Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, la autoridad judicial demandada, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Publico, omitió remitir: a) El requerimiento conclusivo de acusación y sus antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal para que asuma conocimiento; y, b) El recurso de apelación incidental contra la resolución que rechazó su petición de cesación de detención preventiva y las piezas procesales pertinentes al Tribunal de apelación; en ambos casos, pese haber transcurrido cinco meses aproximadamente. Ante ello, la autoridad demandada no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de garantáis para presentar su informe oral. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0136/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56022-2023-113-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ary Leonor Aguilar Cabezas en representación sin mandato de Emidio Ramos Aparicio contra Luz María Vicuña Encinas, Jueza Publica de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 26 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 27 a 30 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
En el proceso penal iniciado en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de violación de infante, niña, niño o adolescente y abuso sexual, en audiencia de medidas cautelares dispusieron su detención preventiva, y el 6 de diciembre de 2022 presentaron requerimiento conclusivo de acusación; empero, los antecedentes no fueron elevados al Tribunal competente, pese al decreto de remisión. En ese entendido, solicitó cesación de la detención preventiva; no obstante, Luz María Vicuña Encinas, Jueza Publica de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí -ahora demandada-, en audiencia de 8 de diciembre de 2022, rechazó su solicitud. En la misma audiencia presentó recurso de apelación incidental al igual que el Ministerio Publico; sin embargo, hasta la fecha -se comprende de interposición de la presente acción de libertad- no remitieron antecedentes a la Sala Penal de Turno, no existiendo constancia al respecto, pese al memorial de solicitud de remisión presentado el 4 de mayo de 2023; circunstancias que evidencian la indebida privación de su libertad.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene la remisión inmediata de los actuados; y, b) Se llame la atención a la autoridad demandada, y se remitan actuados al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura para su respectiva investigación.
Celebrada la audiencia pública el 26 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 39 a 40, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y, ampliando en audiencia señaló que, estamos a más de cinco meses y no se sabe cuál la situación jurídica del impetrante de tutela, razón por la que presentamos la acción de libertad traslativa o de pronto despacho para acelerar las dilaciones indebidas en las que incurrió la autoridad judicial.
Luz María Vicuña Encinas, Jueza Publica de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí, no presento informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de garantías para presentar su informe oral, pese a su notificación cursante de fs. 34 a 36.
La Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Jueza de garantías, por Resolución de 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 40 a 41 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando a la Jueza demandada: 1) La remisión del cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia, para dar la secuencia procesal conforme al debido proceso; y, 2) La remisión del legajo de apelación ante la Sala pertinente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, para la tramitación de la apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Sean dentro las 24 horas de su legal notificación; con base en los siguientes fundamentos: i) Al haberse impuesto la medida cautelar de detención preventiva al accionante, el 5 de diciembre de 2022, el Ministerio Publico presentó acusación fiscal, al que la Jueza demandada se pronunció mediante Auto Interlocutorio de 6 del mismo mes y año, disponiendo la remisión de antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal por una parte y por otra según acta, se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva en el que fue rechazada la petición; por lo que, el accionante y el Ministerio Publico presentaron recurso de apelación incidental, disponiendo la autoridad judicial la remisión de testimonios de la apelación interpuesta; ii) De la revisión del cuaderno procesal no se advierte el legajo o la constancia que se hubiera remitido al superior en grado o si esta apelación fue resuelta mediante un Auto de Vista, tampoco que la causa se haya remitido al Tribunal de Sentencia de Tupiza; y, iii) El plazo para la remisión de la acusación y los antecedentes el Tribunal competente, es de veinticuatro horas conforme prevé el art. 325 del CPP, así como el plazo de remisión de antecedentes de la apelación incidental contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares es de setenta y dos horas conforme señala el art. 251 del CPP, plazos que no se cumplieron, puesto que transcurrieron cinco meses sin que se hayan remitido en ninguno de los casos.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 47), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 (fs. 51) y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Requerimiento conclusivo de acusación de 6 de diciembre de 2022, presentado por Dennis Pedro Castillo Ruiz, Fiscal de Materia, contra Emidio Ramos Aparicio -hoy accionante- por la presunta comisión de los delitos de violación de infante, niña, niño o adolescente y abuso sexual, ambos tipos penales en su forma agravada, tipificado y sancionado por el art. 308 bis, 312 con relación al art. 310 incs. g), i), k), m) y o) del Código Penal (CP). En razón de ello, mediante Auto de la misma fecha, Luz María Vicuña Encinas, Jueza Publica de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí -hoy demandada-, dispuso que por Secretaría se remitan antecedentes en su totalidad al Tribunal de Sentencia Penal de Trabajo y Seguridad Social para su conocimiento, en el término de veinticuatro horas (fs. 7 a 14).
II.2. Cursa Auto Interlocutorio 504/2022 de 8 de diciembre, por la que, la Jueza demandada resolvió mantener la detención preventiva del impetrante de tutela, tomando en cuenta la existencia la acusación fiscal presentada por el Ministerio Publico. En la misma audiencia, el accionante y el Ministerio Publico presentaron el recurso de apelación incidental contra la mencionada resolución (fs. 24 a 26). II.3. Mediante memorial presentado el 4 de mayo de 2023, en el proceso penal mencionado, el accionante solicita priorización de causa haciendo referencia a la presentación de acusación por el Ministerio Publico el 5 de diciembre de 2022 y la celebración de la audiencia para la consideración de la petición de cesación de la detención preventiva, resuelto mediante Resolución 504/2022 de 8 de diciembre de 2022, la misma que fue objeto de apelación incidental; sin embargo, sin que se haya remitido en ambos casos y sin que se tenga acceso al cuaderno de control jurisdiccional (fs. 5 a 6 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, la autoridad judicial demandada, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Publico, omitió remitir: a) El requerimiento conclusivo de acusación y sus antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal para que asuma conocimiento; y, b) El recurso de apelación incidental contra la resolución que rechazó su petición de cesación de detención preventiva y las piezas procesales pertinentes al Tribunal de apelación; en ambos casos, pese haber transcurrido cinco meses aproximadamente. Ante ello, la autoridad demandada no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de garantáis para presentar su informe oral. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).
La presente acción de libertad deriva del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tupiza contra el hoy accionante, quien fue sometido a detención preventiva en audiencia de medidas cautelares, por la presunta comisión de los delitos de violación de infante, niña, niño o adolescente y abuso sexual, ambos tipos penales en su forma agravada, tipificado y sancionado por el art. 308 bis, 312 con relación al art. 310 inc. g), i), k), m) y o) del CP; proceso penal en el que el Ministerio Publico presentó acusación el 6 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1) y la solicitud de cesación de detención preventiva del impetrante de tutela fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 504/2022 de 8 de diciembre de 2022 y fue objeto del recurso de apelación incidental por el peticionante de tutela en la misma audiencia (Conclusión II.2). En ese contexto, el accionante denuncia la inobservancia del principio de celeridad por la omisión de la remisión de la acusación fiscal y sus antecedentes, y la omisión de la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto contra la resolución que rechazo su petición de cesación de detención preventiva, adjunto de las piezas procesales pertinentes. De los antecedentes descrito en líneas precedentes, se evidencia los siguientes actos: 1) El 6 de diciembre de 2022, se presentó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal por el Ministerio Publico; 2) El 8 de igual mes y año, se emitió el Auto Interlocutorio 504/2022, objeto de apelación incidental por el accionante; y, 3) El impetrante de tutela, por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, con la suma “Solicita Priorización de Causa por motivos jurídicos que indica”, solicitó se remitan los antecedentes del proceso en cuestión respecto a la acusación al Tribunal de Sentencia de Turno y la apelación incidental. Si bien no se tiene evidencia documental alguna que permita establecer que no hay registro en el Tribunal de Sentencia Penal de la remisión de la acusación fiscal presentada por el Ministerio Publico, tampoco registro en la Sala Penal o el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 504/2022; sin embargo, el Juez de garantías, en audiencia refirió: “…sin embargo dentro del cuaderno procesal no se advierte el legajo o constancia que hubiera sido remitido ante el superior en grado y si esta apelación fue resuelta a través de Auto de Vista. Tampoco la causa fue remitida ante el Tribunal de Sentencia de Tupiza” (sic); además de no contar con el informe de la autoridad demandada y no asistió a la audiencia de garantías. En ese entendido, de los hechos previamente constatados se pueden inferir que los antecedentes del requerimiento conclusivo de acusación presentado el 6 de diciembre de 2022 y el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 504/2022, interpuesto en la misma fecha, hasta la presentación de la acción de libertad, no fueron remitidos al Tribunal de Sentencia Penal y el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, para su conocimiento y resolución. Consiguientemente, desde la presentación de la acusación fiscal y la interposición del recurso de apelación incidental (primeros días de diciembre de 2022) hasta la presentación de la presente acción de defensa -26 de mayo de 2023-, transcurrieron aproximadamente más de cinco meses sin que hayan remitido los mencionados actos procesales a los señalados Tribunales respectivamente, incurriendo la autoridad judicial en inobservancia del principio de celeridad, tomando en cuenta que el accionante se encuentra con detención preventiva, conforme el alcance establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, dichas remisiones debían ser atendidos en el plazo previsto en la norma procesal penal de veinticuatro horas conforme prevén los arts. 251 y 325 del CPP, dando mérito para conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0136_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): c50b223b84166c66d4e39b1e2f04f1b67972692a461e28aacc196473ee88bdeb
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