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SCP 0153/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47974-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad, en mérito a que, la autoridad jurisdiccional y el servidor público demandados, no dan curso al trámite procesal a su solicitud de cesación a la detención preventiva planteada el 22 de abril de 2022. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 094/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 27 a 30, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Imposibilidad de interponer una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva estando pendiente la apelación de una primera
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2024-S4 Sucre, 22 de mayo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47974-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 094/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 27 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Ciro Ramiro Ortega Sequeiros contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez; y, Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 1; y, 4 a 5 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Encontrándose con detención preventiva en virtud al proceso penal en el cual es investigado por el presunto delito de uso indebido de influencias, el 22 de abril de 2022, solicitó a la referida autoridad jurisdiccional, cesación a la detención preventiva, misma que a la fecha no fue respondida, aun cuando la norma procesal penal establece que dicha pretensión debe ser atendida en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, dilación que lesionó sus derechos de manera flagrante.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela denunció la lesión al debido proceso en su elemento celeridad vinculado con su derecho la libertad, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Su libertad, al haberse cumplido el plazo de su detención preventiva, o que en veinticuatro horas la autoridad jurisdiccional demandada lleve a cabo la audiencia solicitada; y, b) La reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 6 de mayo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 25 a 26; presente la parte accionante y ausentes los demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, ratificó de manera íntegra su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en que, se ha presentado la acción tutelar en la modalidad de pronto despacho. Ante la consulta formulada por el Presidente de la Sala Constitucional, respecto a que, si su apelación contra la Resolución 57/2022 de 24 de marzo, ya cuenta pronunciamiento del Tribunal de alzada, el hoy accionante a través de su abogada respondió que: “Aun no hay Resolución del Tribunal de Alzada, porque el Juzgado de origen jamás ha remitido los actuados al Tribunal de Alzada” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad y servidor público demandados

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarto del citado departamento, mediante informe presentado el 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 15 y vta., señaló que: 1) El 24 de marzo de 2022 – antes de la solicitud actual–, se llevó a cabo, audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Ciro Ramiro Ortega Sequeiros, en la cual se emitió la Resolución 57/2022, misma que fue apelada por el hoy accionante; 2) La señalada apelación no fue remitida debido a que la parte apelante no cumplió con los recaudos para tal efecto; y, 3) La solicitud de cesación a la detención preventiva presentada el 22 de abril de 2022, no puede ser atendida existiendo en trámite una apelación anterior, la cual se encuentra radicada en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarto del referido departamento, por memorial presentado el 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 23 y vta., informó lo siguiente: i) El 24 de marzo de 2022, se emitió la Resolución 57/2022, resolviendo una solicitud anterior de cesación a la detención preventiva, la cual fue apelada por el ahora impetrante de tutela; y, ii) Existiendo una apelación que aún no fue resuelta por la Sala Penal Cuarta de dicho Tribunal, no es posible tramitar la cesación a la detención preventiva presentada por Ciro Ramiro Ortega Sequeiros el 22 de abril del mismo año.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 094/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 27 a 30, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) En revisión de la documentación adjunta, evidentemente se observa que el impetrante de tutela mediante memorial presentado el 22 de abril de 2022, solicitó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarto del referido departamento, cesación a la detención preventiva, quien por decreto de la misma fecha respondió, estese a las resultas de la apelación interpuesta en contra de la Resolución 57/2022; b) Siendo que falta el pronunciamiento de la Sala Penal Cuarta de dicho Tribunal, a la apelación formulada por el accionante de una Resolución de Juez a quo que también trato la cesación de su detención preventiva, nos encontramos ante una activación paralela de dos jurisdicciones; y, c) En caso que la jurisdicción constitucional emita una decisión respecto a la acción planteada por el solicitante de tutela, y que la decisión de la prenombrada Sala Penal Cuarta sea otra, existiría fallos contradicciones; por lo cual, no se puede mediante esta acción de libertad, analizar si existió o no una dilación indebida, mientras la jurisdicción ordinaria no se haya pronunciado sobre la aparición antes mencionada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Resolución 57/2022 de 24 de marzo, emitida por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarto del citado departamento ‒hoy autoridad demandada‒, mediante la cual rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Ciro Ramiro Ortega Sequeiros ‒ahora accionante‒, bajo el argumento de no haberse cumplido lo dispuesto en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en la misma audiencia el abogado del solicitante de tutela en aplicación del art. 251 del adjetivo penal, planteó recurso de apelación contra dicha Resolución, siendo aceptada tal pretensión por la señalada autoridad jurisdiccional (fs. 9 a 10 vta.). II.2. Por nota CITE OF. 227/2022 de 8 de abril, firmada por Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarto del indicado departamento ‒hoy codemandado‒ fue remitida la apelación planteada por el accionante contra la Resolución 57/2022, al Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; constando sello de recepción de la referida Sala de 11 del mismo mes y año (fs. 21 y vta.). II.3. Mediante memorial presentado al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarto del departamento de La Paz el 22 de abril de 2022, el impetrante de tutela, solicitó cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.2 del CPP (fs. 22); mereciendo proveído de la misma fecha, firmado por la autoridad hoy demandada; por el cual respondió, “Estese a las resultas de la apelación interpuesta en contra de la resolución 57/2022 de fecha 24 de marzo de 2022” (sic [ fs. 22 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad, en mérito a que, la autoridad jurisdiccional y el servidor público demandados, no dan curso al trámite procesal a su solicitud de cesación a la detención preventiva planteada el 22 de abril de 2022. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Imposibilidad de interponer una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva estando pendiente la apelación de una primera

El art. 125 de la CPE, dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas nos pertenecen). Conforme a lo expuesto, queda absolutamente claro que, la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para reparar presuntas lesiones al debido proceso vinculados con el derecho a la libertad; sin embargo, dada la función jurisdiccional encomendada a las autoridades jurisdiccionales y administrativas, éstas son las llamadas inicialmente a observar la vigencia de derechos y reparar según el caso, las posibles vulneraciones de los mismos, mediante la activación de recursos, incidentes, excepciones y solicitudes de modificación de la situación jurídica de quien se encuentra privado de su libertad. Ahora bien, cuando una persona privada de libertad considera que, su situación jurídica debe modificarse, por ende, reclama su libertad mediante un nuevo análisis de su caso particular y la documentación que presenta al efecto, este deberá ser tramitado conforme a la norma procesal penal; no obstante, cuando una solicitud anterior se encuentra pendiente de resolución, ya sea porque el Juez de Instrucción no se pronunció sobre la misma o que su apelación contra la decisión del a quo se encuentra pendiente de resolución, la nueva solicitud deberá resolverse únicamente cuando la anterior haya finalizado, o cuando la nueva pretensión tenga un contenido completamente diferente. Sobre lo expuesto, “…el juez puede conocer y resolver una segunda solicitud de cesación a la detención preventiva, estando pendiente la apelación de la primera, siempre y cuando la aludida solicitud se la realice sobre diferentes presupuestos procesales; es decir, que la primera haya sido interpuesta en base al art. 239.1 del CPP; y, la segunda en base a los otros incisos del referido artículo; empero, si tanto la primera como la segunda petición de cesación a la detención preventiva está amparada en el mismo presupuesto procesal; el juez no puede resolver la segunda petición de cesación a la detención preventiva mientras no se resuelva la apelación interpuesta” (SCP 0552/2017-S1 de 31 de mayo [las negrillas nos pertenecen]). En ese marco, la activación de esta acción de defensa, pretendiendo que una segunda solicitud de cesación a la detención preventiva pueda tener una respuesta conforme a los plazos establecidos en la norma procesal penal, únicamente será posible si la segunda solicitud de cesación a la detención preventiva versa sobre otra causal de procedencia prevista en el art. 239 del CPP; siendo la misma causal tanto de la primera y la segunda solicitud, la acción de libertad no podrá ingresar al análisis de fondo, pues debe aguardar que la primera solicitud finalice su trámite procesal incluso con el trámite de una eventual apelación, pues de pronunciarse sobre el fondo de lo demandado podría generarse dos fallos contradictorios en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción constitucional, respecto a la misma problemática.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la vulneración al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad, en virtud a que, la autoridad jurisdiccional y el servidor público demandados, no dan curso al trámite procesal de su solicitud de cesación a la detención preventiva que planteó el 22 de abril de 2022.

En ese contexto, de la Conclusión II.3. de este fallo constitucional, se hace evidente que, el impetrante de tutela mediante memorial presentado el 22 de abril de 2022, solicitó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres Cuarto del departamento de La Paz, cesación a su detención preventiva debido a que hubiere vencido el plazo dispuesto para el cumplimiento de esta medida de restricción de su libertad (art. 239.2 del CPP), misma que le fue impuesta en virtud del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de uso indebido de influencias; también es evidente que la autoridad demandada, por proveído de la misma fecha, respondió “Estese a las resultas de la apelación interpuesta en contra de la resolución 57/2022 de fecha 24 de marzo de 2022” (sic); es decir, no tramitó su solicitud conforme establece el art. 239 del adjetivo penal y dado de que se trata de la causal establecida en el numeral 2 de dicho artículo, la autoridad demandada debió señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, con lo cual, a priori, podría existir una dilación en la tramitación de la solicitud impetrada por el accionante.

Sin embargo, de las Conclusiones II.1. y II.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace evidente además que, Ciro Ramiro Ortega Sequeiros antes de solicitar la cesación a la detención preventiva que denuncia que no se tramitó en el plazo legal, presentó una anterior solicitud de cesación a la detención preventiva, misma que fue planteada al amparo del art. 239.2 del CPP, señalando que el plazo de su detención preventiva que inicialmente fue establecido por seis meses y ampliado a treinta días más, ya había fenecido.

Esta primera solicitud, precisamente fue rechazada por la Resolución 57/2022, la cual mereció recurso de apelación incidental planteado por el hoy accionante en aplicación del art. 251 del adjetivo penal; en ese escenario, mediante nota CITE OF. 227/2022, el Secretario hoy demandado, remitió el legajo de apelación a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo recepcionado el 11 de igual mes y año; con lo cual, se hace evidente que, la primera solicitud de cesación a la detención preventiva, se encuentra pendiente de resolución desde esa fecha, aseveración que es confirmada por la autoridad demandada (Antecedente I.2.2.) y por la abogada del propio impetrante de tutela, quien en audiencia tutelar señaló que, “Aun no hay Resolución del Tribunal de Alzada” (sic [Antecedente I.2.1]).

En ese marco, del Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional se tiene que, aunque la acción de libertad se constituye en el mecanismo idóneo y eficaz para reparar las presuntas vulneraciones al debido proceso vinculado con el derecho a la libertad, no es menos cierto que todas las autoridades jurisdiccionales, por mandato constitucional y legal, también se encuentran impelidas de observar y resguardar la vigencia plena de los derechos fundamentales de las partes dentro de un proceso, corrigiendo las acciones u omisión contrarias al orden normativo, mediante la resolución de recursos, incidentes, excepciones o un nuevo análisis de la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Con tal fin, la persona privada de libertad, si bien tiene la facultad de solicitar que sea considerada la cesación de su detención preventiva las veces que considere necesario; sin embargo, cuando una primera solicitud de cesación se encuentra pendiente de resolución, éste no podrá impetrar una nueva cesación a la detención preventiva, si su pretensión tiene el mismo fundamento jurídico de la primera; es decir, si ambas se amparan en una misma causal; en ese contexto, la justicia constitucional, también se verá imposibilitada de analizar el fondo de la tramitación de la segunda solicitud ante la posibilidad de generar una disfunción procesal a raíz de la emisión de resoluciones contradictorias, lesivas, inclusive a los intereses de la parte actora, debiéndose por ello, denegarse la tutela impetrada. En el presente caso, el solicitante de tutela, planteó una primera solicitud de cesación a la detención preventiva en aplicación del art. 239.2 del CPP, misma que al ser rechazada por Resolución 57/2022, fue apelada por éste, encontrándose pendiente de resolución este recurso en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por otro lado, el 22 de abril del mismo año nuevamente solicitó cesación a la detención preventiva en aplicación también del art. 239.2 del adjetivo penal, en ese marco, y considerando lo anteriormente analizado el hoy accionante se encuentra imposibilitado de impetrar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva en aplicación del mismo marco jurídico (art. 239.2 de la norma procesal penal); por consiguiente, esta jurisdicción constitucional, tampoco puede emitir un pronunciamiento de fondo, mientras la apelación planteada sea resuelta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, sin mayores consideraciones corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 094/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 27 a 30, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0153_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.

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