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SCP 0167/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48160-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, concordante con los principios de celeridad y “publicidad”; puesto que, el Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado, desde el 24 de mayo de 2022 hasta la presentación de esta acción de defensa, no dio curso a su solicitud de remisión de copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla, realizado por Oficio de 23 de igual mes y año, con cargo de recepción de 24 del citado mes y año, remitido por el Juez de la causa, existiendo una clara dilación en la emisión de una respuesta, más aun considerando que su pedido estaba dirigido a solicitar la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, así como al principio de celeridad; por evidenciarse demora innecesaria en la remisión de las copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla, por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz ante el Juez de la causa, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa, con la finalidad de que esa conducta dilatoria no vuelva a repetirse en el futuro; sin disponer ninguna actuación, al cumplirse con ese acto procesal antes de la citación con la presente acción de defensa. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación al “principio de publicidad” y el pedido de imposición de multa al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2024-S3 Sucre, 20 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48160-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortíz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra David Rodolfo Machicado Cuela, Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 1 de junio de 2022, cursante de fs. 4 a 6, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dispuesta en audiencia de consideración de medidas cautelares realizada en “enero” de 2022; mediante memorial -de 15 de mayo del citado año- solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento oficie a dicho Centro Penitenciario a objeto de que remitan copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla del 24 de enero hasta el 12 de mayo de ese año, cumpliendo con las formalidades correspondientes. Asimismo, el Juez de la causa emitió el Oficio de 23 de mayo de 2022, que fue presentado ante el Gobernador del Centro Penitenciario ahora accionado el 24 de igual mes y año, el cual hasta el 1 de junio del citado año no tiene respuesta, y pese a que sus abogados se constituyeron en varias ocasiones en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a solicitar respuesta, se les informó que vuelvan y realicen seguimiento al indicado Oficio, de lo que se advierte que existe una clara dilación por el referido Gobernador del Centro Penitenciario, así como de los funcionarios que se encuentran a su cargo, al no responder a su petición requerida por salud; situación que vulnera sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, concordante con los principios de celeridad y “publicidad”; más aun considerando que se encuentra detenido preventivamente y se reconoce la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, de acuerdo al razonamiento de la SCP 0659/2020-S2 de 12 de noviembre.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, concordante con los principios de celeridad y “publicidad”; citando al efecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que el Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado, en el día remita la respuesta al Oficio de 23 de mayo de 2022, con cargo de recepción de 24 de igual mes y año, ante el Juez de la causa y sea con las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 15 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Desde que se encuentra privado de libertad ocurren irregularidades; puesto que, no puede comunicarse a través de llamadas telefónicas, teniendo la prohibición de llamar a sus familiares; b) El Oficio de 23 de mayo de 2022, con cargo de recepción de 24 del referido mes y año, era para que el Gobernador del Centro Penitenciario ahora accionado, informe cuantas veces su persona realizó llamadas; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no hay respuesta, transcurriendo cinco días; c) Uno de los motivos por los cuales se pidió esa información, fue para solicitar la cesación de su detención preventiva, lo que es suficiente para dar curso a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho planteada; ya que, existe una actuación negligente que vulnera el principio de celeridad y su derecho al debido proceso, previsto por el art. 115 de la CPE; d) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, las autoridades privadas, públicas, judiciales o administrativas deben dar respuesta inmediata a las solicitudes de las personas privadas de libertad; y, e) En caso de que el citado Gobernador del Centro Penitenciario en conocimiento de esta acción de libertad traslativa o de pronto despacho, remita de manera posterior la información requerida, pide la “mutación” de la misma a la modalidad innovativa por no actuar de manera diligente, al no realizarse en el plazo de setenta y dos horas conforme establece el procedimiento administrativo, omitiendo ese tipo de actuaciones que restringen derechos, siendo una situación vinculada a la libertad y a la vida, al ser destinado su petición para solicitar la cesación de su detención preventiva; debiendo imponerse una multa por las actuaciones dilatorias.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

David Rodolfo Machicado Cuela, Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: 1) Parece que al abogado del accionante no le interesa la situación de su defendido; puesto que, no sabe que existe una respuesta presentada antes de la interposición de esta acción de defensa; 2) El mencionado abogado constantemente presenta acciones de libertad, como si tendría “algo personal”, generando pérdida de tiempo; ya que, tiene casi tres mil personas privadas de libertad -por atender-; 3) Atiende solicitudes relacionadas a informes psicológicos, de buena conducta y requerimientos fiscales; por lo que, no puede dar privilegios a las peticiones del accionante, contestando de acuerdo a la llegada; respondiendo al Oficio de 23 de mayo de 2022, con cargo de recepción de 24 del referido mes y año, antes de ser citado con esta acción tutelar; y, 4) El accionante una vez al día tiene llamadas, siendo falso lo aseverado; toda vez que, tiene dos o tres llamadas sin restricción.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 28/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 16 a 17 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) En atención a la vulneración del principio de celeridad que conlleva una indebida dilación que afecta el derecho a la libertad del accionante, se indicó que pidieron copias del cuaderno del registro de llamadas con el fin de respaldar la solicitud de cesación de la detención preventiva, siendo indudable que ese pedido está vinculado al derecho a la libertad personal que pretende ser recobrado por el accionante independientemente de la determinación del Juez de la causa; ii) La solicitud de remisión de copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla se efectuó el 24 de mayo de 2022, conforme el cargo de recepción del Oficio de 23 de dicho mes y año; iii) El referido Oficio pasó ante el Comandante de Guardia de Chonchocorito y Grulla, quien el 27 del citado mes y año, a tiempo de informar adjuntó el registro de las llamadas realizadas -se entiende por el accionante-; iv) Así también, en cumplimiento a la Hoja de Ruta 8780 de 30 de mayo de 2022, David Dávalos Quispe, Comandante de Guardia de Chonchocorito y Grulla, a tiempo de informar, adjuntó una copia del libro de registro de llamadas del sector Chonchocorito y Grulla, dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado, indicando que desde que el accionante ingresó a dicho sector tiene derecho a salidas médicas, visitas de abogados y llamadas, en cuyo reverso de ese informe se encuentra el detalle de sus llamadas; v) A través de Nota de 31 de citado mes y año, los referidos informes y el detalle de las llamadas solicitadas, fueron remitidas por dicho Gobernador del Centro Penitenciario ante el Juez de la causa el 2 de junio del mismo año, a las 12:11 horas, cumpliendo con la respuesta a lo requerido; vi) Esa respuesta al referido Oficio, fue presentada el 2 de junio del indicado año, a las 12:“05” horas, y la citación con la presente acción tutelar al citado Gobernador del Centro Penitenciario, se realizó a las 15:27 horas; es decir, de manera posterior a la remisión de la contestación, no pudiéndose asumir que el Gobernador del Centro Penitenciario ahora accionado, anoticiado de la acción de defensa, recién cumplió con su obligación de emitir una respuesta; por ello, no corresponde la aplicación de la acción de libertad innovativa; y, vii) Si se observa la fecha del cargo de recepción del Oficio de 23 de mayo de 2022, fue el 24 del citado mes y año, y no se conoce cuál es el plazo para emitir una respuesta; sin embargo, por lo indicado por el accionante, serían setenta y dos horas, y tomando en cuenta ese plazo, se cumpliría el 27 del mismo mes y año, por lo que al 2 de junio de igual año, existiría un retraso de cuarenta y ocho horas; empero, la dilación debe ser indebida, teniendo en cuenta lo informado por el referido Gobernador del Centro Penitenciario, sobre la existencia de bastantes solicitudes de los internos del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y por la documentación que presentó, se advierte que dichas peticiones no pasan directamente ante él, sino que se realiza un trámite interno a través de informes y respuestas a hojas de ruta, pasando por diferentes funcionarios; por cuanto, si bien existe un retraso de dos días en la emisión de la respuesta; no obstante, el trámite que conlleva su materialización como se tiene señalado justifica ese retraso que no es considerable; encontrándose dentro de un plazo razonable que no amerita la concesión de la tutela solicitada, sino una recomendación a dicho Gobernador del Centro Penitenciario respecto a cuando haya ese tipo de peticiones, debiendo agotar los esfuerzos necesarios para responder a las mismas que tienen la finalidad de hacerlas valer en una solicitud de cesación de la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio de 23 de mayo de 2022, con cargo de recepción de 24 de igual mes y año, dirigido a David Rodolfo Machicado Cuela, Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -ahora accionado-, que contiene una transcripción de una parte del memorial dirigido a Mario Helmer Laura Picavia, Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento; por el cual, Maximiliano Dávila Pérez -hoy accionante-, solicitó que se remita copia del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla desde el 24 de enero al 12 de mayo del mismo año, con la finalidad de demostrar las veces que se comunica con personas del exterior del señalado Centro Penitenciario; constando el decreto que ordena ofíciese como se solicita (fs. 3 y vta.). II.2. Mediante Informes de 27 y 30 de mayo de 2022, emitidos por los Comandantes de Guardia de Chonchocorito y Grulla, del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dirigidos al Gobernador del citado Centro Penitenciario ahora accionado, mediante los cuales, adjuntaron las constancias de las llamadas realizadas por el accionante y una copia del libro de registro de llamadas del teléfono fijo ubicado en el sector de Chonchocorito y Grulla. Asimismo, cursa Nota con CITE Stría. Dir. 1028/2022 de 31 de mayo, presentado el 2 de junio de 2022 a las 12:11 horas, dirigido al Juez de la causa, mediante el cual dicho Gobernador del Centro Penitenciario, remitió los referidos Informes (fs. 12 al 14 vta.). II.3. Consta diligencia de citación con la presente acción de libertad realizada al Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado, el 2 de junio de 2022, a las 15:27 horas (fs. 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, concordante con los principios de celeridad y “publicidad”; puesto que, el Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado, desde el 24 de mayo de 2022 hasta la presentación de esta acción de defensa, no dio curso a su solicitud de remisión de copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla, realizado por Oficio de 23 de igual mes y año, con cargo de recepción de 24 del citado mes y año, remitido por el Juez de la causa, existiendo una clara dilación en la emisión de una respuesta, más aun considerando que su pedido estaba dirigido a solicitar la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a su vez a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, asumiendo el entendimiento asumido por la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, concordante con los principios de celeridad y “publicidad”; puesto que, el Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado, desde el 24 de mayo de 2022 hasta la presentación de esta acción de defensa, no dio curso a su solicitud de remisión de copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla, realizado por Oficio de 23 de igual mes y año, con cargo de recepción de 24 del citado mes y año, remitido por el Juez de la causa, existiendo una clara dilación en la emisión de una respuesta, más aun considerando que su pedido estaba dirigido a solicitar la cesación de su detención preventiva. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, mediante memorial de 15 de mayo de 2022, el accionante solicitó al Juez de la causa, se oficie al Gobernador del Centro Penitenciario ahora accionado a objeto de que remitan copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla desde el 24 de enero al 12 de mayo de 2022, con la finalidad de demostrar las veces que se comunica con personas del exterior del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, y para solicitar la cesación de su detención preventiva como señaló en audiencia de consideración de la presente acción tutelar; pedido que dicha autoridad judicial dio curso, siendo presentado el mencionado Oficio de 23 del citado mes y año, el 24 del mismo mes y año, ante el referido Gobernador del Centro Penitenciario (Conclusión II.1.); en ese sentido, los Comandantes de Guardia de Chonchocorito y Grulla del indicado Centro Penitenciario, emitieron los Informes de 27 y 30 del señalado mes y año, dirigidos al mismo Gobernador del Centro Penitenciario, haciéndole conocer que el accionante, realiza llamadas telefónicas a sus familiares dos veces a la semana, adjuntando al efecto, el registro de esas llamadas y una copia del libro de registro de llamadas del teléfono fijo ubicado en la sección de Chonchocorito y Grulla; los citados Informes y demás documentación que fueron presentados por el referido Gobernador del Centro Penitenciario conjuntamente una Nota con CITE Stría. Dir. 1028/2022 de 31 de mayo, el 2 de junio de ese año, a las 12:11 horas, ante el Juez de la causa (Conclusión II.2.). En ese sentido, al considerar el accionante que no hubo una respuesta al Oficio de 23 de mayo de 2022 con cargo de recepción de 24 del referido mes y año, interpuso esta acción de defensa, con la cual fue citado el Gobernador del Centro Penitenciario ahora accionado, el 2 de junio del mismo año a las 15:27 horas (Conclusión II.3.). Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que a través de este medio de defensa constitucional de carácter tutelar, el accionante denuncia que el Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado, desde el 24 de mayo hasta el 1 de junio de 2022, que fue presentada esta acción de defensa, no procedió a la remisión de las copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla, que fueron requeridas mediante Oficio de 23 de mayo del citado año, situación que evidencia una clara dilación en la emisión de una respuesta a lo solicitado. Teniendo en cuenta esa denuncia, corresponde señalar que el razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dejó establecido que toda autoridad judicial o administrativa que conozca de una solicitud de una persona que se encuentra privada de libertad y en la que se vea involucrado el derecho a su libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable, pues de no realizarlo podría provocar una restricción indebida del indicado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; la cual, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones o demoras innecesarias e indebidas que perjudican al privado de libertad en cuanto a resolver su situación jurídica. Bajo ese contexto jurisprudencial, y conforme al contenido de la denuncia constitucional planteada, se tiene que desde el 24 de mayo de 2022, en que fue presentado el Oficio de 23 de dicho mes y año ante el Gobernador del Centro Penitenciario ahora accionado, hasta la interposición de la presente acción de defensa, el 1 de junio del citado año, transcurrieron ocho días sin que se remitieran las copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla requeridas por el accionante, siendo que esa remisión debió efectuarse a la brevedad posible, o en un plazo razonable en aplicación del principio de celeridad que rige en la administración de justicia y dentro de los trámites administrativos; aspecto que evidencia la dilación innecesaria e indebida de parte del referido Gobernador del Centro Penitenciario, que provocó una demora en la resolución de la situación jurídica del accionante que se encuentra detenido preventivamente, vulnerando sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, así como al principio de celeridad; ya que, se pretendía hacer valer esas copias judicialmente y utilizarlas en una solicitud de cesación de su detención preventiva; motivo por el cual, al caso descrito corresponde considerar la aplicación de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al constituirse en un mecanismo procesal idóneo en caso de existir vulneración al citado principio vinculado con el derecho a la libertad de las personas. Sin embargo, al haberse remitido las copias del libro de registro de llamadas del teléfono fijo ubicado en la sección de Chonchocorito y Grulla el 2 de junio de 2022, luego del planteamiento de esta acción de defensa; empero, antes de su citación formal al Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado con la misma, corresponde en el caso concreto conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad innovativa, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, que tiene la finalidad de que la conducta dilatoria en la que se incurrió no vuelva a repetirse en futuras actuaciones similares, recomendando al indicado Gobernador del Centro Penitenciario que en actuaciones posteriores no incurra en las demoras advertidas respecto a la remisión de actuados que se encuentran a su cargo. Con relación a la denuncia de vulneración del “principio de publicidad”, no corresponde emitir pronunciamiento alguno, al no exponerse fundadamente como fue vulnerado con las actuaciones desarrolladas por el Gobernador del Centro Penitenciario hoy accionado, y al no vincularse con alguno de los derechos tutelados a través de este medio de defensa; correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. En cuanto al pedido de imposición de multa al Gobernador del Centro Penitenciario ahora accionado, no corresponde ser considerado, debido a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, así como al principio de celeridad; por evidenciarse demora innecesaria en la remisión de las copias del cuaderno de registro de llamadas de la sección Chonchocorito y Grulla, por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz ante el Juez de la causa, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa, con la finalidad de que esa conducta dilatoria no vuelva a repetirse en el futuro; sin disponer ninguna actuación, al cumplirse con ese acto procesal antes de la citación con la presente acción de defensa. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación al “principio de publicidad” y el pedido de imposición de multa al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0167_2024-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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