B.IA.LEGAL

SCP 0146/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
50429-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso, de acceso a la justicia, a un juez natural y el principio de legalidad, toda vez que, dentro el proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente: a) El Ministerio Público, desde un inicio realizó actuaciones sin control jurisdiccional, pues desde la denuncia planteada hasta el informe de inicio de investigación transcurrieron seis días en los que el proceso se encontraba sin control jurisdiccional; solicitó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, la realización de pericia psicológica a la víctima menor de edad, y se tomó la declaración a su persona, en el lapso que no existía el referido control, existiendo defectos absolutos del procedimiento, entre otras actuaciones que denotan actividad procesal defectuosa; restringiendo incluso el Fiscal de Materia coaccionado su libertad de forma indebida, al haberse procedido con su aprehensión ilegal alegando una acción directa, cuando en el caso no existía la requerida flagrancia para ello; y, b) “…fue denunciada oportunamente la lesión al derecho a la libertad, incurrida en su aprehensión y posterior Detención Preventiva…” (sic) a través de incidentes de actividad procesal defectuosa, sin que la autoridad judicial hubiese restituido los actos indebidos que constituyen dicha actividad, a más que no se habría sido remitido antecedentes ante el Tribunal de alzada de turno, pes…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2022 de 10 de septiembre, cursante de fs. 182 a 185 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional y con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0146/2025-S2 Sucre, 25 de marzo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 50429-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/2022 de 10 de septiembre, cursante de fs. 182 a 185 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wendy Miriam Rodríguez Quinteros en representación sin mandato de Pablo Rigoberto Tuero Vaca contra Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz y Daniel Eduardo Banegas Gómez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 32 a 35, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente: a) El entonces Fiscal de Materia, desde un inicio realizó actuaciones sin control jurisdiccional, restringiendo incluso su libertad de forma indebida, dado que, el 22 de junio de 2022, dicha autoridad fiscal puso a conocimiento del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del referido departamento, Simón Alarcón Vásquez -hoy accionado-, el informe de investigación -formulario de denuncia- de 17 del mismo mes y año, es decir, que transcurrieron seis días en los que el proceso se encontraba sin control jurisdiccional; por requerimiento fiscal de 20 de igual mes y año, el referido Fiscal solicitó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Buena Vista del indicado departamento, la realización de pericia psicológica a la víctima menor de edad, periodo en el que -de igual forma- el proceso se encontraba sin control jurisdiccional, teniéndose con ello el quebrantamiento de lo establecido en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP); “…no solo eso afecta el irregular proceso debemos revisar mi declaración informativa la cual también nula de pleno derecho conforme lo dispone el art. 92, 97 y 100 del CPP, pues nuevamente el ministerio público y la policía fuerzan este caso tien[e] una complementación de diligencias de 28 de junio de 2022, por el plazo de 60 días es decir, que el control jurisdiccional autorizado es hasta el 28 de agosto…” (sic), habiéndose tomado su declaración sin control jurisdiccional, existió un defecto absoluto de procedimiento, sumado al perjuicio que se le causó la defectuosa recepción de su declaración permitió su posterior imputación, por hechos, circunstancias y delitos respecto de los cuales no fue advertido antes de prestar su declaración; la denuncia en su contra, no explica con claridad los hechos denunciados, pues no indica de manera clara y precisa cuándo se habría consumado el hecho, desconociendo el delito que se le acusa; la prueba requerida por el Ministerio Público de desdoblamiento de conversaciones del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) lesiona los principios jurídicos de legalidad, se basa en conversaciones telefónicas “las cuales” no fueron autorizadas por su persona, y pueden estar sobrepuestas, aclarando que el art. 25.I de la Constitución Política del Estado (CPE), protege la confidencialidad de las llamadas y documentos personales; y “Esta conclusión a la que llega el Fiscal de Materia, viola el derecho a la defensa, ello porque contiene un hecho respecto del cual no se me ha dado la oportunidad de defenderme, luego existe una privación de libertad por mas de 24 horas, lo cual debe ser considerada como una coacción…” (sic); y, b) “…fue denunciada oportunamente la lesión al derecho a la libertad, incurrida en su aprehensión y posterior Detención Preventiva, ante el Señor Juez de buena Vista a través de un incidente de actividad procesal defectuoso el cual se encuentra en el cuaderno de control jurisdiccional y que ha sido presentado antes pero el juez nos dio 5 minutos para su resolución si quiera dándole lectura, empero no fue restablecido este derecho, lo que nos habilita a interponer la presente acción de garantía (…) pero cuando dicho tribunal ha omitido el recurso de apelación incidental conforme lo predispone el art 251 del CPP, habiendo hecho abusivo de un derecho” (sic).

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa, sin citar precepto constitucional alguno. En audiencia de consideración de la acción de libertad precisa la lesión de sus derechos al debido proceso, de acceso a la justicia, a un juez natural y el principio de legalidad, citando al efecto los arts. 13, 115, 117.I y II y 180 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita que la presente acción tutelar “…a su vez que sea reparadora (…) declarándola PROCEDENTE y ordenando que la autoridad judicial de grado considere, aplicando medidas sustitutivas a la detención preventiva” (sic). En audiencia de consideración de la acción de libertad, solicitó se conceda la tutela impetrada y disponga la nulidad de su declaración informativa.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de “julio” -siendo lo correcto septiembre- de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 176 a 181; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada y representante sin mandato, además del copatrocinio, ratificó in extenso el contenido del memorial de esta acción tutelar y ampliando en audiencia, señaló que: 1) “…Del informe del Juez cautelar, no solamente se puede esgrimir que existe una grosera y absurda violación de derechos y garantías constitucionales, los cuales además se plantean como una parte de abuso judicial indicando de que la presente acción de libertad debería ser incoada en contra de la secretaria y no del suscrito…” (sic), sin considerar lo dispuesto por la Ley del Órgano Judicial que vincula de manera directa a los operadores de justicia a poder ejercitar la tutela de su personal subalterno, para garantizar el derecho y garantía constitucional conculcado de pronto despacho y que no es necesario agotar el recurso de subsidiaridad; 2) “…se ha conculcado el derecho a la excepción y al incidente y esto en realidad viene llegado a que cuando existe ilegalidad dentro de lo que es la aprehensión por el Ministerio Público y se ha ejecutado el Art. 226 la Sentencia Constitucional 46/2016 S2 de 18 de Abril, indica que no es necesario agotar el recurso de subsidiariedad y que se podrá plantear una acción de libertad directa siempre y cuando se hubiesen formulado exageraciones de mandamiento de libertad” (sic); 3) El Juez accionado no consideró lo dispuesto por el art. 251 del CPP y la jurisprudencia constitucional respecto a la gratuidad y principio de celeridad, dado que, transcurrieron cinco días sin que el recurso de apelación incidental haya sido remitido ante el Tribunal de alzada, por lo que se estaría vulnerando derechos y garantías constitucionales; y, 4) Sobre la ilegal ejecución del “mandamiento” -lo correcto es orden- de aprehensión del cual fue objeto el 30 de agosto de 2022, en la localidad de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, ello deviene de una supuesta acción directa, sin que concurra los requisitos establecidos por los arts. 54 inc. 1), 279 y 289 del citado Código, validándose una orden de aprehensión, cuando la acción directa se formula cuando ha ocurrido el hecho y veinticuatro horas después “…para computabilizar lo que es la flagrancia” (sic). Con el uso del derecho a la réplica, su defensa señaló que: i) Es falso que la imputación formal “…hubiese salido el 31 del 2022…” (sic), pues no se encontraba dentro del cuaderno de control jurisdiccional que fue entregado por el Ministerio Público el mismo 31 -se entiende de agosto de 2022- a horas 16:00 en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 1 de septiembre de ese año, que fue realizada fuera de las veinticuatro horas, incumpliendo plazos procesales establecidos en los arts. 300 y 301 del CPP; y, ii) No se tuvo acceso al cuaderno de investigaciones, por lo que ello, conjuntamente todas las otras irregularidades explicadas, fueron expuestas en audiencia de medidas cautelares interponiendo “los incidentes correspondientes con relación a las exclusiones probatorias con relación a la actividad procesal defectuosa por la falta de control jurisdiccional llevada adelante por el Ministerio Público y así también por la aprensión ilegal…” (sic).

I.2.2. Informe de la parte accionada

Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, por informe escrito, cursante de fs. 53 a 54, señaló que: a) En mérito a la imputación formal presentada el 31 de agosto de 2022, “con aprendido” y mediante Auto Interlocutorio de 1 de septiembre de ese año, dispuso la detención preventiva del accionante por ciento ochenta días a cumplir en el Centro de Readaptación Productiva Montero “CERPROM”; b) En audiencia de aplicación de medidas cautelares el impetrante de tutela interpuso incidentes de exclusión probatoria, defectos absolutos, por falta de cumplimiento de plazos y aprehensión ilegal los mismos que fueron resueltos, disponiendo su rechazo, resolución contra la cual planteó recurso de apelación incidental, disponiéndose la remisión de antecedentes al Tribunal de Alzada de turno; de igual forma, luego de asumida la determinación de la detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en el art. 233.1, 2 y 3, en relación a los arts. 234.1, 2 y 7, y 235.2 del CPP, fue apelada en audiencia, concediéndose al efecto la apelación incidental; c) Los agravios de la presente acción de libertad son los mismos que se interpuso en audiencia de aplicación de medidas cautelares que ya fueron resueltos y se encuentra pendiente de resolución en apelación; d) Sobre la falta de remisión de los antecedentes de apelación al Tribunal de Alzada de turno, que refiere el peticionante de tutela, éste en ningún momento representó esa situación ante su autoridad, además que la responsabilidad de la remisión recae sobre la Secretaria del Juzgado, tomando en cuenta las atribuciones del personal subalterno de elaborar actas de audiencia y remitir antecedentes a Salas Penales de Turno; e) Aclara sobre la aprehensión ilegal alegada por el accionante, que ello ya fue resuelto en la referida audiencia, concluyendo que se produjo por acción directa de funcionarios policiales en cumplimiento a la orden de aprehensión presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Buena Vista del referido departamento; y, f) Al no advertirse el quebrantamiento de ningún derecho y más bien tratar de sorprender el peticionante de tutela cuando los incidentes y lo resuelto en ellos debe ser resuelto en apelación, solicitó la “IMPROCEDENCIA” -lo correcto es denegatoria- de la acción de libertad. Daniel Eduardo Banegas Gómez, Fiscal de Materia, en audiencia alegó que: 1) Su autoridad asumió funciones en la provincia Ichilo del municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, el 24 de junio de 2022, por lo que le extraña que se dirija la acción denunciando un hecho supuestamente cometido por el Ministerio Público, pero se suscitó por la anterior autoridad Fiscal que fue quien presentó el inicio de investigaciones al Juez cautelar; 2) Sobre los diferentes derechos aludidos en la audiencia de garantías no fueron expuestos por la abogada de la defensa hasta el momento en que su autoridad -Jueza de garantías- preguntó cuáles serían los derechos vulnerados, que ni el mismo accionante sabía y que la abogada tampoco expuso cuando se le concedió el uso de la palabra de forma inicial; 3) Por memorial de “20” de junio de 2022, puso a conocimiento del Juez accionado el formulario de denuncia de 17 del mismo mes y año, por lo que la causa cuenta con el control jurisdiccional respectivo; 4) El requerimiento fiscal de 20 de igual mes y año fue a efectos de obtener la declaración de la víctima menor de edad que debe ser realizada por el personal calificado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Buena Vista, a objeto de juzgar con perspectiva de género y enfoque interseccional, conforme la “Ley 348”, tomando en cuenta que la menor de edad -se entiende víctima- tiene diez años de edad y no puede declarar ante la Policía Boliviana; 5) Con relación a la Resolución Fiscal de Aprehensión -de 6 de julio de ese año- del peticionante de tutela, que por error se consignó sea conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del municipio de Camiri del departamento de Santa Cruz, ello no puede ser utilizado de mala fe, tomando en cuenta que fue conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del municipio de Yacapaní del indicado departamento, el 30 de agosto de dicho año a horas 17:00 y se tomó su declaración informativa a horas 20:40, entregándosele el cuadernillo de investigación al abogado que estaba en defensa del impetrante de tutela ese día, el cual refirió que tenía conocimiento y el denunciado se abstuvo de declarar, firmando en constancia; 6) Sobre la supuesta negativa de entrega de fotocopias, debe tomarse en cuenta que al estar involucrados los derechos y garantías constitucionales de una menor de edad, se encuentran en reserva no siendo expuestas al público, por lo que su autoridad no podía “contestar el teléfono” y ordenar su entrega inmediata cuando se solicitó al encontrarse en una audiencia, por lo que al siguiente día, cuando fue informado de la solicitud, se ordenó se entregue las fotocopias del cuaderno de investigación; 7) La imputación formal fue presentada ante el Juez ahora accionado el 31 de agosto de 2022, a horas 11:20, antes del vencimiento de veinticuatro horas a efectos de cumplir con los plazos procesales; y, 8) La acción directa que la defensa del accionante confunde con flagrancia, no es más que la notificación al Ministerio Público del funcionario policial que dio cumplimento a la orden de aprehensión y no así que la aprehensión se hubiese producido por la comisión en ese momento de un hecho delictivo. Por lo expuesto solicitó se “rechace” o declare “improcedente” -lo correcto es se deniegue- la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 20/2022 de 10 de septiembre, cursante de fs. 182 a 185 vta., concedió en parte la tutela solicitada; ordenando que el Juez accionado de manera inmediata remita la apelación incidental ante el Tribunal de alzada conforme a lo establecido en el art. 251 del CPP, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) De antecedentes se tiene que el accionante reclama actuaciones del Ministerio Público entre ellas el informe de acción directa y la orden de aprehensión que se encontrarían sin el debido control jurisdiccional, y que no habrían sido restituidas por el Juez accionado; ii) La jurisprudencia constitucional señala que previo a acudir a la vía constitucional se debe agotar las instancias que prevé el Código de Procedimiento Penal, línea ampliamente desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad, así se tiene la SCP 0548/2018-S2 del 25 de septiembre; iii) El impetrante de tutela señaló que hubiese interpuesto recurso de apelación conforme lo establece el art. 251 del CPP, por lo que al estar pendiente la resolución por Tribunal de alzada no se puede acudir ante la justicia constitucional con una eventual duplicidad de fallos, puesto que es dicho Tribunal a través del recurso de apelación que tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores en que hubiese incurrido el Juez hoy accionado, razones por las cuales no puede ingresar al fondo de la presente acción tutelar; iv) Con relación a la falta de legitimación del Fiscal de Materia coaccionado, toda vez que todas las actuaciones realizadas tanto por el Ministerio Público como por la Policía Boliviana deben actuar bajo el debido control jurisdiccional, por ende al haberse presentado los incidentes correspondientes y al existir una apelación pendiente de resolución, además de no haber participado el referido Fiscal en las actuaciones ahora reclamadas, el nombrado no contaría con legitimación dentro de la presente acción de defensa; y, v) Respecto a la apelación interpuesta conforme a lo dispuesto por el art. 251 del adjetivo penal y que ha sido ratificado por informe de la autoridad jurisdiccional, en sentido que no se hubiese remitido la misma, se debe señalar que de acuerdo a la SCP 1135/2012 del 6 de septiembre, el “Habeas Corpus” traslativo o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados al derecho a la libertad, es decir cuando existen violaciones indebidas, que retarden o eviten resolver situaciones jurídicas de una persona que se encuentre privada de libertad, de igual manera la “…SCP N° 099/2010 Del 10 de Agosto” (sic), establece que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre vinculado el derecho a la libertad física tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible cuando menos dentro de los plazos razonables, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida al citado derecho, al presente, en el informe emitido por la autoridad judicial accionada, trata de liberar su responsabilidad, mencionando que es responsabilidad de la Secretaria que no se hubiese remitido a la fecha el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, al respecto se debe tener en cuenta las atribuciones establecidas en la “Ley 025” en el cual las autoridades jurisdiccionales, ejercen el control del personal y la debida diligencia, no pudiendo deslindarse responsabilidad por parte de la autoridad hoy accionada, siendo que el mismo está a cargo de dicho juzgado y en todo caso debió ordenar a la Secretaria que se dé cumplimiento a lo establecido por el art. 251 del CPP, por lo que al no haberse remitido la apelación en el plazo previsto por ley, se vulneró el principio de celeridad, más aun, tomando en cuenta que dentro de la presente acción tutelar se tiene que el hoy impetrante de tutela se encuentra privado de libertad personal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa formulario de denuncia de 17 de junio de 2022, realizada por la Defensoría de la Niñez del GAM de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, en representación de la víctima -menor de edad- contra Pablo Rigoberto Tuero Vaca -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, así como varios antecedentes inherentes a dicha denuncia suscitados a partir de la referida fecha, dentro la citada investigación signada con Código Único de Denuncia (CUD) 704302282200624, que incluyen informes psicológicos, sociales y declaraciones, entre otros (fs. 2; y, 6 a 29). II.2. Por memorial presentado el 22 de junio de 2022, Jhiamir Funes García, Fiscal de Materia informó a Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, el inicio de investigaciones dentro del caso CUD 704302282200624, a objeto del control jurisdiccional; informe que mereció decreto de 23 del citado mes y año, por el cual el Juez accionado, tuvo presente el inicio de investigaciones para el control jurisdiccional, disponiendo varias actuaciones (fs. 4 y 59). II.3. Cursa Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de julio de 2022, por la cual Daniel Eduardo Banegas Gómez, Fiscal de Materia -hoy coaccionado-, dispuso la aprehensión del impetrante de tutela, a objeto de que preste declaración informativa en calidad de denunciado, dentro de la investigación de referencia (fs. 30 a 31). II.4. Cursa imputación formal presentada el 31 de agosto de 2022, por el Fiscal de Materia coaccionado, a denuncia de Delia Pérez Claros responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, contra el ahora peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente prevista en el art. 318 del Código Penal (CP [fs. 64 a 71]); a tal efecto por proveído de la misma fecha, el Juez accionado tuvo por presentada la imputación y señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 1 de septiembre de dicho año, a horas 9:00 (fs. 72).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso, de acceso a la justicia, a un juez natural y el principio de legalidad, toda vez que, dentro el proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente: a) El Ministerio Público, desde un inicio realizó actuaciones sin control jurisdiccional, pues desde la denuncia planteada hasta el informe de inicio de investigación transcurrieron seis días en los que el proceso se encontraba sin control jurisdiccional; solicitó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, la realización de pericia psicológica a la víctima menor de edad, y se tomó la declaración a su persona, en el lapso que no existía el referido control, existiendo defectos absolutos del procedimiento, entre otras actuaciones que denotan actividad procesal defectuosa; restringiendo incluso el Fiscal de Materia coaccionado su libertad de forma indebida, al haberse procedido con su aprehensión ilegal alegando una acción directa, cuando en el caso no existía la requerida flagrancia para ello; y, b) “…fue denunciada oportunamente la lesión al derecho a la libertad, incurrida en su aprehensión y posterior Detención Preventiva…” (sic) a través de incidentes de actividad procesal defectuosa, sin que la autoridad judicial hubiese restituido los actos indebidos que constituyen dicha actividad, a más que no se habría sido remitido antecedentes ante el Tribunal de alzada de turno, pese a haberse proporcionado los recaudos necesarios. Al respecto, el Juez accionado precisó que en razón a la imputación formal de 31 de agosto de 2022, mediante Auto Interlocutorio de 1 de septiembre de ese año, dispuso la detención preventiva del accionante por ciento ochenta días; asimismo, en la referida audiencia, el nombrado interpuso incidentes de exclusión probatoria, defectos absolutos, por falta de cumplimiento de plazos y aprehensión ilegal los mismos que fueron resueltos, disponiendo su rechazo, resolución contra la cual planteó recurso de apelación incidental, disponiéndose la remisión de antecedentes al Tribunal de Alzada de turno; de igual forma, luego de asumida la determinación de su detención preventiva apeló en audiencia, concediéndose al efecto la apelación incidental; sobre la alegada falta de remisión de los antecedentes de apelación al Tribunal de Alzada de turno, el impetrante de tutela en ningún momento representó esa situación ante su autoridad, además que la responsabilidad de la remisión recae sobre la Secretaria del Juzgado. Ratificando ello, el Fiscal coaccionado indicó que todos los actos ilegales que se denuncian en la presente acción tutelar ya fueron resueltos por la autoridad judicial accionada, encontrándose ello pendiente de resolución en apelación; no siendo además evidente lo referido por el peticionante de tutela, dado que la imputación formal fue presentada ante el Juez accionado el 31 de agosto de dicho año, antes del vencimiento de veinticuatro horas a efectos de cumplir con los plazos procesales; la aprehensión se produjo como efecto de una Resolución y orden de aprehensión, y la defensa tuvo acceso al cuaderno de investigaciones y estuvo presente a momento de la declaración del ahora accionante. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada Al respecto, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, precisó que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.

En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos

POR TANTO

, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Identificado como se tiene precedentemente el componente motivacional y objeto procesal que respalda la activación de esta vía de protección constitucional, se advierte que el mismo converge en todo el despliegue investigativo procesal desarrollado por el Ministerio Público desde la denuncia planteada contra el ahora accionante -por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente- hasta su aprehensión -que alega de indebida- producto de una orden de aprehensión emitida por el Fiscal ahora coaccionado. Al respecto, si bien en antecedentes no se cuenta con el acta de audiencia de 1 de septiembre de 2022, en la que se habría ya cuestionado el mismo despliegue presuntamente defectuoso suscitado por el Ministerio Público; sin embargo, tanto en lo alegado -en forma un tanto confusa y ambigua-por la parte impetrante de tutela en su demanda, como en el informe presentado por ambos accionados, es evidente que en audiencia de consideración de medidas cautelares de la referida fecha, con carácter previo a la sustanciación de dichas medidas, la defensa del peticionante de tutela habría cuestionado el despliegue procesal investigativo suscitado desde la denuncia hasta la aprehensión, y que ahora también reclama en su defectuosa realización, así el Juez accionado es expreso en señalar en su informe que: “…durante la sustanciación de la audiencia el abogado defensor del imputado, planteó incidentes de EXCLUSION PROBATORIA, DEFECTOS ABSOLUTOS, por falta de cumplimiento de plazos y Aprehensión ilegal; los cuales luego de las partes han sido RECHAZADAS y se encuentran en apelación” (sic); añadiendo asimismo “También luego de la consideración de la imputación formal, se emitió Auto Interlocutorio de fecha 1 de septiembre del 2022, de medida cautelar de la detención preventiva, de conformidad con los Arts. 233 inc. 1, 2 y 3, con relación a los Arts. 234 incs. 1, 2 y 7 y Art. 235 Inc. 2 del Código De Procedimiento Penal” (sic) -como se tiene a fs. 53 del expediente-, y que no fue controvertido por la parte accionante, y al contrario en su demanda e intervención en audiencia, daría cuenta de ello, cuestionando a su vez que el Juez accionado no restituyó las irregularidades hoy cuestionadas, pese a su reclamo en dicha vía incidental. En ese orden, en cuanto a la actuación del Ministerio Público, el impetrante de tutela denuncia que desde un inicio se realizó actuaciones sin control jurisdiccional, pues desde la denuncia planteada hasta el informe de inicio de investigación transcurrieron seis días en los que el proceso se encontraba sin control jurisdiccional; además solicitó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, la realización de pericia psicológica a la víctima menor de edad, y se tomó la declaración a su persona, en el lapso que no existía el referido control, existiendo defectos absolutos del procedimiento, entre otras actuaciones que denotan actividad procesal defectuosa; restringiendo incluso el Fiscal de Materia coaccionado su libertad de forma indebida, al haberse procedido con su aprehensión ilegal alegando una acción directa, cuando en el caso no existía la requerida flagrancia para ello. Al respecto, toda vez que los cuestionamientos a la actividad y actuaciones realizadas por el Ministerio Público en la investigación, más allá que incluyan, se aclara, algunas cuestiones que son inherentes al debido proceso no vinculado a la libertad como las pericias, la ampliación para la complementación de diligencias, cuestiones inherentes a la prueba como el desdoblamiento de conversaciones del IITCUP, que no podrían ser conocidos por esta acción de defensa al ser netamente procesales y no vinculados de forma directa con la libertad; de todas formas toda esa actividad, así como otras actuaciones vinculadas todas a la presunta falta de control jurisdiccional e irregularidades del debido proceso que hacen a la actividad procesal defectuosa, que incluyen a su vez la resolución y orden de aprehensión, sus requisitos y la forma de ejecución, ya fueron objeto de reclamo ante la autoridad judicial a cargo del proceso, entonces sobre el Fiscal coaccionado corresponde denegar la tutela solicitada, pues lo alegado sobre el despliegue investigativo a cargo del Ministerio Público, converge en el control jurisdiccional inherente a la autoridad judicial accionada que es quien debe resolver ello, al detentar la competencia del ejercicio del control jurisdiccional sobre actuaciones por la instancia fiscal, atribución-deber que alcanza por su connotación a todas las incidencias procesales que se generen dentro de la causa penal. En esa misma línea de análisis, respecto al Juez accionado, corresponde señalar que siendo que de antecedentes se advierte que, ejercía el control jurisdiccional del proceso desde 23 de junio de 2022, y que emergente de ello, en audiencia de 1 de septiembre de ese año, resolvió los incidentes de exclusión probatoria y defectos absolutos por falta de cumplimiento de plazos y aprehensión ilegal, se evidencia que la actividad procesal defectuosa ahora también reclamada en esta acción de defensa, ya fue objeto de reclamo ante la autoridad judicial a cargo del proceso, como en efecto correspondía, y toda vez que el rechazo vía incidente a ese reclamo, fue objeto de recurso de apelación dicha vía debe ser agotada, no pudiendo activarse de forma directa la acción de libertad, siendo de aplicación en el caso la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.

Sobre el particular, es pertinente remitirse a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, en cuanto a las vías idóneas para conocer y resolver la legalidad de la aprehensión, o ausencia de control jurisdiccional vinculado a ésta, cuando es cuestionada a través de un incidente, así la SCP 0263/2018-S1 de 19 de junio, remitiéndose a la SCP 1907/2012, de 12 de octubre, precisó que: “Conforme a dicho entendimiento, quienes se encuentren bajo control jurisdiccional y se crean afectados en sus derechos a la libertad física y/o libertad de locomoción, podrán acudir ante el Juez cautelar a cargo de la etapa preparatoria, activando su reclamo directamente en la misma audiencia de consideración de medidas cautelares, o si prefiere, con anterioridad a ella, a objeto de obtener una resolución, previo a la determinación de su situación jurídica, exclusivamente con relación a la aprehensión supuestamente ilegal, autoridad que en ejercicio de la atribución conferida por los citados arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP, deberá atender previamente a dicho reclamo mediante una resolución debidamente motivada; y, si pese a ello, los afectados consideran que no fueron reparados en sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, entonces corresponderá activar directamente la presente acción, como medio idóneo expedito para determinar la legalidad formal y material de la aprehensión. (…) Sin embargo de lo manifestado, existe otra vía para reclamar una aprehensión considerada ilegal; y, es la activación del incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de la causa, desarrollado por la jurisprudencia constitucional, específicamente en la SC 0522/2005-R de 12 de mayo, en la que se determinó que: ‘…la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria o ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción constitucional, a través del amparo, quedará abierta para el análisis y consideración de los actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías constitucionales’. Cabe precisar que, en caso de activarse este tipo de incidente, impugnando una aprehensión supuestamente ilegal, dicho trámite debe ser concluido en todas sus instancias, y cuando se hubiere obtenido una resolución final, si aún se constatan vulneraciones al derecho a la libertad o de locomoción no reparadas, entonces corresponderá recién acudir a la jurisdicción constitucional mediante el presente mecanismo de defensa. (…) …Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada”’ (las negrillas corresponden al texto original). Nótese en consecuencia que, la jurisprudencia constitucional es expresa en determinar que cuando se activa el incidente por actividad procesal defectuosa, como ocurrió en el presente caso, dicha vía de reclamo debe ser agotada intra proceso en la vía recursiva, a través del recurso de apelación, que en este caso también fue activado, pero que al encontrarse pendiente de resolución, imposibilita ingresar al fondo de lo alegado, debiendo en consecuencia denegarse la tutela solicitada por subsidiariedad excepcional de la acción de defensa planteada. Por otra parte, y en el marco del análisis precedentemente realizado, y a partir de lo alegado por el impetrante de tutela, en sentido de que: “…fue denunciada oportunamente la lesión al derecho a la libertad, incurrida en su aprehensión y posterior Detención Preventiva…” (sic), a través de incidentes de actividad procesal defectuosa, sin que la autoridad judicial hubiese restituido los actos indebidos que constituyen dicha actividad, a más que no se habría sido remitido antecedentes ante el Tribunal de alzada de turno; corresponde señalar que esa ambigüedad en el reclamo sobre cuál sería la apelación que no estaría siendo tramitada, sumado a que de lo aseverado por la misma parte peticionante de tutela, se advertiría que se trata de la apelación del incidente por actividad procesal defectuosa, y no así de su detención preventiva, respecto a la cual no efectúa cuestionamiento alguno.

En ese sentido, se debe señalar que al tratarse de medios impugnaticios de naturaleza y alcance distintos, y al versar todo el cuestionamiento central en la falta de restitución por la autoridad judicial accionada de actuaciones y otros elementos -a su criterio carentes de control jurisdiccional- que habrían derivado en su aprehensión ilegal y que siendo objeto del incidente de actividad procesal defectuosa el mismo fue rechazado, se asume que el cuestionamiento del accionante versaría sobre el trámite de la apelación planteada contra dicho rechazo del incidente, mismo que debe aclararse es distinto al de la apelación incidental de medidas cautelares previsto por el art. 251 del CPP; así la SCP 0103/2021-S3, de 26 de abril, en lo principal denota dicha diferencia, precisando que: «…i) La apelación incidental regulada por el art. 251 del CPP, que procede única y exclusivamente contra toda aquella resolución relativa al régimen de medidas cautelares de carácter personal, que de conformidad a dicho artículo se interpone “…en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas” y es resuelta por el Tribunal de apelación “…sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”; y, ii) La apelación incidental regulada por el art. 403 y siguientes del citado código, que procede, entre otras actuaciones, contra la Resolución: “…2) (…) que resuelve una excepción o incidente…”, que en relación a la forma de su interposición, el art. 404 del mismo Código adjetivo, precisó que: “El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente…”, por otro lado, respecto a su trámite el art. 406 del citado Código estipula (…) no obstante, el procedimiento descrito fue modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que entró en vigencia en los nueve Distritos Judiciales del país de forma paulatina desde el 4 de noviembre de 2019, en cuyo art. 16, estableció que: “Se modifican los Artículos 403, 404, 405 y 406 (…) del Código de Procedimiento Penal (…), cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos: (…) ‘Artículo 404. (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente (…)’. ‘Artículo 406. (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código’” (…).

De lo ampliamente descrito, se tiene que el legislador a concebido la apelación incidental en sus dos vertientes, marcando una singular diferencia entre ambas, que parte esencialmente de la naturaleza del debate procesal del cual emerge, su procedimiento y el alcance y efectos de la resolución de alzada, de modo que en el marco del principio de legalidad, es obligación de las partes que se consideran agraviadas con una resolución de la autoridad de primera instancia, alcanzada por la apelación incidental, encausar su recurso de acuerdo a la naturaleza del fallo a impugnar, -que converge a su vez en la génesis procesal del reclamo- haciendo uso del mecanismo establecido por el art. 251 del CPP, o por el contrario al previsto por el art. 403 y siguientes del citado Código, según corresponda» (las negrillas corresponden al texto original).

En ese orden, al no especificar el accionante cuál la actuación u omisión que dentro del trámite de su recurso apelación incidental corresponde a la previsión de las normas contenidas en los arts. 403 y siguientes del CPP, al emerger del rechazo del incidente planteado, le estaría causando agravio o sería lesiva a su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, no es posible ingresar a verificar un eventual pronto despacho, máxime si se considera que el Juez accionado en su informe, se limitó a señalar que no hubo ningún reclamo del imputado sobre una dilación y que la remisión correspondería a la Secretaria de su Juzgado, pero sin especificar siquiera a cuál de las dos apelaciones incidentales -que él mismo informó eran dos, una por los incidentes rechazados y la otra por la medida cautelar impuesta-, se refería, y más bien de su respuesta parecería que hizo referencia a la apelación de medidas cautelares, que no es objeto del debate en la presente acción tutelar. Por consiguiente, también corresponde denegar la tutela solicitada sobre dicha alegación. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2022 de 10 de septiembre, cursante de fs. 182 a 185 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional y con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0146_2025-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 532b199041b5d0702918238515a414158b40d7aae21993cba141768d6309d7fd

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