Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de mayo de 2024
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, el Juez ahora demandado mediante Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2022 rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que, mediante escrito presentado el 19 del mismo mes y año, formuló recurso de apelación incidental contra ese fallo, el cual fue aceptado por la prenombrada autoridad jurisdiccional; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, dicho Juez y el funcionario de apoyo jurisdiccional ahora demandados, no remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, incumpliendo el plazo legal establecido en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 001/2022 de 28 de mayo, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez; y, Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarándose que el presente pronunciamiento de ninguna manera implica la libertad del ahora accionante; y, 2° Disponer que en el día, los demandados procedan a la remisión del cuaderno de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, siempre y cuando el mismo no se haya efectivizado al presente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0169/2024-S1 Sucre, 29 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48184-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 001/2022 de 28 de mayo, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Gustavo Tapia Tapia en representación sin mandato de Mauricio Salinas Gamboa contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez y Edwin Quispe Nina, Secretario; ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de mayo de 2022, cursante de fs. 10 a 11 vta., la parte accionante manifestó:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, el titular del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -autoridad ahora demandada-, previa imputación formal, ordenó su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Bajo ese antecedente, el 18 de mayo de 2022 se llevó adelante una audiencia de cesación a su detención preventiva, dictándose el Auto Interlocutorio de la misma fecha, por el cual, se denegó su solicitud; a tal efecto, por memorial de 19 de ese mes y año, formuló recurso de apelación incidental, emitiéndose la providencia de 20 de ese mes y año que dio curso al dicho recurso; empero, hasta el 27 igual mes y año, no se remitieron obrados ante el superior en grado de turno para que se celebre la audiencia de apelación incidental y se resuelva su situación jurídica.
Denuncia la lesión de su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto, los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
La parte demandante de tutela solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene la remisión del recurso de apelación incidental formulado por su parte, conforme prescribe el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 28 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando sus argumentos señaló lo siguiente: a) Al referido recurso de apelación de 19 de mayo de 2022, se adjuntó pruebas que demuestran que su representado sufre problemas mentales y que es un paciente psiquiátrico desde el 2004; b) Se está pidiendo en el recurso de apelación la internación del impetrante de tutela en un centro de rehabilitación, adjuntándose la documentación pertinente de la clínica de Neuropsiquiatría -Monte Sinaí-, sin que hasta la fecha se haya remitido su recurso en el plazo que establece el art. 251 del CPP; y, c) De acuerdo a la SCP 0959/2014 de 23 de mayo, el principio de celeridad tiene como principal objetivo conseguir que en el proceso se concreten las etapas esenciales dentro de los plazos perentorios dispuestos en la norma adjetiva penal.
Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez y Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 28 de mayo de 2022, cursante de fs. 14 a 15 vta., señalaron que: 1) Evidentemente, el 19 de igual mes y año, se presentó memorial de recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 185/2022 de 18 de mayo, mismo que fue aceptado por proveído de 20 de ese mes y año; 2) Las notificaciones a la víctima y al Ministerio Público con la mencionada providencia aún no fueron efectuadas por la “Gestora N° 3”, esto a fin del conocimiento de la parte contraria; y, 3) La parte accionante hasta la fecha de interposición de esta acción de amparo constitucional, no proporcionó las fotocopias necesarias para remitir la apelación al Tribunal de alzada.
La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 001/2022 de 28 de mayo, cursante de fs. 19 a 20, denegó la tutela con relación a Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez ahora demandado, y concedió la tutela respecto a Edwin Quispe Nina, funcionario de apoyo jurisdiccional también demandado, señalando “…de forma complementaria en cuanto a Auxiliatura del Juzgado 2° de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, determinando por cuyo efecto, RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA con relación al Auxiliar del Juzgado 2° de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, entorno al incumplimiento de los plazos…” (sic), disponiendo que el Secretario ahora demandado remita actuados a Tribunal de alzada en un plazo efectivo de veinticuatro horas; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) El art. 56 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece que la Secretaría del Juzgado tiene la facultad y obligación de la emisión de proveídos, remisiones, la guarda y custodia de cuadernos de control jurisdiccional y otros, extremo que resulta fundamental para poder determinar la legitimación pasiva en cuanto a la parte ahora demandada; en tal sentido, la autoridad jurisdiccional ahora demandada no tiene la obligación de cumplir con la remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada, conforme lo establece la Ley del Órgano Judicial, dicho deber es de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, que en el caso recae en el auxiliar del Juzgado; y, ii) De lo expuesto se establece que el Juez ahora demandado carece de legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción de libertad de pronto despacho, infiriéndose que el Secretario demandado no controló el cumplimiento efectivo de la actuación omitida de remisión de los antecedentes del recurso de apelación ante Tribunal de alzada por parte de la auxiliar del despacho judicial.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 19 de mayo de 2022, por Mauricio Salinas Gamboa -ahora accionante- ante Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-; por el cual, formula recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 18 de igual mes y año, en previsión de los arts. 239.1 y 251 del CPP; a cuyo efecto, solicitó la remisión del cuaderno de apelación en testimonio, en cumplimiento al art. 5 de la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública -Ley 463 de 19 de diciembre de 2013-por encontrarse patrocinado por Defensa Pública y ser persona de escasos recursos económicos (fs. 3 y vta.).
La parte accionante denuncia la lesión del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, el Juez ahora demandado mediante Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2022 rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que, mediante escrito presentado el 19 del mismo mes y año, formuló recurso de apelación incidental contra ese fallo, el cual fue aceptado por la prenombrada autoridad jurisdiccional; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, dicho Juez y el funcionario de apoyo jurisdiccional ahora demandados, no remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, incumpliendo el plazo legal establecido en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).
Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero.
Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, reiterada por la SCP 0154/2019-S2 de 24 de abril, asumió el siguiente entendimiento:
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
5El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 6El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece: Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al 8El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).
La problemática jurídica traída en revisión converge en que, el Juez ahora demandado mediante Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2022 rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante; por lo que, mediante escrito presentado el 19 del mismo mes y año, el precitado formuló recurso de apelación incidental contra ese fallo, el cual fue aceptado por la autoridad jurisdiccional; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, dicho Juez y el funcionario de apoyo jurisdiccional ahora demandados, no remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, incumpliendo el plazo legal establecido en el art. 251 del CPP. Identificado así el objeto procesal, inicialmente resulta necesario efectuar una contextualización del escenario fáctico y procesal que motivó la interposición de esta acción de defensa. Así, de los alegatos realizados por los sujetos procesales y de lo descrito en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se advierte que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, la autoridad judicial demandada, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 18 de mayo de 2022, rechazó la petición invocada por el ahora demandante de tutela, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha. Ante dicha decisión judicial, por memorial de 19 de mayo de 2022 el impetrante de tutela formuló recurso de apelación incidental contra la decisión asumida en previsión de los arts. 239.1 y 251 del CPP; a cuyo efecto, solicitó la remisión del cuaderno de apelación en testimonio, en cumplimiento al art. 5 de la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, por encontrarse patrocinado por Defensa Pública al ser una persona de escasos recursos económicos, dictándose la providencia que ordena la remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de apelación. Por otro lado, se debe considerar que el Juez y el Secretario ahora demandados, sostienen que debido a que la víctima no asistió a la audiencia virtual en la que se emitió el Auto Interlocutorio apelado, este pronunciamiento, así como el proveído de admisión de la impugnación escrita, debía ser notificado a esa parte, se envió las respectivas notificaciones a la Oficina Gestora Procesal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su debido diligenciamiento, teniendo un plazo de tres días para responder el recurso de apelación incidental, sin que hasta la fecha se hayan devuelto las notificaciones, sumado a que no se proveyeron los recaudos necesarios para su remisión. Así, de acuerdo a los antecedentes y el contraste del reclamo que originó la interposición de la presente demanda tutelar, más allá de las justificaciones presentadas por la parte demandada, resulta evidente que existió una omisión indebida e incumplimiento de la norma procesal penal con incidencia en la incertidumbre de la definición de la situación jurídica del impetrante de tutela, quien mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2022, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 18 de ese mes y año, que rechazó su petición de cesación a la detención preventiva; por lo que, habiendo el mencionado Juez aceptado dicho recurso y ordenado la remisión de antecedentes al superior en grado, el mismo alega que debido a la inasistencia de la víctima se envió las respectivas notificaciones del Auto Interlocutorio y el proveído señalado a la Oficina Gestora Procesal, misma que no hubiera devuelto las notificaciones sin que se haya provisto los recaudos necesarios para su remisión. Al respecto, se debe tener presente que conforme determina taxativamente el art. 251 del CPP, y lo citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las actuaciones pertinentes del recurso de apelación incidental deben ser remitidas inexcusablemente ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas bajo responsabilidad, quienes deben resolver sin más trámite en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, disposición que en el caso en análisis, indudablemente fue inobservada por la autoridad jurisdiccional ahora demandada, quien alegó que dispuso la remisión pero que la misma no fue cumplida, debido a que no se devolvieron las diligencias de notificación a la víctima, presupuestos fácticos que no responden a la norma adjetiva legal que prevé el recurso de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo; entendiéndose que a partir de la providencia que ordena la remisión se computa el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del CPP. Por otro lado, se debe considerar que la autoridad judicial como titular del Juzgado a su cargo tiene la obligación de ejercer la supervisión y el control sobre los funcionarios de apoyo jurisdiccional, verificando el cumplimiento de sus funciones de manera correcta y responsable; por lo que, tampoco queda exento de responsabilidad sobre este aspecto; verificándose también que el funcionario de apoyo jurisdiccional ahora demandado, al no haber cumplido con sus funciones propias y específicas, conforme se detalla en los arts. 56 del CPP, modificado por la Ley 1173; y, 94 de la Ley del Órgano judicial (LOJ); las cuales adquieren mayor relevancia cuando se trata del cumplimiento o realización de un actuado procesal relacionado con una persona privada de libertad. Finalmente, en cuanto a lo alegado por los ahora demandados, en sentido de que la parte apelante no otorgó los recaudos de ley necesarios para dicho fin; se debe precisar que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia constitucional, no puede condicionarse la referida remisión de obrados al superior en grado a la previa otorgación de los recaudos, ello bajo el principio de gratuidad que rige en la administración de justicia y que está establecido por la propia Constitución Política del Estado. Con base a los motivos desarrollados y en el entendido que la administración de justicia se rige, entre otros, por el principio de celeridad, indudablemente se transgredió el debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado a la libertad del accionante, desconociendo a su vez el principio de gratuidad, correspondiendo conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de pronto despacho. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 001/2022 de 28 de mayo, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez; y, Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarándose que el presente pronunciamiento de ninguna manera implica la libertad del ahora accionante; y, 2° Disponer que en el día, los demandados procedan a la remisión del cuaderno de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, siempre y cuando el mismo no se haya efectivizado al presente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de
3 El FJ III.6, señala: “…(eficacia) supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la (eficiencia), persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos”. 4El FJ III.1, refiere: “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia (…). En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0169_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7108b0278d7061b7c3a344aac1cddb412415ae0cd2a8dc9422eef13f57d0e52a
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