B.IA.LEGAL

SCP 0161/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
48078-2022-97-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otro, por la presunta comisión de delito de feminicidio, la Jueza de la causa, mediante Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva 197/2022, dispuso su detención domiciliaria con escolta policial permanente, librándose en consecuencia el Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa -23 de mayo de 2022-, el mismo no fue efectivizado y ejecutado ocasionando dilación indebida al no asignarle custodia policial, cuando correspondía que los ahora accionados, a su turno, realicen las gestiones necesarias a fin de viabilizar la referida designación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 60 vta. a 65 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada, conforme las razones y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Llamar la atención a Nataly Angélica Flores Jijena y Raquel Nivia Inda Castillo, Jueza y Secretaria, respectivamente, del Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Tarija, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0161/2024-S2 Sucre, 14 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 48078-2022-97-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 03/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 60 vta. a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Elda Baptista Olguín en representación sin mandato de Lizbeth Aldana Gudiño contra Víctor Velásquez Almazán, Comandante Departamental de Tarija de la Policía Boliviana; Raúl Castro Ortiz, Comandante de la Estación Policial Integral (EPI) Los Chapacos; Fernando Burgos Altamirano, Gobernador y Carla Pamela Dorado Apaza, Directora a.i. del Pabellón de Mujeres, ambos del Centro Penitenciario de Morros Blancos del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 6 a 9, la accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otros, por la presunta comisión del delito de feminicidio, el 31 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer “Primero” de la Capital del departamento de Tarija, en la que se dispuso su detención preventiva, ante la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización. A raíz de ello, en diversas oportunidades solicitó la cesación de la detención preventiva, y como efecto del mismo se desvirtuaron diversos riesgos procesales quedando solo vigente el previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En mérito a lo anterior, el 11 de mayo de 2022, se dispuso la cesación de su detención preventiva, ordenando medidas cautelares personales que ya fueron cumplidas para que se expida mandamiento de “libertad”; no obstante a ello, esa determinación fue apelada por el Ministerio Público; y en consecuencia, los Vocales de la Sala Penal “Segunda” del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmaron la cesación de su detención preventiva, disponiendo que el expediente sea devuelto al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer “Segundo” de la Capital del referido departamento. Posteriormente, el 19 de mayo de 2022, la Jueza de la causa libró el Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022; por lo que, correspondía que el Comandante Departamental de Tarija de la Policía Boliviana -ahora accionado- realice las gestiones a fin de viabilizar la designación de la respectiva custodia policial, en coordinación con el Gobernador y la Directora a.i. del Pabellón de Mujeres, ambos del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija -ahora coaccionados-, a fin de que recupere su “libertad” -siendo lo correcto, a fin de cumplir la detención domiciliaria dispuesta-; empero, pese a que la misma fecha, los antes mencionados fueron notificados con el referido Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022, mismo que aún no fue ejecutado, existiendo una dilación indebida. Situación que fue reiterada también por el Comandante de la EPI Los Chapacos -coaccionado-, quien “a la fecha” tampoco designó custodia policial permanente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) “EN EL DÍA” se disponga su libertad inmediata del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, habilitándose horas extraordinarias; y, b) Se condene a las autoridades accionadas a la reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 60, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su representante sin mandato y abogada, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia el mismo, señaló que: 1) El 19 de mayo de 2022, se puso a conocimiento del Gobernador y la Directora a.i. coaccionados, la disposición emanada por la autoridad jurisdiccional para dar cumplimiento al Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente librado a su favor, a fin de viabilizarlo, y pese a la insistencia de sus familiares, lamentablemente, la referida Directora a.i., indicó que no se iba a poder cumplir con la orden; 2) El 20 del citado mes y año, recién se puso a conocimiento del Comandante Departamental accionado, la disposición de su libertad; es decir, un día después de su emisión, a efectos de que se le designe un custodio “…el comandante realiza las gestiones necesarias y remite este mandamiento de libertad así mismo se ha hecho mención que en el informe presentado se pone en conocimiento del comandante (…) que no existe personal mujer para la custodia permanente qué genera una dilación indebida (…) estaríamos hablando de 4 días de dilación en la que estaría detenida (…) cuando la orden emanada por la autoridad [d]ata del 11 de mayo del 2022 habiendo sido legalmente notificados el 19 de mayo del 2022…” (sic); 3) La SCP 0972/2021-S3 de “22” de noviembre, hace referencia a la acción de libertad de pronto despacho, precisando que la inejecutabilidad de la detención domiciliaria por parte de la policía no puede ser justificada por la falta de personal a la disponibilidad económica y material del Estado; en ese entendido, alegar que no existe personal para cumplir con la custodia generando dilación, no es un razonamiento correcto y valedero; y, 4) De manera posterior a la presentación de esta acción tutelar “…recién se ha efectivizado conforme hecho referencia en el informe a horas 18:40 del día de ayer…” (sic).

I.2.2. Informe de la parte accionada

Víctor Velásquez Almazán, Comandante Departamental de Tarija de la Policía Boliviana, asistió a la audiencia de acción de libertad junto a su abogado “Luis Carvajal”, pero no consta la intervención del mismo en ese acto procesal. Sin embargo, de lo consignado en la Resolución 03/2022, se advierte que la Jueza de garantías, hizo alusión a la intervención de dicha autoridad en audiencia y además tomó en cuenta el “…INFORME CONSISTENTE EN EL Of. 689/2020 DE FECHA DE 24 DE MAYO DE 2022…” (sic) en el que se detallan las actuaciones y trámites asumidos para la concreción y ejecución del mandamiento de detención domiciliaria; el mismo no fue remitido a este Tribunal, lo cual será objeto de pronunciamiento en el acápite III.3 de este fallo constitucional. Así, se advierte que los argumentos vertidos en audiencia por parte de la defensa técnica de dicha autoridad, son los siguientes: i) Se presentaron todos los descargos correspondientes -para la tramitación del mandamiento de detención domiciliaria de la peticionante de tutela-; ii) El Informe de la Directora a.i. coaccionada fue remitido el 20 de mayo de 2022 y ese mismo día emitió las respectivas órdenes, habiendo puesto a conocimiento sobre la falta de personal de la EPI Los Chapacos y, el mismo día emitió nuevas órdenes; y, iii) Si bien es cierto que no es un justificativo válido el hecho de que no se cuenta con personal;

empero, se debe tomar en cuenta que el suscrito ejecutó acciones “en el día”, no existiendo dilaciones indebidas, por lo que pidió se deniegue la tutela solicitada. Asimismo, se advierte que el Comandante Departamental accionado habría remitido su informe escrito adjuntando la siguiente documentación relacionada con el cumplimiento del Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022, consistente en Hoja de ruta de 23 de mayo de 2022 y dos similares de 20 de ese mes y año; Nota CITE 117/2022 y Memorándum 1160/2022, ambos de la fecha antes indicada; Hoja de trámite, Nota CITE 183/2022 y Memorándum 1174/2022, todos de 23 de mayo; dos Hojas de trámite y Nota CITE Ofic. 315/2022 de 24 de mayo; y, Nota CITE 121/2022 recepcionado esa misma fecha. Raúl Castro Ortiz, Comandante de la EPI Los Chapacos, asistió a la audiencia de esta acción de defensa; empero, en el acta de audiencia no consta su intervención; sin embargo, de igual forma a la anterior autoridad accionada, se tiene que la Jueza de garantías, en su Resolución, hizo referencia a la intervención del citado Comandante de la EPI coaccionado, refiriendo que el mismo se adhirió a lo manifestado por el Comandante -se entiende Departamental-, explicando que dentro de las posibilidades logísticas y recursos humanos se dio la celeridad correspondiente. Fernando Burgos Altamirano, Gobernador y Carla Pamela Dorado Apaza, Directora a.i. del Pabellón de Mujeres, ambos del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, a través de su abogado “Gregorio Alcoba”, en audiencia, señalaron lo siguiente: a) Ante los informes emitidos, se tiene que se cumplieron con todos los protocolos que tiene la Policía Boliviana, el Comandante Departamental accionado recibió el “memorándum” el 20 de mayo de 2022, haciéndose conocer “la nota” por medio de la encargada como Directora; y, b) Es así que, la citada autoridad accionada, para que se dé cumplimiento -se entiende al Mandamiento de detención domiciliaria con escolta personal permanente-ordenó que se siga con el conducto regular, en mérito a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, lamentablemente los “retrasos administrativos” informaron que no se contaba con el personal respectivo para la custodia mujer permanente para la accionante, debiéndose considerar que se cumplieron todos los trámites administrativos correspondientes, no existiendo dilación.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, en audiencia, se adhirió a lo manifestado por la parte accionante.

I.2.4. Participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

El abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se adhirió a lo manifestado por la parte accionante y el Ministerio Público.

I.2.5. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 60 vta. a 65 vta., concedió la tutela impetrada, “Debiendo las autoridades accionadas, tener una mejor coordinación entre sus subalternos y realizar el seguimiento respectivo, para viabilizar la ejecución inmediata de este tipo de mandamientos” (sic). Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El Comandante Departamental de Tarija de la Policía Boliviana, así como el Gobernador del Centro Penitenciario de Morros Blancos, la Directora a.i. del Pabellón de Mujeres y el Comandante de la EPI Los Chapacos, todos del referido departamento, al momento de tener conocimiento del Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022, tenían la obligación de ejecutarlo de manera inmediata; 2) Se debe considerar los entendimientos asumidos en la SCP 0099/2016-S1 de 15 de enero, reiterando el entendimiento de la SCP 0657/2012 de 2 de agosto, respecto a los deberes que tienen los directores de los centros penitenciarios, cuando reciben un mandamiento de libertad, que en lo principal refiere que su cumplimiento debe ser inmediato; 3) En ese entendido, toda autoridad jurisdiccional o administrativa, en conocimiento de una petición relacionada con el derecho a la libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; 4) En ese contexto, después de haberse verificado el cumplimiento de las medidas impuestas, la Jueza de la causa libró el citado Mandamiento de detención domiciliaria, mismo que fue notificado “en el día, pero no se materializó; 5) Los argumentos consistentes en el cumplimiento del Manual de Organización y Funciones del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, para realizar la verificación del domicilio y la falta de recursos humanos no están por encima de los derechos y las garantías de un ciudadano, conforme lo señalado por la SCP “0972/2021” de 24 de noviembre; 6) De lo expuesto, se colige que los trámites administrativos en lo que respecta a la designación del personal policial femenino no pueden considerarse por encima del derecho a la libertad, en el entendido de que la detención domiciliaria es una medida menos gravosa que la detención preventiva; tampoco la verificación domiciliaria establecida en el referido Manual no pueden estar por encima de la Constitución Política del Estado; de esa manera, corresponde a las autoridades accionadas, de existir esa posibilidad, asignar inmediatamente un escolta policial y ejecutar la orden de detención domiciliaria; y, 7) Con relación a “una observación formal” del referido Mandamiento, pero que no fue explicada por el Gobernador coaccionado, tal extremo debió ser informado de inmediato y actuar con la debida diligencia y celeridad a la autoridad judicial que conoce la causa, con la finalidad de la ejecución inmediata, ya que desde el 19 de mayo de 2022, que se emitió el mandamiento, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, transcurrieron cuatro días, sin dar una solución oportuna.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva 197/2022 de 11 de mayo, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, resolvió respecto a Lizbeth Aldana Gudiño -hoy accionante-, dar lugar a la solicitud de cesación de su detención preventiva, disponiendo entre otras medidas, la detención domiciliaria con escolta policial permanente (fs. 44 a 49); determinación que fue confirmada en apelación mediante Auto de Vista 122/2022 SP2 de 17 de igual mes (fs. 50 a 53 vta.).

II.2. Consta Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022 de 19 de mayo, librado por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, a favor de la hoy accionante (fs. 28).

II.3. Cursa Informe de 20 de mayo de 2022, por el que Vanessa Quispe Lima, Jefa de Seguridad Externa del Pabellón de Mujeres del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, dirigiéndose a Carla Pamela Dorado Apaza, Directora a.i. del Pabellón de Mujeres de dicho Centro Penitenciario -hoy coaccionada-, solicitó que en atención al Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022 y en cumplimiento al “Manual de Funciones de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria y Dirección de Establecimiento Penitenciario…” (sic), se designen a dos funcionarias policiales (fs. 26 a 27).

II.4. Consta Nota CITE: 117/2022 de 20 de mayo, por la cual, la Directora a.i.

coaccionada, dirigiéndose a Víctor Velásquez Almazán, Comandante Departamental de Tarija de la Policía Boliviana -ahora accionado-, elevó el Informe “03/2022”, mediante el que solicitó personal policial para dar cumplimiento al Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022 (fs. 25).

II.5. Por Memorándum 1160/2022 de 20 de mayo, el Comandante Departamental accionado ordenó a Raúl Castro Ortiz, Comandante de la EPI Los Chapacos -hoy coaccionado-, que en atención a la Nota CITE: 117/2022, se dé cumplimiento al Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022 librado a favor de la accionante, y en ese entendido, se declare en comisión de servicio a dos funcionarias policiales para realizar la custodia de la procesada, ahora impetrante de tutela, en su domicilio real (fs. 3).

II.6. A través del Informe 03/2022 de 23 de mayo, Reynaldo Rodrigo Aguilar Solares, Sub Comandante de la EPI Los Chapacos, comunicó al Comandante de esa Estación Policial coaccionado, que la EPI “Nº 4 ‘Chapacos”’ no cuenta con efectivos policiales femeninos (fs. 32).

II.7. Mediante Nota CITE: 0183/2022 de 23 de mayo, el Comandante de la EPI Los Chapacos coaccionado, puso a conocimiento del Comandante Departamental accionado, el Informe 03/2022 (fs. 31).

II.8. Consta Memorándum 1174/2022 de 23 de mayo, por el que el Comandante Departamental accionado ordenó a Aldo Vega Flores, Comandante de la EPI SENAC, que “EN EL DIA” declare en comisión a una funcionaria policial para la custodia de la impetrante de tutela, a efectos de dar cumplimiento a la detención domiciliaria con escolta policial permanente a favor de la nombrada (fs. 33).

II.9. Cursa Memorándum 1175/2022 de 23 de mayo, mediante el cual, el Comandante Departamental accionado, ordenó a Roberto Siles Veizaga, Director Departamental de Salud y Bienestar Social, dar cumplimiento a la detención domiciliaria con escolta policial permanente de la imputada, hoy peticionante de tutela, considerando que la “SGTO.” Abigail Ailin Beltrán Ramírez fue declarada en comisión de servicio al Pabellón de Mujeres del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija para realizar la custodia de la procesada, ahora accionante, en su domicilio real (fs. 34).

II.10. Cursa Memorándum 176/2022 de 23 de mayo, por el que, el Comandante de la “EPI N° 1 SENAC”, dirigiéndose a Lizeth Gallardo Coca, funcionaria policial de esa Estación Policial, la declaró en comisión de servicio para cumplir con el Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022 de la ahora accionante, Memorándum notificada a la referida funcionaria policial a horas 18:00 de la citada fecha (fs. 38).

II.11. Consta Nota CITE OFIC. 315/2022 de 24 de mayo, por la que, el Comandante de la “EPI N° 1 SENAC”, comunicó al Comandante Departamental accionado, la designación de la “Sgto 2do.” Lizeth Gallardo Coca, como custodia para cumplir la detención domiciliaria de la accionante (fs. 36).

II.12. Mediante Informe 182/2022 de 24 de mayo, Abad Rodrigo Calle Tapia, Jefe de Seguridad de la “EPI SENAC”, comunicó a Aldo Vega Flores, Comandante de la “EPI N° 1”, que se procedió a la designación de Lizeth Gallardo Coca, como custodia policial de la accionante (fs. 37).

II.13. Por Nota CITE: 121/2022 de 23 de mayo, presentada el 24 del mismo mes y año, la Directora a.i. coaccionada, dirigiéndose al Comandante Departamental accionado, comunicó que se dio cumplimiento al referido Mandamiento de detención domiciliaria (fs. 40).

II.14. Cursa Informe 005/2022 de 23 de mayo, presentado el 24 de igual mes y año, mediante el cual, la Jefa de Seguridad del Pabellón de Mujeres del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, comunicó a la Directora a.i. coaccionada, que esa misma fecha -24 de mayo de 2022- a horas 18:40, se hizo presente en el inmueble de la accionante, para instalar y verificar las medidas de seguridad necesarias (fs. 41 a 42).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otro, por la presunta comisión de delito de feminicidio, la Jueza de la causa, mediante Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva 197/2022, dispuso su detención domiciliaria con escolta policial permanente, librándose en consecuencia el Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa -23 de mayo de 2022-, el mismo no fue efectivizado y ejecutado ocasionando dilación indebida al no asignarle custodia policial, cuando correspondía que los ahora accionados, a su turno, realicen las gestiones necesarias a fin de viabilizar la referida designación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, citando a su vez a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, asumió los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza jurídica de esta acción de defensa y el alcance de su activación en función a los bienes jurídicos protegidos, señalando que: «“La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otro, por la presunta comisión de delito de feminicidio, la Jueza de la causa, mediante Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva 197/2022 de 11 de mayo, dispuso su detención domiciliaria con escolta policial permanente, librándose en consecuencia el Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022 de 19 de dicho mes; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa -23 de mayo de 2022-, el mismo no fue efectivizado y ejecutado ocasionando dilación indebida al no asignarle custodia policial, siendo que correspondía que los ahora accionados, a su turno, realicen las gestiones necesarias a fin de viabilizar la referida designación.

Precisada la problemática, y a fin de la resolución que corresponda, resulta necesario efectuar una contextualización del caso, de cuya revisión de antecedentes, se tiene que cursa Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva 197/2022, por el que la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, resolvió respecto a la accionante, dar lugar a la solicitud de cesación de su detención preventiva, disponiendo entre otras medidas, su detención domiciliaria con escolta policial permanente; determinación que fue confirmada en apelación mediante Auto de Vista 122/2022 SP2 de 17 de mayo (Conclusión II.1).

Asimismo, consta Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022, librado por la citada Jueza de Instrucción Anticorrupción, a favor de la peticionante de tutela (Conclusión II.2).

En ese inicial contexto de antecedentes, y dado que la accionante, a través de su representante sin mandato, cuestiona en lo principal que los ahora accionados, a su turno, incurrieron en dilación en la efectivización y ejecución del Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022, no habiendo realizado las gestiones necesarias para ello, corresponde considerar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

En ese sentido y de acuerdo al presunto acto lesivo denunciado por la accionante, es decir, la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta a su favor, al tratarse de un tema vinculado directamente con su libertad -al encontrarse cumpliendo la medida cautelar personal de detención preventiva-, corresponde ingresar a analizar la supuesta dilación ahora cuestionada.

Así, en el presente caso, resulta fundamental detallar cronológicamente las múltiples actuaciones realizadas por los ahora accionados, para dar cumplimiento a la orden judicial de detención domiciliaria a favor de la impetrante de tutela, siendo estas las siguientes: i) Por Informe de 20 de mayo de 2022, la Jefa de Seguridad Externa del Pabellón de Mujeres del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, dirigiéndose a la Directora a.i. coaccionada, solicitó que, en mérito al Manual de Funciones de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria y Dirección de Establecimiento Penitenciario y, en atención del Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022, librado a favor de la accionante, se designen a dos funcionarias policiales (Conclusión II.3); ii) Mediante Nota CITE: 117/2022 de 20 de mayo, la Directora a.i. coaccionada, dirigiéndose al Comandante Departamental de Tarija de la Policía Boliviana -accionado-, elevó el Informe “03/2022”, por el que solicitó personal policial para dar cumplimiento al indicado Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente (Conclusión II.4); iii) A través del Memorándum 1160/2022 de 20 de mayo, el Comandante Departamental accionado ordenó al Comandante de la EPI Los Chapacos -coaccionado-, que en atención a la Nota CITE: 117/2022, se dé cumplimiento al mencionado Mandamiento de detención domiciliaria, y en ese entendido, se declare en comisión de servicio a dos funcionarias policiales para realizar la custodia de la antes mencionada en su domicilio real (Conclusión II.5); iv) Por Informe 03/2022 de 23 de mayo, Reynaldo Rodrigo Aguilar Solares, Sub Comandante de la EPI Los Chapacos, comunicó al Comandante de esa Estación coaccionado, que la EPI “Nº ‘4 Chapacos”’ no contaba con efectivos policiales femeninos (Conclusión II.6); v) Mediante Nota CITE: 0183/2022 de 23 de mayo, el Comandante de la EPI Los Chapacos coaccionado, puso a conocimiento del Comandante Departamental accionado el Informe 03/2022 (Conclusión II.7); vi) Por Memorándum 1174/2022 de igual fecha, el Comandante Departamental accionado ordenó a Aldo Vega Flores, Comandante de la EPI SENAC, que “EN EL DIA” declare en comisión a una funcionaria policial para la custodia de la accionante, a efectos de dar cumplimiento a la detención domiciliaria con escolta policial a favor de la antes nombrada (Conclusión II.8); vii) A través del Memorándum 1175/2022 de la referida fecha, el Comandante Departamental accionado, ordenó a Roberto Siles Veizaga, Director Departamental de Salud y Bienestar Social, dar cumplimiento a la detención domiciliaria con escolta policial permanente de la peticionante de tutela, dado que la “SGTO.” Abigail Ailin Beltrán Ramírez fue declarada en comisión de servicio al Pabellón de Mujeres del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, para realizar la custodia de la procesada -ahora accionante-, en su domicilio real (Conclusión II.9); viii) Mediante Memorándum 176/2022 de 23 de mayo, el Comandante de la “EPI N° 1 SENAC”, dirigiéndose a Lizeth Gallardo Coca, funcionaria policial de esa Estación Policial, la declaró en comisión de servicio para cumplir con el mencionado Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente (Conclusión II.10); ix) Mediante Nota CITE OFIC. 315/2022 de 24 de mayo, el Comandante de la “EPI 1 SENAC”, comunicó al Comandante Departamental accionado, la designación de la escolta policial para cumplir la detención domiciliaria de la impetrante de tutela (Conclusión II.11); x) Por Informe 182/2022 de la misma fecha, Abad Rodrigo Calle Tapia, Jefe de Seguridad de la “EPI SENAC”, comunicó al Comandante de la “EPI N°1”, que se procedió a la designación de Lizeth Gallardo Coca, como custodia policial de la accionante (Conclusión II.12); xi) Por Nota CITE: 121/2022 de 23 de mayo, presentada el 24 del mismo mes y año, la Directora a.i. coaccionada, dirigiéndose al Comandante Departamental accionado, comunicó que ese día se dio cumplimiento al referido Mandamiento de detención domiciliaria (Conclusión II.13); y, xii) A través del Informe 005/2022 de 23 de mayo, presentado el 24 de igual mes y año, la Jefa de Seguridad del Pabellón de Mujeres del Centro Penitenciario de Morros Blancos del citado departamento, comunicó a la precitada Directora, que esa misma fecha -24 de mayo de 2022-, a horas 18:40, se hizo presente en el inmueble de la accionante, para instalar y verificar las medidas de seguridad necesarias (Conclusión II.14).

De ese contexto fáctico procesal, se advierte que Fernando Burgos Altamirano, Gobernador y Carla Pamela Dorado Apaza, Directora a.i. del Pabellón de Mujeres, ambos del Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija; y, Víctor Velásquez Almazán, Comandante Departamental de Tarija; y, Raúl Castro Ortiz, Comandante de la EPI Los Chapacos, ahora accionados, e incluso otros funcionarios policiales -que no fueron accionados-, a partir de la recepción del Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022 -es decir, el 19 de mayo de 2022-, efectuaron el despliegue procesal correspondiente para poder conseguir una escolta policial mujer que custodie a la accionante en su domicilio a efectos de que pueda cumplir su detención domiciliaria, pero la imposibilidad material de contar con funcionarias policiales mujeres, como se requería, impidió que el mencionado Mandamiento de detención domiciliaria, sea cumplido de manera inmediata; sin embargo, se evidencia que desde la recepción del mismo el 19 del referido mes y año, hasta la efectivización de la escolta entre el 23 y 24 de los citados mes y año, se realizó el mencionado despliegue administrativo y de actuaciones diligentes tendientes a materializar el mandamiento a partir de obtener la custodia -mujer- que se necesitaba, acudiendo para ello a diferentes dependencias policiales, sin que se pueda advertir una actuación u omisión negligente o pasiva por parte de los accionados en esa labor de concretar, sino de manera inmediata, lo antes posible lo requerido para efectivizar el mandamiento de detención domiciliaria. Así, la situación antes descrita, no puede ser comprendida como falta de atención de las autoridades accionadas; toda vez que, en el caso concreto, y conforme se tiene explicado precedentemente y constatado además documentalmente, no se percibe omisión de respuesta o falta de diligencia, menos aún pasividad o negligencia. Debiendo resaltarse al respecto, que si bien la SCP 0972/2021-S3 de “22” de noviembre, invocada por la parte accionante, concede la tutela solicitada por el impetrante de tutela, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es importante aclarar que en esa acción tutelar, se tiene como antecedente fáctico que “…el Comandante Cantonal hoy accionado no efectivizó la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria de manera inmediata y no efectuó todas las actuaciones administrativas requeridas con la celeridad que amerita el caso; puesto que, debió informar esa circunstancia de forma contigua al Comando Departamental de Beni de la Policía Boliviana, con la finalidad de subsanar sin demora la circunstancia presentada y evitar que el accionante permanezca en celdas policiales del señalado Comando, durante un mes…”; lo que no ocurrió en el presente caso, y al contrario se tiene en la autoridad accionada en dicha causa, una actitud totalmente diferente a la del caso que ahora se analiza, pues en este caso concreto, se reitera, los ahora accionados a su turno, sí desplegaron las acciones necesarias para conseguir una custodia policial mujer a la accionante, y lo hicieron desde el primer momento en el que tomaron conocimiento de la disposición judicial hasta lograr efectivizar esa orden, activando incluso la actuación de otras Estaciones Policiales, como ser “EPI SENAC” y “EPI Los Chapacos”, hasta lograr su cometido y en la forma más célere posible -conforme a la documentación citada anteriormente y que cursa en el expediente-. De esa manera, ante la particularidad del caso que se analiza, y por las múltiples gestiones inmediatas de cada autoridad accionada, a su turno, para efectivizar el Mandamiento de detención domiciliaria con escolta policial permanente 13/2022, conforme a lo descrito detalladamente en los incisos i) al xii) precedentes, corresponde denegar la tutela solicitada, al no advertirse una actuación u omisión indebida en la ejecución y efectivización de dicho Mandamiento. Finalmente, si bien a la fecha de audiencia de acción de libertad -24 de mayo de 2022-, la accionante ya se encontraba con detención domiciliaria; es decir, el acto lesivo ya no existía; empero, solamente con la finalidad de despejar cualquier duda, se aclara que en el presente caso no opera la figura de la sustracción de materia, en consideración a que la efectivización de la detención domiciliaria se dio el 23 de mayo de 2022, a horas 18:40 -conforme al Informe 005/2022-; es decir, de manera posterior a la notificación con la presente acción tutelar a los accionados.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta como se encuentra la problemática planteada, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede soslayar que la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, en la tramitación de esta acción de defensa no remitió de manera completa el acta de audiencia, al no haberse consignado la participación del Comandante Departamental de Tarija de la Policia Boliviana -accionado-, tampoco remitió el informe escrito de dicha autoridad, pese a que las mencionadas actuaciones sí cursan en la Resolución ahora venida en revisión, y que deben valorarse en el procedimiento de esta acción tutelar y formar parte del expediente conforme a lo establecido por el art. 29.4 incs. d) y f) del Código Procesal Constitucional (CPCo). De esa manera, conforme a lo consignado en el acápite I.2.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la Jueza de garantías consignó en la Resolución 03/2022 -objeto de revisión- los actuados procesales extrañados y referidos en el párrafo anterior; por lo que, este Tribunal pudo conocer los argumentos vertidos por el Comandante Departamental accionado y el contenido del “…INFORME CONSISTENTE EN EL Of. 689/2020 DE FECHA DE 24 DE MAYO DE 2022…” (sic), lo cual posibilitó el evitar solicitar documentación complementaria; sin embargo, ello no es óbice para llamar la atención a la Jueza y a la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Tarija, por la remisión incompleta de toda la documentación que debe conformar el expediente constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 60 vta. a 65 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada, conforme las razones y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Llamar la atención a Nataly Angélica Flores Jijena y Raquel Nivia Inda Castillo, Jueza y Secretaria, respectivamente, del Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Tarija, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0161_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 269fe8ec9f9b674660b5625fdd6aac495e97b7919095bb615709e9b113f353c0

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