Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de mayo de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante, alega la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos defensa material y técnica, a ser oído, a la inviolabilidad de defensa, a la igualdad, a la impugnación y tutela judicial efectiva vinculados con la libertad física y de locomoción; toda vez que, dentro el proceso penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica y otros, interpuso recurso de apelación incidental, misma que recayó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se cometieron las siguientes irregularidades: a) El Vocal ahora demandado, en la audiencia de 2 de marzo de 2022, emitió el Auto de Vista 78/2022, confirmando la resolución apelada bajo el argumento que su defensa técnica no sé presentó a realizar la fundamentación menos justificó su inasistencia; cuando no fue notificado con el señalamiento de audiencia, por lo que el 15 de igual mes y año, solicitó pueda corregir o sanear sus actos o del inferior, siendo respondido mediante providencia bajo el tenor estese a lo resuelto y los datos remitidos; y, b) La auxiliar, Andrea Milena Mamani Saire, con falsedad, malicia y total negligencia remitió un informe con datos falsos de su defensa técnica ante el Tribunal de Alzada, puesto que su abogado defensor es René Alfonso Salazar Villazante con celular 72013646 y no Grover Leopoldo Salazar Suxo con celular 79654000, generando que los funcionarios de la Sala notifiquen de manera incorrecta con el señalamiento de audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o d…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 013/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 135 a 137, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación al Vocal de la Sala Penal Primera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 78/2022 de 2 de marzo en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
2° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la Auxiliar del de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, sin disponer medida alguna en vista a lo dispuesto en relación al Vocal demandado en base a los fundamentos desarrollados, pero con llamada de atención, por la labor desplegada. 3° DENEGAR, en relación al Juez Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en base a los fundamentos desplegados.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0164/2024-S1 Sucre, 29 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48181-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 013/2022, de 3 de junio, cursante de fs.135 a 137, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Freddy Torrejón Rocabado contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera, Mario Helmer Laura Picavia, Juez y Andrea Milena Mamani Saire, Auxiliar ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia a la Mujer Primero, todos de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de junio de 2022, cursante de fs.108 a 126 vta., el accionante, expreso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el presunto delito de “prevaricato”, se cometieron las siguientes irregularidades: a) El 3 de febrero de 2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia a la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, señaló audiencia para la consideración de la aplicación de medidas cautelares, actuado para el cual su defensa técnica se enteró de manera irregular, puesto que se había notificado a otro profesional, extremo que hizo conocer a la auxiliar de dicho Juzgado, llevándose la audiencia aproximadamente a las 23:00, emitiéndose el Auto Interlocutorio 85/2022 de la mencionada fecha, determinándose que cumpla la medida extrema de la detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro del mencionado Juzgado, sin considerar que cuenta con setenta y cinco años además que está a cargo de su hija con discapacidad, contra dicha determinación presento apelación incidental de conformidad al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
b) Transcurrió más de dos semanas desde que se ordenó la remisión ante el superior en grado, motivo por el que el 24 de febrero de 2022 se interpuso acción de libertad de pronto despacho en contra del Juez ahora demandado, siendo resuelto mediante la Resolución 15/2022 de 25 de igual mes y año, disponiendo que se remita en el día. c) Su defensa técnica se apersonó ante el referido Juzgado con la finalidad de conocer sobre la remisión del cuaderno de apelación, indicándole los funcionarios que fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuando se apersonó a dicha Sala en varias oportunidades el 25 de febrero de 2022 hasta horas 14:05, con la finalidad de confirmar la remisión, manifestándole los funcionarios que no fue remitido la apelación, revisado los libros y conversado con el Secretario de Cámara indicándole “que solo habían remitido uno o dos casos que no era el caso específico (…) TAMPOCO SE RECIBIRAN MAS REMISIONES porque ya se encontraba FUERA DE HORARIO PARA LA RECEPCION de las mismas y que directamente el día MIERCOLES 02 DE MARZO, es decir, después de los feriados de carnaval…” (sic). Su abogado esperó la notificación con el señalamiento de audiencia, grande fue su sorpresa al enterarse que la audiencia fue señalada para el 2 de marzo a horas 10:00 (cuando fue informado que recién se recibiría la apelación), asimismo se habría llevado la audiencia: sin embargo, en ningún momento notificaron a su abogado René Alfonso Salazar Villazante con numero de celular 72013646, siendo que es el único que se apersonó a la causa con el domicilio procesal y demás datos.
d) Mediante Auto de Vista 78/2022 de 2 de marzo, el Vocal de la Sala Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, declaró en principio la admisibilidad del recurso de apelación; sin embargo, confirmó el Auto Interlocutorio 85/2022, bajo el argumento que no se ha escuchado agravio alguno; empero, el Tribunal de alzada actuó de manera incorrecta, debido que se encontraba sin defensa técnica, por lo que se le debió designarse Defensor de Oficio. e) El 11 de marzo de 2022, salió del Despacho del Vocal demandado el cuaderno de apelación incidental, donde se pudo constatar el informe de la funcionaria Andrea Milena Mamani Saire -Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia a la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz-, dirigida a la Sala Penal Primera los números de celulares de las partes, mencionando como supuesto abogado defensor “ABOGADO DEL IMPUTADO GROVER LEOPOLDO SALAZAR CEL. 79654000” (sic), ante la falsedad, malicia y total negligencia por mencionada funcionaria causando un grave perjuicio y total estado de indefensión, este hecho irregular y defectuoso originó que el oficial de la Sala Penal Segunda del mencionado departamento realice una errónea notificación a un abogado imaginario, por lo que dicha notificación carece de todo valor legal y eficacia jurídica para fundar una decisión judicial, habiendo conculcado sus derechos y garantías constitucionales del debido proceso en sus vertientes a ser oído, a la defensa técnica y material, a la igualdad procesal, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva vinculados con mi derecho a la libertad física y de locomoción.
f) El 15 de marzo de 2022, hizo conocer el grave perjuicio y el total estado de indefensión mediante memorial dirigido a la Sala Penal Primera, donde el vocal ahora demandado advertido de su error o defecto, tiene la facultad de corregir o sanear sus propios actos o del inferior; sin embargo, el ahora demandado por providencia de 18 de marzo de 2022, señaló: “Se tiene presente el memorial que antecede, estese a los datos del proceso y actuados procesales como a lo remitido por el Juzgado A Quo, ante esta Sala Penal” (sic).
g) El 22 de marzo de 2022, mediante memorial dirigido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia a la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, denunció sobre los actos irregulares que han quebrantado los derechos y garantías constitucionales, solicitando que la autoridad demandada disponga la emisión de informes a la Auxiliar y el Secretario, Oficios al Consejo de la Magistratura para la apertura del Proceso Disciplinario contra la Auxiliar, al Registro Público de Abogados (RPA), con la finalidad de que certifiquen si el abogado Grover Leopoldo Salazar Suxo, se encuentra en la base de datos; emitiéndose en consecuencia el decreto de 24 de igual mes y año, disponiendo la emisión del informe, el cual fue labrado indicando que: “ …siendo que por la premura de remitir hasta las 12:00 p.m. ya a la excesiva carga laboral de este despacho judicial, la suscrita por error involuntario consigno el referido número de celular” (sic), admitiendo su error, pero no solo informó de manera equivocada en el número de celular sino también el nombre de su defensa técnica.
Alega como vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos defensa material y técnica, a ser oído, a la igualdad procesal, a la impugnación, a la tutela judicial efectiva vinculados con el derecho a la libertad física y de locomoción, citando al efecto los arts. 24, 115.I y II, 117.I, 119.I y II, 120.I 125, 126, 127 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el trámite del recurso de apelación incidental y los actos procesales posteriores o en su defecto se deje sin efecto el Auto de Vista 78/2022 de 2 de marzo; y, 2) Ordenar se señale día y hora de audiencia para la consideración de la apelación incidental.
Celebrada la audiencia el 3 de junio de 2022, según acta cursante de fs. 134 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, mediante su defensa técnica se ratificó en el contenido de la acción de libertad y ampliándola en audiencia manifestó que se aplique el principio constitucional de la presunción de veracidad a los hechos denunciados y se conceda la tutela.
Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 3 de junio de 2022, cursante de fs. 133, manifestó los siguientes argumentos: i) Se sorprendió que plantee la presente acción después tres meses, obviamente está dentro el plazo, empero los motivos por lo que fue emitido el Auto de Vista, muestran que en el día señalado no se encontraba presente la defensa técnica; por lo que, no se escuchó agravio alguno de conformidad al art. 398 del CPP; y, ii) Los argumentos de la accionante no son evidentes, precisamente a los datos del Auto de Vista, solicitando se deniegue la tutela. Mario Helmer Laura Picavia y Andrea Milena Mamani Saire, Juez y Auxiliar respectivamente, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia a la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, pese a su legal citación cursante a fs. 128, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia señalada.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 013/2022 de 3 de junio, cursante de fs.135 a 137, concedió la tutela solicitada, disponiendo “la nulidad del Auto de Vista 078/2022 de 02 de marzo de 2022, debiendo señalar nueva audiencia, asegurando la defensa técnica del imputado, debiendo programarse dicho actuado procesal de forma inmediata para posteriormente emitirse nuevo Auto de Vista…” (sic); y, denegó en relación al Juez y la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia a la Mujer Primero de la capital del departamento de La Paz por carecer de legitimación pasiva, bajo los siguientes fundamentos: a) El recurso de apelación de una medida cautelar que se llevó el 3 de febrero de 2022, debió ser remitido en veinticuatro horas y ser resuelto en el plazo máximo de tres días; sin embargo, fue remitido a la Sala Penal Primera el 25 de febrero de igual año; es decir después de veintidos días, sin justificativo alguno, siendo evidente la dilación y retardo de justicia, menos aun cuando el juez ahora demandado no presentó o asistió a la audiencia señalada; b) El 2 de marzo de 2022 se emitió el Auto de Vista 78/2022, confirmando el Auto Interlocutorio 85/2022, con el argumento que no se escuchó agravio alguno al amparo del art. 251 y 398 del CPP, a pesar que en la audiencia se informó la ausencia del abogado defensor con el tenor “el abogado del imputado Freddy Torrejón no se presentó como tampoco justificó su inasistencia al acto procesal señalado pese a estar legalmente notificado…” (sic), empero el imputado se encontraba presente, pero sin el abogado de su confianza; c) El juez o Vocal tiene el deber de garantizar el debido proceso y el carácter irrenunciable de la defensa técnica en los procesos penales, llevar una audiencia de apelación de medidas cautelares sin que el imputado esté debidamente asesorado, se constituye en un acto arbitrario, el cual limitó el derecho a la defensa técnica del accionante; y, d) La actuación de la autoridad demandada, constituye evidentemente un acto vulneratorio y lesivo a los derechos reclamados, pues ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación, correspondía que suspenda dicho verificativo o en su defecto nombrarle un defensor de oficio a efectos de garantizar el derecho a la defensa; sin embargo llevó adelante la mencionada audiencia y se pronunció una resolución fundada únicamente en la inasistencia del abogado; y, e) Finalmente, conforme desarrolla la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de libertad es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamientos indebidos o ilegal; toda vez que, conforme a los antecedentes era el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz quien debía observar, analizar y resolver cualquier agravio o incidencia producto de la resolución apelada, por lo que corresponde denegar la tutela en relación al Juez y Auxiliar demandados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Consta memorial de apersonamiento presentado por Freddy Torrejón Rocabado el 2 de febrero de 2022 ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, señalando como nuevo domicilio procesal “Avenida Potosí esq. Genaro Sanjinés, Edificio ‘CHAIN’, N° 876, piso 2, oficina 04, zona central de la ciudad de La Paz, con CEL: 72013646 y correo electrónico jorgerenesalazar@hotmail.com” (sic), el cual mereció la providencia de igual fecha, aceptando el señalamiento del domicilio (fs. 2 a 3), en posteriores escritos fue ratificado el 15 y 17 de febrero de 2022 y aceptada mediante los decretos de 17 y 21 de igual mes y año (fs.4 a 18). II.2. Cursa informe de 12 de febrero de 2022, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por el presunto delito de Consorcio de Jueces, Fiscales y abogados con Nurej. 201102012200570, elaborado por la ahora codemandada Andrea Milena Mamani Saire, dirigida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre los números de los celulares de las partes: “…abogado del imputado. Grover Leopoldo Salazar cel. 7965400 Freddy Torrejón Rocabado Centro penitenciario de san pedro…” (sic [fs.21])
II.3. Por decreto de 25 de febrero de 2022, el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señaló audiencia pública para considerar el recurso de apelación de carácter personal para el 2 de marzo de 2022 a horas 10:00, a desarrollarse de forma virtual mediante la plataforma Cisco Webex (fs.23), notificado con el señalamiento de audiencia “…Grover Leopoldo Salazar abogado del imputado Freddy Torrejón Rocabado al número de celular 7965400” (fs. 24). II.4. Cursa acta de audiencia pública de apelación de medida cautelar de 2 de marzo de 2022, dentro el proceso penal seguido contra el accionante, en el que el Secretario de Sala informó “… Presente la parte imputada Freddy Torrejón Rocabado. Ausente su Abogado Defensor” (sic [fs. 26], en consecuencia, el vocal demandado emitió el Auto de Vista 78/2022, declarando “…la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación interpuesto por Freddy Torrejón Rocabado por haber sido presentado dentro del plazo previsto por ley; sin embargo, al no haber escuchado agravio alguno, se CONFIRMA la Resolución N°85/2022…” (sic), bajo el argumento, que el abogado del imputado no sé presentó tampoco justificó su inasistencia a la audiencia señalada pese a su legal notificación el 25 de febrero de 2022 (fs. 27 a 28), motivo por el que mediante memorial de 15 de marzo de 2022, hizo conocer el perjuicio y el estado de indefensión que se le causó, para que realice el saneamiento, siendo que cuenta con la facultad para corregir o subsanar de oficio o petición sus actos o del inferior, siendo respondido con la providencia de 18 de marzo de 2022 señalando “…estese a los datos del proceso y actuados procesales como a lo remitido por el juzgado A Quo, ante esta Sala Penal” (sic [fs. 31 a 44]. II.5. Mediante memorial de 22 de marzo, el ahora accionante, bajo el tenor
“Denuncia actos irregulares incurriendo en quebrantamiento a los derechos y garantías constituciones en vía de control jurisdiccional tome acciones que indica” (sic) solicitó ante el Juez ahora codemandado, ordenar que informen:
a) La auxiliar Andrea Milena Mamani Saire, sobre: la base a que documentación, la fecha de recepción por el Juzgado y el Auto o decreto emitido, por el que ha informado y certificado que el abogado el imputado (ahora accionante) Grover Leopoldo Salazar Suxo con celular 79654000, además de que indique la foja y fecha del apersonamiento de René Salazar Villazante como su causídico. b) Al Secretario, sobre: Si existe alguna documentación en el cuaderno de control jurisdiccional en el que conste el patrocinio del abogado Grover Leopoldo Salazar Suxo con celular 79654000, indicando que sujetos procesales patrocina, la fecha de recepción, fecha del decreto o auto donde se acepta el domicilio procesal y la foja o el cuerpo donde consta el patrocinio.
c) Oficio al Registro Público de Abogados dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para que informen o certifiquen si Grover Leopoldo Salazar Suxo se encuentra registrado como abogado.
d) Oficio al Consejo de la Magistratura, para la apertura del proceso disciplinario de la funcionaria Andrea Melina Mamani Saire (fs. 40 a 43 vta.) siendo dispuesto mediante decreto de 24 de marzo de 2022 por la autoridad jurisdiccional (fs.44). II.6 Cursa informe emitido por Andrea Milena Mamani Saire de 28 de marzo de 2022, en lo más destacado señala:
“…Si bien el abogado afirma que el señor Grover Leopoldo Salazar no era el abogado del imputado, la suscrita remitió números de celulares de las notificaciones que están arrimados en el expediente de control jurisdiccional, siendo por la premura de remitir hasta las 12:00 p.m. ya la excesiva carga laboral de este despacho judicial, la suscrita por un error involuntario consigno el referido número de celular”. Siendo providenciado por el Juez mediante decreto de 29 de marzo de 2022, con el tenor “Se tiene presente en conocimiento de partes” (sic [fs.45 y vta.]).
El accionante, alega la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos defensa material y técnica, a ser oído, a la inviolabilidad de defensa, a la igualdad, a la impugnación y tutela judicial efectiva vinculados con la libertad física y de locomoción; toda vez que, dentro el proceso penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica y otros, interpuso recurso de apelación incidental, misma que recayó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se cometieron las siguientes irregularidades: a) El Vocal ahora demandado, en la audiencia de 2 de marzo de 2022, emitió el Auto de Vista 78/2022, confirmando la resolución apelada bajo el argumento que su defensa técnica no sé presentó a realizar la fundamentación menos justificó su inasistencia; cuando no fue notificado con el señalamiento de audiencia, por lo que el 15 de igual mes y año, solicitó pueda corregir o sanear sus actos o del inferior, siendo respondido mediante providencia bajo el tenor estese a lo resuelto y los datos remitidos; y, b) La auxiliar, Andrea Milena Mamani Saire, con falsedad, malicia y total negligencia remitió un informe con datos falsos de su defensa técnica ante el Tribunal de Alzada, puesto que su abogado defensor es René Alfonso Salazar Villazante con celular 72013646 y no Grover Leopoldo Salazar Suxo con celular 79654000, generando que los funcionarios de la Sala notifiquen de manera incorrecta con el señalamiento de audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada; 2) Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP0583/2021-S1 de 25 de octubre, entre otras, ha asumido el siguiente entendimiento: A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 03 de mayo de 2019–, el Código de Procedimiento Penal y las disposiciones conexas al mismo han sufrido cambios trascendentales que tienen como finalidad efectivizar la tramitación de las causas penales; en ese contexto, incumbe remitirnos sobre el trámite de la apelación incidental de medidas cautelares y las inasistencias o demoras tanto del imputado como de su abogado a las audiencias programadas en apelación:
En cuanto a la apelación de las medidas cautelares, el art. 11 de la indicada Ley 1173, modificó el art. 251 del CPP bajo el siguiente texto:
Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
Asimismo, la Disposición Adicional Segunda de la antedicha Ley 1173, modificó el art. 58 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, con el siguiente contenido:
Artículo 58. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA PENAL). I. Las atribuciones de las salas en materia penal, son:
1. Substanciar y resolver conforme a Ley, los recursos de apelación de autos y sentencias de juzgados en materia penal y contra la violencia hacia las mujeres;
2. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de sala;
3. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales; y, 4. Otras establecidas por Ley.
consultas de las excusas y recusaciones, serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa (el resaltado es nuestro). De las normas descritas, inicialmente se tiene que, es atribución de las Salas Penales resolver las apelaciones de las medidas cautelares mediante el Vocal de turno; en tal sentido, la apelación emergente de una medida propia del régimen cautelar (aplicación o modificación) se la deberá efectuar en el plazo de setenta y dos (72) horas ante el tribunal o juez que emitió la resolución, a efectos de remitir los antecedentes ante la instancia de apelación en el término de veinticuatro (24) horas bajo responsabilidad; para luego, ya en instancia superior, el Vocal de turno resuelva el caso en audiencia dentro los tres (3) días siguientes de recibidos los actuados sin la posibilidad de plantear otro medio de impugnación.
Lo descrito, permite concluir en que, el trámite y la resolución de la apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares se constituye en un procedimiento sumario y rápido que no admite dilación alguna, salvo las excepciones previstas por la misma ley respecto a la imposibilidad de desarrollar la audiencia como se verá seguidamente. Respecto de las inasistencias o demoras del imputado y su abogado defensor a la audiencia de apelación En cuanto al marco normativo relacionado a las audiencias en el proceso penal, la indicada Ley 1173, mediante su art. 7 modificó el art. 113 del CPP, con el siguiente texto:
Artículo 113. (AUDIENCIAS). (…)
Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación.
La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal. III. Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes. (…) [el resaltado es añadido]. A efectos de una comprensión acertada de la disposición descrita, incumbe efectuar las siguientes precisiones: Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia de las partes; pero, además, toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes:
i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna; la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia. ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso)1, posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, únicamente para fines de registro.
iii) Si el querellante sin justa causa no comparece al actuado solicitado por el o se retira de ella sin autorización, el juez o tribunal, dará por abandonado su planteamiento.
iv) Ante la inasistencia del fiscal, el juez o tribunal, inmediatamente pondrá en conocimiento del Fiscal Departamental a efectos de la designación de otro fiscal bajo pena de imponer responsabilidades en contra del inasistente; sobre este punto, incumbe precisar que la presentación del cuaderno de investigación no convalida la inasistencia del indicado representante del Ministerio Público.
En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia después o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez. Lo descrito precedentemente, se constituye en reglas generales a aplicarse en el señalamiento y desarrollo de las audiencias dentro el proceso penal; directrices que necesariamente merecen ser precisadas para el desarrollo de audiencias en instancias de apelación incidental emergente de la aplicación del régimen de medidas cautelares. Ahora bien, en cuanto a la inasistencia del imputado a las audiencias señaladas o se retire de ella sin justificación; tal como se tiene precisado líneas arriba, el juez o tribunal, al advertir que su presencia es imprescindible, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia; no obstante de ello, el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019 emitió el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en cuyo art. 25 respecto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que:
“I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal.
suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente” (el resaltado es añadido).
Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente. Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA), regula lo siguiente:
I. La inconcurrencia del abogado defensor del imputado, será sancionado conforme a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal. II. Cuando el abogado defensor no pueda estar presente a la audiencia convocada por la autoridad judicial, deberá hacer conocer su impedimento justificado antes de las cuarenta y ocho horas de la fecha y hora del señalamiento de audiencia, en cuyo caso la oficina gestora asignará inmediatamente abogado defensor. III. Ante la eventualidad de que el abogado defensor no pueda concurrir a la audiencia programada, por un caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente, deberá hacer conocer a la oficina gestora dicho impedimento, a los fines de evitar las sanciones establecidas por el Código de Procedimiento Penal, debiendo excepcionalmente, señalarse nueva audiencia dentro del término de cuarenta y ocho horas.
En ese marco, es posible concluir que, ante la inconcurrencia del abogado defensor a la audiencia o cuando se retire de ella de forma injustificada, será pasible a sanciones por parte del juez o tribunal; empero, en el caso de la inasistencia, el causídico a efectos de evitar alguna sanción tiene la opción de justificar su ausencia con la debida anticipación tal como refiere la normativa descrita. No obstante, las previsiones regulatorias destinadas a sancionar al abogado inasistente, se tiene que estas a su vez básicamente resguardan el derecho a la defensa del procesado penalmente tal como se vio ut supra; bajo ese entender, debe quedar en claro que, ante la inasistencia del abogado defensor a las audiencias en instancias de apelación, las autoridades jurisdiccionales luego de verificar dicho extremo, deben designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio previó a proseguir con el desarrollo de la audiencia, lo cual conlleva la posibilidad de que el juez o tribunal excepcionalmente suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa. Consecuentemente, ante la ausencia del imputado o de su abogado en las audiencias de apelación de medidas cautelares, es posible concluir en los siguientes aspectos:
a) La inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, el Tribunal debe llevar adelante el actuado garantizando la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda. b) Ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores.
Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejercicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; toda vez que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de “…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0387/2020-S1 de 25 de agosto, ha asumido el siguiente entendimiento:
La SC 0691/2001-R de 9 de julio, concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa:
“…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo”. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalterno, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó:
“…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras [las negrillas nos corresponden]).
En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que:
“ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo” (las negrillas son nuestras). Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados, cuando:
“…la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y el subrayado son añadidos). De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla; es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) Proceden del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva. Los entendimientos jurisprudenciales desarrollados, fueron citados por la SCP 0259/2019-S1 de 15 de mayo, reiterada en las SSCC 0588/2019-S1 de 22 de julio, 0917/2019-S1 de 12 de septiembre, 1125/2019-S1 de 28 de noviembre, entre otras.
El accionante, alega la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos defensa material y técnica, a ser oído, a la inviolabilidad de defensa, a la igualdad, a la impugnación y tutela judicial efectiva vinculados con la libertad física y de locomoción; toda vez que, dentro el proceso penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica y otros, interpuso recurso de apelación incidental, misma que recayó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se cometieron las siguientes irregularidades: a) El Vocal ahora demandado, en la audiencia de 2 de marzo de 2022, emitió el Auto de Vista 78/2022, confirmando la resolución apelada bajo el argumento que su defensa técnica no sé presentó a realizar la fundamentación menos justificó su inasistencia; cuando no fue notificado con el señalamiento de audiencia, por lo que el 15 de igual mes y año, solicitó pueda corregir o sanear sus actos o del inferior, siendo respondido mediante providencia bajo el tenor estese a lo resuelto y los datos remitidos; y, b) La auxiliar, Andrea Milena Mamani Saire, con falsedad, malicia y total negligencia remitió un informe con datos falsos de su defensa técnica ante el Tribunal de Alzada, puesto que su abogado defensor es René Alfonso Salazar Villazante con celular 72013646 y no Grover Leopoldo Salazar Suxo con celular 79654000, generando que los funcionarios de la Sala notifiquen de manera incorrecta con el señalamiento de audiencia. En mérito a todas las conclusiones arribadas, las pruebas aportadas, lo manifestando en la acción de libertad, se tiene que ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz se viene tramitando el proceso penal con Nurej 2011020122000570 seguido por el Ministerio Público contra el Freddy Torrejón Rocabado por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y otras, en ese orden, por memorial de apersonamiento de 2 de febrero de 2022 ante el citado juzgado señaló domicilio procesal en la “Avenida Potosí esq. Genaro Sanjinés, Edificio ‘CHAIN’, N° 876, piso 2, oficina 04, zona central de la ciudad de La Paz, con CEL: 72013646 y correo electrónico jorgerenesalazar@hotmail.com” (sic), el cual mereció la providencia de igual fecha, aceptando el domicilio señalado (Conclusión II.1). En la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 3 de febrero de 2022 por Auto Interlocutorio 85/2022, se le impuso la medida extrema de la detección preventiva, siendo apelada tal decisión, recayendo ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante decreto de 25 del citado mes y año, señaló audiencia para el 2 de marzo de igual año; los actos de comunicación por los funcionarios del tribunal de alzada fue en base al informe evacuado por la auxiliar del juzgado, en el que señaló “EL ABOGADO DEL IMPUTADO GROVER LEOPOLDO SALAZAR CEL. 79654000” (sic [Conclusión II.2]). En la fecha y hora señalada, mediante secretaria de Sala se informó sobre la ausencia del abogado defensor, por lo que en su meritó se dictó el Auto de Vista 78/2022 de 2 de marzo, declarando admisible el recurso planteado por Freddy Torrejón Rocabado, empero, por no haber escuchado agravio alguno, confirmó el Auto Interlocutorio 85/2022, bajo el argumento que la defensa técnica no se presentó, tampoco justificó su inasistencia pese a su legal notificación (Conclusión II.3), por lo que mediante memorial de 15 de marzo solicitó, el saneamiento procesal, por grave perjuicio y total estado de indefensión, en razón que cuenta con la facultad de corregir sus actos o del inferior, pero fue respondido decreto señalado “Se tiene presente el memorial que antecede, estese a los datos y actuados procesales como a lo remitido por el juzgado A Quo, ante esta Sala Penal” (sic [Conclusión II.4]). Existiendo denuncia en la actuación del vocal y sobre la actuación de la auxiliar al emitir informe con datos falsos al Ad quem, corresponde analizar por separado con la finalidad de establecer la responsabilidad que corresponda. En cuanto a la actuación de Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
El Vocal ahora demandado, en la audiencia programada de 2 de marzo de 2022, emitió el Auto de Vista 78/2022, confirmando la resolución apelada con el argumento que el abogado no sé presentó a realizar la fundamentación de agravios menos justificó su inasistencia; cuando no fue notificado con el señalamiento de audiencia, por lo que el 15 de igual mes y año, solicitó pueda corregir o sanear sus actos o del inferior en el procedimiento, siendo respondido simple mediante un decreto con el tenor estese a lo resuelto y los datos remitidos; en ese marco, corresponde remitirnos a lo desarrollado en la audiencia virtual programada para el 2 de marzo de 2022 a horas 10:00, donde se constata que el Secretario de Sala informó “… Presente la parte imputada Freddy Torrejón Rocabado. Ausente su Abogado Defensor” (sic); seguidamente, el Vocal de la Sala Penal Primera, emitió el Auto de Vista 78/2022, confirmando la resolución apelada, con el argumento que no se presentó a realizar la fundamentación de agravios; consecuentemente en merito a este elemento fático corresponde aplicar la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que estableció ante la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental; dicho causídico puede ser reemplazado con la designación de un abogado de oficio o estatal, medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia de manera excepcional y señale otra dentro de las cuarenta y ocho horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa, quedando claro que el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado. Por otra parte el art. 7 de la Ley 1173 que modificó el art. 113 del CPP, refirió: “Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio”, además el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en el art. 24.III mencionó que: “Ante la eventualidad de que el abogado defensor no pueda concurrir a la audiencia programada, por un caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente (…) debiendo excepcionalmente, señalarse nueva audiencia dentro del término de cuarenta y ocho horas”. En el presente caso, es evidente que el ahora demandado ha vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa material, técnica y a ser oído, por cuanto no ha aplicado el procedimiento correspondiente que establece la normativa penal y la jurisprudencia antes precitada ya que ante la inconcurrencia de abogado a una audiencia de apelación de medidas cautelares, como el que fue programado para el 2 de marzo de 2022 en contra del Auto Interlocutorio 85/2022, ante la incomparecencia del abogado al actuado señalado, el vocal demandado excepcionalmente debió suspender la audiencia y señalar una nueva dentro de las 48 horas, además de disponer la notificación a la defensa publica y/o al defensor de oficio, o en su defecto dar la oportunidad al abogado de justificar su inasistencia. Por otra parte, se debe añadir que la inasistencia del abogado del ahora accionante al acto procesal señalado no fue de ninguna manera injustificada; toda vez que, con el acto de comunicación se efectuó de manera errónea en base a un informe que el personal de apoyo ahora codemandado emitió el 12 de febrero de 2022, siendo notificado mediante el uso de los medios alternativos de comunicación al abogado Grover Leopoldo Salazar Suxo al teléfono celular 79654000 y no así René Alfonso Salazar Villazante, quien conforme a los datos del proceso es la defensa técnica con el que hizo su apersonamiento al proceso penal y fue aceptada par la autoridad que ejerce el control jurisdiccional el accionante. Finalmente, Freddy Torrejón Rocabado por memorial de 15 de marzo de 2022, hizo conocer el grave perjuicio y el estado de indefensión que se le hubiere generado a consecuencia del informe evacuado con datos equipados, el Tribunal de alzada en lugar de corregir o de verificar tal denuncia se limitó simplemente a indicar mediante el decreto de 18 de marzo de igual año que se observe lo resuelto y se estese a los datos remitido por el Juzgado, actitud que denota lejos de aceptar o de enmendar los errores, convalida la vulneración de derechos y garantías constitucionales, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada respecto al vocal demandado. En cuanto a la actuación de Andrea Milena Mamani Saire Sobre la funcionaria de apoyo judicial, el accionante señala que, con falsedad, malicia y total negligencia remitió un informe con datos falsos de las partes, puesto que su abogado defensor es René Alfonso Salazar Villazante con celular 72013646 y no Grover Leopoldo Salazar Suxo con celular 79654000, generando que los funcionarios de alzada notifiquen de manera incorrecta con el señalamiento de audiencia de audiencia de 2 de marzo. Sobre esta problemática corresponde precisar que inicialmente por la SCP 01572/2003-R de 4 de noviembre, refiere que son los jueces quienes ejercen jurisdicción, entre tanto que los secretarios, y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones tutelares, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial; sin embargo, mediante la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: a) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) Proceden del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el caso que se analiza la actuación de la auxiliar se acomoda al primer presupuesto, siendo al haber evacuado un informe a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ha alterado las determinaciones del Juez, por cuanto de acuerdo a la Conclusión II.1 al momento de apersonarse ante el juzgado de manera clara ha señalado el domicilio procesal y los medios alternativos de comunicación, siendo este domicilio aceptada por el Juez mediante decreto de 2 de febrero, siendo su abogado que suscribe René Salazar Villazante Suxo con número de celular 72013646; empero el 12 de febrero de 2022 ha señalado que “EL ABOGADO DEL IMPUTADO GROVER LEOPOLDO SALAZAR CEL. 79654000” (sic), dato errado con lo que ha ocasionado que los funcionarios de la Tribunal de alzada incurran en error al momento de notificar con el señalamiento de audiencia de 25 de febrero para el 2 de marzo de 2022, siendo además aceptada que incurrió en error conforme se tiene acreditado de la Conclusión II.6, correspondiendo conceder la tutela impetrada sobre la mencionada funcionaria de apoyo jurisdiccional.
Por último, es importante, referirnos en cuanto al Juez, Mario Helmer Laura Picavia, aclarando que si bien el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia a la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, hizo referencia en la dilación cometida desde la celebración de la audiencia de medidas cautelares de 3 y la remisión del recurso el 25 de febrero de 2022, este Tribunal no hará mayor consideración por cuanto dicho acto fue objeto de una anterior acción de libertad (fs.19 a 20 vta.), conforme se tiene de la revisión del Sistema de Gestión Procesal inclusive con Sentencia Constitucional Plurinacional 0514/2023-S2 de 12 de junio perteneciente al expediente 46203-2022-93-AL.
Respecto al memorial presentado por el ahora peticionante de tutela el 22 de marzo de 2022, no se tiene con mediana claridad cómo habría contribuido en la lesión en la lesión de derechos y garantías constitucionales, por cuanto, de acuerdo a la Conclusión II.5, se limitó en solicitar solicitó que se emitan informes la auxiliar y secretario y además que oficios al Registro Público de Abogados mismos que fueron dispuestos por la autoridad judicial y en relación al oficio al Consejo de la Magistratura para la apertura del proceso disciplinario, tiene las vías irrestrictas para acudir donde corresponda. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 013/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 135 a 137, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación al Vocal de la Sala Penal Primera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 78/2022 de 2 de marzo en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
2° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la Auxiliar del de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, sin disponer medida alguna en vista a lo dispuesto en relación al Vocal demandado en base a los fundamentos desarrollados, pero con llamada de atención, por la labor desplegada. 3° DENEGAR, en relación al Juez Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en base a los fundamentos desplegados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 Art. 105 CPP “(Sanción Por abandono malicioso). Si el abandono tiene como propósito dilatar el desarrollo del proceso, el juez o tribunal sancionará con multa al defensor, equivalente a un mes de remuneración de un juez técnico y remitirá antecedentes al Colegio Profesional correspondiente a efectos disciplinarios”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0164_2024-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4bd1054ea60df2d3ed7628a471b866a480bedcf27ec8e53cdeed691779b09239
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