Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de mayo de 2024
Concede la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, el Juez accionado dispuso su detención preventiva; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no se encontraba elaborada el acta correspondiente, dilación que impide pueda tener conocimiento exacto del desarrollo de la audiencia, a fin de asumir defensa conforme a procedimiento y, posteriormente, realizar las acciones que correspondan. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0162/2024-S2 Sucre, 14 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 48085-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 4/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raimundo Rojas Salas contra Alfredo Choque Colque, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Independencia del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 30 de mayo de 2022, cursante de fs. 3 a 6, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP), radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Independencia del departamento de Cochabamba -cuyo titular es ahora accionado-, el 13 de mayo -de 2022- a horas 11:00, se llevó a cabo la audiencia de consideración de su situación jurídica, en la que la mencionada autoridad determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del citado departamento, con argumentos -a su criterio- arbitrarios, prevaricadores e irracionales y en franca contradicción con la línea jurisprudencial sentada por el “Tribunal Constitucional” -Plurinacional-. Aclara que, su primer abogado no le indicó “nada” y no participó de una audiencia anterior; motivo por el cual, le designaron un defensor de oficio, quien no actuó de forma competitiva, conllevando a que sus familiares asuman nuevo patrocinio de su actual abogado. Sin embargo, desde la realización de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares hasta la “fecha” -compréndase a la data de interposición de la presente acción tutelar de 30 de mayo de 2022-, no cuenta con el acta correspondiente, transcurriendo más de dos semanas, pese a que su abogado se constituyó al Juzgado donde radica la causa para reclamar la demora en su elaboración, situación que lesiona su derecho a la libertad de locomoción; puesto que, la ley establece que “…la o el Juez de la causa deberá elaborar el acta correspondiente dentro de plazo razonable para conocimiento de las partes…” (sic); además, que las solicitudes en caso de detenidos preventivamente deben ser atendidas con prontitud y diligencia, lo contrario implica una retardación injustificada considerada como un acto dilatorio, que prolonga indebidamente la privación de libertad personal; por lo que, al no encontrarse elaborada el acta de dicho acto procesal dentro del plazo establecido por ley, impide que pueda tener un conocimiento exacto del desarrollo de la misma, a fin de asumir defensa conforme a procedimiento, producir prueba, y, posteriormente, realizar las acciones que correspondan.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la elaboración del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, en el plazo de veinticuatro horas, máxime si se encuentra ilegal e injustamente procesado y detenido.
Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 41, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los argumentos esgrimidos en su memorial de acción de libertad, y en respuesta al informe verbal prestado por la autoridad accionada, refirió que, lo expuesto por el nombrado da a entender que “a la fecha” no se tendría el acta extrañada elaborada; asimismo, cuestionó que, si bien el Juez accionado señala que a la fecha ya estaría el acta en el expediente, a “fs. 89 y demás”; empero, “…cuando fue a sacar fotocopias del expediente no cursa el acta solo se tiene hasta la imputación, motivo por el cual habrían transcurrido dos semanas desde la celebración de las medidas cautelares a la fecha no se contaría con el acta motivo por el cual estaría en indefensión y tropezando con una retardación de justicia” (sic). Al respecto, el Presidente del Tribunal de garantías, aclaró al abogado del accionante que, de acuerdo a los antecedentes remitidos por la autoridad accionada, el acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022 ya cursa en obrados. Ante ello, la defensa del impetrante de tutela expresó que, habiendo cumplido la acción de libertad de pronto despacho -su fin-, pidió se dicte lo que corresponda por ley, y se le extienda una copia de dicha acta a objeto de estar conforme a procedimiento.
Alfredo Choque Colque, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Independencia del departamento de Cochabamba, por informe verbal brindado en audiencia, refirió que: a) La audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares se llevó a cabo el 13 de mayo de 2022, verificativo que fue desarrollado con la presencia del imputado -hoy impetrante de tutela-acompañado de su defensor, la representante del Ministerio Público, así como la “víctima” asistida de su abogado, concluido el indicado acto procesal, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se notificó a los sujetos procesales con la resolución pronunciada, conforme se advierte en el cuaderno de control jurisdiccional “a fs. 89”, constando la firma personal del prenombrado -peticionante de tutela- y su abogado defensor; y, b) De acuerdo a lo previsto por el art. 251 del CPP, la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares es apelable en el término de setenta y dos horas, incluso en la misma audiencia; empero, el impetrante de tutela a través de su defensa no interpuso ningún recurso; por lo que, previo a la presentación de esta acción de libertad tenía un medio subsidiario al cual debió recurrir. Asimismo, sobre la denuncia de demora en la elaboración del acta de audiencia de 13 de mayo de 2022, enfatizó que, debido a la cesación de funciones del personal de apoyo judicial, Secretaria y Oficial de Diligencias, y la recarga laboral, conllevó a que la misma no haya sido realizada en su momento. No obstante, habiéndose apersonado la defensa del accionante a secretaría del Juzgado, concretamente el 26 del citado mes y año, se le comunicó que el acta de audiencia iba a estar el “lunes” 30 de igual mes y año; sin embargo, en esa data -se infiere, cuando el acta extrañada ya cursaba en antecedentes del cuaderno procesal-, el precitado no retornó y, por el contrario, interpuso la presente acción de libertad. Con tales argumentos solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El representante del Ministerio Público no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni remitió memorial alguno, pese a su notificación cursante a fs. 10.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 4/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 41 a 44, concedió la tutela solicitada -sin disponer nada al respecto-, llamando la atención a la autoridad accionada por asumir una actitud pasiva en la dirección del Juzgado a su cargo, descuidando la pronta elaboración del acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración al principio de celeridad vinculada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; 2) Con relación a la existencia de recarga laboral en el Juzgado del cual es titular el accionado, es necesario señalar que tal aspecto no es una situación atribuible al peticionante de tutela, de modo que, no puede operar en su perjuicio y tampoco constituir de forma alguna un motivo valedero para justificar la demora en la elaboración del acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, máxime si en dicho acto se dispuso la detención preventiva del precitado; 3) Referente a la explicación del Juez accionado, de que no contaba con personal de apoyo judicial, además que la Oficial de Diligencias de su despacho recién asumió funciones hace dos semanas, ello con el fin justificar la demora en la elaboración del acta extrañada, debe tenerse presente que, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, precisó que “‘(...) si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional consistentes en las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para enviar antecedentes al superior en grado, la no pronta elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo; o de infringir las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere legitimación pasiva…’” (sic); 4) Sin embargo, tal entendimiento jurisprudencial no conlleva que la autoridad accionada revestida de jurisdicción asuma una actitud pasiva en la dirección del Juzgado a su cargo; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial bajo su dependencia, así como realizar el seguimiento correspondiente; ya que, de no cumplirse las mismas asume la responsabilidad; de manera que, estimando que la nombrada autoridad fue asistida por la Oficial de Diligencias en la audiencia de consideración de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, debió ejercer control y supervisión a dicha funcionaria para la oportuna elaboración y no justificar su falta, para posteriormente ante el reclamo de ese actuado por la defensa del accionante convocarle para su entrega el 30 de igual mes y año; y, 5) En consecuencia, es evidente que el derecho a la libertad del impetrante de tutela fue lesionado con la demora en la elaboración del acta de la audiencia de consideración de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022 y por lo cual corresponde su tutela; ello no obstante, de la advertencia que dentro del cuaderno procesal acompañado en digital, ya cursaba el acta correspondiente, aquello con la finalidad de establecer la responsabilidad del Juez accionado, a través de la acción de libertad innovativa, conforme a la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raimundo Rojas Salas -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de homicidio; en la cual, a través del Auto Interlocutorio de la misma fecha, Alfredo Choque Colque, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Independencia del departamento de Cochabamba -ahora accionado-, dispuso la medida excepcional de la detención preventiva del nombrado imputado en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de igual departamento; asimismo, se evidencian diligencias de notificación a las partes procesales, incluido al impetrante de tutela, con los referidos actuados en la misma fecha (fs. 15 a 22). II.2. Cursa mandamiento de detención preventiva de 13 de mayo de 2022, ordenado mediante Auto de igual data, librado por el Juez accionado contra el accionante (fs. 28). II.3. Por memorial presentado el 20 de mayo de 2022, el peticionante de tutela anunciando nuevo patrocinio solicitó al Juez accionado, fotocopias simples de todo el expediente; mismo que mereció el proveído de 26 de igual mes y año, por el cual dicha autoridad teniendo por anunciado el nuevo patrocinio profesional, concedió lo impetrado (fs. 29 a 30).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, el Juez accionado dispuso su detención preventiva; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no se encontraba elaborada el acta correspondiente, dilación que impide pueda tener conocimiento exacto del desarrollo de la audiencia, a fin de asumir defensa conforme a procedimiento y, posteriormente, realizar las acciones que correspondan. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0273/2019-S1 de 22 de mayo, citando a la SCP 0770/2014 de 21 de abril, estableció que:”…El extinto Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó en cuanto al recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- que: `…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida׳. En ese entendido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, concluyó que: `…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad׳.
Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada Sentencia Constitucional, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló: `Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales׳.
En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: `…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad׳; entendimientos asumidos y reiterados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1449/2012 y 2511/2012, entre otras” (las negrillas corresponden al texto original).
Conforme lo expresado por el accionante en su demanda de acción de libertad y la documental adjunta, se tiene que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Independencia del departamento de Cochabamba -ahora accionado-, dispuso la medida excepcional de detención preventiva del nombrado imputado en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de igual departamento; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no se encontraba elaborada el acta correspondiente, dilación que impide pueda tener conocimiento exacto del desarrollo de la audiencia, a fin de asumir defensa conforme a procedimiento, y posteriormente realizar las acciones que correspondan. En ese marco, cabe precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, el principio de celeridad, debe estar inmerso en todos los actos de la autoridad jurisdiccional, evitando se agrave la situación de quien se encuentre privado de libertad, ello abarca también la notificación efectiva de cualquier acto o resolución judicial vinculada a la definición de su situación jurídica, constituyéndose la acción de libertad de pronto despacho, en el mecanismo de protección para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas en los que pueda incurrir la autoridad o servidor judicial ante tales circunstancias. En el presente caso, la autoridad accionada en el informe verbal prestado en audiencia de garantías, refirió que, en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, el accionante no interpuso ningún recurso de apelación contra la disposición que ordenó su detención preventiva, de acuerdo a lo previsto por el art. 251 del CPP; del mismo modo, enfatizó que, debido a la carga procesal que soporta el Juzgado a su cargo y la acefalía del personal de apoyo judicial, Secretaria y Oficial de Diligencias, no se elaboró en su momento el acta de audiencia. No obstante, habiéndose apersonado la defensa del impetrante de tutela a Secretaría del Juzgado, concretamente el 26 del citado mes y año, se le comunicó que el acta de ese acto procesal iba a estar lista el “lunes” 30 de igual mes y año; sin embargo, en esa data, el precitado no retornó y por el contrario interpuso la presente acción de libertad. En ese contexto, se tiene que si bien cursa en antecedentes tanto el acta extrañada como Auto Interlocutorio de 13 de mayo de 2022 (Conclusión II.1), así como las diligencias de notificación con el “acta de Audiencia 13/05/2022” (sic); sin embargo, conforme explicó la autoridad accionada, el acta de audiencia de la referida fecha, no fue elaborada en la citada fecha, tratando de justificar dicha omisión en que no contaba con personal de apoyo jurisdiccional a efecto de cumplir con tal obligación. Dicho extremo, igualmente fue ratificado por el impetrante de tutela en audiencia de garantías, quien explicó que, habiendo solicitado la extensión de fotocopias de todo el expediente, se asume, como efecto de su solicitud de 20 de mayo de 2022 (Conclusión II.3), no cursaba el acta, solo constaban los antecedentes hasta la imputación. En consecuencia, no obstante la diligencia de notificación descrita precedentemente, se tiene que el acta de consideración de aplicación de medidas cautelares, no fue dada a conocer material y efectivamente al accionante el 13 de mayo de 2022; tampoco se corrobora objetivamente que se hubiese tratado de poner a su conocimiento el 30 del mismo mes y año, y que ello no fue posible porque la defensa de aquél no se habría presentado al Juzgado de origen. Sin embargo, se advierte que dicho documental recién fue puesta en conocimiento del impetrante de tutela el 31 de igual mes y año. Sumado a ello, adviértase que, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, en audiencia de garantías, señaló: “…que los antecedentes de la demanda de acción de libertad fue remitido por la autoridad accionada de manera digital al whatsapp en día de hoy 31 de mayo de 2022 a la 12:30” (sic), como efecto de ello, en ese acto procesal celebrado en la fecha descrita, recién se puso a conocimiento del impetrante de tutela la existencia del acta de 13 de mayo de 2022 y, se entiende, el Auto Interlocutorio respectivo. En ese sentido, los antecedentes fácticos descritos, denotan que en el caso concreto existió demora en la elaboración del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 13 de mayo de 2022, en la que el Juez accionado ordenó la detención preventiva del peticionante de tutela.
Sobre lo referido, cabe resaltar que, si bien de acuerdo a lo dispuesto por el art. 94.I.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, los secretarios de los juzgados son los responsables de labrar las actas de las audiencias; toda vez que, dicha labor constituye una de las obligaciones inherentes a las funciones que desempeñan; sin embargo, no es menos evidente que el Juez accionado, no puede soslayar su responsabilidad en la dilación advertida, considerando que, en su calidad de autoridad judicial ejerce la dirección del proceso, y es responsable de la tramitación de las causas y en ese orden adoptar las medidas pertinentes a objeto de garantizar a las partes el ejercicio de sus derechos. Por consiguiente, en el caso concreto al advertirse la demora en la elaboración oportuna del acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares desde el 13 de mayo de 2022 hasta la interposición de la presente acción tutelar -30 de similar mes y año-; es evidente que dicha situación constituye una dilación injustificada que vulnera el derecho al debido proceso en su vertiente celeridad que rige a la administración de justicia vinculado a su derecho a la libertad; puesto que con la referida documental, el accionante podría asumir defensa, como él mismo expresa, conforme a procedimiento, produciendo prueba y asumiendo las acciones que correspondan, toda vez que la medida impuesta resultaría arbitraria, lo que permite asumir que de considerarlo pertinente, podría activar el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, o en su caso, solicitar la cesación de la medida cautelar impuesta, en el marco del art. 239 del citado Código; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, sin que sea pertinente disponer nada al efecto, por cuanto el acta de audiencia extrañada, a tiempo de celebrarse la audiencia de garantías fue puesta a conocimiento del accionante. Por último, se aclara que, la concesión otorgada en la presente acción de defensa es únicamente respecto a la dilación concerniente a la demora en la emisión del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, y no así sobre el fondo de la situación jurídica del impetrante de tutela, cuya consideración les corresponde a las autoridades competentes.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque parcialmente con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0162_2024-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6f198e3d646b17cd2122cb87f8611c0cf091ef980fcd85d48e3c528b417c59f2
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