Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de mayo de 2024
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal que se siguió en su contra, fue condenado a ocho años, y con el propósito de hacer uso de los beneficios penitenciarios que le asisten, el 4 de mayo de 2022, solicitó ante el Director demandado, certificado de permanencia y conducta, que hasta el momento de presentación de esta acción tutelar no fue emitido, afectando el derecho que reclama. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 055/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo - Juzgado de Partido de Sustancias Controladas (Liquidador) de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, al haberse vulnerado el principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad; no se dispone orden alguna, respecto a la concesión de tutela, al haberse evidenciado la emisión del certificado de permanencia y conducta, extrañado por el impetrante de tutela. 2° Se exhorta a David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, evitar que se reiteren este tipo de conductas contrarias al orden constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0155/2024-S2 Sucre, 13 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48051-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 055/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Manolo Rojas Paz y René Antonio Serrano Burga en representación sin mandato de Daynor Quispe Chambi contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del fenecido proceso penal que se siguió en su contra, se encuentra cumpliendo una condena de ocho años de privación de libertad; por lo que, en uso pleno de los beneficios penitenciarios que le asisten, el 4 de mayo de 2022, solicitó certificación de permanencia y conducta; empero, “hasta la fecha” de presentación de esta acción tutelar no obtuvo respuesta alguna, estando vinculada a su libertad, siendo que para realizar su calificación el referido documento se constituye en indispensable. Su solicitud tuvo una demora de diecinueve días sin respuesta, sumado a que los funcionarios del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, le indicaron que demoraría dos semanas en su contestación, situación que le sería incomprensible; ya que, tiempo atrás ese documento era emitido en setenta y dos horas; por ello, se puso en suspensión su trámite de calificación, que incluso debiera darse de oficio.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, sin citar precepto constitucional alguno.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se expida el certificado de permanencia y conducta.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 11 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y ampliándolos añadió que: a) La legitimación activa del demandado se dio en razón a que tiene la calidad de “administrar”, que conforme el art. 59.9 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), señala claramente sus funciones; b) De acuerdo al informe de secretaría del Tribunal de garantías se manifestó que ya se tiene el certificado de permanencia y conducta; sin embargo, el motivo del presente mecanismo de defensa, es la dilación en la que incurrió el demandado; c) El art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), refiere que las respuestas se tienen que dar en un plazo razonable; y que en el caso en estudio, se debe analizar si esta dilación fue un plazo razonable para que un privado de libertad acceda a un documento necesario para lograr su calificación, siendo dicho retraso excesivo; y, d) Se le haga conocer de manera física y formal el certificado de permanencia y conducta; como también, se recomiende que este tipo de solicitudes sean resueltas en un plazo no mayor a setenta y dos horas, al ser un trámite netamente administrativo.
David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia de garantías sostuvo que: 1) La instancia encargada de emitir los certificados de permanencia y conducta para dicho recinto es la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de ese departamento, cuyo Director es Franz Laura Berrios, ya que ningún funcionario policial expide esa documentación; por lo que, la presente acción de libertad está incorrectamente direccionada; 2) La solicitud de certificación fue respondida el 19 de mayo de 2022, dos semanas posteriores a la petición del solicitante de tutela siendo un plazo razonable; ya que, se desconoce si existe un tiempo establecido para su extensión; por otro lado, la población carcelaria del citado Centro Penitenciario cuenta aproximadamente con tres mil internos, y los requerimientos de certificados de permanencia y conducta son entregados en diferentes cantidades cada día; y, 3) Fue a recoger el indicado certificado de “Kardex de archivo” de la referida Dirección Departamental y entregó físicamente el mismo a horas 9:00 “el día de hoy” al impetrante de tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo - Juzgado de Partido de Sustancias Controladas (Liquidador) de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 055/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 15 a 16 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante no aportó suficientes elementos probatorios que determinen si agotó la vía ordinaria ante la misma autoridad donde dirigió su solicitud; debido a que, solamente presentó una copia de dicha petición sin la correspondiente providencia; ii) Al señalar el demandado que derivó la nota a la oficina encargada de Archivo y Kardex de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de ese departamento, se dedujo que quien no emitió tal certificación fue la citada oficina; y, iii) El solicitante de tutela no demostró que realizó el correspondiente reclamo al demandado para que por sí mismo o a través de la indicada Dirección, conmine a la Encargada de Archivo y Kardex; por lo que, incumplió el principio de subsidiariedad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa solicitud de certificado de permanencia y conducta presentada el 4 de mayo de 2022, ante David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -demandado-, formulado por Daynor Quispe Chambi -accionante- (fs. 2). II.2. Consta Certificado de Permanencia y Conducta 07234/2022 de 19 de mayo, emitido por la Encargada de Archivo y Kardex, y el Director -ahora demandado-, ambos de la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 10).
El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal que se siguió en su contra, fue condenado a ocho años, y con el propósito de hacer uso de los beneficios penitenciarios que le asisten, el 4 de mayo de 2022, solicitó ante el Director demandado, certificado de permanencia y conducta, que hasta el momento de presentación de esta acción tutelar no fue emitido, afectando el derecho que reclama. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el particular, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, asumiendo el entendimiento de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, sostuvo que: «…respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la CPE. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y subrayado pertenecen al texto original).
Sobre el tópico, la SCP 0579/2018-S4 de 28 de septiembre, estableció que: «La SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. Mientras que la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: “a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. La jurisprudencia descrita, señala que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud, el Estado a través del juez que tenga el conocimiento de la causa debe tramitarla a la brevedad posible en razón de la naturaleza del derecho que se pretende sea tutelado como es el de la libertad» (el resaltado es nuestro).
El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, dentro del fenecido proceso penal que se siguió en su contra, fue condenado a ocho años, y en uso de los beneficios penitenciarios que le asisten, el 4 de mayo de 2022, solicitó ante el Director demandado certificado de permanencia y conducta, que hasta la presentación de esta acción tutelar no fue emitido, afectando el derecho que reclama. De la revisión de los antecedentes se advierte que el impetrante de tutela el 4 de mayo de 2022, presentó solicitud de certificado de permanencia y conducta ante el demandado (Conclusión II.1); en merito a ello, dicho certificado fue emitido el 19 de igual mes y año, por el prenombrado y la Encargada de Archivo y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, notificado al peticionante de tutela el 24 de dicho mes y año (Conclusión II.2). Bajo ese entendido, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el fin de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Es así que, dentro del presente análisis es necesario puntualizar que el art. 59 de la LEPS, señala que: “…El Director del establecimiento penitenciario tiene las siguientes funciones: (…)
3. Elevar cada dos meses al Director Departamental, al Director General, al Juez de Ejecución Penal y al Defensor del Pueblo, informes estadísticos sobre la población penitenciaria a su cargo, detallando el número de internos, su situación jurídica, período de condena y tiempo de cumplimiento” En mérito a la referida normativa, el demandado en su condición de encargado del manejo de los registros penitenciarios, así como, del funcionamiento del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, entre otros, al percatarse de la dilación que reclama el solicitante de tutela debió gestionar por todos los medios posibles a su alcance, hacer efectiva la solicitud que realizó el prenombrado. Si bien, el demandado señaló que no era el responsable de emitir los certificados de permanencia y conducta; empero, la normativa referida le faculta para poder hacer óptima la respuesta a las peticiones de los internos, más aún cuando se encuentra a su cargo el registro y control de los internos del establecimiento de dicho recinto penitenciario, incurriendo en una actitud pasiva a la espera de que otra instancia emita una respuesta, causando una dilación innecesaria a la solicitud del accionante, quien manifiesta que es para requerir algún beneficio penitenciario, y que con la extensión de esa documentación pretende beneficiarse; por lo que, la conducta del demandado recayó en inactividad ante la emisión de un trámite que demoró veinte días, sin respuesta alguna, contradiciendo el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que refirió: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…” (SC 0224/2001-R); siendo que, debió realizar las actuaciones correspondientes para obtener un resultado positivo, ante la falta de respuesta de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz; ya que, como se observa en el certificado de permanencia y conducta que cursa en obrados, consta la rúbrica del demandado y la Encargada de Kardex y Archivo de la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento, de donde se evidencia que es su persona y dicha funcionaria quienes firman y extienden este tipo de certificaciones. En ese estado de antecedentes debe tenerse en cuenta que, conforme al entendimiento asumido en la SCP 0579/2018-S4 se definió a los beneficios penitenciarios como: “…mecanismos que permiten reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad efectiva, así como a mejorar sus condiciones de detención; la materialización de tales beneficios importan en contrapartida la obligación positiva de los Estados de adoptar las medidas que fueren necesarias tendientes a garantizar la reinserción del penado en la sociedad…”; consecuentemente, no es aceptable ni razonable, el argumento expuesto por el Director demandado, cuando refiere que no es de su competencia la extensión del certificado de permanencia y conducta, cuando el contenido del documento a fs. 10, permite advertir todo lo contrario. Por consiguiente, teniéndose en cuenta que la solicitud realizada por el accionante data del 4 de mayo de 2022, es precisamente esa dilación generada por la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que no condice con el razonamiento efectuado por este Tribunal, pues esa demora en la emisión del certificado de permanencia y conducta necesario para que el privado de libertad, pueda acceder a algún beneficio penitenciario -redención entre otros-, contraviene la obligación positiva que tiene el Estado boliviano, de atender con mayor prontitud las solicitudes tendientes a materializar la reinserción social de los privados de libertad. Así, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional -0579/2018-S4-indicó que: “…si bien dichos beneficios no constituyen per se, en un derecho fundamental, sino más bien una opción político criminal, en determinados casos, dada su trascendental incidencia en el derecho a la libertad de las personas privadas de éste, pues su procedencia podría modificar sustancialmente su situación, en aplicación de los principios pro homine y reinserción social, se asume que éstos tienen una directa vinculación con el derecho a la libertad personal, de ahí que los aspectos procedimentales de su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden, ante eventuales vulneraciones al debido proceso, ser tutelables a través de la acción de libertad, cuya configuración constitucional tiene por la finalidad la protección y garantía del derecho a la libertad física y o de locomoción de las personas ante actos u omisiones que restrinjan o amenacen el pleno ejercicio de este derecho, –sin perjuicio de la tutela del derecho a la vida e integridad física–” (las negrillas nos corresponden). Concluyéndose que, al estar vinculado la obtención del certificado de permanencia y conducta solicitado el 4 de mayo de 2022, con la modificación de la situación jurídico procesal del impetrante de tutela, quien tiene la condición de condenado, a mérito de una sentencia condenatoria ejecutoriada, la acción de libertad se constituye en el medio procesal idóneo para tutelar el indebido o ilegal procesamiento, que en el caso se relaciona al principio de celeridad, al no haberse atendido una solicitud de orden administrativo -que como se dijo- tiene directa incidencia con el derecho a la libertad del hoy accionante. En consecuencia, con ese actuar el demandado causó vulneración al derecho reclamado, debido a que, tal lesión -se reitera- tiene una vinculación directa con el derecho a la libertad, causando una dilación indebida en relación a la situación jurídica del solicitante de tutela, quien se encuentra privado de libertad; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada, debido a futuro evitar conductas de esa naturaleza que contravienen el orden constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 055/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo - Juzgado de Partido de Sustancias Controladas (Liquidador) de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, al haberse vulnerado el principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad; no se dispone orden alguna, respecto a la concesión de tutela, al haberse evidenciado la emisión del certificado de permanencia y conducta, extrañado por el impetrante de tutela. 2° Se exhorta a David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, evitar que se reiteren este tipo de conductas contrarias al orden constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de voto fundamentado. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0155_2024-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): a56cc610d3f2a0316a3855245da7f727ccfae93f5c676f353cec4c7f24228062
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