo el argumento que su presentación no implicaba la suspensión de actos investigativos o procesales de acuerdo a las modificaciones realizadas por la Ley 1173, determinación contra la cual planteó recurso de reposición y solicitud de corrección de procedimiento en la vía de saneamiento procesal, amparado en los arts. 168 y 401 del CPP, el primero de los cuales fue denegado, y respecto al otro no hubo pronunciamiento, provocando con ello incertidumbre jurídica; ii) Se acreditó el delicado estado de salud y riesgo de vida de la accionante mediante certificado médico emitido por el Departamento de Cirugía del Instituto Nacional del Tórax del departamento de La Paz, donde se establece que debe permanecer hospitalizada por dos intervenciones quirúrgicas de pulmón; no obstante, el Juez – hoy demandado– exigió la presentación de un certificado médico por el IDIF, soslayando el principio de libertad probatoria y la línea jurisprudencial que modula la validez de los certificados médicos incluso particulares, y cuando se le pidió enmendar dicha situación, justificó su posición señalando que no se presentó el fallo constitucional, cuando es obligación del operador de justicia velar por la vida y la salud de todas las personas; empero, actuando de manera contraria puso en riesgo su vida al disponer su detención preventiva, por lo que invoca su tutela a través de esta acción de libertad; 3) La Resolución de detención preventiva carece de fundamentación y motivación, pues no se consideró la perspectiva de género con relación a la imputada hoy accionante; 4) Omitió la valoración de las siguientes pruebas: informe de la investigadora del caso, informe de “MANIPULACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD ELABORADO POR LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” (sic), “EL IMPEDIMENTO DEL DENUNCIANTE DOMINGO ALIAGA ALI CON 03 DIAS DE IMPEDIMENTO QUE NO AMERITA DETENCION PREVENTIVA” (sic), y el “CERTIFICADO MÉDICO DE LA DENUNCIANTE QUE HACE REFERENCIA AL 01 DE OCTUBRE DE 2021” (sic), tampoco hizo un análisis de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la detención preventiva; y, 5) No se cumplió con el plazo previsto en el art. 251 del adjetivo penal, debido a que el recurso de apelación planteado contra la resolución que dispuso su detención preventiva, no fue remitida ante el Tribunal de alzada hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0060/2018-S4 de 16 de marzo, haciendo referencia a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que: “`…la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal con relación al procesamiento ilegal o indebido, ha establecido, en principio, que: «la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal». Así la SC 0024/2001-R, de 16 de enero, jurisprudencia uniforme y reiterada por las SSCC 200/2002-R, 414/2002-R y 250/2003-R, entre otras. Asimismo, modulando la línea jurisprudencial constitucional vinculante anteriormente glosada y precisando aún más los presupuestos de activación del recurso de hábeas corpus, cuando se invoca procesamiento ilegal o indebido, la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, ha señalado que: «(...) la SC 1668/2004-R, de 14 de octubre, expresó que a través de este recurso no se pueden examinar `actos o decisiones del recurrido que no estén vinculados a los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, como tampoco supuestas irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido reclamadas oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente’. Conforme al orden constitucional y la jurisprudencia glosada, el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal. De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. (…) Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. Por su parte, siguiendo este mismo entendimiento la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, entendió que: «Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras» Conforme la jurisprudencia glosada, para la activación de la acción de libertad ante las denuncias de procesamiento ilegal o indebido, deben presentarse dos aspectos: a) Que el acto lesivo, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, necesariamente deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe presentarse un absoluto estado de indefensión, que implica que el accionante debe demostrar que no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso por tener conocimiento de los mismos recién al momento de la persecución o la privación de la libertad´” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0059/2020-S3 de 16 de marzo, reiterando el razonamiento establecido en la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, señaló que: “`…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que «su vida está en peligro».
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.
Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción.
Del entendimiento jurisprudencial citado se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar, por cuanto las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo, contrastando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conferir la tutela solicitada´” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada
Respecto a la subsidiaridad, la SCP 0779/2020-S4 de 1 de diciembre estableció que: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Sin embargo, tratándose especialmente del derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de este su derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la SCP 1734/2011-R de 7 de noviembre precisó que: “La Constitución Política del Estado garantiza en el art. 180.II, el derecho de impugnación contra las resoluciones judiciales que a criterio del afectado ocasionen agravio a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En materia procesal penal y específicamente para el caso de medidas cautelares el art. 251 del CPP prevé la apelación como un medio de impugnación para que las partes del proceso que consideraren que la decisión del órgano jurisdiccional les ocasiona algún agravio puedan recurrir ante el superior jerárquico a efectos que se reparen los actos ilegales u omisiones indebidas en que incurrió el juez o tribunal de instancia…
(…) El medio idóneo, eficiente y oportuno para impugnar la resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, establecido en el art. 251 del CPP, advierte que contra esa determinación procederá el recurso de apelación incidental para que el Tribunal superior en grado repare las lesiones denunciadas. En concordancia con este precepto, el art. 403 inc.3) del mismo cuerpo legal, establece que el recurso de apelación incidental, procederá contra las resoluciones que resuelvan las medidas cautelares.
Bajo ese razonamiento y guardando la armonía que debe existir entre el marco legal y la jurisprudencia constitucional, esta jurisdicción, vía acción de libertad, está impedida de pronunciarse en el fondo del problema jurídico planteado, de advertirse la existencia de medios de impugnación idóneos en la jurisdicción ordinaria que cumplan la misma finalidad y resulten ser inmediatos para el restablecimiento del derecho conculcado” (las negrillas nos corresponden).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre señaló que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional”. (las negrillas son nuestras).
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica y lesiones graves y leves, la autoridad –ahora demandada–: a) No tramitó conforme a procedimiento los incidentes de acumulación de causas por conexitud y de nulidad de imputación formal que formuló de manera oportuna a través del buzón judicial el 19 de mayo de 2022, y pese a que en audiencia de medidas cautelares desarrollada el 23 de igual mes y año, hizo constar la presentación de los mismos, solicitando la suspensión de dicho verificativo considerando que son de previo y especial pronunciamiento; no obstante, su petición fue rechazada bajo el argumento que su presentación no implicaba la suspensión de actos investigativos o procesales de acuerdo a las modificaciones realizadas por la Ley 1173, determinación contra la cual planteó recurso de reposición y solicitud de corrección de procedimiento en la vía de saneamiento procesal, amparado en el art. 168 y 401 del CPP, el primero de los cuales fue denegado, y respecto al otro no hubo pronunciamiento, provocando con ello incertidumbre jurídica; b) Se acreditó el delicado estado de salud y riesgo de vida de Mónica Antonia Colque Jiménez –hoy solicitante de tutela– mediante certificado médico emitido por el Departamento de Cirugía del Instituto Nacional del Tórax del departamento de La Paz, donde se establece que debe permanecer hospitalizada por dos intervenciones quirúrgicas de pulmón; no obstante, el Juez demandado exigió la presentación de un certificado médico por el IDIF, soslayando el principio de libertad probatoria y la línea jurisprudencial que modula la validez de los certificados médicos incluso particulares; c) Omitió la valoración del informe de la investigadora del caso, informe de “MANIPULACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD ELABORADO POR LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” (sic), “EL IMPEDIMENTO DEL DENUNCIANTE DOMINGO ALIAGA ALI CON 03 DIAS DE IMPEDIMENTO QUE NO AMERITA DETENCION PREVENTIVA” (sic), y el “CERTIFICADO MÉDICO DE LA DENUNCIANTE QUE HACE REFERENCIA AL 01 DE OCTUBRE DE 2021” (sic); y, d) No se cumplió con el plazo previsto en el art. 251 del CPP, debido a que el recurso de apelación planteado contra la resolución que dispuso su detención preventiva, no fue remitida ante el Tribunal de alzada hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar. Ahora bien, teniendo presente el contexto del primer problema jurídico, resulta necesario tener presente que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, quién pretende que las denuncias relativas al debido proceso sean tuteladas a través de la acción de libertad, debe demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) Que el acto lesivo denunciado se encuentra en directa vinculación con su derecho a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) La existencia de absoluto estado de indefensión, que implica que no se tuvo oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso, pues los mismos recién fueron conocidos al momento de la persecución o la privación de la libertad. En ese sentido, en cuanto al primer presupuesto, se tiene que la denuncia traducida en una presunta falta de consideración de los incidentes de acumulación de causas por conexitud y de nulidad de imputación formal, y la falta de respuesta a la solicitud de corrección de procedimiento en la vía de saneamiento procesal –emergente del rechazo de la consideración de los citados incidentes–; no constituyen por sí mismas una amenaza directa para el ejercicio de dicho derecho o una posible causa para su limitación, pues su tratamiento y resolución no determinará la situación jurídica de los encausados, ya que su restricción solo emergerá de la consideración del régimen de las medidas cautelares, conforme ocurrió en el caso. Respecto al segundo presupuesto tampoco se advierte su concurrencia, pues de acuerdo a la propia manifestación de los accionantes, se encuentran participando de manera activa en la tramitación del proceso penal seguido en su contra, habiendo interpuesto incidentes, recurso de reposición, corrección y apelaciones correspondientes, lo que evidencia que se encuentran ejerciendo plenamente su derecho a la defensa. Por lo expuesto, no habiéndose cumplido con las exigencias jurisprudenciales que habilitan poder ingresar al análisis de las lesiones al debido vía acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada, no sin antes aclarar que los impetrantes de tutela pueden activar la acción de amparo constitucional, que es el recurso idóneo para considerar las presuntas lesiones que hoy se traen a materia, observando claro está el principio inmediatez y de subsidiariedad, que rigen a la misma. En cuanto al segundo problema jurídico, por el que se alega que en audiencia de consideración de medidas cautelares desarrollada el 23 de mayo de 2022, se acreditó el delicado estado de salud y riesgo de vida de Mónica Antonia Colque Jiménez –hoy solicitante de tutela– mediante Certificado Médico emitido por el Departamento de Cirugía del Instituto Nacional del Tórax del departamento de La Paz, donde se establece que debe permanecer hospitalizada por dos intervenciones quirúrgicas de pulmón; no obstante, el Juez demandado exigió la presentación de un certificado médico por el IDIF, soslayando el principio de libertad probatoria y la línea jurisprudencial que modula la validez de los certificados médicos incluso particulares, y cuando se le pidió enmendar dicha situación, justificó su posición señalando que no se presentó el fallo constitucional, cuando es obligación del operador de justicia velar por la vida y la salud de todas las personas; empero, actuando de manera contraria puso en riesgo su vida al disponer su detención preventiva, por lo que invoca su tutela a través de esta acción de libertad. En ese contexto, torna imperante mencionar que, si bien los accionantes activaron esta acción de libertad en procura de la tutela de su derecho a la vida, que conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se activa en aquellos casos en los que exista un real peligro para éste, aunque no se halle estrechamente vinculada con la libertad física o personal; no obstante, en el presente caso, si bien cursa en antecedentes un Informe Médico –sin fecha de emisión–, pronunciado por Efraín Núñez Suarez, Jefe a.i. del Departamento de Cirugía del Instituto Nacional del Tórax del departamento de La Paz, en el que se establece que la prenombrada fue internada en el Servicio de Cirugía del Tórax el 20 de abril de 2022, con diagnóstico de Quiste hidatídico pulmonar derecho, decidiéndose intervención quirúrgica para el 29 del citado mes y año, donde se realizó quistectomía derecha de lóbulo superior derecho, tratamiento periquistico y cierre de fistula broncopleural, habiendo presentado evolución lenta por lo que presentando posteriormente fístula broncopleural recidivante, se procedió a cirugía el 11 de mayo del mismo año, realizándose decorticación pleural, cierre de fístula bronco peural y limpieza quirúrgica, presentando en el post quirúrgico estado “algico”, dando el alta hospitalaria el 17 del referido mes y año; por lo que, tratándose de paciente sumamente delicada debía efectuar controles y observación por consultorio externo de manera estricta “(con alta probabilidad de fistularse nuevamente y requerir extirpación pulmonar, pleurectomía). En vigencia de todo lo anteriormente certificado, se le otorgó 30 días de impedimento a partir de esa fecha” (sic [Conclusión II.1]). En la especie, cabe señalar que si bien dicha certificación da cuenta que la accionante fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas, siendo dada de alta el 17 de mayo de 2022 –antes de la audiencia de medidas cautelares desarrollada el 23 del mismo mes y año–, debiendo ser sometida a tratamiento y observación post operatorio por consulta externa al tratarse de paciente sumamente delicada; no obstante, dicha literal no acredita que su vida se encuentre en un real estado de riesgo o peligro, o que la detención preventiva dispuesta agravaría su condición, pues no debe olvidarse que la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, teniendo las personas privadas de libertad acceso a la atención médica que requieran de acuerdo a sus necesidades; por lo expuesto, al no ser evidente que el derecho a la vida de la impetrante de tutela esté en riesgo, esta jurisdicción constitucional no puede aperturar su competencia para tutelar de manera directa el aludido derecho, correspondiendo por ello denegar la tutela impetrada. Con relación a la tercera y cuarta problemática, al ser aspectos que hacen al fondo mismo de la Resolución que dispuso la detención preventiva de los impetrantes de tutela, no es posible ingresar al control tutelar pretendido; toda vez, que las denuncias de falta de fundamentación y motivación; y, omisión valorativa de la prueba, en la que presuntamente incurrió el Juez –ahora demandado– al emitir la resolución de referencia, corresponden ser denunciadas ante el Tribunal de alzada, pues en materia procesal penal y específicamente para el caso de medidas cautelares el art. 251 del CPP, prevé la apelación como un medio de impugnación para que las partes que se consideren agraviados con la decisión del juzgador, puedan recurrir ante el superior jerárquico a efectos que se reparen los actos ilegales u omisiones indebidas en que incurrió el Juez o Tribunal de instancia. Mecanismo intra procesal que, conforme consta del CD adjunto a esta acción tutelar, que contiene la audiencia de consideración de medidas cautelares desarrollada el 23 de mayo de 2022 (Conclusión II.2), se verifica que el mismo fue promovido por los hoy accionantes, habiendo en la fundamentación de los dos primeros agravios, denunciado los extremos que hoy son traídos a materia a través de esta acción tutelar; por lo que, considerando que dicho recurso conforme lo manifestado por la parte accionante y corroborado por el informe de la autoridad demandada a la a la fecha de interposición de esta acción tutelar, se encontraría pendiente de resolución, es que corresponde denegar la tutela impetrada, ante la inobservancia de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; toda vez que, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, es necesario el agotamiento previo de los mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento jurídico, ya que esta acción de defensa sólo opera en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de dichas vías. Finalmente en torno a la última problemática, relativa a una presunta falta de celeridad en la remisión de la apelación formulada contra la resolución que dispuso la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela; conforme lo precisado en apartados anteriores, es evidente que los accionantes formularon recurso de apelación contra el aludido fallo en audiencia desarrollada el 23 de mayo de 2022; en ese contexto, correspondía a la autoridad ahora demandada conforme el art. 251 del CPP, remita las actuaciones pertinentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; no obstante, de acuerdo al informe oral emitido por la autoridad demandada, éste sostuvo que su envió fue materializado el 26 de mayo de 2022; lo cual hace plenamente evidente la dilación indebida en la que incurrió el Juez ahora demandado, haciendo por ello viable la concesión de tutela; empero, en la modalidad innovativa de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la finalidad de procurar que en el futuro estos actos dilatorios no vuelvan a repetirse; en cuyo contexto, además debe aclararse a los solicitantes de tutela que la dilación advertida no habilita a esta jurisdicción constitucional hacer abstracción a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, como se pretende, ya que de hacerlo podría conllevar a la duplicidad de fallos tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 180 a 182 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en lo que respecta a la dilación advertida, en cuanto a la remisión de la apelación formulada por la parte impetrante de tutela, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0172_2024-S4.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2066a6934d41cad4cbd574b42f352d8b7dd13e7b768b2deda805f96417cc6f0c
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