Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 26 de febrero de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y el principio celeridad; puesto que, a pesar que se cumplió con los requisitos de sus garantes, los mismos fueron observados en reiteradas oportunidades por el Juez hoy accionado; por lo que, no se emitieron los correspondientes mandamientos de libertad; no obstante, de que el 6 de enero de 2023, en audiencia de cesación de la detención preventiva, se dispuso la modificación de la medida cautelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad; 3) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 4) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad vinculada al recurso de reposición; y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Jimmy Fernando López Rojas y Diego Ramírez Cruz, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que en lo posterior cumplan a cabalidad lo establecido por el art. 38 del CPCo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0150/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54316-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por William Rojas Villca y Gerald Gustavo Ortuño Senzano en representación sin mandato de Daniel Vargas Canderúa y Bladimir Gutiérrez Pereira contra Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Onceavo de Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz.
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Daniel Vargas Canderúa y Bladimir Gutiérrez Pereira -accionantes- por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP); encontrándose con detención preventiva de manera ilegal, el Juez hoy accionado determinó la cesación de la detención preventiva el 9 de enero de 2023, disponiendo como medidas, garantes personales para cada accionante -imputado- y su respectivo arraigo; por lo que, se presentaron los requisitos de los garantes ante el referido Juez, mismo que observo y no se procedió a emitir los correspondientes mandamientos de libertad. El 19 de enero de 2023, se adjuntó nuevamente la documentación de los garantes personales y se solicitó los correspondientes mandamientos de libertad; sin embargo, el Juez hoy accionado observó la solvencia de cada uno de los garantes; por lo cual, el 24 de igual mes y año se cumplió con la observación;
empero, fue observado indicando que los garantes tienen que presentar facturas; debido a que, son profesionales, efectuando una mala interpretación de la ley.
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que en el día se libre los correspondientes mandamientos de libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 13, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: El Juez hoy accionado pidió que los tres garantes presenten facturas al ser profesionales abogados siendo suficiente un inmueble para demostrar su solvencia pero cuentan con cuatro inmuebles a nombre de cada garante; así también, que Gabriela Condori lbarra -garante- demuestre con facturas el funcionamiento de su empresa, cuando el Número de Identificación Tributaria (NIT) de la misma pertenece al régimen simplificado; el cual, no se tomó en cuenta por el referido Juez; por lo que, habiendo cumplido con la presentación de la documentación solicitada, más la verificación de los domicilios de los garantes efectuada por la Secretaria del Juzgado corresponde emitir el respectivo mandamiento de libertad que el nombrado “no quiere emitir”.
Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Onceavo de Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni emitió informe alguno pese a su notificación cursante de fs. 8 a 10.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 15 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Los accionantes pueden hacer uso del “…recurso de reposición bajo alternativa de apelación…” (sic), una vez que los mismos sean notificados con el respectivo decreto, ya que no fueron notificados con la misma; por lo que, consideran que no se agotó previamente los establecido por el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP) al ser el Juez hoy accionado el que ejerce el control jurisdiccional del proceso; y, b) Señala la SCP 0110/2014-S1 de 26 de noviembre, el cual establece que no se puede activar de forma simultánea tanto la jurisdicción constitucional y ordinaria; más aún, cuando todavía no se interpuso el recurso que la ley le franquea.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Al no existir documentación adjunta en la presente acción de libertad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento conforme a lo expresado por las partes y lo verificado por la Sala Constitucional.
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y el principio celeridad; puesto que, a pesar que se cumplió con los requisitos de sus garantes, los mismos fueron observados en reiteradas oportunidades por el Juez hoy accionado; por lo que, no se emitieron los correspondientes mandamientos de libertad; no obstante, de que el 6 de enero de 2023, en audiencia de cesación de la detención preventiva, se dispuso la modificación de la medida cautelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad; 3) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 4) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad vinculada al recurso de reposición; y, 5) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo, señala que: “La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
por la ley (…)
De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…) Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal.
Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que se considera actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se señale la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificado legalmente y no comparecen a la audiencia.
Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y la subregla establecida en el SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, señaló que éste no podía exceder de tres días; además, que la solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciada dentro del plazo de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite.
La SCP 0384/2018-S2 de 24 de julio, establece que: “La SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, señaló que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva, solo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren ordenado; dicho entendimiento fue reiterado en las SCC 0550/2010-R de 12 de julio y 1468/2011-R de 10 de octubre ; y, confirmado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio, entre otras. La SCP 0745/2013 de 7 de junio fijó además que el único requisito para materializar la libertad del imputado, es el cumplimiento de las medidas impuestas, diferenciando las que deben ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, la fianza, el arraigo y garantía real o personal, con cuyo cumplimiento, ya se efectiviza la libertad del detenido; y por otro lado, están las posteriores, como las presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales; las cuales, por su naturaleza, no son un requisito previo para efectivizar la libertad. De la jurisprudencia desarrollada, se evidencia que la efectivización de la libertad de la persona detenida preventivamente, en casos en los que se dispone la cesación de dicha medida cautelar, solo depende del cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas; por lo que, una vez que el imputado cumplió con ellas, se materializa el derecho a exigir su libertad”.
La SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, señala que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: «La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez»; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que: …toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (…) Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R”.
La SCP 0421/2018-S2 de 14 de agosto, establece que: “El Tribunal Constitucional, en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
En el marco del entendimiento que antecede, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías, en las que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal, ante el Juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la justicia constitucional; entendimiento que fue reiterado por la SC 0054/2010-R de 27 de abril, entre muchas otras. Ahora bien, de acuerdo al sistema recursivo del Código de Procedimiento Penal, en su art. 401 prevé el recurso de reposición, que procede contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo Juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique; sin embargo, a efecto de determinar los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo determinó que dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de impugnación, y por ende, no podría denegarse la tutela de esta acción de defensa por subsidiariedad excepcional, salvo que la parte accionante, de manera paralela, hubiere activado ese recurso y la vía constitucional; supuesto en el cual, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo, porque podrían existir resoluciones contradictorias sobre el mismo tema”.
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y el principio celeridad; puesto que, a pesar que se cumplió con los requisitos de sus garantes, los mismos fueron observados en reiteradas oportunidades por el Juez hoy accionado; por lo que, no se emitieron los correspondientes mandamientos de libertad; no obstante, de que el 6 de enero de 2023, en audiencia de cesación de la detención preventiva, se dispuso la modificación de la medida cautelar.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se evidencia que no cursa ninguna documentación referida a las actuaciones que motivaron la presente acción de libertad; sin embargo, la problemática planteada será resuelta conforme a lo expresado por las partes y lo verificado por la Sala Constitucional. Previamente a ingresar al fondo de la presente acción tutelar es necesario aclarar lo referido por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que consideró como uno de sus argumentos para denegar la tutela, que ante la decisión asumida a través del decreto de 25 de enero de 2023, por parte del Juez ahora accionado, los accionantes no hicieron uso del “…recurso de reposición bajo alternativa de apelación…” (sic); debido a que, estos no fueron notificados con el mismo; al respecto corresponde tomar en cuenta el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual señala que la falta de interposición del recurso de reposición no puede considerarse como una causal de subsidiariedad excepcional para denegar la tutela solicitada porque dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de impugnación; por lo que, los accionantes no tenían el deber de acudir a la jurisdicción ordinaria planteando ese recurso, consiguientemente superada esa causal de denegatoria, corresponde ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada por los accionantes. Conforme se tiene de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encontraría privada de libertad; ya que, cuando no se activa esa celeridad procesal en la tramitación y consideración de las medidas cautelares vinculadas al derecho a la libertad física o personal, o en su efectivización, se incurre en dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad personal. En ese contexto, al respecto la Sala Constitucional que tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional, se tiene que a “fs. 295” los accionantes presentaron ante el Juez de instrucción Penal de Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz, la documental de los garantes; posterior a ello, el Juez ahora accionado a “fs. 296” del referido cuaderno, emite el decreto de 25 de enero de 2023; por el cual, se realizó las observaciones referidos a la fotocopia de la licencia de funcionamiento, y el NIT; así como, las facturas que debían adjuntar y las que deben ser actualizadas, acorde a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1. III.2. y III.3. del presente fallo constitucional, dado que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, bajo este entendido se tiene que el Juez ahora accionado, al conocer la solicitud de los accionantes, actuó con celeridad al momento de atender la petición anterior, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el Juez, en ese entendido la autoridad judicial ahora accionada actuó con celeridad y dentro del plazo razonable al emitir su providencia y realizó una valoración de la documental ofrecida por los accionantes; sin embargo, el decreto de 25 de enero de 2023, no fue notificado a los accionantes conforme se evidenció del cuaderno de control jurisdiccional; por cuanto, al no haber agotado los recursos que la ley le franquea, corresponde denegar la tutela. Otras consideraciones
De la Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 15 vta., objeto de revisión, se advierte que la Sala Constitucional tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional remitido por el Juez hoy accionado, quien no presentó su informe, con base a los cuales resolvió la causa; sin embargo, no remitieron los antecedentes procesales pertinentes para su revisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional, omitiendo cumplir con lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), lo que implica que las autoridades judiciales que ejercen como Juez o Tribunal de garantías no estén exentas de cumplir con la norma referida, sino que deben necesariamente remitir toda la documentación que fue de su conocimiento y sustentó su fallo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Jimmy Fernando López Rojas y Diego Ramírez Cruz, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que en lo posterior cumplan a cabalidad lo establecido por el art. 38 del CPCo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0150_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9f274d0fba2feeb439886bb6107c28c594f6a6c6538033978fb476698fd5e4cd
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