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SCP 0136/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de abril de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
30 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47920-2022-96-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y de los principios de celeridad, probidad, eficacia y eficiencia; toda vez que, al cumplir una condena de diez años por el delito de abuso sexual en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, obtuvo el beneficio de redención a siete años y ocho meses; en esa circunstancia, al cumplir la condena en su totalidad, solicitó con carácter de urgencia libertad definitiva conforme establece el art. 39 de la LEPS; sin embargo, a la fecha de presentación de la presente acción tutelar, la autoridad judicial demandada no emitió la resolución respectiva, dilatando y retrasando de manera innecesaria su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos esgrimidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0136/2024-S2 Sucre, 30 de abril de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47920-2022-96-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emilio Osvaldo Torrez Ortiz, abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Publica (SEPDEP) en representación sin mandato de Omar Guzmán Silvestre contra Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera -en suplencia legal de su similar Segunda- del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 7 a 10 vta., el accionante a través de su representante, refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de agosto de 2014, fue sentenciado a diez años de presidio por el delito de abuso sexual en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba; es así que, por Auto Interlocutorio de 28 de febrero de 2019, obtuvo el beneficio de redención a siete años y ocho meses. Revisada su causa por el abogado del SEPDEP, advirtió que la condena fue cumplida en su totalidad; por tal razón, el 17 de mayo de 2022, conforme dispone el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), solicitó a la Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba, con carácter de urgencia su libertad definitiva; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se emitió el respectivo mandamiento, dilatando y retrasando de manera innecesaria su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de su derecho a la libertad y de los principios de celeridad, probidad, eficacia y eficiencia, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Que la Jueza demandada emita “en el día” el correspondiente mandamiento de libertad definitiva; y, b) Recomendar a dicha autoridad cumpla con la normativa “respecto a la libertad”.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de mayo de 2022, según consta en acta cursante a fs. 19 y vta., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad y ampliándolo señaló que: 1) La Jueza demandada dispuso su libertad después de un día de haberlo solicitado -17 de mayo de 2022-, vulnerando de esa manera lo dispuesto por el art. 39 de la LEPS que prevé, sin trámite alguno, la autoridad judicial en el día debe expedir mandamiento de libertad; y, 2) La citada Jueza anoticiada de esta acción tutelar, recién libró el indicado mandamiento; si bien, habría cesado la lesión denunciada, la misma debe ser concedido en su modalidad innovativa, a efecto que la prenombrada a futuro no incurra en esa transgresión, entendimiento asumido por la SC “327/2004” y SCP “810/2021”.

I.2.2. Informe de la demandada

Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera -en suplencia legal de su similar Segunda- del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 20 de mayo de 2022, cursante a fs. 18 y vta., pidió se deniegue la tutela, sosteniendo que: i) El 17 de mayo de 2022, el accionante a través de memorial solicitó libertad definitiva, a ese fin, el Secretario del Juzgado a su cargo realizó el informe de dicho cómputo, ingresando a despacho el 18 de igual mes y año, para luego emitirse ese “mismo día” el Auto de libertad definitiva y el respectivo mandamiento de libertad; ii) Cursa en el expediente de la causa, notificaciones generadas y remitidas a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, para su diligenciamiento con las indicadas piezas procesales al Ministerio Público y al Director del Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por tal razón, se cumplió con el art. 39 de la LEPS; y, iii) Se evidenció que el impetrante de tutela se encuentra en libertad, circunstancia que fue corroborada por el verificador del referido Centro Penitenciario; por otro lado, el Juzgado de Ejecución Penal Segundo del mencionado departamento, se encuentra con acefalía -de Juez-; pues, su autoridad asume suplencia en ese Juzgado y otros.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 20 a 22 vta., denegó la tutela impetrada; sin embargo, exhorto y llamó la atención a Ramiro Chambi Jarandilla, Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Segundo del citado departamento, que en lo futuro cumpla estrictamente con sus obligaciones conforme la Ley del Órgano Judicial; con base en los siguientes fundamentos: a) El 18 de mayo de 2022, la Jueza demandada tomó conocimiento de la solicitud de libertad definitiva del accionante; por ello, inmediatamente emitió el Auto de igual data, disponiendo su inmediata libertad, en cumplimiento al art. 39 de la LEPS; b) Del reverso del mandamiento de libertad, se constató que el impetrante de tutela “obtuvo su libertad”; c) No es posible aplicar la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tampoco la innovativa; en razón a que, la referida Jueza una vez que conoció la mencionada solicitud, seguidamente pronunció la respectiva resolución conforme a los principios de pro actione, pro homine y celeridad; y, d) Se llamó severamente la atención al nombrado Secretario; toda vez que, se advirtió negligencia de este, quien puso después de un día -18 de mayo de 2022- la petición del accionante a conocimiento de la autoridad demandada; por lo que, no se vulneró el derecho a la libertad del nombrado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través del mandamiento de condena de 6 de marzo de 2015, Heiddy Zapata Montaño, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, en cumplimiento a la Sentencia de 25 de febrero de igual año, dispuso la reclusión de Omar Guzmán Silvestre -hoy accionante- de diez años por el delito de abuso sexual en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del citado departamento (fs. 3). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 28 de febrero de 2019, Fresia Orellana Goitia, Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba, concedió a favor del impetrante de tutela la redención de dos años y cuatro meses de su condena inicial de diez años, quedando reducida a siete años y ocho meses que deberá cumplir el nombrado (fs. 5 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, ante la referida autoridad, el peticionante de tutela de acuerdo al art. 39 de la LEPS, de manera urgente solicitó se expida mandamiento de libertad definitiva (fs. 6). II.4. Consta informe de 18 de mayo de 2022, emitida por Alicia Keila Escobar Quintela, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercera del citado departamento, quien indicó que: “…el día de hoy de 18 de mayo de 2022, aproximadamente a las 15:30 pm, se apersono a este Juzgado el Secretario de Ejecución Penal N°2 de la Capital, llevando consigo expedientes a objeto de firmas y despacho, por cuanto estando su persona como Juez en suplencia de ambos Juzgados, los secretarios normalmente suelen pasar para sus respectivas consultas y firmas, posteriormente regreso a las 15:50 y volvió a salir llevando sus expedientes” (sic [fs. 17]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y de los principios de celeridad, probidad, eficacia y eficiencia; toda vez que, al cumplir una condena de diez años por el delito de abuso sexual en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, obtuvo el beneficio de redención a siete años y ocho meses; en esa circunstancia, al cumplir la condena en su totalidad, solicitó con carácter de urgencia libertad definitiva conforme establece el art. 39 de la LEPS; sin embargo, a la fecha de presentación de la presente acción tutelar, la autoridad judicial demandada no emitió la resolución respectiva, dilatando y retrasando de manera innecesaria su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló que: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

A su vez, la SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (el resaltado nos corresponde). Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó que: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el énfasis es nuestro). Asimismo, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes y las conclusiones arribadas en este fallo constitucional se tiene que, al peticionante de tutela se le impuso una condena de diez años de reclusión por el delito de abuso sexual en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba; y por Auto Interlocutorio de 28 de febrero de 2019, la Jueza de Ejecución Penal Segunda del citado departamento, redimió a siete años y ocho meses la referida condena; en tal circunstancia, por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, requirió a la citada Jueza, emita de manera urgente libertad definitiva en cumplimiento al art. 39 de la LEPS; finalmente, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercera del indicado departamento, por informe de 18 de igual mes y año, hizo conocer que a las 15:50 de esa fecha, el Secretario del referido Juzgado de Ejecución Segundo, recogió varias expedientes judiciales, entre ellos el caso del accionante (Conclusiones II.1, 2, 3 y 4). En ese orden, el impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y de los principios de celeridad, probidad, eficacia y eficiencia; toda vez que, al cumplir una condena de diez años por el delito de abuso sexual en el referido Centro Penitenciario, obtuvo el beneficio de redención a siete años y ocho meses; en esa circunstancia, al cumplir su condena en su totalidad, solicitó con carácter de urgencia libertad definitiva conforme establece el art. 39 de la LEPS; empero, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, la autoridad judicial demandada no emitió la resolución respectiva, dilatando y retrasando de manera innecesaria su libertad. Ahora bien, de lo señalado se debe traer a colación lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual establece que cualquier autoridad judicial o administrativa que conozca una petición vinculada directamente al derecho a la libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor premura, y ante una demora innecesaria, la vía constitucional ha previsto la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos. En esta acción de defensa, de acuerdo al acta de la audiencia de garantías celebrada el 20 de mayo de 2022, la Jueza demandada presentó su informe escrito, leído en el indicado acto procesal, alegando que el: “…18 de Mayo de 2022, se pasó a despacho en la misma fecha a horas 15:30 p.m., atendiéndose el mismo en el día, emitiéndose el Auto de libertad definitiva y el mandamiento de libertad, devolviéndose a secretaria en el día es decir 18 de mayo de 2022 a Hrs: 15:50 p.m., a fin de que los funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal No. 2 juzgado al que se suple (SECRETARIO ˗ AUXILIAR), efectúen las actuaciones respectivas como generar notificaciones y remitir las mismas a Gestora. …el condenado Omar Guzmán Silvestre ya se encuentra en libertad en virtud a la verificación de mandamiento realizado por el verificador del penal de San Sebastián…” (sic); aseveraciones que no fueron cuestionadas ni refutadas por el accionante; asimismo, de antecedentes del expediente constitucional, se advierte que la mencionada Jueza emitió el respectivo mandamiento de libertad a favor del peticionante de tutela cuando se encontraba en suplencia legal, circunstancia corroborada por el informe evacuado por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba; aquello, da cuenta que a las 15:50 del 18 de mayo de 2022, el Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Segundo del citado departamento, recogió el expediente judicial que contenía el indicado mandamiento de libertad del impetrante de tutela. Bajo ese contexto, este Tribunal advierte que la Jueza demandada emitió resolución y el respectivo mandamiento de libertad el 18 de mayo de 2022, a favor del accionante; es decir, resolvió la pretensión del solicitante de tutela dentro de un plazo razonable que establece la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -un día antes de la interposición de esta acción tutelar (19 del indicado mes y año); en tal sentido, se concluye que en el caso en estudio, no existe apartamiento de la referida normativa; consecuentemente, no se presenta dilación indebida; por lo que, el accionar de la referida autoridad judicial no lesionó su derecho a la libertad ni los principios de celeridad, probidad, eficacia y eficiencia del peticionante de tutela; por el contrario, se adecúa al marco jurisprudencial sostenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; y por ende, no constituye vulneración alguna, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos esgrimidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0136_2024-S2.pdf · páginas 1 a 8.

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