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SCP 0168/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53238-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 38/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER totalmente la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° Llamar la atención a Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y, Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por la dilación en la que han incurrido.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0168/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53238-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 38/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Anselmo Cruz Mayta, contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y, Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se llevó a cabo la audiencia de consideración de su situación jurídica, la cual fue rechazada, motivo por el cual, de manera oral, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación; empero, transcurridos más de siete días, el Juez y el Secretario demandados no remitieron los actuados ante el Tribunal de alzada a efectos de su resolución, en observancia del incumplimiento de lo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se solicitó la concesión de la tutela impetrada; asimismo, se requirió la remisión inmediata de los antecedentes del testimonio de apelación ante el Tribunal superior, así como el envío de los antecedentes correspondientes al Consejo de la Magistratura.

Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez; y, Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante de fs. 6 y 8.

El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 38/2022 de 30 de diciembre, cursante a fs. 12 a 13 vta., concedió la tutela solicitada, con relación al Secretario codemandado, en atención a que dicho funcionario omitió remitir el testimonio del recurso de apelación incidental dentro del plazo establecido por ley; y, denegó la tutela impetrada respecto del Juez demandado, sin expresar el fundamento de la denegatoria de tutela con relación a la autoridad judicial.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la reconformación la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco Magistrados de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido […]. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional […].

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el FJ.III.3 sistematizó las subreglas relacionadas con el trámite de remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada en casos de la apelación incidental de medidas cautelares, cuya inobservancia se constituye en supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, conforme al siguiente entendimiento:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.3. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad

La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, refiriéndose a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del órgano judicial, estableció que:

…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

Previamente corresponde precisar que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se activa la acción de libertad innovativa, aún hubiera cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el objetivo de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales; en el caso examinado, en el marco de dicho entendimiento, no obstante que ya se ha producido la remisión de la apelación y con ello se ha reparado la lesión denunciada, corresponde ingresar al examen de fondo. En dicho cometido, cabe precisar que, de los antecedentes relevantes traídos en revisión, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la supuesta comisión de delitos vinculados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, una vez concluida la audiencia del 20 de diciembre de 2022, de consideración de cesación de la detención preventiva, interpuso de manera oral recurso de apelación incidental contra la resolución que rechazó su solicitud (fs. 2 a 3 vta.), remitiéndose dicho recurso de apelación al Tribunal de alzada recién el 30 de diciembre de 2022, a horas 08:45 (fs. 9), -de manera posterior a la interposición de la acción de libertad-. Ahora bien, de lo relacionado precedentemente, se advierte que el Juez y el Secretario demandados han incurrido en dilación indebida al haber incumplido el plazo legal de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP para la remisión de la apelación de medidas cautelares, incumpliendo de esa manera su deber de actuar con celeridad en los trámites relativos al tratamiento de la situación jurídica de un privado de libertad, e incurriendo en la vulneración denunciada de sus derechos del accionante a la libertad, al debido proceso y a la justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, que corresponde tutelar a través de la presente acción de libertad de pronto despacho, en el marco del entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, sin disponer la remisión solicitada, por ya haberse producido la misma. Cabe acotar que, si bien es cierto, la obligación de materializar la remisión de la apelación corresponde al Secretario del Juzgado, por lo cual asume legitimación pasiva en este caso, conforme al entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, el Juez demandado no se halla exento de responsabilidad, puesto que, en su condición de director del proceso, es responsable de verificar que sus disposiciones sean cumplidas, asumiendo, en su caso, las medidas administrativas que resulten pertinentes. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 38/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER totalmente la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° Llamar la atención a Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez y, Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por la dilación en la que han incurrido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0168_2026-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): c31ac164ecedc75c9f322e6a67a0649ef5fa7965741f04fda8187ac9c771fbf6

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