Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 21 de abril de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad, igualdad de las partes y debido proceso; alegando que, habiéndose programado audiencia para considerar su situación jurídica por vencimiento del plazo de su detención preventiva –programada con cuatro meses de anticipación–; y, otra de solicitud de cesación a la detención preventiva, ambas para el 17 de noviembre de 2021, a las 08:30 y 09:00 respectivamente, instalado dicho verificativo el Juez ahora demandado, se declaró incompetente, señalando que un día antes el Ministerio Público había presentado acusación formal en su contra, por lo que se remitieron antecedentes al Tribunal de Sentencia Primero del departamento de La Paz, presumiendo que ya se encontraría radicada, razón por la cual suspendió ambas audiencias de forma ilegal y dilatoria, soslayando que aún tenía competencia para resolver las cuestiones referidas, pues la causa todavía no se encontraba radicada en el Tribunal de Sentencia. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2023-S4 Sucre, 21 de abril de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44714-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adolfo Paniagua Coronado en representación sin mandato de Oscar Renán Ricon Zarate contra Danny Roberto Knaudt Vilaseca, Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba.
Por memorial recibido el 17 de noviembre de 2021, cursante de fs. 2 a 5 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de estupro, se dispuso su detención preventiva mediante Auto de aplicación de medidas cautelares de 16 de junio de 2021, por el plazo de cinco meses, donde además se señaló verificativo para considerar su situación jurídica para el 17 de noviembre de igual año. En ese marco, solicitó cesación a su detención preventiva al amparo del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a través de escrito de 10 del mes y año referidos, que mereció señalamiento de audiencia para “el día de hoy 17/11/21” (sic). No obstante, con un actuar dilatorio e inconstitucional ambas audiencias fueron suspendidas, ya que el Juez ahora demandado instaurado el verificativo informó que el Ministerio Público “el día de ayer Martes 16/11/21, hubiera presentado acusación fiscal” (sic), en cuyo efecto se hubiesen remitido todos los antecedentes del proceso al Tribunal de Sentencia Primero, efecto por el que habría perdido competencia señalando que de acuerdo a procedimiento, la causa debió radicarse en el día, presumiendo su radicatoria, aspecto que lo imposibilitó llevar a cabo las audiencias de consideración de su situación jurídica por vencimiento del plazo de su detención preventiva y de cesación que realizó al amparo del art. 239.1 del CPP, modificado por la Ley , ambas vinculadas con su libertad, pese al recurso de reposición que planteó, el cual fue denegado de manera infundada, por cuanto debió aplicarse la línea jurisprudencial “respecto a que no se tiene certeza o prueba documentada la cual confirma la radicatoria” (sic); por lo que, debió ponderar y prevalecer su derecho a la libertad desarrollando las audiencias con base en los principios constitucionales establecidos. Asimismo, señaló que tal accionar resulta inconstitucional, pues dicha autoridad judicial debió llevar a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva y de consideración de su situación jurídica respecto al plazo de detención, pues hasta que no se emita un auto de radicatoria el Juez mantiene su competencia. Finalizó señalando que los hechos denunciados evidencian la existencia de un acto dilatorio al suspender la audiencia sin causa justificada; por lo que, interpone acción de libertad de pronto despacho.
El accionante mediante su representante, alegó como lesionado su derecho a la libertad “mediante un acto dilatorio” (sic), igualdad de las partes y debido proceso, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 23.I, 115.I, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad demandada que en el plazo de veinticuatro horas señale audiencia de “consideración de la necesidad de la detención preventiva” y audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) Exhortar al Juez demandado observe el principio de celeridad y el valor libertad a fin de que no se vuelvan a reiterar estos actos dilatorios mediante suspensiones injustificadas “CON ESENCIA DE ACCIÓN DE LIBERTAD INNOVATIVA” (sic).
Celebrada la audiencia pública celebrada el 18 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 44 vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó el memorial de acción de libertad interpuesto, señalando que: 1) El art. 8 de la CPE, establece que el Estado asume y promueve como principios ético morales de la sociedad plural el ama qhilla, ama llulla y ama suwa, por lo que solicitó sean tomados en consideración a momento de la emisión de la respectiva resolución; 2) La autoridad demandada sostiene que estando presentada la acusación conforme el art. 340 del CPP, pierde competencia; no obstante para ello la radicatoria debe encontrarse materializada; y, 3) Con relación a la remisión del pliego acusatorio por el delito de estupro, la Secretaria Abogada no tomó en cuenta la competencia del Juez o Tribunal; por lo que, solicitó se conceda la tutela disponiendo que el demandado desarrolle la audiencia señalada dentro el plazo de veinticuantro horas.
Danny Roberto Knaudt Vilaseca, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, a través del informe escrito presentado el 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 20 a 21, señaló: i) En suplencia del Juzgado Público Mixto Primero de Tiquipaya del aludido departamento, conoció la causa que dio origen a esta acción tutelar; ii) El decreto emitido el 17 de noviembre de 2021, en la audiencia de consideración de su situación jurídica es expreso, y contiene todos los elementos necesarios que por sí solos desvirtúan esta acción tutelar, “no obstante, a mayor abundamiento remarcar los siguientes extremos ya esbozados en dicho decreto, que fue confirmado por Auto que deniega la reposición en audiencia; iii) Si bien es cierto que la SCP 222/2018 de 22 de mayo, estableció que los Juzgados cautelares tendrán competencia hasta la radicatoria de la causa en el Tribunal o Juzgado de Sentencia, debe considerarse que el plazo para radicar la causa es en el día de acuerdo a lo previsto por el art. 340 del CPP, no en veinticuatro ni cuarenta y ocho horas, por lo que habiendo sido remitida el 16 de noviembre de 2021, debió ser radicada en el día; iv) La audiencia señalada para considerar su situación jurídica procesal y cesación a la detención preventiva fue señalada para el 17 de noviembre de 2021, lo que de modo expreso permite advertir que la causa se encontraba radicada en el Tribunal de Sentencia Primero de Quillacollo; v) No vulnero derecho alguno, pues actuó en apego a la norma cuidando de no originar vicios procesales; por lo que, al existir una instancia competente el hoy accionante puede acudir a la misma reconduciendo su petitorio; y, vi) Finalizó aclarando que se declaró incompetente en razón a las causales señaladas y a fin de evitar dilaciones, también en la vía de complementación y ante la solicitud de la parte acusada, por decreto se dispuso la suspensión de la audiencia de cesación a la detención preventiva, conforme consta en el Acta respectiva”; argumentos en torno a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución de 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 41 a 44, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado dentro el plazo de veinticuatro horas lleve a cabo la audiencia solicitada por la parte accionante, sin costas por se excusable al encontrarse en suplencia por acefalia existente en el asiento judicial de Tiquipaya, con los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a la SCP 022/2018-S2, la autoridad debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares personales sea de aplicación y/o modificación, pese a la presentación de la acusación fiscal, por cuanto sigue siendo plenamente competente hasta que exista objetiva constancia que la causa se encuentra radicada ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal, ya que lo contrario conllevaría dejar al imputado en incertidumbre en torno a su situación jurídica; y, b) Con el decisorio asumido se vulneró el derecho a la libertad, debido proceso y seguridad jurídico del ahora accionante (fs. 39).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares desarrollada el 16 de junio de 2021, donde fue emitido el Auto Interlocutorio de la misma fecha, a través de la cual la Jueza Mixta Pública Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de Oscar Renán Ricon Zárate hoy accionante, por el plazo de cinco meses, fijando audiencia para el 17 de noviembre del mismo año, a las 08:30 para resolver su situación jurídica (fs. 22 a 25 vta.). II.2. Mediante acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar, celebrada el 24 del mes y año referidos, donde fue pronunciado el Auto de Vista de igual fecha, mediante el cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró en parte procedente la referida apelación en consecuencia “en mérito a las correcciones efectuadas a la resolución” (sic), confirmaron su detención preventiva, con el reajuste de los fundamentos expuestos en dicho Auto de Vista (fs. 26 a 30 vta.). II.3. Consta memorial incompleto, a través del cual el hoy impetrante de tutela solicito ante el Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Tiquipaya del aludido departamento –ahora demandado–, cesación a su detención preventiva, el cual mereció el decreto de 16 de noviembre de 2021, mediante el cual se señaló fecha de audiencia para su consideración el 17 del mismo mes y año, a las 09:00 (fs. 32 a 33). II.4. Por acta de audiencia de consideración de situación jurídica, desarrollada el 17 de noviembre de 2021, donde fue emitido el decreto de la misma fecha, por medio del cual el Juez hoy demandado, se declaró incompetente para atender la consideración de la situación jurídica del ahora accionante, por lo que suspendió la audiencia, señalando que el imputado debería reconducir su petitorio ante la instancia judicial competente, añadiendo en la vía de complementación que también suspendía la audiencia de cesación a la detención preventiva bajo el mismo razonamiento, pudiendo también acudir a la vía correspondiente; determinación contra la cual en el mismo verificativo interpuso recurso de reposición, que a través de Auto de la misma fecha, fue rechazado (fs. 34 a 36). II.5. A través de Informe de 18 de noviembre de 2021, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de La Paz, hizo conocer que: i) El proceso relativo al hoy accionante ingresó a ese Tribunal el 16 del mes y año referidos, proceso que no fue radicado por ese Tribunal; ii) Que el delito de estupro no se encuentra contemplado en el art. 52 de CPP, modificado por la Ley 1173, que establece las competencias de los Tribunales de Sentencia; y, iii) El proceso fue remitido al Juez de Sentencia Cuarto de Quillacollo, en cumplimiento al Auto de Declinatoria de Competencia emitido por ese Tribunal (39). II.6. Por nota de 17 de noviembre de 2021, Percy Cumara Rodríguez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por declinatoria remitió el proceso seguido por el Ministerio Público contra Oscar Renan “Rincón” Zárate por la presunta comisión del delito de estupro, ante el Juzgado de Sentencia de turno de Quillacollo del mismo departamento, cuyo timbre electrónico evidencia que fue presentado el 18 del citado mes y año, recayendo en el Juzgado de Sentencia Cuarto del mismo lugar (fs. 38).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad, igualdad de las partes y debido proceso; alegando que, habiéndose programado audiencia para considerar su situación jurídica por vencimiento del plazo de su detención preventiva –programada con cuatro meses de anticipación–; y, otra de solicitud de cesación a la detención preventiva, ambas para el 17 de noviembre de 2021, a las 08:30 y 09:00 respectivamente, instalado dicho verificativo el Juez ahora demandado, se declaró incompetente, señalando que un día antes el Ministerio Público había presentado acusación formal en su contra, por lo que se remitieron antecedentes al Tribunal de Sentencia Primero del departamento de La Paz, presumiendo que ya se encontraría radicada, razón por la cual suspendió ambas audiencias de forma ilegal y dilatoria, soslayando que aún tenía competencia para resolver las cuestiones referidas, pues la causa todavía no se encontraba radicada en el Tribunal de Sentencia. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0068/2020-S4 de 10 de julio estableció que: “Respecto a la competencia que debe asumir el Juez cautelar, dentro de la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, cuando existe acusación presentada por el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1419/2016-S3 de 6 de diciembre, que cita a su vez a la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, estableció que: ‘…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘…situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…” (las negrillas y el subrayado es nuestro).
La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.
Además, enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’.
Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
Considerando que el accionante denuncia que el Juez demandado incurrió en dilación indebida en la resolución de su situación jurídica, puesto que suspendió las audiencias donde debía considerar el vencimiento del plazo de su detención preventiva y su solicitud expresa de cesación, declarándose incompetente ante la presentación de acusación formal, soslayando que aún tenía competencia para resolver las cuestiones referidas, pues la causa todavía no se encontraba radicada en el Tribunal de Sentencia.
En la especie, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece que, ante la existencia de una solicitud de cesación a la detención preventiva, es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado acusación, pero siempre que no hubiera sido radicada la causa en el Tribunal de sentencia, más aun considerando que el acto fue programado con anticipación.
En ese contexto, en el caso concreto de acuerdo a los antecedentes procesales cursantes en obrados, se tiene que el hoy accionante fue sometido a audiencia de aplicación de medidas cautelares el 16 de junio de 2021, donde fue emitido el Auto Interlocutorio de la misma fecha, a través de la cual la Jueza Mixta Pública Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva, por el plazo de cinco meses, fijando audiencia para resolver su situación jurídica para el 17 de noviembre del mismo año, a las 08:30 (Conclusión II.1).
Determinación que, al ser apelada por la parte hoy solicitante de tutela, mereció el pronunciamiento del Auto de Vista de igual fecha, mediante el cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró en parte procedente la referida apelación en consecuencia “en mérito a las correcciones efectuadas a la resolución” (sic), confirmaron su detención preventiva, con el reajuste de los fundamentos expuestos en dicho Auto de Vista (Conclusión II.2).
Por otro lado, cursa memorial –incompleto–, a través del cual el accionante solicito ante el Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Tiquipaya del aludido departamento– ahora demandado–, la cesación a su detención preventiva, que mereció el decreto de 16 de noviembre de 2021, mediante el cual se señaló fecha de audiencia para su consideración el 17 del mismo mes y año, a las 09:00 (Conclusión II.3); instalado dicho verificativo, fue emitido el decreto de la misma fecha, por medio del cual el Juez hoy demandado, se declaró incompetente para considerar la situación jurídica del ahora accionante; por lo que, suspendió la audiencia, señalando que el imputado debía reconducir su petitorio ante la instancia judicial competente, añadiendo en la vía de complementación que también suspendía la audiencia de cesación a la detención preventiva bajo el mismo razonamiento; determinación contra la cual en el mismo acto en el que el accionante interpuso recurso de reposición, que a través de Auto de la misma fecha, fue rechazado (Conclusión II.4).
Asimismo, cursa el Informe de 18 de noviembre de 2021, elaborado por la Secretaria Abogada del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a través del cual hizo conocer que: 1) El proceso relativo al hoy accionante ingresó a ese Tribunal el 16 del mes y año referidos, proceso que no fue radicado por ese Tribunal; 2) Que el delito de estupro no se encuentra contemplado en el art. 52 de CPP, modificado por la Ley 1173, que establece las competencias de los Tribunales de Sentencia; y, 3) El proceso fue remitido al Juez de Sentencia Cuarto de Quillacollo, en cumplimiento al Auto de Declinatoria de Competencia emitido por ese Tribunal.
Finalmente consta la nota de 17 de noviembre de 2021, a través del cual Percy Cumara Rodríguez, Juez del Tribunal de Sentencia Primero de Quillacollo del citado departamento, por declinatoria remitió el proceso seguido por el Ministerio Público contra Oscar Renán “Rincón” Zárate por la presunta comisión del delito de estupro, ante el Juzgado de Sentencia de turno de Quillacollo del mismo departamento, cuyo timbre electrónico evidencia que fue presentado el 18 del citado mes y año, recayendo en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba (38).
Bajo esos antecedentes, si bien es evidente la existencia de acusación formal en contra del accionante y que la misma hubiera sido remitida el 16 de noviembre de 2021, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; no obstante, de acuerdo al informe elaborado por la Secretaria del aludido Tribunal, se tiene certeza que la causa no fue radicada en dicha instancia, por cuanto correspondía que el Juez ahora demandado lleve adelante las audiencias programadas resolviendo la situación jurídica del accionante, no resultando válido que justifique su accionar argumentando que como la norma señala que la causa debe ser radicada en el día, asuma que ello hubiera sucedido; máxime, cuando del mismo informe consta que el Tribunal al que fue remitido el caso, declinó competencia porque el ilícito investigado (estupro) no se encontraba contemplado en los delitos señalados en el art. 52 del CPP, a través del cual se estableció nuevas competencias a los Tribunales de Sentencia para conocer delitos de acción pública.
Comprensión bajo la cual, ante la existencia de dilación indebida corresponde conceder de la tutela solicitada en la modalidad traslativa o de pronto despacho, cuya configuración se encuentra destinada a acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, como establece el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0167_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3e47f11f4337e2239578a8e5ae08833fb4205040baff2ba702f842e84d6ac82f
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