Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026
Concede la tutela
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; puesto que, se emitió la Sentencia Condenatoria 042/2025 de 18 de febrero, que la declaró culpable e impuso la medida socioeducativa de un año y seis meses de restricción de libertad bajo el régimen semiabierto, a cumplirse en el Centro de Reintegración Social para Mujeres del departamento de La Paz; dicha medida socioeducativa fue cumplida el 15 de diciembre de 2025; no obstante, ante la solicitud de extinción de la acción penal por cumplimiento de la sanción y emisión de mandamiento de libertad, el Juez ahora accionado mediante decreto de la misma fecha, señaló audiencia para el 19 del mismo mes y año, otorgando el plazo de cuarenta y ocho horas a la encargada del referido Centro de Reintegración para que emita informe sobre el cumplimiento de la pena, conforme el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución V-291/2025 de 17 de diciembre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción, contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa en mérito a que el mandamiento de libertad extrañado fue emitido por Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, que en futuras actuaciones obre bajo los principios procesales de celeridad eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE, y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a solicitudes vinculada al derecho a la libertad física o personal, asegurando el interés superior de la niña, niño y adolescente, evitando la vulneración de derechos y garantías constitucionales, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 80376-2026-161-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución V-291/2025 de 17 de diciembre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta Federico Alejandro Paxi Luna, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato del menor de edad AA contra Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz.
La parte accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 16 de diciembre de 2025, cursante de fs. 14 a 15 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la menor de edad AA -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de inducción a la fuga de una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz y corrupción de niña, niño o adolescente, previstos y sancionados por los art. 247 y 318 del Código Penal (CP), cuenta con Sentencia Condenatoria 042/2025 de 18 de febrero, emitida por el Juez Público de Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante la cual se impuso la medida socioeducativa de un año y seis meses con restricción de libertad bajo el régimen semiabierto, a cumplirse en el Centro de Reintegración Social para Mujeres del indicado departamento, la indicada Sentencia Condenatoria dispuso que el cómputo debió realizarse a partir de la fecha de su emisión, descontando el tiempo de detención preventiva, domiciliaria o aprehensión. Conforme al Plan Individual de Ejecución de Medida Informe Final Tercer Seguimiento, de 25 de noviembre de 2025, se recomendó la emisión del mandamiento de libertad en favor de la menor de edad AA. Asimismo, solicitó la extinción de la acción penal por cumplimiento de la medida socioeducativa dispuesta en la Sentencia Condenatoria 042/2025, así como el mandamiento de libertad, adjuntando la Certificación de Permanencia y Conducta de 9 de diciembre de 2025 donde se acredita que la menor de edad AA, ingresó al Centro de Reintegración Social para Mujeres del departamento de La Paz el 15 de junio de 2024, y cumpliría la medida socioeducativa el 15 de diciembre de 2025, ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de Niñez y Adolescencia Primero de la ciudad de El Alto del indicado departamento. No obstante, el Juez ahora accionando, mediante decreto de 15 de diciembre de 2025, señaló audiencia para la consideración de la extinción de la acción penal interpuesta, para el 19 del mismo mes y año, otorgando el plazo de cuarenta y ocho horas a la encargada del Centro de Reintegración Social para Mujeres del departamento de La Paz, para emitir informe de cumplimiento de la pena impuesta conforme el art. 344 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) - Ley 548 de 17 de julio de 2014-; sin embargo, no emitió el informe sobre el cumplimiento de las medidas socioeducativas impuestas, encontrándose un día más de lo debido en detención preventiva.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene al Juez ahora accionado, emitir el mandamiento de libertad en favor de menor de AA.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de diciembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) El Plan Individual de Ejecución de Medida Informe Final Tercer Seguimiento, fue realizado por el equipo interdisciplinario del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, acreditando el cumplimiento de la medida socioeducativa impuesta mediante Sentencia Condenatoria 042/2025, por un año y seis meses; b) Dicha Sentencia Condenatoria, no establece que el incumplimiento de medida socioeducativa implicaría que la accionante prolongue su permanencia en el Centro de Reintegración Social para Mujeres del indicado departamento; en ese entendido, al cumplir el tiempo fijado, no corresponde supeditar la emisión del mandamiento de libertad a un acto administrativo; puesto que, existe línea jurisprudencial que exige priorizar la libertad cuando se cumplió el plazo de la sanción; más aún, tratándose de una adolescente, cuyo interés superior debe prevalecer; c) De acuerdo a la SCP “456/2025-S1”, todas las autoridades deben resolver con celeridad cuando está en juego la libertad física de los solicitantes; empero, en el presente caso la el Juez ahora accionada no está cumpliendo a cabalidad dicho rol; asimismo, citó la SCP “79/2018-S2” sobre la procedencia de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho; por ello, solicita se conceda la tutela y se ordene la emisión inmediata del mandamiento de libertad en favor de la menor de edad AA.
Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 17 de diciembre de 2025, cursante de fs. 19 a 20 vta., manifestó que: 1) La situación de la accionante no es de privación de libertad, no existe el informe de cumplimiento de la medida socioeducativa en cuanto a los factores de riesgo; ya que, solo se tiene la Certificación de Permanencia y Conducta de 9 del referido mes y año, 2) La solicitud de extinción de la acción presentada por el defensor público es improponible; en todo caso, correspondía la presentación del certificado de cumplimiento de las medidas que acrediten el cumplimiento dentro del tiempo fijado en la Sentencia Condenatoria 042/2025; 3) La finalidad de la pena es distinta en el proceso penal la menor de edad AA; ya que, busca modificar el comportamiento que desplegó el adolescente a través de la identificación de factores de riesgo que se encuentran en el primer informe del SEDEGES; sin embargo, en el presente caso, no se presentó el cumplimiento de las medidas socioeducativas en beneficio de la accionante; puesto que, justificó su solicitud en el transcurso del tiempo como si fuera un proceso penal ordinario, adjuntando únicamente, certificado e informes que no explican las diferencias, ni los motivos del incremento de los factores de riesgo; 4) Se ordenó la remisión del informe de cumplimiento de las medidas socioeducativas; empero, la misma no fue cumplida siendo omisión atribuible al abogado de defensa pública que depende del entonces Ministerio de Justicia que es la autoridad de tuición del sistema de protección integral de acuerdo a la Ley 548; en ese entendido, “Se ha cumplido únicamente con la emisión del mandamiento de libertad” (sic [fs. 19 vta.])., siendo responsabilidad del Servicio Plurinacional de Defensa Público (SEPDEP) La Paz y el SEDEGES del indicado departamento, el incumplimiento señalado; 5) Se emitió resolución dentro de los cinco días señalados por el art. 132 de la Ley 548; puesto que, la solicitud de extinción de la acción penal fue presentada el 15 de diciembre de 2025, señalándose audiencia para el 19 de igual mes y año, disponiendo la emisión del informe extrañado; sin embargo, ante tan grave delito, donde se denunció la complicidad de los funcionarios de otros Centros de cuidado de menores que colaboraron en la fuga de la accionante, se quiere forzar a emitir una resolución, cuando los actuados se encuentran dentro del plazo para emitir la misma, que se aclara ya fue emitida solo con relación a la libertad; y, 6) En cuanto a la solicitud de extinción sin que se cumpliera con la finalidad de la medida en cuanto a factores de riesgo, será completa responsabilidad del abogado de defensa público; puesto que, pertenece a la autoridad rectora del sistema de protección que se encuentra obligado a exigir el cumplimiento de lo observado; por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción, contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-291/2025 de 17 de diciembre, cursante de fs. 23 a 24 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La presente acción tutelar fue interpuesta en favor de la accionante con responsabilidad penal, quien cumplió la Sentencia Condenatoria 042/2025, que impuso una medida socioeducativa privativa de libertad bajo régimen semiabierto; no obstante, la medida fue cumplida íntegramente y correspondía la emisión inmediata del mandamiento de libertad; por lo que, denuncia retardación indebida por parte del Juez ahora accionado al no disponer oportunamente su liberación, prolongando la privación de su libertad más allá del plazo legal; ii) Al tratarse de una adolescente con responsabilidad penal, el análisis debe realizarse bajo un estándar reforzado de protección, conforme a los arts. 58 a 60 de la CPE, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y la Ley 548, que consagran el interés superior del niño, niña y adolecente y el carácter excepcional, así como el carácter temporal de toda medida privativa de libertad aplicada a personas menores de edad; ya que, la acción de libertad es una garantía constitucional de protección inmediata destinada a cesar la privación ilegal de la libertad personal; por lo que, tiene carácter restitutivo e inmediato, que se intensifica cuando está en juego la libertad de una persona menor de edad; iii) No obstante, de los antecedentes y el informe del Juez ahora accionado, se constató que antes de la resolución de la presente acción constitucional el nombrado emitió la resolución correspondiente y el mandamiento de libertad en favor de la accionante, restituyendo efectivamente su derecho a la libertad; en consecuencia, al momento de resolverse la acción ya no existía una afectación actual y vigente al derecho a la libertad alegado; y, iv) La acción de libertad no tiene carácter declarativo ni retrospectivo, sino restitutivo;
por ello, al restituirse el derecho durante la tramitación del proceso, se configuró la pérdida de objeto sobreviniente; esta situación, no implica desconocer la especial condición de vulnerabilidad de la menor de edad ahora accionante ni el deber reforzado de celeridad de las autoridades judiciales; sin embargo, una vez restituido el derecho reclamado, resulta inviable conceder tutela al no subsistir materia actual sobre la cual pronunciarse.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren a Niños, Niñas y Adolescentes (fs. 27 a 32); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Mandamiento de Detención Preventiva de 15 de junio de 2024, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, por el que se manda y ordena a la Directora del Centro de Reintegración Social para Mujeres del SEDEGES La Paz, ponga en inmediata detención preventiva a la menor de edad AA -ahora accionante-, a objeto de ser conducida al Centro de Reintegración Social para Mujeres del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la referida menor de edad, por la presunta comisión de los delitos de inducción a la fuga de una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz y corrupción de niña, niño o adolescente, previstos y sancionados por los art. 247 y 318 del CP (fs. 1). II.2. Mediante Sentencia Condenatoria 042/2025 de 18 de febrero, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante el cual resolvió lo siguiente: “POR TANTO: El Juez Publico de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Ciudad de El Alto, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia ye virtud de la jurisdicción que por ella ejerce FALLA declarando CULPABLE adolescente con responsabilidad penal nombre JHASMIN CIELO TARQUI de 15 años de edad al momento de la comisión del delito, ciudadana boliviana estudiante, soltera y los otros datos consignados en la solicitud de terminación anticipada por la comisión del delito previsto y sancionado por los Arts. 318 y 247 del Código Penal, a quien se le CONDENA a cumplir la medida socio educativa (pena) de 1 (UN) años y 6 (SEIS) meses con restricción de libertad bajo el Régimen SEMI ABIERTO. sanción que deberá cumplirse en el CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA MUJERES, medida socioeducativa que se computara a partir de la fecha, debiendo descontarse el tiempo que se hubiere encontrado con detención preventiva y detención domiciliaria e Inclusive aprehendido, por secretaria líbrese el mandamiento de condena, de conformidad al Art. 330 de la Ley 548. Para el cumplimiento de la PENA (Medida Socioeducativa) impuesta ofíciese al SEDEGES a los fines de la elaboración del Plan Individual de Ejecución de Medida (PIEM) de conformidad al Art. 344 de la Ley 548, una vez ejecutoriada la sentencia. Se ordenará la salida del centro de reintegración Social para mujeres, una vez se cuente con los informes psicosociales y documentación respectiva que acrediten la incorporación de la Adolescente en un Centro Educativo o una actividad laboral, en el que se deben determinar horarios específicos.
En caso de otorgarse las salidas la adolescente tiene la obligación de volver al centro e Reintegración Social para Mujeres, en caso de incumplir esta disposición, se determinará el cumplimiento de la misma en el régimen de Internamiento. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia 24 Horas dependiente del GAMEA es responsable de cumplir con sus atribuciones en el marco del Art. 188 de la Ley $48, siendo que la autoridad judicial en el marco de los Arts. 346 y 346, puede modificar la medida socioeducativa por otra menos gravosa Conforme a las previsiones del Art. 262 núm. m) relacionada a la CONFIDENCIALIDAD, Art. 263 que obliga a la RESERVA, del proceso penal de la adolescente penal responsable, se advierte a las partes la prohibición de divulgación o difusión del proceso y en especial de la presente sentencia.” (sic [fs. 3 a 6 vta.]). II.3. Por Mandamiento de Condena de 20 de enero de 2025, emitido por el Jueza Público de Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por el que se manda y ordena a la Administradora del Centro de Reintegración Social para Mujeres del SEDEGES La Paz, ponga en inmediata detención a la condenada menor de edad AA, así se dispuso considerando la aplicación de la terminación anticipada del proceso mediante Sentencia Condenatoria 042/2025, siendo condenada a sufrir una pena privativa de libertad de un año y seis meses a cumplirse en régimen semiabierto en el Centro de Reintegración Social para Mujeres del indicado departamento (fs. 2). II.4. Consta Plan Individual de Ejecución de Medida Informe Final Tercer.
Seguimiento, de 25 de noviembre de 2025, emitido por el equipo interdisciplinario del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante el cual se establece que, al ingresar a la menor de edad al Centro de Reintegración Social para Mujeres del indicado departamento, el 15 de junio de 2024, con la finalidad de cumplir la medida socioeducativa en régimen semiabierto, por los comisión de los delitos de inducción a la fuga de una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz y corrupción de niña, niño o adolescente, previstos y sancionados por los art. 247 y 318 del CP, se tiene que cumple la medida impuesta antes mencionada el 15 de diciembre del referido año; por ello, solicita se emita el Mandamiento de Libertad en su favor y sea bajo responsabilidad de su abuela paterna y tía paterna (fs. 7 a 10 vta.). II.5. Mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 2025, ante Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, Público de Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-; por el que, la parte accionante declare la extinción de la acción penal por cumplimiento de la medida socioeducativa y emita mandamiento de libertad (fs. 13 y vta.). II.6. Cursa Certificación de Permanencia y Conducta de 9 de diciembre de 2025, emitida por la Administradora del Centro de Reintegración Social para Mujeres del SEDEGES La Paz, mediante el cual se informó que la accionante ingresó al Centro de Reintegración Social para Mujeres del indicado departamento en virtud a la Sentencia Condenatoria 042/2025, medida socioeducativa dispuesta en el 15 de junio de 2024, cumpliendo, el 15 de diciembre de 2025; asimismo, durante el último trimestre cometió faltas leves relativas a ejecutar inadecuadamente o incumplir oficios asignados por el personal del referido Centro de Reintegración y hacer encargos de tipo personal a otra joven, asignándole tareas disciplinarias acompañadas de reflexión (fs. 12). II.7. Consta decreto de 15 de diciembre de 2025, emitido por el Juez ahora accionado, por el que señala lo siguiente: “A LO PRINCIPAL: Se tiene presente en atención a la solicitud que antecede es que se tiene a señalar audiencia de consideración de Extinción de la Acción Penal para el dia viernes 19 de diciembre de 2025 a horas 10:00 a.m., la misma se realizara de forma presencial, debiendo el Oficial de Diligencia notificar a todas las partes procesales. Asimismo dentro del plazo de 48 horas de su notificación a la encargada del Centro de Reintegración Social para Mujeres informe a esta autoridad en aplicación del Art. 344 de la Ley 548 si bien la adolescente cumplió con la pena impuesta, sin embargo no se tiene informe sobre el cumplimiento de las medidas socio-educativas impuestas a la adolescente con responsabilidad.” (sic [fs. 3 a 6 vta.]).
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; puesto que, se emitió la Sentencia Condenatoria 042/2025 de 18 de febrero, que la declaró culpable e impuso la medida socioeducativa de un año y seis meses de restricción de libertad bajo el régimen semiabierto, a cumplirse en el Centro de Reintegración Social para Mujeres del departamento de La Paz; dicha medida socioeducativa fue cumplida el 15 de diciembre de 2025; no obstante, ante la solicitud de extinción de la acción penal por cumplimiento de la sanción y emisión de mandamiento de libertad, el Juez ahora accionado mediante decreto de la misma fecha, señaló audiencia para el 19 del mismo mes y año, otorgando el plazo de cuarenta y ocho horas a la encargada del referido Centro de Reintegración para que emita informe sobre el cumplimiento de la pena, conforme el art. 344 de la Ley 548; empero, al emitirse oportunamente el informe requerido, su privación de libertad se prolongó un día más de lo debido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente ; b) La activación de la acción de libertad por apresamiento ilegal o indebido; c) El principio de celeridad en la administración de justicia; d) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; e) La acción de libertad innovativa; y, f) Análisis del caso concreto.
La SCP 0156/2019-S2 de 24 de abril, establece que: “El texto constitucional boliviano, integra al catálogo de derechos fundamentales, los referidos a la niñez y adolescencia; así, el art. 58 de la CPE, dedica una sección especial a los mismos, denominada, derechos de la niñez, adolescencia y juventud; apartado en el que sostiene que:
Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos…’.
En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, bajo el entendido que, de acuerdo a su crecimiento y desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones.
Al respecto, este Tribunal, en la SC 0735/2010-R de 26 de julio, preció que: ‘La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…’.
Sobre la protección directa de los derechos de este grupo etario niño, niña y adolescente, a través de este mecanismo de defensa, la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, referido a los supuestos de subsidiariedad del habeas corpus -ahora acción de libertad-, estableció lo siguiente:
Resulta necesario determinar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…. Razonamiento jurisprudencial, enmarcado en las disposiciones del Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026 de 26 de octubre de 1999- que establecía una edad mínima de aplicación de la ‘responsabilidad social’ comprendida entre los doce hasta los dieciseis años. Actualmente, el Sistema Penal para adolescentes, contemplado en el Código Niño, Niña y Adolescente contempla la franja etaria de catorce a dieciocho años de edad; consecuentemente, el Estado otorga a los mismos una protección especial, a quienes no resulta aplicable el carácter excepcional que tiene la subsidiariedad referida en la indicada SC 0160/2005-R, al ser la acción de libertad de tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediata protección de sus derechos.
Consiguientemente, al Juez de garantías, le corresponde constatar si hubo lesión a derechos y garantías constitucionales; debiendo para ello, hacer una compulsa de fondo, dado que la protección de esos derechos fundamentales y garantías constitucionales, no puede subordinarse al cumplimiento o incumplimiento de requisitos formales., pero aun cuando la protección alcanza a un grupo vulnerable o de atención preferente que requiere la atención inmediata de sus derechos, teniendo en cuenta además que el interés superior del niño, de acuerdo al art. 60 de la CPE, comprende a su vez el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0526/2020-S1 de 18 de septiembre, señaló que: “Con relación a la libertad de los privados de libertad, ya sea por cumplimiento de la condena, o la concesión de la libertad condicional, o la cesación de la detención preventiva, el art. 39 de la Ley de Ejecución de Penas (LEPS), señala que: ‘Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno’.
La jurisprudencia constitucional en torno al apresamiento ilegal o indebido, tiene el siguiente desarrollo: La SC 0906/2004-R de 16 de junio, ha previsto que: …Este precepto fundamental, en cuanto al último supuesto jurídico de apresamiento indebido o ilegal , no sólo está referido al inicio del apresamiento , vale decir, a que para apresar a la persona no se cumplen las formalidades legales, sino también al apresamiento indebido que pueda darse cuando se ha extralimitado el tiempo dispuesto por Ley y se hubieran cumplido las condiciones para obtener la libertad física, pues en estos casos la autoridad competente debe hacer cesar la limitación inmediatamente y poner en libertad al apresado; y para el caso de no hacerlo, incurre en apresamiento indebido y en consecuencia en lesión del derecho a la libertad física.
Complementando dicho entendimiento, la SC 1002/2005-R de 22 de agosto, estableció que el apresamiento ilegal también se produce por la oposición a la otorgación de los beneficios en la ejecución de la condena, a pesar de haberse cumplido los requisitos.
Dichos entendimientos fueron confirmados en la SCP 0564/2014 de 10 de marzo, en la que se señala: …es obligación del Órgano Judicial restituir de inmediato la libertad de las personas que se encuentren privadas de la misma de forma injustificada, que hubieran cumplido su condena, o en los casos en los cuales se hubiera vencido el plazo máximo para culminar el proceso judicial en su contra y con ello para mantener la detención preventiva, pues al ser el único competente para dictaminar la privación de libertad de los ciudadanos, es también el único responsable por el tiempo que las personas estuvieren indebidamente detenidos; de no hacerlo, es culpable de daño jurídico, el cual puede ser por su actividad ilegal, indebida o desproporcionada, o por vías de hecho, cuando no exista justificativo alguno y total omisión por parte del Órgano Judicial en resguardar la libertad de alguien detenido sin motivo alguno o cuando éste hubiera desaparecido por el paso del tiempo, lo que puede ocurrir por cumplimiento de la condena y por caducidad de la detención preventiva.
Dicho entendimiento citado por la SCP 0666/2015-S2 de 10 de junio, SCP 0805/2015-S2 de 21 de julio, y la SCP 0549/2018-S3 de 25 de septiembre; y, entre otras. En suma, se incurre en apresamiento ilegal o indebido cuando la privación de libertad de una persona que fue dispuesta conforme a derecho por autoridad competente, excede el tiempo establecido por ley, o se mantiene después del cumplimiento de la condena o la cesación de la detención preventiva; así como cuando se deniega indebidamente la concesión de los beneficios que la ley otorga en la ejecución de la pena”.
Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.
Asimismo, el art. 178.I de la indicada Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
En correspondencia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; más aún, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad.
Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.
La SC 0105/2003-R de 27 de enero, establece que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente”.
Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señala que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, establece que: “Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma.
En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:
El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación ‘…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…’, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.
Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.
A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.
En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras.
Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; puesto que, se emitió la Sentencia Condenatoria 042/2025 de 18 de febrero, que la declaró culpable e impuso la medida socioeducativa de un año y seis meses de restricción de libertad bajo el régimen semiabierto, a cumplirse en el Centro de Reintegración Social para Mujeres del departamento de La Paz; dicha medida socioeducativa fue cumplida el 15 de diciembre de 2025; no obstante, ante la solicitud de extinción de la acción penal por cumplimiento de la sanción y emisión de mandamiento de libertad, el Juez ahora accionado mediante decreto de la misma fecha, señaló audiencia para el 19 del mismo mes y año, otorgando el plazo de cuarenta y ocho horas a la encargada del referido Centro de Reintegración para que emita informe sobre el cumplimiento de la pena, conforme el art. 344 de la Ley 548; empero, al emitirse oportunamente el informe requerido, su privación de libertad se prolongó un día más de lo debido. Precisada la problemática planteada, de la revisión de antecedentes, se advierte que, en el proceso penal de referencia, la menor de edad AA ahora accionante se sometió a la aplicación de la terminación anticipada del proceso ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, quien emitió la Sentencia Condenatoria 042/2025, declarándola culpable de la comisión de los delitos de inducción a la fuga de una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz y corrupción de niña, niño o adolescente, previstos y sancionados por los art. 247 y 318 del CP, condenándola a cumplir la medida socioeducativa de un año y seis meses con restricción de libertad bajo el régimen semiabierto en el Centro de Reintegración Social para Mujeres, debiendo descontarse el tiempo de detención preventiva, domiciliaria y aprehensión, librándose el Mandamiento de Condena de 20 de enero de 2025 (Conclusiones II.2 y II.3.). Al respecto, conforme se advierte en el Mandamiento de Detención Preventiva de 15 de junio de 2024, al momento de emitirse la Sentencia Condenatoria 042/2025, la accionante se encontraba cumpliendo detención preventiva, dispuesta mediante Auto Interlocutorio 145/2024 (Conclusión II.1); asimismo, de acuerdo a la Certificación de Permanencia y Conducta de 9 de diciembre de 2025, se tiene que la menor de edad hoy accionante ingresó al Centro de Reintegración Social para Mujeres el 15 de junio de 2024, y que la medida socioeducativa impuesta mediante la indicada Sentencia Condenatoria , fue cumplida el 15 de diciembre de 2025 (Conclusión II.6.). Posteriormente, la menor de edad accionante, por memorial presentado el 15 de diciembre de 2025, ante el Juez hoy accionado solicitó se declare la extinción de la acción penal por cumplimiento de la medida socioeducativa y se disponga la emisión del correspondiente mandamiento de libertad; en atención a dicha solicitud, de dicho juez, mediante decreto de la misma fecha, señaló audiencia de consideración para el 19 del mismo mes y año, otorgando a la encargada del Centro de Reintegración Social para Mujeres el plazo de cuarenta y ocho horas, desde su notificación, para que remita informe sobre el cumplimiento de las medidas socioeducativas impuestas (Conclusiones II.5 y II.7.). Al respecto, se verifica que la parte accionante adjuntó, a su petición (Conclusión II.5), el Plan Individual de Ejecución de Medida Informe Final 3er. Seguimiento, y la Certificación de Permanencia y Conducta, los cuales acreditan que el 15 de diciembre de 2025 se cumplía la media socioeducativa impuesta por el Juez hoy accionado mediante Sentencia Condenatoria 042/2025 (Conclusiones II.4 y II.6). Por último, según el informe presentado el 17 de diciembre de 2025, por el Juez ahora accionando, “Se ha cumplido únicamente con la emisión del mandamiento de libertad” (sic [fs. 19 vta.]), aclarando que se emitió resolución con relación únicamente a la emisión del mandamiento de libertad solicitado. Ahora bien, corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales. En ese contexto, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3. del presente fallo constitucional, se evidencia que el Juez ahora accionado, a pesar de contar con los datos, informes y certificaciones que acreditan el cumplimiento íntegro de la condena por parte de la ahora accionante (Conclusiones II.4; II.5; y, II.6.), no dispuso de manera inmediata la emisión del mandamiento de libertad solicitado, incurriendo en dilación indebida y omitiendo su deber de tramitar con la mayor celeridad posibles toda solicitud vinculada al derecho a la libertad física o personal; De igual manera, se advierte que en lugar de resolver la solicitud con la prontitud exigida, mediante decreto de 15 de diciembre de 2025 ordenó la realización de trámites y formalidades previas, tales como la presentación de un “informe sobre el cumplimiento de las medidas socio-educativas impuestas a la adolescente con responsabilidad” (Conclusión II.7), condicionando de esa forma, la emisión del mandamiento de libertad; en consecuencia, esa actuación prolongó la restricción de la libertad de la menor de edad, a pesar que la misma cumplió la totalidad de su condena; incurriendo en apresamiento ilegal o indebido, en el entendido de que, la privación de libertad de la ahora accionante, que fue dispuesta conforme a derecho por autoridad competente (Conclusión II.2), excedió el tiempo establecido por la ley y se mantuvo después del cumplimiento de la condena. En ese entendido, como estableció la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez ahora accionado, debió aplicar los alcances del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que dispone: “Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno…”, determinando incluso responsabilidad penal y sanciones disciplinarias para los funcionarios que incumplan dicha disposición; en consecuencia, el Juez ahora accionado estaba obligado a disponer la emisión inmediata del mandamiento de libertad solicitado por la accionante, sin condicionar su emisión a formalismos o actuaciones previas, que en los hechos dilataron la privación de libertad de la ahora accionante. En esa línea de análisis, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la protección que brinda el art. 60 de la CPE, debe aplicarse en resguardo efectivo de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta que el art. 59 de la indicada norma suprema, reconoce su derecho al desarrollo integral, siendo deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, así como el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado; en consecuencia, en el presente caso, la autoridad jurisdiccional ahora accionada debió asumir una actuación más diligente y activa en el proceso, con el fin de precautelar los derechos de la accionante en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el acceso a una administración de justicia pronto, oportuna y con asistencia de personal especializado, más aun cuando se encontraba comprometido su derecho fundamental a la libertad. Por todo lo expuesto, de acuerdo a la Jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.5. del presente fallo constitucional, con relación a la acción de libertad en su modalidad innovativa, aplicable cuando efectivamente ha cesado el acto ilegal que ocasiona la vulneración del derecho protegido, en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad, como ocurre en el presente caso, corresponde efectuar las siguientes precisiones. La acción de libertad que nos ocupa, fue presentada el 16 de diciembre de 2025 a 15:38 horas (fs. 1), notificándose al nombrado Juez el 17 de igual mes y año a las 11:41 horas; y, de acuerdo al informe presentado por el Juez ahora accionando el 17 del mismo mes y año a las 15:15 horas (fs. 19 a 20), se verifica que, el mandamiento de libertad extrañado fue emitido por dicho Juez con motivo de la presente acción tutelar, el 17 del referido mes y año indicado, entre las 11:41 y las 15:15 horas. De esa línea temporal, se advierte que, presumiblemente el acto lesivo -consistente en la dilación indebida- desapareció con posterioridad a la activación de la presente acción tutelar y antes de la audiencia celebrada para su consideración (fs. 21). En ese entendido, corresponde aclarar que el propósito fundamental de la acción de libertad, no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esta naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, con la finalidad de evitar que se cometan similares actos u omisiones en el futuro; por consiguiente, aun cuando el acto lesivo hubiese cesado, corresponde conceder, la tutela solicitada en su modalidad innovativa, cumpliendo dicha finalidad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución V-291/2025 de 17 de diciembre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción, contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa en mérito a que el mandamiento de libertad extrañado fue emitido por Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Carlos Alberto Chuquimia Chuquimia, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, que en futuras actuaciones obre bajo los principios procesales de celeridad eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE, y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a solicitudes vinculada al derecho a la libertad física o personal, asegurando el interés superior de la niña, niño y adolescente, evitando la vulneración de derechos y garantías constitucionales, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0167_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 92ca9b6615f14b72f71ca69c599f5e4691ce66831da281003b9ccb1fec389900
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