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SCP 0153/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
13 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48044-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la justicia; y, del principio de celeridad; toda vez que, las autoridades demandadas no dieron respuesta a la solicitud de certificado de permanencia y conducta presentada el 8 de abril de 2022, documento imprescindible para optar por el beneficio de redención y obtener su libertad condicional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 141/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -codemandado- haga entrega al accionante el Certificado de Permanencia y Conducta K049/2022 de 9 de mayo, dentro de veinticuatro horas de su notificación con el presente fallo constitucional; y, 2° Se exhorta y llama la atención a las autoridades demandadas para que en futuras solicitudes inherentes a los derechos de los privados de libertad, las mismas sean atendidas con prontitud y la mayor celeridad, a objeto de no quebrantar el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2024-S2 Sucre, 13 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48044-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 141/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante, Abogada del Servicio Plurinacional de Defensa pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Celedonio Ulster Quispe Flores contra Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 1 y 9 a 10 vta., el accionante a través de su representante, refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, cumpliendo la pena impuesta por Sentencia S-336/2018 de 17 de diciembre y en virtud al mandamiento de condena de 5 de octubre de 2019; habiendo transcurrido “hasta la fecha” “4 AÑOS y 7 MESES” aproximadamente según el certificado de permanencia y conducta de “10 de JUNIO de 2021”. En tal sentido, mediante escrito presentado el 8 de abril de 2022, solicitó al Director del citado Centro Penitenciario, certificación de permanencia y conducta que acredite la veracidad del cómputo de la pena y se informe sobre su conducta dentro del referido reclusorio; sin embargo, no obtuvo respuesta favorable; toda vez que, dicho certificado constituye un requisito indispensable para poder optar por el beneficio de redención y adquirir su libertad condicional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la justicia; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, al “…HABER VULNERADO EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y EL DEBIDO PROCESO, POR UNA DILACION INJUSTIFICADA EN RESOLVER [SU] PETICIÓN…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 19 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos de la demanda tutelar, y ampliándolos señaló que: a) En reiteradas oportunidades concurrió al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pero lamentablemente -no señaló quienes-, le refirieron que debido a la falta de personal no se estaría cumpliendo con la entrega de su respuesta, habiendo esperado el lapso de un mes para cuyo fin; b) La certificación de permanencia y conducta que solicitó es imprescindible para pedir cualquier otro beneficio y sin ese documento no podría realizar el cómputo de la pena ni conocer su comportamiento dentro del citado Centro Penitenciario; y, c) No existe contestación oportuna a su requerimiento por parte de las autoridades demandadas.

I.2.2. Informe de los demandados

David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia de garantías señaló que: 1) El certificado de permanencia y conducta lo emite la sección de Archivo y Kardex dependiente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de dicho departamento; no así la Dirección a su cargo; sin embargo, conoció que el “día de hoy” ya se habría expedido el mismo; y, 2) Cualquier requerimiento o solicitud, la remiten en el día a la mencionada Dirección Departamental. Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 17.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 141/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 22 a 23, denegó la tutela solicitada, por cuanto la citada fecha, se emitió el correspondiente certificado de permanencia y conducta; con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existan dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, que debe ser tramitada con la mayor celeridad; y, ii) De los antecedentes expuestos en la presente acción tutelar se evidenció que las autoridades demandadas no operaron con celeridad al momento de la emisión del certificado de permanencia y conducta a favor del accionante; toda vez que, dicha certificación recién fue expedida el “día de hoy”, habiendo transcurrido un mes aproximadamente de la solicitud; en consecuencia, es viable lo peticionado por el impetrante de tutela a través de su representante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante escrito presentado el 8 de abril de 2022, al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, Celedonio Ulster Quispe Flores solicitó se le extienda certificado de permanencia y conducta (fs. 2). II.2. Consta Certificado de Permanencia y Conducta 12423/2021 de 10 de junio, extendido por Ángel Adolfo Vertiz Blanco Calderón, Encargado de Archivo y Kardex; y, José Luis Morales del Castillo, Director; ambos del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, acreditando -entre otros- la permanencia de tres años, siete meses y catorce días, del impetrante de tutela en ese establecimiento penal (fs. 7 a 8). II.3. Cursa Certificado de Permanencia y Conducta K049/2022 de 9 de mayo, emitido por Daniel Reynaldo Calizaya Paucara, Encargado de Archivo y Kardex; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Director; ambos del citado Centro Penitenciario, aseverando -entre otros- la permanencia de cuatro años, seis meses y doce días, del peticionante de tutela en el referido recinto penitenciario (fs. 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la justicia; y, del principio de celeridad; toda vez que, las autoridades demandadas no dieron respuesta a la solicitud de certificado de permanencia y conducta presentada el 8 de abril de 2022, documento imprescindible para optar por el beneficio de redención y obtener su libertad condicional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Acerca de dicha modalidad, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció lo siguiente: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y el subrayado corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la justicia; y, del principio de celeridad; toda vez que, las autoridades demandadas no dieron respuesta a la solicitud de certificado de permanencia y conducta presentada el 8 de abril de 2022, documento imprescindible para optar el beneficio de redención y obtener su libertad condicional. Sobre el problema jurídico planteado, previamente corresponde señalar que el art. 23.VI de la CPE, instituyó que: “…Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad…”; en ese sentido, el art. 58 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), establece que el director del establecimiento penitenciario, será responsable del funcionamiento y manejo del mismo, el cual, de acuerdo al art. 59.3 de la mencionada Ley, tiene entre sus atribuciones: “…Elevar cada dos meses al Director Departamental, al Director General, al Juez de Ejecución Penal y al Defensor del Pueblo, informes estadísticos sobre la población penitenciaria a su cargo detallando el número de internos, su situación jurídica, período de condena y tiempo de cumplimiento” (énfasis añadido); bajo esa síntesis normativa, David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -demandado-, conforme a sus atribuciones, se encuentra obligado a emitir las certificaciones de permanencia y conducta cuando le son solicitados; por cuanto, su responsabilidad alcanza al manejo de los registros cursantes en el establecimiento penitenciario bajo su dirección; en la especie, conforme se establece de los antecedentes glosados a la presente acción tutelar, el accionante mediante memorial de 8 de abril de 2022, solicitó a dicha autoridad penitenciaria, certificado de permanencia y conducta; sin embargo, la misma recién fue emitida el 9 de mayo de igual año, a tiempo de desarrollarse la audiencia de garantías dentro de este mecanismo constitucional, advirtiendo que en dicho trámite existió una exagerada falta de celeridad, máxime si la extensión de dicha certificación es un requisito indispensable para que el impetrante de tutela pueda obtener los beneficios que la ley otorga a los privados de libertad, resultando incuestionable la demora en la que se incurrió en la otorgación del certificado de permanencia y conducta solicitado por el nombrado; correspondiendo conceder la tutela impetrada conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; no obstante haberse exhibido en audiencia de garantías el Certificado de Permanencia y Conducta K049/2022 de 9 de mayo, requerido por el accionante; aquello no resulta óbice alguno para pronunciarse sobre el fondo del problema jurídico planteado; por cuanto, ante los derechos que tutela esta acción de defensa, la justicia constitucional debe emitir una decisión en el fondo; toda vez que, no puede permitirse o confirmarse, acciones o conductas, reñidas contra el orden público constitucional, que evidentemente infringieron derechos fundamentales o garantías constitucionales del peticionante de tutela; siendo la finalidad máxima de este Tribunal, la tutela de derechos fundamentales y evitar que en lo futuro, se incurran en los mismos actos ilegales que produjeron la restricción acusada.

En ese orden, atendiendo a la naturaleza del objeto procesal planteado, debe tenerse en cuenta que, conforme al entendimiento asumido en la SCP 0579/2018-S4 de 28 de septiembre, se definió a los beneficios penitenciarios como: “…mecanismos que permiten reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad efectiva, así como a mejorar sus condiciones de detención; la materialización de tales beneficios importan en contrapartida la obligación positiva de los Estados de adoptar las medidas que fueren necesarias tendientes a garantizar la reinserción del penado en la sociedad…”; consecuentemente, no es aceptable el descargo que expone la autoridad codemandada -Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz- cuando refiere que, no está entre sus atribuciones el otorgar el citado Certificado de Permanencia y Conducta, cuando el contenido de los documentos que corren de fs. 7 a 8 y 24 -Certificados de Permanencia y Conducta 12423/2021 de 10 de junio y K049/2022-(Conclusiones II.2 y 3), dejan evidenciar todo lo contrario; por consiguiente, teniendo en cuenta que la petición realizada por el impetrante de tutela data de 8 de abril de 2022, es precisamente esa dilación generada por la Dirección del referido Centro Penitenciario, que no condice con el razonamiento efectuado por este Tribunal; pues, esa demora en la evacuación del indicado Certificado -necesario para que el privado de libertad, pueda acceder a algún beneficio penitenciario, redención entre otros-, contraviene la obligación positiva que tiene el Estado boliviano, en sentido de atender con mayor prontitud las solicitudes tendientes a materializar la reinserción social de los privados de libertad, que tienen la condición de sentenciados. Asimismo, la supra citada Sentencia Constitucional Plurinacional indicó que: “…si bien dichos beneficios no constituyen per se, en un derecho fundamental, sino más bien una opción político criminal, en determinados casos, dada su trascendental incidencia en el derecho a la libertad de las personas privadas de éste, pues su procedencia podría modificar sustancialmente su situación, en aplicación de los principios pro homine y reinserción social, se asume que éstos tienen una directa vinculación con el derecho a la libertad personal, de ahí que los aspectos procedimentales de su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden, ante eventuales vulneraciones al debido proceso, ser tutelables a través de la acción de libertad, cuya configuración constitucional tiene por la finalidad la protección y garantía del derecho a la libertad física y o de locomoción de las personas ante actos u omisiones que restrinjan o amenacen el pleno ejercicio de este derecho, –sin perjuicio de la tutela del derecho a la vida e integridad física–” (las negrillas nos corresponden). Concluyéndose que, al estar vinculada la obtención del certificado de permanencia y conducta solicitada el 8 de abril de 2022, con la modificación de la situación jurídico procesal del solicitante de tutela, quien se encuentra privado de libertad a mérito de una sentencia condenatoria ejecutoriada, la acción de libertad se constituye en un medio procesal idóneo para tutelar el indebido o ilegal procesamiento, que en el caso se relaciona con el principio de celeridad, al no haberse atendido con prontitud una solicitud de orden administrativa, que -como se dijo- tiene directa incidencia con el derecho a la libertad. Finalmente, este Tribunal no puede exonerar de responsabilidad alguna a Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz -codemandado-, quien pese a su citación cursante a fs. 17 de obrados, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías; por lo que, conforme a la normativa expuesta precedentemente y al principio de celeridad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se asume que dicha autoridad incumplió las funciones que le confiere el art. 54 de la LEPS, como es -entre otros- la de inspeccionar periódicamente los establecimientos penitenciarios del departamento, a fin de verificar su correcto funcionamiento, así como, supervisar la suspensión condicional del proceso y de la pena, la libertad condicional, la prestación de trabajo y las medidas sustitutivas a la detención preventiva. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 141/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -codemandado- haga entrega al accionante el Certificado de Permanencia y Conducta K049/2022 de 9 de mayo, dentro de veinticuatro horas de su notificación con el presente fallo constitucional; y, 2° Se exhorta y llama la atención a las autoridades demandadas para que en futuras solicitudes inherentes a los derechos de los privados de libertad, las mismas sean atendidas con prontitud y la mayor celeridad, a objeto de no quebrantar el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, es de voto fundamentado. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0153_2024-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): f1951acab19ac1fd018cf1b05cd055d86f58347f81c9385a2c1b0eb67ad3e3da

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