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SCP 0153/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
13 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48020-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de legalidad jurídica, publicidad, certeza jurídica, objetividad e imparcialidad; puesto que, el Juez hoy accionado pese a que el Ministerio Público solicitó detención domiciliaria, dispuso su detención preventiva a sola solicitud verbal de la víctima y de la DNA, por concurrir los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 116/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Llamar severamente la atención a Claudia Clara Estrada Callisaya y Malena Lenny Cazana Apaza, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, quienes constituyeron el Tribunal de garantías, por los motivos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Imposibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2024-S3 Sucre, 13 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48020-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 116/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Harold Baptista Calla contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 53 a 55, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); fue notificado con la resolución de imputación formal por parte del Ministerio Público solicitando su detención domiciliaria, no así con la resolución de ampliación de imputación formal de riesgos procesales, presentada por la víctima y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). Sin embargo, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 25 de mayo de 2022, el Juez ahora accionado determinó su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, -solicitud que no la realizó el Ministerio Público-; empero, fue a petición verbal de la víctima y la DNA.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de legalidad jurídica, publicidad, certeza jurídica, objetividad e imparcialidad; citando al efecto los arts. 22, 23, 46, 58, 60, 64 y 73 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad; puesto que, se encuentra detenido desde el 24 de mayo de 2022.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 26 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 77 a 78 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) La base de la audiencia de consideración de medidas cautelares es la resolución de imputación formal; por la cual, el representante del Ministerio Público pidió su detención domiciliaria; y no la extrema medida de la detención preventiva; empero, el Juez hoy accionado, se apartó totalmente de dicha solicitud; y, b) No solo se vulneró su derecho a la libertad, sino también su derecho al trabajo, sin el cual no podrá cumplir con la asistencia familiar de su hija menor de edad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 75 a 76 vta., manifestó que: 1) En audiencia de consideración de medidas cautelares de 25 de igual mes y año, a pedido fundamentado de la DNA en representación de un menor de edad, quien tiene impedimento legal de diez días a causa de las agresiones físicas recibidas por el accionante, dispuso la medida de la detención preventiva contra el nombrado; sin embargo, dicha determinación fue apelada por el accionante; 2) Se debe considerar la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que en materia de violencia familiar, establece que se debe valorar integralmente no solo los derechos del accionante sino también los derechos que tiene la víctima menor de edad, que forma parte de un grupo vulnerable, los cuales no deben ser objeto de agresión física alguna, además de su derecho al acceso a una justicia pronta y a la debida diligencia que debe asumir la autoridad judicial; y, 3) La SC 0080/2010-R de 3 de mayo y la SCP 0100/2018-S1 de 23 de marzo, disponen la imposibilidad de acudir simultáneamente a dos vías como la ordinaria y la constitucional; no obstante, el accionante conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución 244/2022 de 25 de mayo, que dispuso su detención preventiva; por ello, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 116/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 79 a 81, concedió la tutela solicitada, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, ante el incumplimiento en la remisión del legajo del recurso de apelación incidental en el plazo establecido por el art. 251 del CPP, disponiendo que el Juez ahora accionado en el plazo máximo de veinticuatro horas remita el referido legajo del recurso de apelación a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; bajo los siguientes fundamentos: i) El Juez hoy accionado informó que se dispuso la medida de la detención preventiva contra el accionante, el cual, fue objeto de recurso de apelación incidental por el nombrado; sin embargo, remitiéndose a los antecedentes, no cursa en obrados la Resolución 244/2022 de 25 de mayo, ni el acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de la misma fecha, cursando únicamente el mandamiento de detención preventiva, que fue dispuesto en dicha Resolución; asimismo, tampoco se remitió el recurso de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP, tomando en cuenta que la audiencia de consideración de medidas cautelares se llevó adelante en la referida fecha a las 13:00 horas, que al momento de remitirse el legajo del recurso de apelación incidental a su conocimiento -el 26 de igual mes de 2022, a las 14:43 horas-esa remisión no fue ejecutada; ii) No se tiene la transcripción de la citada acta de audiencia ni de la referida Resolución; si bien la jurisprudencia constitucional consideró la posibilidad de falta de remisión de antecedentes en el plazo previsto, de forma excepcional, con justificación razonable, tomando en cuenta las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional por suplencias o pluralidad de imputados; empero, en el presente caso solo señaló que no se transcribió el acta de audiencia ni la citada Resolución porque ese día existió cinco audiencias; iii) La acción de libertad o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad; y, iv) No existe justificativo para que no se cumpla con la remisión del legajo del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante; puesto que, el Juzgado donde se tramita la causa cuenta con la autoridad judicial y personal de apoyo judicial, a efectos de poder elaborar el acta y remitir el legajo del recurso de apelación incidental. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado en audiencia solicitó al Tribunal de garantías, se aclare si continuara privado de libertad. En mérito a esa solicitud el Tribunal de garantías, mediante Auto de 26 de mayo de 2022, manifestó que ante los fundamentos expuestos, declaró no ha lugar a su petición. Asimismo, en vía de complementación y enmienda, el Juez hoy accionado por memorial presentado el 27 de mayo de 2022, cursante de fs. 95 a 96, solicitó al Tribunal de garantías complementación y enmienda, respecto a: a) Conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la transcripción de las actas de audiencia son una obligación exclusiva de la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, no así de su autoridad, debiendo concederse la tutela contra dichos funcionarios de apoyo judicial; ya que, su persona no tiene legitimación pasiva en ese aspecto; y, b) El razonamiento que se realizó no tiene un criterio práctico procesal, porque las Salas del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento establecieron horarios de recepción de los recursos de apelación fijando de 8:00 a 12:00 horas, y al disponer que se remita en el plazo de veinticuatro horas, habilitó un día sábado, siendo imposible su cumplimiento; sin perjuicio a ello, puso a conocimiento del Tribunal de garantías que ya se remitió el recurso de apelación incidental. En mérito a esa solicitud el Tribunal de garantías, mediante Auto de 30 de mayo de 2022, declaró no ha lugar a su petición; por lo que, si bien la secretaria y el auxiliar, coadyuvan en la labor jurisdiccional; sin embargo, eso no implica que el juzgado se encuentre sin control jurisdiccional a efectos del cumplimiento de las disposiciones como la remisión del legajo del recurso de apelación incidental en el plazo previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de 25 de mayo de 2022, dirigido a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, -ahora accionado-, por el cual Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia, presentó la Resolución de Imputación Formal 214/2022 de la misma fecha, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, solicitando audiencia de medidas cautelares de carácter personal y se disponga la detención domiciliaria del accionante, por cuatro meses, poniendo a conocimiento que el nombrado se encuentra aprehendido (fs. 2 a 12). II.2. Por Oficio con CITE Stria. 307/2022 de 9 de mayo, el hoy accionado, remitió obrados en original a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por motivo del recurso de apelación incidental interpuesto por Harold Baptista Calla -hoy accionante-, contra la Resolución 244/2022 de 25 de mayo, el cual fue recepcionado en la citada Sala Penal el 27 de igual mes de 2022, (fs. 94 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de legalidad jurídica, publicidad, certeza jurídica, objetividad e imparcialidad; puesto que, el Juez hoy accionado pese a que el Ministerio Público solicitó detención domiciliaria, dispuso su detención preventiva a sola solicitud verbal de la víctima y de la DNA, por concurrir los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Imposibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea

La SCP 0558/2023-S3 de 13 de junio, reiterando el entendimiento de la SC 0608/2010-R de 19 de julio, estableció que: “...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico".

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de legalidad jurídica, publicidad, certeza jurídica, objetividad e imparcialidad; puesto que, el Juez hoy accionado a pesar que el Ministerio Público solicitó detención domiciliaria, dispuso su detención preventiva a sola solicitud verbal de la víctima y de la DNA, por concurrir los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP.

De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Resolución de Imputación Formal 214/2022 de 25 del señalado mes, emitido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, solicitando la medida cautelar de detención domiciliaria contra el nombrado (Conclusión II.1.). Asimismo, cursa el Oficio con CITE Stria. 307/2022, por el cual, el Juez hoy accionado remitió el cuaderno de control jurisdiccional en original a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por motivo del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra la Resolución 244/2022 de 25 de mayo, la cual fue recepcionada en la citada Sala Penal, el 27 de igual mes de 2022 (Conclusión II.2.). Conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es admisible activar en forma simultanea dos diferentes jurisdicciones para que ambas se pronuncien sobre el mismo hecho denunciado de ilegal; ya que, dicha situación podría ocasionar alteraciones procesales contrarias al orden jurídico.

Es así que, si bien no se tiene el acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal de 25 de mayo de 2022, como tampoco la Resolución 244/2022 de igual fecha, que dispuso la detención preventiva del accionante por no desvirtuarse los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; sin embargo, la situación de privación de libertad del accionante fue corroborado en el informe emitido por el Juez ahora accionado, quien manifestó que el accionante impugnó su decisión, situación que es confirmada por Oficio con CITE Stria. 307/2022 de remisión del cuaderno de control jurisdiccional en original que cursa en obrados, señalando que se remitió el legajo del recurso de apelación incidental a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo recepcionado en la citada Sala Penal, el 27 de citado mes y año. En ese entendido, se tiene que el accionante presentó recurso de apelación incidental contra la Resolución 244/2022 de 25 de mayo, que dispuso su detención preventiva; asimismo, el 26 de referido mes de 2022 interpuso esta acción de libertad señalando que la medida cautelar de detención preventiva no fue la medida solicitada por el Ministerio Público en su imputación, que es base de la aplicación de las medidas cautelares; empero, ambos mecanismos tienen la misma pretensión, que es la revisión de la referida Resolución que dispuso su detención preventiva. Por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se ve imposibilitada de pronunciarse sobre la problemática planteada a través de esta acción de defensa; puesto que, el accionante de manera simultánea activo dos vías de forma paralela, correspondiendo denegar la tutela solicitada; por ello, un actuar contrario de este Tribunal Constitucional Plurinacional pudiera crear una alteración procesal ante posibles pronunciamientos contradictorios de diferentes jurisdicciones sobre un mismo objeto procesal, uno en la jurisdicción ordinaria y otro en la jurisdicción constitucional. Sobre la concesión de la acción de libertad El Tribunal de garantías determinó conceder la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, por no haberse remitido el recurso de apelación incidental en el plazo establecido por el art. 251 del CPP, sin dar mayor explicación sobre lo solicitado por el accionante en su memorial de esta acción tutelar; no obstante, en aplicación al principio de informalismo que caracteriza la acción de libertad, el accionante puede ampliar la misma bajo la única condición de que tenga conexitud con el hecho que inicialmente se demandó (SCP 0591/2013 de 21 de mayo); sin embargo, aquello no permite la posibilidad de ampliar la acción de defensa respecto a nuevos hechos no vinculados con lo inicialmente denunciado, dado que, con ello se vulneraría el derecho a la defensa del accionante, situación que sucedió al momento de resolver esta acción de libertad, en la que, se cuestionó la determinación del Juez ahora accionado, de disponer la detención preventiva del accionante; empero, el Tribunal de garantías resolvió de oficio la presunta dilación en la remisión del legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, lo que se encuentra fuera de lo previsto por la línea jurisprudencial de este Tribunal Constitucional Plurinacional extremos que el Tribunal de garantías debe considerar al momento de resolver futuras acciones de defensa. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 116/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Llamar severamente la atención a Claudia Clara Estrada Callisaya y Malena Lenny Cazana Apaza, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, quienes constituyeron el Tribunal de garantías, por los motivos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0153_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): c85262b7462dddfa25a3ecb2c2ae9e1bf80ef24268d7e2d9f5f3bcc89cb491a8

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