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SCP 0138/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
44488-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la respuesta pronta y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal que se sigue en su contra, se llevó a cabo audiencia de modificación de las medidas cautelares el 22 de noviembre de 2021 en la cual formuló recurso de apelación, pero este no fue remitido ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, ni hasta la fecha que planteó la acción de libertad -25 de noviembre del mismo año-; consecuentemente a través de esta acción de defensa solicita que: a) Se ordene la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada sea en el día, para que se pueda resolver la apelación correspondiente; y, b) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) La acción de libertad innovativa; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 47/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2°Se exhorta a Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Inquisivi –demandado-, ejerza mayor control al personal de apoyo judicial a fin de que se cumplan los plazos procesales en la remisión de los antecedentes para el recurso de apelación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0138/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44488-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 47/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ismael Felipe Quispe contra Quintin Julio Mendoza Huaynoca, Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Inquisivi, en suplencia legal de su similar Primero de Patacamaya, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. En audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva se dispuso el cese a la detención preventiva, y entre las medidas que se le impuso se encuentra presentar dos garantes solventes, así como una fianza económica de bs15 000.-, pero no pudo cumplir esas condiciones; por lo que, por medio de su defensa técnica solicitó la modificación de las medidas cautelares asumidas, y en razón a otra acción de libertad de pronto despacho, se señaló audiencia para el 22 de noviembre de 2021, a horas 14:00, donde su defensa interpuso apelación de las medidas cautelares conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y siendo que hasta la fecha no se ha remitido la apelación ante el Tribunal de alzada, se estaría vulnerando sus derechos. Los ahora demandados vulneraron el art. 251 del CPP, por cuanto a la fecha ha transcurrido más de las veinticuatro horas, sin que se remita dicha apelación, no siendo justificable que la juez, secretario y personal subalterno exijan coordinar con secretaria de despacho, vulnerando la celeridad, máxime si se encuentra con detención preventiva por no remitir la apelación ante el juez ad quem.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Alega la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la respuesta pronta y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela solicitada y en consecuencia se ordene: a) La remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, sea en el día, para que se pueda resolver la apelación correspondiente; y, b) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de Garantías

Efectuada la audiencia pública virtual el 26 de noviembre de 2021, según acta cursante a fs. 29 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia señaló que la autoridad demandada ha incumplido el principio de celeridad, que anteriormente interpuso una acción de libertad y en la audiencia de modificación se llevó sin el imputado rechazando la modificación, actuación que está prohibida por ley; y, por último solicitó se llame la atención a la autoridad jurisdiccional, que bajo el principio de lealtad procesal hizo conocer que ya remitió la apelación a Sala, empero la remisión fue posterior a la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Quintin Julio Mendoza Huaynoca, Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Inquisivi del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero de Patacamaya, ambos del departamento de La Paz, mediante informe cursante de fs. 9 a 10 vta., señaló lo siguiente: 1) La audiencia se llevó a cabo en la ciudad de La Paz a objeto de que estén las partes procesales presentes, es así que las partes procesales interpusieron recurso de apelación, al cual su persona dispuso se remitan obrados a conocimiento de la Sala Penal de Turno para su consideración, solicitando a las partes apelantes puedan proporcionar las fotocopias al efecto de la remisión dispuesta, extremo que consta en el acta; 2) Dando cumplimiento al art. 251 del CPP, el martes 23 de noviembre en el juzgado de Patacamaya ordenó a primera hora, tanto al secretario de juzgado como a la oficial de diligencias armen el correspondiente legajo de apelación con las partes pertinentes a fin de que sea remitido en el día, por lo que el secretario armó en el día el correspondiente legajo el cual presentó con el informe para la Sala Penal de Turno, con la aclaración de que los apelantes no han provisto las fotocopias simples para ser legalizadas y según el informe verbal del secretario fue quien cubrió los gastos de las fotocopias con recursos propios y emitiéndose el oficio para remitir a la Sala penal de Turno el 23 de noviembre de 2021, todo dentro de las veinticuatro horas; 3) Cumplió su labor hasta horas 17:00 en el Juzgado de Patacamaya y luego procedió a retirarse y dirigirse a la provincia Inquisivi que se encuentra a siete horas de viaje de Patacamaya a objeto de cumplir con sus obligaciones en su asiento jurisdiccional, por lo que se vio sorprendido con la presente acción de libertad en su contra; y, 4) Llamó al secretario para que le informe y pudo verificar de los actuados que le remitió vía digital que recién el 24 de noviembre, la oficial de diligencias remitió el legajo, por lo que la negligencia recae en la oficial de diligencias; por lo que solicitó se deniegue la tutela solicitada y pidió que se remita antecedentes al Consejo de la Magistratura en cuanto a la negligencia de la oficial de diligencias.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 47/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 30 a 33, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes argumentos: i) Conforme el art. 251 del CPP, una vez interpuesto el recurso de apelación, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el Tribunal de Alzada resolver el recurso sin más trámite y en audiencia a los tres días siguientes de recibida las actuaciones salvo justificación razonable; ii) La jurisprudencia otorga un plazo adicional que no puede exceder de tres días pasado en el cual el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado; iii) La presente causa viene siendo tramitada en los juzgados de provincia que como es de conocimiento existen limitantes para la obtención de fotocopias, la remisión de antecedentes a los Tribunales de Justicia de la capital en razón de distancia, lo que hace que no puedan ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas y la autoridad jurisdiccional ha acreditado que efectivamente se encuentra en suplencia legal del Juzgado, por lo que no existe una conculcación, y vulneración del derecho a la libertad que se reclama, considerando por otro lado que existe una determinación por la cual se ha concedido la cesación a la detención preventiva, no siendo lo referido la causa directa de su privación de libertad; iv) En relación a la forma de realización de audiencia de modificación de medidas cautelares conforme lo reclamado por el abogado del accionante, sin la presencia del nombrado, son aspectos que deberá considerar el Tribunal de Alzada; y, v) En relación a que se deba remitir antecedentes al Juez disciplinario, esto es una atribución propia de la autoridad jurisdiccional quien bajo el régimen disciplinario establecido en la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-ante el incumplimiento de algunos deberes establecidos por la norma del personal subalterno, es la autoridad jurisdiccional quien esta llamada por ley a asumir las acciones que sea conveniente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta el acta de registro de audiencia pública de consideración de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, dentro de la investigación penal seguido por el Ministerio Público contra Ismael Felipe Quispe y otros por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, llevada a cabo el 22 de noviembre de 2021 a horas 14:50 (fs. 21 a 24); emitiéndose la Resolución 347/2021-P declarando procedente en parte la solicitud del acusado Ismael Felipe Quispe referente a la fianza económica y manteniendo en cuanto la presentación de garantes (fs. 25 a 27) en dicho acto de audiencia, también consta que se planteó el recurso de apelación por la parte acusada y por el Ministerio Público (fs. 28). II.2. Por nota CITE OF. 118/2021 de 23 de noviembre, Quintín Julio Mendoza Huaynoca, Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Inquisivi, en suplencia legal de su similar Primero de Patacamaya, hace referencia a la remisión del cuaderno procesal penal en fotocopias legalizadas, en grado de apelación; nota dirigida ante el Presidente y Vocales de la Sala Penal de Turno de La Paz (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la respuesta pronta y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal que se sigue en su contra, se llevó a cabo audiencia de modificación de las medidas cautelares el 22 de noviembre de 2021 en la cual formuló recurso de apelación, pero este no fue remitido ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, ni hasta la fecha que planteó la acción de libertad -25 de noviembre del mismo año-; consecuentemente a través de esta acción de defensa solicita que: a) Se ordene la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada sea en el día, para que se pueda resolver la apelación correspondiente; y, b) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) La acción de libertad innovativa; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

Al respecto la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, estableció el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. Por otro lado, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que modificó el Título II del Libro Quinto de la primera parte del Código de Procedimiento Penal -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-, entre uno de ellos el art. 251, quedando redactado de la siguiente manera:

Art. 251 (APELACION). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).

III.2. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, asumió el siguiente razonamiento.

Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.

En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 6El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 7El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de autos, el accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la respuesta pronta y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal que se sigue en su contra, se llevó a cabo audiencia de modificación de las medidas cautelares el 22 de noviembre de 2021; empero presentado el recurso de apelación y transcurrido el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del CPP, este no fue remitido ante el Tribunal de alzada hasta la fecha que planteó la acción de libertad -25 de noviembre del mismo año-. En tal sentido, de la revisión de antecedentes se advierte que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra del accionante y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el ahora impetrante de tutela, presentó solicitud de consideración de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, llevándose a cabo la audiencia el 22 de noviembre de 2021 a horas 14:50, donde se emitió la Resolución 347/2021-P, que declaró procedente en parte la solicitud de Ismael Felipe Quispe –ahora accionante-; en dicho acto de audiencia, también consta que se planteó el recurso de apelación por la parte acusada y por el Ministerio Público (Conclusión II.1) ante lo cual la autoridad demandada ordenó que por secretaría del Juzgado se remita obrados a conocimiento de la Sala Penal de turno, con nota de cortesía a los efectos de que se pronuncie respecto a la Resolución emitida, solicitando a la parte apelante pueda proporcionar las fotocopias a los efectos de la remisión dispuesta, bajo alternativa de remitirse obrados en originales. Al respecto, es necesario mencionar que, el art. 251 del CPP, señala que: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”; es decir que, una vez planteado el recurso de apelación, la autoridad que haya resuelto mediante resolución, modificar o rechazar las medidas cautelares de carácter personal, deberá remitir la apelación en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Departamental de Justicia. Ahora bien, como se hizo mención precedentemente, el 22 de noviembre de 2021 el accionante a través de su defensa técnica planteó el recurso de apelación en audiencia de forma oral y fue en la misma audiencia que el Juez demandado ordenó su remisión a la Sala Penal de turno, siendo ese actuado el que dio inicio al cómputo de las veinticuatro horas para la remisión de los actuados pertinentes; por lo que el Juez ahora demandado debía remitir los actuados hasta el 23 de noviembre de 2021; no obstante, según el propio informe de la autoridad demandada fue negligencia de la oficial de diligencias que no se haya remitido en la fecha, sino que fue al día siguiente el 24 de noviembre de 2021 que recién se lo hizo; extremo confirmado por el accionante que en la audiencia de la acción de libertad, manifestó que “ya ha sido remitido el día de ayer ante la sala” .

Consecuentemente, tomando en cuenta los antecedentes del caso, lo expuesto por el accionante y el informe de la autoridad demandada, se tiene que se incurrió en dilación en la remisión de los actuados pertinentes, pues pese a que el Juez demandado arguya que dicha negligencia recae en la oficial de diligencias, no puede soslayar su responsabilidad como Juez suplente, de realizar mayor control al personal de apoyo en el Juzgado al cual suplía, para que tanto el secretario y oficial de diligencias cumplan las ordenes que realizó respecto a la remisión, y así asegurar que los plazos establecidos sean cumplidos de forma adecuada, lo que en este caso no ocurrió, porque los actuados para resolverse la apelación planteada por el impetrante de tutela quien se encontraba privado de libertad, fueron remitidos más allá del plazo de veinticuatro horas, vulnerando su derecho a la libertad y celeridad; no obstante, conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa; toda vez que, con la remisión de la apelación que fue efectuada incluso antes de que se presente la acción de libertad ya había cesado la causa que originó se presente la acción de libertad; por lo que tan solo concierne disponer que el Juez no incurra en futuras dilaciones y realice mayor control al personal de apoyo judicial. Consecuentemente, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró incorrectamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 47/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2°Se exhorta a Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Inquisivi –demandado-, ejerza mayor control al personal de apoyo judicial a fin de que se cumplan los plazos procesales en la remisión de los antecedentes para el recurso de apelación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

4 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 5El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego

cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 8El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0138_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6340b5e975067551502219e45e1d7e6feac617929321cadbd0541437a65bd243

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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