B.IA.LEGAL

SCP 0171/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50714-2022-102-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, una vez vencido el plazo de su detención preventiva, este presentó su solicitud de cesación de esta medida cautelar, sin embargo, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, autoridad judicial demandada, suspendió de manera injustificada la audiencia para tratar su solicitud en tres oportunidades, por causas que no son atribuibles a su persona, dejando en incertidumbre su situación jurídica; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/22 del 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en los mismos términos que la Jueza de garantías. 2° EXHORTAR a la autoridad demandada a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes que se encuentran vinculadas al derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia
  4. III.4. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  5. III.5. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2025-S3 Sucre, 31 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50714-2022-102-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/22 de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 6 a 8 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves, denuncia que, en tres oportunidades, se suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva, por actos atribuibles al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, como ser la falta de notificación y otros; asimismo, refirió que a la fecha ya se venció el plazo de la detención preventiva. Refiere que el 19 de septiembre de 2022, estando notificadas todas las partes para la audiencia de vencimiento de plazo, la misma fue suspendida debido a que la autoridad judicial demandada pidió licencia; lo que implica que lleva tres semanas esperando su cesación, prevista por el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y lleva cuatro días de vencido el plazo de su detención preventiva, prevista por el art. 239 numeral 2 del CPP.

La autoridad demandada debió señalar audiencia de oficio y llevarla a cabo en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, pero no lo hizo, precisando también que en una oportunidad presentó memorial pidiendo remitan la apelación, sin tener resultados positivos hasta la fecha. Asimismo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, pasaron más de veinticuatro horas que señala la norma, por lo que, al no tener otro recurso legal, interpuso la presente acción tutelar, en la modalidad de pronto despacho a efectos de acelerar los plazos y se cumpla una justicia pronta y oportuna, sosteniendo que es probable que esta acción haga que el Juez demandado señale audiencia, pero es más probable que la misma no sea dentro del plazo legalmente establecido, por lo que esta acción no solamente es de pronto despacho sino también de carácter innovativa. El estado social y democrático de derecho establecido por el art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), obliga a todos los actos del poder público a estar sometidos a la ley, garantizando los derechos fundamentales de las personas; el art. 23 de la CPE, protege el derecho a la libertad, al prohibir la detención arbitraria, mientras que el art. 115 garantiza el derecho al debido proceso, asegurando que toda persona tenga acceso a una justicia pronta y oportuna. Sostiene que el principio de justicia sin dilaciones también se encuentra consagrado en el art. 119 de la CPE, el cual exige que los tribunales resuelvan las solicitudes sin retrasos indebidos, lo que se ha vulnerado en el presente caso al no resolverse dentro de los plazos establecidos la solicitud de cesación a la detención preventiva; además, el art. 410 de la referida norma suprema, establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969-, forman parte del bloque de constitucionalidad y refuerzan los derechos del accionante a la libertad y a una tutela judicial efectiva, en virtud de los cuales se solicita la pronta resolución del caso. Y por último manifestó que sobre el señalamiento y la realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, establece que el juez debe señalar la audiencia de cesación de la detención preventiva de manera oportuna, dentro de un plazo razonable, no superior a tres o cinco días. El incumplimiento de este plazo por parte del juez, al no fijar la audiencia dentro del tiempo establecido, constituye un acto dilatorio que vulnera el derecho del imputado a una resolución rápida y eficaz. Por lo expuesto, solicitó se admita la presente acción de libertad y se conceda la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada a señalar día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 13, 23, 115, 119 y 120 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su representante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliando señaló que el 8 de septiembre de 2022, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, misma que se suspendió por falta de notificación a las partes, reprogramándose para el 15 de septiembre de igual año, pero fue suspendida nuevamente; habiendo trascurrido casi un mes, sin que se lleve acabo la misma.

I.2.2. Informe del demandado

Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Cautelar Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; no presentó informe escrito y tampoco acudió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 17; 22 a 23 vta.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/22 de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 27, concedió la tutela solicitada, disponiendo que, la autoridad demandada señale fecha y hora para la audiencia a la cesación de la detención preventiva, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, ordenando se realice las notificaciones de oficio a todas las partes interesadas, garantizando el desarrollo y evitar la suspensión de la misma; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La solicitud de la cesación a la detención preventiva debe resolverse sin dilaciones indebidas, garantizando un trámite rápido y dentro de un plazo razonable, conforme a los principios de celeridad y tutela judicial efectiva, aunque no siempre haya un plazo legal expresó para su consideración; b) La SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció que cualquier solicitud en que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, deberá ser tramitado con la mayor celeridad posible o al menos dentro de un plazo razonable, pues de no hacerlo se provocaría una restricción indebida a dicho derecho; en ese entendido, la suspensión injustificada de audiencias de cesación a la detención preventiva vulnera el derecho a la libertad, especialmente cuando tales circunstancias no son atribuibles al imputado; y, c) En el presente caso, se constató que el accionante interpuso tres solicitudes de audiencia de cesación a la detención preventiva con base en el art. 239.1 del CPP; sin embargo, estas audiencias fueron suspendidas, la primera suspensión efectuada el 8 de septiembre de 2022, por falta de notificación, la segunda el 15 de septiembre de 2022, también por falta de notificación y la tercera suspensión de 19 de septiembre de 2022, por licencia de la autoridad judicial, siendo que estas suspensiones generaron una situación de incertidumbre jurídica y dilación procesal, afectando el derecho del accionante, a que su solicitud sea resuelta sin dilaciones vinculado a su derecho a la libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 31 a 37), se dispuso la priorización en el sorteo de acciones de libertad traslativas o de pronto despacho; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva, emitida por la autoridad demandada de 8 de septiembre de 2022, debido a la falta de notificación a los sujetos procesales, reprogramándola para el 15 de septiembre de 2022 (fs.3). II.2. Cursa Acta de suspensión de cesación a la detención preventiva, emitida por la autoridad demandada de 15 de septiembre de 2022, debido a la falta de notificación al representante del Ministerio Público y parte civil, reprogramándola para el 19 de septiembre de 2022 (fs.2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, una vez vencido el plazo de su detención preventiva, este presentó su solicitud de cesación de esta medida cautelar, sin embargo, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, autoridad judicial demandada, suspendió de manera injustificada la audiencia para tratar su solicitud en tres oportunidades, por causas que no son atribuibles a su persona, dejando en incertidumbre su situación jurídica; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus 1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. Entendimiento extraído de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril.

III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales

El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales.

Entendimiento extraído de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto.

III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239 que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los 3En FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”. 4 La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).

numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.

Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.

Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”

En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. Entendimiento extraído de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto.

III.4. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por 7 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

Entendimiento extraído de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre.

III.5. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal, seguido contra Nicolás Ricardo Loayza Yaksic por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa; el referido impetrante de tutela, solicitó cesación a la detención preventiva, audiencia que si bien fue instalada el día señalado; sin embargo, fue suspendida el 8 de septiembre de 2022 y 15 del mismo mes y año, por falta de notificación a las partes procesales en la primera, y falta de notificación al Ministerio Público además de la parte civil en el segundo (Conclusión II.1 y II.2.), y en virtud a lo señalado por el solicitante de tutela en el memorial de esta acción de libertad, existiría una tercera suspensión el 19 de igual mes y año y que hasta la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional no se llevó a cabo dicha audiencia.

Ahora bien, la autoridad judicial demandada no presentó informe y tampoco concurrió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa con el fin de desvirtuar los hechos denunciados por el impetrante de tutela; por lo que, ante la actitud reflejada por la indicada autoridad, se presume la veracidad de los hechos denunciado, conforme lo determinado en el Fundamento Jurídico III.4.

En ese entendido, conforme el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las actuaciones procesales deben ser efectuadas por los servidores judiciales con la mayor celeridad posible, más aun tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas, sin dilaciones indebidas; en el caso en particular, conforme lo señaló el impetrante de tutela en su acción de libertad y en audiencia, el Juez demandado, suspendió en tres oportunidades la audiencia de cesación a la detención preventiva, y que la fecha de presentación de esta acción tutelar, la misma no fue llevada a cabo, aspecto que no fue desvirtuado por la autoridad judicial demandada, incumpliendo no solo el plazo establecido en el art. 239 del CPP referido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, sino también, el deber de actuar con celeridad y debida diligencia, pues en su rol de director del proceso debe asegurar que se efectúen las notificaciones correspondientes antes de la audiencia e impedir que se incurran en dilaciones indebidas, ya que las mismas se constituyen en falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre.

Conforme a todo lo expuesto, resulta evidente la denuncia del peticionante de tutela, que la autoridad demandada, ocasionó una dilación indebida en la tramitación, suspensión y luego en la omisión de señalamiento de audiencia, causando vulneración a su derecho a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna, apartándose del plazo establecido en el art. 239 del CPP y la jurisprudencia constitucional señalada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 del presente fallo constitucional; correspondiendo conceder la tutela impetrada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/22 del 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en los mismos términos que la Jueza de garantías. 2° EXHORTAR a la autoridad demandada a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes que se encuentran vinculadas al derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

5 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

6 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0171_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0d0056c9abf08d6f6ec57f2c5540cc402dba3581e06b5d1a21bb5b0f174fefa9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →