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SCP 0150/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56327-2023-113-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, la dignidad y al principio de celeridad; toda vez que, el juez demandado hasta la presentación de esta acción de libertad no respondió a su solicitud de cesación de la detención preventiva formulada el 9 de mayo de 2023, incumpliendo su deber de señalar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; por lo que, solicita se conceda la tutela y se ordene que la autoridad judicial realice el señalamiento respectivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 17 a 20 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz y a los derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad. 2° Disponer que, el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz celebre la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, salvo que el transcurso del tiempo, la misma ya se hubiera celebrado y resuelto. 3° Se exhorta a la citada Sala Constitucional a enmarcar sus actuaciones de acuerdo con lo previsto por el Código Procesal Constitucional y los entendimientos jurisprudenciales descritos en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de dilación en la consideración de medidas cautelares en casos de violencia en razón de género
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0150/2026-S3 Sucre, 12 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56327-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 17 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Luis Cruz Quispe contra Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 5 a 7, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por mandamiento de detención preventiva de 25 de noviembre de 2022, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz por ciento veinte días, ante ello, por memorial presentado el 9 de mayo de 2023, solicitó al Juez demandado cesación de la detención preventiva, sin embargo, hasta la presentación de esta acción de libertad no señaló fecha y hora de audiencia para considerar su petición, incumpliendo los plazos procesales dispuestos por los arts. 132 y 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, respecto a emitir providencia en veinticuatro horas e instalar el correspondiente verificativo en el término de cuarenta y ocho horas; por consiguiente, plantea esta acción tutelar en su modalidad traslativa o de pronto despacho, pretendiendo que la autoridad judicial demandada actúe con celeridad al encontrarse privado de su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, la dignidad y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: a) El Juez demandado emita el respectivo decreto judicial señalando día y hora de audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva; y, b) Se practiquen las correspondientes diligencias a las partes procesales para el citado verificativo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 16 a 17, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que, se encuentra detenido más de ciento sesenta días en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, motivo por el cual, el 9 de mayo de 2025, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, desde esa data hasta el 26 de igual mes y año, transcurrieron más de quince días sin un señalamiento de la audiencia de consideración de su petición.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 10 a 11.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 12/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 17 a 21 vta., denegó la tutela impetrada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) De obrados del cuaderno procesal advirtió que: 1.i) La autoridad judicial demandada señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 19 del citado mes y año, que fue suspendida, fijándose nueva fecha para el 24 de ese mes y año; 1.ii) El accionante por memorial de 12 del aludido mes y año, solicitó verificativo de procedimiento abreviado, programándose para el 19 de igual mes y año; sin embargo, también fue suspendido señalándose nueva fecha para el 24 del mencionado mes y año;

1.iii) Posteriormente, se anotó nueva fecha de audiencia para ambos actos procesales para el 29 del referido mes y año, a horas 9:15; y, 2) Al existir dicho señalamiento corresponde resolver ambas peticiones.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 28 a 32), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Cruz Quispe -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se tiene mandamiento de detención preventiva de 25 de noviembre de 2022, librado por Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, dispuesto por Auto Interlocutorio de la misma data (fs. 2). II.2. Mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2023, el impetrante de tutela solicitó al juez demandado audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 3), y de acuerdo con lo evidenciado por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el expediente de la causa, observo que existieron reiteradas suspensiones, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad se hubiere llevado acabo el verificativo respectivo (fs. 16 a 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, la dignidad y al principio de celeridad; toda vez que, el juez demandado hasta la presentación de esta acción de libertad no respondió a su solicitud de cesación de la detención preventiva formulada el 9 de mayo de 2023, incumpliendo su deber de señalar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; por lo que, solicita se conceda la tutela y se ordene que la autoridad judicial realice el señalamiento respectivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de dilación en la consideración de medidas cautelares en casos de violencia en razón de género

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza […]. Bajo ese razonamiento, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, precisó que con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas). En el caso de medidas cautelares, concretamente el trámite a aplicar para la consideración de solicitudes de cesación de la detención preventiva, se encuentra desarrollado por el octavo párrafo del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), norma que establece:

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Ahora bien, respecto a los casos de dilaciones indebidas en el señalamiento de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva o de solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando: «a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial (…); y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia…» (énfasis añadido).

Asimismo, la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, determina que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. De otro lado, la SCP 1195/2025-S3 de 3 de octubre, en casos de violencia sexual, enfocó el equilibrio de la acción de libertad traslativa respecto a la dilación y su impacto con los derechos de la víctima de violencia, entendiendo que:

[…] resulta menester enfatizar que la dilación indebida en los casos de delitos de violencia sexual adquiere una connotación particular, debido a que no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima, relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, que exige de los Estados el deber de organizar el sistema de justicia, de tal forma que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente; procesos en los que se debe dar atención prioritaria y absoluta en su tramitación, conforme exigen los estándares nacionales e internacionales de protección relacionados con la debida diligencia.

Sobre el particular, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Caso Angulo Losada vs. Bolivia, en el que realizó un desarrollo jurisprudencial sobre el plazo razonable y la celeridad reforzada del proceso como elementos de la debida diligencia, señalando que, pone en relieve que en el proceso penal donde involucre una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar sin dilaciones y con la debida diligencia reforzada para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, dispuesto en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, tomando en cuenta el deber de protección especial derivado del artículo 19 de la citada CADH (las negrillas nos corresponde).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante mediante su representante sin mandato denuncia que desde el 9 de mayo de 2023, solicitó al juez demandado la cesación de su detención preventiva, empero, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad no señaló fecha y hora de audiencia para su consideración, omitiendo cumplir la normativa legal que obliga su programación dentro de las cuarenta y ocho horas.

Expuesta como se tiene la problemática planteada, resulta evidente que el impetrante de tutela al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz desde el 25 de noviembre de 2022, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica (Conclusión II.1); a través de memorial presentado el 9 de mayo de 2023, el prenombrado pidió a la autoridad judicial demandada audiencia de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.2).

Asimismo, también es necesario hacer mención a lo evidenciado por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que teniendo acceso al cuaderno procesal, constató que ante la solicitud del accionante se programó audiencia para su correspondiente consideración para el 19 mayo de ese año, pero fue suspendido para el 24 de ese mes y año, sin embargo, tampoco se llevó a cabo por falta de notificación a las partes, siendo el justificativo las recargas labores que tenía la Secretaria por ser la única funcionaria en ese despacho judicial; por este motivo se reprogramó para el 29 del indicado mes y año. Ahora bien, conforme lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas dentro de un proceso penal donde el accionante se encuentra privado de libertad; de igual forma, se establece que toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar una solicitud con la mayor celeridad, evitando toda demora o dilación injustificada. En el caso en análisis, de la relación de actuaciones descritas precedentemente, se advierte que desde el 9 de mayo de 2023, a la fecha de interposición de este mecanismo tutelar -25 de igual mes y año-, la audiencia de cesación de la detención preventiva no fue llevada a cabo por los constantes aplazamientos que se produjo, si bien, la autoridad judicial demandada señaló nuevas fechas del verificativo, empero, su programación no fue fijada dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, conforme se advierte del primer señalamiento realizado, como así también de los posteriores, evidenciándose una inobservancia al principio de celeridad con la que deben tramitarse las solicitudes vinculadas con la libertad. Si bien, las recargadas labores pueden dificultar el desenvolvimiento óptimo de un despacho judicial; sin embargo, la presente causa no tiene el respaldo debido para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda advertir que no existió dilación injustificada, no siendo suficiente señalar la existencia de recargadas labores; en consecuencia, la dilación de más quince días para que la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de detención presentada por el accionante, se verifica, excede los plazos razonables de justificación exigidos por la jurisprudencia constitucional desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, aspectos que debieron haber sido tomados en cuenta por la referida Sala Constitucional Cuarta al momento de resolver este mecanismo tutelar; por consiguiente, el juez demandado incurrió en una dilación injustificada que afectó el derecho a la libertad del accionante, por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, debe resaltarse que el caso presente emerge de un proceso penal donde se dilucida la presunta comisión de un delito de violencia familiar, razón por la cual, la dilación detectada no solo afectó el derecho a la libertad del accionante, pues, tal como se razonó en los últimos párrafos del indicado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda dilación indebida en los casos de delitos de violencia de género, adquiere connotación particular, debido a que no solo incide en los derechos del imputado, acusado o sentenciado, sino también, en los de la víctima, debiendo la autoridad demandada darle el impulso concerniente de acuerdo a su atribuciones evitando cualquier situación que provoque otro retraso en la sustanciación del análisis de la situación jurídica del accionante.

III.3. Otras consideraciones

Resulta importante recordar a la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que resolvió el presente mecanismo tutelar, que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el juez, tribunal de garantías y las salas constitucionales, de remitir la prueba sobre la que fundó su decisión, estableciendo lo siguiente:

b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática…” (las negrillas nos pertenecen). En la presente causa, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la referida Sala Constitucional omitió remitir los antecedentes y pruebas sobre los que basó su decisión y a los que tuvo acceso del expediente del proceso penal; razón por la cual, corresponde exhortarle a que en ulteriores oportunidades cumpla con la obligación prevista en dicho precedente constitucional, en consideración a que esta instancia de revisión debe contar con todos los elementos de prueba necesarios. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 17 a 20 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz y a los derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad. 2° Disponer que, el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz celebre la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, salvo que el transcurso del tiempo, la misma ya se hubiera celebrado y resuelto. 3° Se exhorta a la citada Sala Constitucional a enmarcar sus actuaciones de acuerdo con lo previsto por el Código Procesal Constitucional y los entendimientos jurisprudenciales descritos en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO

Notas al pie

1 Aplicando dichos entendimientos jurisprudenciales se han pronunciado las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0002/2026-S3, 0242/2026-S3, entre otras. 2Corte IDH, Caso Angulo Losada vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 (Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones), párr. 127.

[T]odo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0150_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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