Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de mayo de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad; alegando que, dentro del fenecido proceso penal que se siguió en su contra, en el que fue condenado a siete años de reclusión por la comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro; mediante memorial presentado el 20 de abril de 2022, requirió a la parte demandada Resolución de Clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo, siendo aquello un requisito a ser analizado por la Jueza en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí, a fin de ser beneficiado con la libertad condicional; no obstante, pese a haber transcurrido más de un mes no obtuvo respuesta alguna, aspecto que conllevó a la suspensión de la audiencia de 23 de mayo de ese año, impidiendo la actitud negligente y dilatoria de la nombrada que pueda recobrar su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 038/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 32 a 35 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° No se dispone ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, constándose la emisión de la Resolución de Clasificación CP-TUPIZA-016/2022 de 24 de mayo, mediante la cual, el Consejo Penitenciario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, resolvió clasificar al accionante, al “…PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PERIODO DEL SISTEMA PROGRESIVO” (sic); no existiendo, por ende, disposición alguna que determinar.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0147/2024-S2 Sucre, 7 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47960-2022-96-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 038/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 32 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Adolfo Paredes Figueroa contra Juana Mamani Uño, Asesora Jurídica de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí.
Por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 4 a 7, el accionante expresó que:
Dentro del fenecido proceso penal que se siguió en su contra, por la comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, tipificado y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP), se emitió la Sentencia 21/2018 de 20 de agosto, a través de la cual fue condenado a una pena de siete años de privación de libertad a cumplir en el Centro Penitenciario Tupiza de Potosí; fallo que adquirió ejecutoria en virtud al pronunciamiento del Auto Supremo 617/2021-RA de 20 de abril, que declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso; a tal efecto, el 19 de noviembre de ese año, se expidió mandamiento de condena para el cumplimiento de la citada Sentencia. La pena que le fue impuesta es computable desde el 27 de septiembre de 2016, data en la que se realizó audiencia de medidas cautelares disponiendo su detención preventiva; además se debe tomar en cuenta que, el 6 de octubre de ese año, fue beneficiado con la medida sustitutiva de detención domiciliaria sin autorización de salida a ninguna parte, hasta el 19 de octubre de 2021, fecha en la que retornó al antes señalado Centro Penitenciario; por lo que, constituyendo la detención domiciliaria la segunda medida extrema de privación de libertad es considerada también a efectos de la observancia de cumplimiento de la condena; en tal circunstancia, efectuando el cómputo respectivo, se encuentra habilitado para obtener la libertad condicional por acatamiento de las dos terceras partes de su condena, conforme a lo previsto en el art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS). En virtud a lo descrito, el 20 de abril de 2022, cursó memorial -no indicó a quién- solicitando clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo, siendo este un requisito a ser analizado por la Jueza en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí, a fin de ser beneficiado con la libertad condicional; empero, pese a estar lo indicado vinculado con su libertad, no mereció respuesta en vulneración al art. 157 y ss. de la LEPS, aspecto que conllevó la suspensión de la audiencia de 23 de mayo del mismo año, “…por falta de la clasificación en sistema progresivo puesto que sería ese día donde se recobraría la libertad de [su] persona” (sic). Actuar negligente de Juana Mamani Uño, Asesora Jurídica de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí -demandada-, quien es “…la encargada de realizar la resolución de clasificación…” (sic), en desconocimiento de sus derechos, al impedir que pueda recobrar su libertad.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.II, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la Asesora Jurídica de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí -demandada-, emita de forma inmediata resolución de clasificación en el sistema progresivo en los periodos primero, segundo, tercero y cuarto; remitiendo dicho fallo “en el día” al Juzgado de Ejecución Penal de ese departamento, a objeto de resolver el incidente de libertad condicional que planteó.
Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 28 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que el 23 de mayo de 2022, se suspendió la audiencia de consideración de su pedido de libertad condicional, debido a que la misma estaba supeditada a requisitos que tenían que ser cumplidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; habiendo presentado la parte demandada la Resolución de Clasificación requerida recién en la fecha de la audiencia de garantías (24 del citado mes y año), documental que era necesaria a fin que la Jueza en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí, le otorgue el beneficio requerido en atención a lo dispuesto en el art. 24 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En ese sentido, resaltó ser evidente la vulneración de sus derechos, existiendo afirmación de la Asesora Jurídica demandada; en sentido que, “…no se habría otorgado la documentación en el momento preciso es más, alude e indica que sería no solamente responsabilidad de ella, sino de otros miembros del consejo penitenciario y que en sí se está subsanando prácticamente este error” (sic), activándose la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuando existe dilación indebida vinculada a la situación jurídica de la persona privada de libertad; por lo que, resulta innegable que no pudo recobrar su libertad condicional emergente de la demora de más de un mes en la remisión de la Resolución de Clasificación que era ineludible para lograr aquello. Agregó que, el art. 162 de la LEPS, instituye el plazo de cuarenta y ocho horas después de concluida la entrevista a efectos de emitir la resolución pertinente, término que fue desconocido imposibilitando con ello que en mérito a un requisito administrativo no pueda obtener su libertad, considerando que ya cumplió las dos terceras partes de su condena. Conforme a lo expuesto, requirió qué pese a que ya se presentó la respectiva Resolución de Clasificación para que la autoridad de la causa pueda valorar, se otorgue la tutela impetrada tomando en cuenta que este tipo de actuados deben ser materializados con la debida celeridad; ordenando a la indicada autoridad judicial “…que en el lapso de 24 horas se pueda desarrollar la audiencia de la libertad condicional y se pueda establecer el incidente…” (sic).
Juana Mamani Uño, Asesora Jurídica de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, presentó informe escrito el 24 de mayo de 2022, cursante de fs. 25 a 26, solicitando se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) La primera, segunda, tercera y cuarta clasificación se efectúa a solicitud dirigida al Consejo Penitenciario, cuyos miembros son el Presidente (Director de Seguridad) y el equipo multidisciplinario (Áreas Social, Médica, Educación, Psicología y Legal); en forma posterior, se revisa la documentación y observancia de los requisitos por parte del privado de libertad; y, si este cumple las dos terceras partes de la pena, el Área Legal presenta la lista y pone a conocimiento para su evaluación, entrevista y después sea emitida la resolución y se proceda a su suscripción; b) El impetrante de tutela cumplió los requisitos a efectos de su clasificación de “1° 2° 3° y 4°”; empero, no pudo emitir la resolución respectiva de manera oportuna, considerando que las Áreas Social, Médica y de Educación, recién presentaron los citados informes en el transcurso de la mañana del 24 de mayo de 2022, dando lugar a la elaboración de la Resolución de Clasificación que fue presentada al Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Potosí; y, c) Reiteró que su Área depende de los informes y firmas de las otras Áreas que fueron mencionadas, no siendo la responsabilidad de pronunciamiento de la indicada decisión solo suya, sino del Presidente y miembros del Consejo Penitenciario, incumbiéndole a ella únicamente su elaboración.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 038/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 32 a 35 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que: 1) Constando el pronunciamiento de Resolución de Clasificación CP-TUPIZA-016/2022 de 24 de mayo, “…primero, segundo, tercero y cuarto periodo…” (sic), requerida por el impetrante de tutela; de la que también tiene conocimiento el “Juez de Ejecución Penal”; únicamente a efectos de responsabilidad en aplicación de lo previsto en el art. 39.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), debe remitirse una copia de la determinación adoptada al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, a fin que proceda según el art. 54.14 de la LEPS, o en su caso, conforme corresponda en cuanto a la responsabilidad disciplinaria o administrativa de la parte demandada; y, 2) No compele ordenar a la citada autoridad judicial llevar a cabo una audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas respecto a considerar el incidente de libertad condicional del peticionante de tutela; por cuanto, el objeto de la audiencia de garantías “…responde a otra temática la cual ya ha sido resuelta, sin embargo seguramente la parte accionante podrá hacer valer esta resolución para hacer acelerar cualquier audiencia que requiera…” (sic). Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Por memorial de 19 de abril de 2022, el impetrante de tutela requirió clasificación en el “1°, 2°, 3° y 4°” periodo del sistema progresivo, evidenciando que la respectiva Resolución de Clasificación fue emitida recién el 24 de mayo de ese año; es decir, con más de un mes de dilación; circunstancia que impidió que el mencionado pueda cumplir todos los requisitos necesarios para que en audiencia se le otorgue libertad condicional. Es más, el propio solicitante de tutela en dicho acto procesal desarrollado el 23 del indicado mes y año, pidió su suspensión “…en razón a que hasta ese momento no se cumplía con los requisitos, mismos que deberían ser analizada…” (sic), motivando que la autoridad judicial, en suplencia legal del titular, fije nueva audiencia para el 30 del mismo mes y año; dilaciones indebidas que repercuten en su libertad; y, ii) Resulta procedente la acción de libertad en su carácter innovativo tomando en cuenta que si bien ya consta el pronunciamiento de la Resolución de Clasificación solicitada por el accionante, la concesión de tutela debe responder a efectos de la responsabilidad disciplinaria o administrativa de quién era la obligación de dictar esa decisión en tiempo permitido; es decir, de la demandada, debiendo aplicar al efecto el art. 39.II del CPCo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Se tiene que dentro del fenecido proceso penal que se siguió el Ministerio Público contra Ángel Adolfo Paredes Figueroa -hoy accionante-, por la comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro; el 20 de abril de 2022, el mencionado presentó memorial requiriendo al Consejo Penitenciario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, que estando ejecutoriada la Sentencia 21/2018 de 20 de agosto, dictada en su contra, se proceda a la clasificación en el primero, segundo, tercero y cuarto periodo del sistema progresivo, con el objeto que pueda beneficiarse de la libertad condicional prevista en el art. 174 de la LEPS, “…puesto que realizando un cómputo del tiempo de detención preventiva, tiempo de detención domiciliaria y tiempo de condena se establece que (…) en la actualidad cumple 5 años, 6 meses y 25 días” (sic [fs. 3 y vta.]). II.2. Según acta de audiencia de 23 de mayo de 2022, fijada por Geraldine Bacilia Urdininea Vilaseca, Jueza en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí, para la consideración del incidente de libertad condicional solicitada por el impetrante de tutela, dicho acto procesal fue suspendido para el 30 de ese mes y año a horas 8:30, en virtud a la falta de cumplimiento de los requisitos regulados en el art. 174 de la LEPS; al respecto, el Secretario del referido Juzgado, informó: “…que no se ha presentado documental por la parte incidentista como ser resoluciones de clasificación, certificado de trabajo y otros únicamente, certificados de permanencia y una copia de la Sentencia” (sic [fs. 27 y vta.]). II.3. A través de memorial presentado el 23 de mayo de 2022, fue interpuesta esta acción de libertad, realizándose la audiencia de garantías el 24 del mismo mes y año (fs. 4 a 7; y, 28 a 31 vta.). II.4. Mediante Resolución de Clasificación CP-TUPIZA-016/2022 de 24 de mayo, el Consejo Penitenciario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, resolvió clasificar al peticionante de tutela al “…PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PERIODO DEL SISTEMA PROGRESIVO” (sic [fs. 23 a 24 vta.]). II.5. Constan Informes -de Evaluación Educativa CITE D.D.R.P./A.E. 41/2022 de 17 de mayo; de Evaluación CITE DD.R.P./A.T.S. 015/2022 de 20 de igual mes; y, para Clasificación del Sistema Progresivo CITE D.D.R.P./A.PSI/Clasificación. 24/2021 de 15 del referido mes- de las Áreas de Educación, Social y Médica, respectivamente, de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, que fueron recibidos el 24 de mayo de 2022, por el Área Jurídica, a horas 10:30, 10:00 y 8:58, correspondientemente. Por su parte, el Informe del Área Psicológica se recepcionó el 15 del anotado mes y año, a horas 10:00 (fs. 14 a 22).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad; alegando que, dentro del fenecido proceso penal que se siguió en su contra, en el que fue condenado a siete años de reclusión por la comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro; mediante memorial presentado el 20 de abril de 2022, requirió a la parte demandada Resolución de Clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo, siendo aquello un requisito a ser analizado por la Jueza en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí, a fin de ser beneficiado con la libertad condicional; no obstante, pese a haber transcurrido más de un mes no obtuvo respuesta alguna, aspecto que conllevó a la suspensión de la audiencia de 23 de mayo de ese año, impidiendo la actitud negligente y dilatoria de la nombrada que pueda recobrar su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0326/2018-S2 de 9 de julio, haciendo referencia a fallos constitucionales anteriores; refirió que: “La SCP 1602/2011-R de 17 de octubre, indicó lo siguiente: ‘Teniendo en cuenta que las características de la acción de libertad son: el informalismo, inmediatez, inmediación y sumariedad, así como la relevancia de los derechos tutelados mediante ésta acción son la libertad personal o física y la vida; haciendo que la legitimación pasiva tenga un tratamiento especial; pues de acuerdo a la doctrina, la legislación y jurisprudencia comparada, no existe necesidad de identificar plenamente al sujeto pasivo o al autor de la restricción o amenaza del derecho; pues lo importante no es determinar la autoría del acto ilegal -lo cual es accesorio- sino la existencia de la ilegal privación de libertad o de su amenaza para la restitución inmediata del derecho. En ese sentido, la legitimación pasiva a decir de Nogüeira Alcalá, si se conoce ‘es conveniente determinar al autor del acto ilegal o arbitrario que amenaza, perturba o priva de la libertad personal o seguridad individual, pero no existe la obligación de determinarlo y éste puede ser desconocido, es a la autoridad jurisdiccional a la que corresponde comprobar quien ha infringido el orden jurídico y vulnerado el derecho de la persona afectada’ (NOGÜEIRA ALCALÁ, Humberto, ‘El hábeas corpus o recurso de amparo en Chile’, Revista de Estudios Políticos, No. 102, octubre-diciembre 1998, p. 207-208). (…)
Sobre el particular, la SCP 0342/2010-R de 15 de junio, señaló asimismo que: ‘…es posible que en la demanda no se señale el nombre y domicilio del demandado, y en virtud a dicha permisión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido los supuestos en los que no es exigible la identificación plena de la autoridad recurrida hoy demandada. Así, los supuestos en que el recurso -ahora acción- se dirige contra una autoridad distinta a la que ocasionó la ilegal restricción del derecho a la libertad física, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones (1651/2004-R de 11 de octubre); cuando el recurrente se encuentra en una situación desventajosa, por ejemplo los casos de privación de libertad de extranjeros (SC 0499/2007-R de 19 de junio), o cuando siendo cierta y evidente la lesión no sea posible identificar a la autoridad que cometió el acto ilegal (SC 1017/2006-R de 16 de septiembre), aclarándose que en estos casos si bien se concede la tutela; empero, no se aplican las responsabilidades civiles y penales a la autoridad que (no) fue demandada’” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad
Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está restringida; dilaciones y/u omisiones que a su vez, lesionan el principio de celeridad; mismo que debe ser considerado por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez” (énfasis añadido); determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos pertenecen). De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido se tiene lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Debiendo resaltar que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intra procesales de reclamo regulados a dicho efecto.
El Título VI de la LEPS, instituye el sistema progresivo, sobre el que el art. 157, establece: “…Las penas privativas de libertad se ejecutarán mediante el Sistema Progresivo, consistente en el avance gradual en los distintos periodos de tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes del condenado a los regímenes de disciplina, trabajo y estudio. El sistema progresivo comprende los siguientes períodos:
1. De observación y clasificación iniciales;
2. De readaptación social en un ambiente de confianza; 3. De prueba; y, 4. De Libertad Condicional. Para el cumplimiento de los periodos del Sistema Progresivo, se limitará a lo estrictamente necesario la permanencia del condenado en establecimientos de régimen cerrado” (negrillas y subrayado añadidos). Sobre el particular, el art. 158 de la citada Ley, prevé: “El Consejo Penitenciario, evaluará semestralmente al condenado, a objeto de determinar su clasificación en el Sistema Progresivo así como de ratificar o modificar el régimen de cumplimiento de su condena” (negrillas y subrayado agregados). Consejo Penitenciario que debe regirse: “…por criterios objetivos de calificación tomando como referencia mínima los siguientes aspectos:
1. Los antecedentes personales y criminales; 2. La formación y el desempeño laboral; 3. Cumplimiento de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la convivencia en el establecimiento y durante las salidas; 4. La convivencia con los otros internos; 5. Cumplimiento de las normas propias de la actividad laboral o educativa que desempeña; 6. Iniciativas personales para la preparación a la vida en libertad; y, 7. Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales y deportivas. (…) La tabla de calificación será puesta en conocimiento del condenado, quien recibirá una copia de la misma al momento de su ingreso al establecimiento penitenciario” (art. 159 de la LEPS). En forma posterior, el art. 160 de la referida Ley, reglamenta que: “…Para la clasificación, el Consejo Penitenciario, entrevistará y escuchará al condenado, practicará las consultas que estime necesarias y, solicitará informes a cualquier miembro del personal penitenciario. El condenado, podrá pedir la presencia de un tercero en las entrevistas realizadas por el Consejo Penitenciario” (negrillas adicionadas). Instituyendo el art. 161 de la indicada Ley, que: “…De la entrevista se elaborará un Acta circunstancial, que será firmada por los presentes. El acta será incorporada al expediente personal del condenado, entregándosele una copia”. El art. 162 de la citada Ley, estipula que: “…La Resolución de clasificación, será emitida dentro de las 48 horas después de concluida la entrevista y contendrá un razonamiento fundamentado, indicando las circunstancias de hecho, los criterios científicos considerados y las conclusiones” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Ahora bien, sobre la libertad condicional, el art. 174 de la norma citada precedentemente, modificado por la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, prevé que: “…es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad. La jueza o el juez de ejecución penal, mediante Resolución motivada, previo informe de la Dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad condicional por una sola vez a las personas privadas de libertad, conforme a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o haber cumplido la mitad más un (1) día de la pena impuesta tratándose de mujeres que tengan a su cargo: niñas, niños o adolescentes, personas mayores de sesenta y cinco (65) años, personas con discapacidad grave o muy grave o personas que padezcan enfermedades en grado terminal, o aquella que derive del nuevo cómputo; 2. Haber demostrado buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y, 3. Haber demostrado vocación para el trabajo. En ningún caso la sanción disciplinaria pendiente de cumplimiento podrá impedir la liberación de la persona condenada si ésta ya hubiera cumplido la mitad más un día o las dos terceras partes de su condena, según corresponda. La resolución que disponga la libertad condicional, indicará el domicilio señalado por el liberado y las condiciones e instrucciones que debe cumplir, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24 de la Ley Nº 1970. El juez de Ejecución Penal, vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del fiscal o del condenado” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Sobre el procedimiento, el art. 175 de la LEPS, establece que: “…El incidente de Libertad Condicional, deberá ser formulado ante el Juez de Ejecución Penal. Podrá ser promovido a petición de parte o de oficio.
El Juez de Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento para que en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes. El juez podrá rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente improcedente” (negrillas adicionadas). En ese orden, el art. 177 de la referida Ley, establece que: “…El Juez de Ejecución Penal, determinará en cada caso, mediante Resolución fundada, las condiciones para la ejecución de la salida prolongada, del Extramuro y la Libertad Condicional y, en su caso, las fechas y los horarios de presentación del condenado, las normas de conducta que se comprometerá a observar, disponiendo la supervisión que considere conveniente. El Juez de Ejecución, a tiempo de imponer las reglas, cuidará de causar el menor perjuicio posible a la relación laboral del condenado. Las reglas impuestas, sólo serán apelables por el condenado y únicamente cuando sean ilegales, afecten su dignidad, sean excesivas o contravengan el fin resocializador de la pena” (las negrillas nos pertenecen).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Al respecto, de las Conclusiones detalladas en este fallo constitucional, se evidencia que el 20 de abril de 2022, el accionante presentó memorial ante el Consejo Penitenciario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, solicitando que -encontrándose ejecutoriada la Sentencia 21/2018 de 20 de agosto, dictada en su contra en el proceso penal que le siguió el Ministerio Público, por la comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, en el que fue condenado a una pena de siete años de privación de libertad a cumplir en el Centro Penitenciario Tupiza de Potosí-, se proceda a la clasificación en el primero, segundo, tercero y cuarto periodo del sistema progresivo a fin que pueda beneficiarse de la libertad condicional instituida en el art. 174 de la LEPS (Conclusión II.1). No obstante a ello, se advierte que, en audiencia de 23 de mayo de 2022, señalada para la consideración del incidente de libertad condicional opuesto por el peticionante de tutela, el propio nombrado tuvo que requerir la suspensión del acto procesal, en virtud a la “…negligencia por parte de régimen penitenciario (…), haciendo conocer además que se ha planteado una acción de libertad correspondiente a efectos que se pueda conminar si vale el término para presentar los requisitos” (sic). Circunstancia en mérito a la que la Jueza en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal del departamento de Potosí, dio lugar a la suspensión requerida, fijando nueva audiencia para el 30 de ese mes y año, a horas 8:30 (Conclusión II.2). Por lo expuesto, pese a que transcurrió más de un mes entre la fecha de la solicitud de resolución de clasificación (20 de abril de 2022) y la audiencia de consideración del incidente de libertad condicional del impetrante de tutela (23 de mayo del referido año); efectivamente, no obtuvo el citado fallo de clasificación que requería como requisito ineludible para obtener el beneficio de libertad condicional; actitud negligente y totalmente dilatoria en desconocimiento de la normativa expuesta en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, en detrimento de sus derechos fundamentales; considerando que, al tratarse de un pedido vinculado a su libertad -consistiendo la libertad condicional “…en el cumplimiento del resto de la condena en libertad” (art. 174 de la LEPS)- y por ende de su situación jurídica, merecía una consideración célere y el impulso necesario para su efectivización (Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional), debiendo a tal efecto concederse la tutela requerida invocada a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese contexto, debe tenerse en cuenta que, conforme al entendimiento asumido en la SCP 0579/2018-S4 de 28 de septiembre, se definió a los beneficios penitenciarios como: “…mecanismos que permiten reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad efectiva, así como a mejorar sus condiciones de detención; la materialización de tales beneficios importan en contrapartida la obligación positiva de los Estados de adoptar las medidas que fueren necesarias tendientes a garantizar la reinserción del penado en la sociedad…”; consecuentemente, no es aceptable ni razonable el argumento expuesto por la servidora pública mencionada, cuando refiere que, las Áreas Social, Médica y de Educación, recién presentaron sus respectivos Informes en el transcurso de la mañana del 24 de mayo de 2022, pues considerando que la petición realizada por el impetrante de tutela data del 20 de abril de igual año, es precisamente esa dilación que no condice con el razonamiento efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, considerando que la demora en la evacuación de los informes necesarios para la elaboración de la resolución de clasificación, contraviene la obligación positiva que tiene el Estado, en sentido de atender con mayor prontitud las solicitudes tendientes a materializar -en el caso- la reinserción del privado de libertad -hoy accionante-. En este punto, corresponde precisar que, si bien el solicitante de tutela demandó únicamente a Juana Mamani Uño, Asesora Jurídica de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, sin considerar que la obligación en el pronunciamiento de la resolución de clasificación es del Consejo Penitenciario (art. 157 y ss. de la LEPS), conformado según estipula el art. 60 de la referida Ley, por: “…1. El Director del establecimiento, que lo preside,
2. Los responsables de las áreas de asistencia; 3. El responsable de la junta de trabajo; 4. El responsable de la junta de educación…”. En virtud a la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la legitimación pasiva en las acciones de libertad tiene un tratamiento especial, constando por ende, flexibilización al no existir la necesidad de identificar plenamente al sujeto pasivo o autor de la restricción o amenaza del derecho, siendo lo importante verificar la existencia del acto ilegal, no así la autoría del mismo. En ese orden, al estar determinado el acto ilegal denunciado en esta acción de defensa, reflejado en la dilación en la que incurrió el Consejo Penitenciario en la emisión de la Resolución de Clasificación como requisito indispensable a objeto de lograr su libertad condicional; a más que se demandó contra una de sus miembros como es la Asesora Jurídica de la citada Dirección Departamental, a tal efecto es plenamente viable otorgar la tutela impetrada.
Finalmente, cabe precisar que si bien consta el pronunciamiento de la Resolución de Clasificación CP-TUPIZA-016/2022 de 24 de mayo, por parte del Consejo Penitenciario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, resolviendo clasificar al peticionante de tutela, al “…PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PERIODO DEL SISTEMA PROGRESIVO” (sic [Conclusión II.4]); dicho fallo fue emitido en forma posterior a la interposición de la acción de libertad de 23 de ese mes y año (Conclusión II.3), con la innegable dilación advertida, teniendo incluso algunos Informes de las Áreas requeridas data de 24 del indicado mes y año, recibidos entre las 8:58 y 10:30 (Conclusión II.5); lo que evidencia que a la fecha de formulación de esta acción de defensa, la Resolución de Clasificación ahora extrañada no había sido dictada; y si bien, la Asesora Jurídica demandada en audiencia de garantías manifestó que ya se cumplió con ello, es irrefutable su emisión en la mencionada fecha de la celebración de ese acto procesal -24 de mayo de 2022-, sin que se tenga certeza de sí la ya citada Resolución de Clasificación fue pronunciada y suscrita por el Consejo Penitenciario, de forma posterior o anterior a la notificación a dicha demandada con la presente acción tutelar que se produjo en igual data y también en la mañana de similar fecha, pues de hecho y como la nombrada lo reconoce, con base en los Informes requeridos para expedir la Resolución de Clasificación, que le fueron remitidos en el transcurso de la mañana del mismo día, recién se procedió a su emisión y suscripción; lo que comprueba que desde el 20 de abril al 24 de mayo del señalado año, fecha en que se celebró la audiencia de garantías de esta acción de libertad, existió una incuestionable dilación injustificada e ilegal que lesionó el derecho a la libertad invocado por el accionante en vinculación al principio de celeridad. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 038/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 32 a 35 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° No se dispone ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, constándose la emisión de la Resolución de Clasificación CP-TUPIZA-016/2022 de 24 de mayo, mediante la cual, el Consejo Penitenciario de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, resolvió clasificar al accionante, al “…PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PERIODO DEL SISTEMA PROGRESIVO” (sic); no existiendo, por ende, disposición alguna que determinar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, es de voto fundamentado. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0147_2024-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): f823c316e470eb58adaa0e9bb6d14b2eb8792584be4c8154fc19b150fb38e613
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