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SCP 0129/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50307-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, en razón a que, habiendo presentado memorial el 30 de agosto de 2022 mediante el cual solicitó señalamiento de audiencia ante la autoridad demandada para la consideración a la cesación de las medidas cautelares personales, el mismo no dio respuesta hasta la interposición de la presente acción de libertad, hecho que vulneró sus derechos.

Ante ello, la autoridad demandada no remitió informe escrito ni se presentó a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 16/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 10 vta. a 12 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad accionada fije audiencia de cesación de la detención preventiva en favor del accionante, a menos que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del nombrado ya haya sido definida; y,

2° Llamar la atención a Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme las razones expresadas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela de la acción de libertad de pronto despacho para garantizar el cumplimiento de plazos procesales perentorios
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2025-S2 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50307-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 10 vta. a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudia Verónica Aguilera Méndez en representación sin mandato de Ivan Yonhy García Vásquez contra Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 3 y vta.; el accionante a través de su representante sin mandato manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Frente a la medida cautelar de detención preventiva impuesta en su contra, dentro del proceso penal, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102012201598, el 30 de agosto de 2022 presentó memorial dirigido al “…JUZGADO 3ERO DE ANTI CORRUPCIÓN DE LA CAPITAL…” (sic) -siendo lo correcto Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz-, para solicitar la cesación a dicha medida y que hasta la fecha -se entiende a la fecha de la interposición de la acción tutelar-, Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez del referido juzgado -ahora demandado-, no habría respondido a la citada solicitud, hecho que reclama como vulnerador de sus derechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita señalamiento de “…audiencia de CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos expuestos; y, ampliando en audiencia, señaló que: a) El 16 de agosto de 2022, su defensa técnica presentó un memorial de apersonamiento, que “…por varios días no fue ingresado en el cuaderno procesal de dicho juzgado…” (sic) sin ninguna respuesta, y que el 30 de agosto del citado año volvió a presentar el mismo memorial de apersonamiento y solicitud de fecha y hora de audiencia para la cesación a la detención preventiva; y, b) Pidió no se suspenda la audiencia de cesación bajo ninguna circunstancia, de acuerdo al art. 115 y 125 de la CPE.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no remitió informe escrito ni se presentó a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación (fs. 5).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 16/2022 de 7 de septiembre cursante de fs. 10 vta. a 12 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante presentó memorial de cesación a la detención preventiva el 12 de agosto de 2022, que fue decretado por la autoridad demandada con señalamiento de audiencia para el día 16 del citado mes y año; sin embargo, cursó un acta de suspensión de la audiencia de medidas cautelares que fue suspendida por falta de notificación, ante ello, el impetrante de tutela mediante memorial solicitó audiencia de medidas cautelares; empero, la autoridad demandada respondió con un decreto de 22 de ese mes y año, donde señaló que “… el impetrante deberá estar a los dispuesto por el art. 9 inc. 5) de la ley de la abogacía” (sic); no obstante, la parte ahora peticionante de tutela, no se apersonó “…a verificar cual es la posición de la autoridad jurisdiccional…” (sic); y 2) La autoridad demandada en audiencia de medidas cautelares señaló audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva para el día 23 de septiembre -se entiende del indicado año- a horas 9:00 por lo que se configuró la subsidiariedad excepcional. Dentro del proceso penal, ante el “Auto Interlocutorio”, que dispuso la medida cautelar de carácter personal, el 17 de agosto de igual año, el accionante presentó memorial, solicitando la cesación a la detención preventiva “…siendo observado por la autoridad ahora accionada mediante providencia de 22 de agosto de 2022…” (sic) lo que evidenció que la petición del impetrante de tutela fue atendida por la autoridad demandada, asimismo tomó en cuenta que se fijó audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva, expuesta en el anterior punto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial presentado el 30 de agosto de 2022, por Ivan Yohny García Vásquez -ahora accionante- ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, el nombrado refiere el apersonamiento de sus abogados y solicita señalamiento de audiencia para la “…Cesación de Las medidas cautelares Personales…” (sic [fs. 2]).

II.2. Cursa Oficio 1/2022 de 6 de septiembre, firmada por Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-en la que remite el cuaderno procesal en original a la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -constituido en Jueza de garantías- correspondiente al código “…FUD.: 701102012201598 relativo al proceso Penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO contra IVAN YOHNY GARCIA VASQUEZ, por el delito de ANTICIPACIÓN PROLONGACIÓN DE FUNCIONES...” (sic [fs. 8]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, en razón a que, habiendo presentado memorial el 30 de agosto de 2022 mediante el cual solicitó señalamiento de audiencia ante la autoridad demandada para la consideración a la cesación de las medidas cautelares personales, el mismo no dio respuesta hasta la interposición de la presente acción de libertad, hecho que vulneró sus derechos.

Ante ello, la autoridad demandada no remitió informe escrito ni se presentó a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La tutela de la acción de libertad de pronto despacho para garantizar el cumplimiento de plazos procesales perentorios

Cuando existe retardación de justicia en relación a los plazos procesales perentorios y su dilación respecto a la situación jurídica de los procesados, se lesiona el derecho a la libertad, conforme lo establece el art. 23.I. de la CPE, mencionando que la libertad solo puede ser restringida en los límites establecidos por ley.

En este contexto, la tutela de la acción de libertad se denomina “de pronto despacho” pues, exhorta -conforme el principio de celeridad establecido en el art. 178.I de la CPE- que se realicen las actuaciones procesales en el plazo y sin demora, pues, de lo contrario se vulneraría la libertad del procesado, al respecto, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, mencionó que: «“…la acción traslativa o de pronto despacho (…) ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad (…)”

(…)

De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos…»

III.2. Análisis del caso concreto

Con carácter previo, es necesario aclarar que, si bien la acción de libertad planteada tiene como legitimación pasiva a Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- dentro del proceso penal seguido contra Ivan Yonhy García Vásquez -ahora accionante- por el delito de usurpación de funciones, de antecedentes se denota la existencia de un error en la denominación del título del Juez demandado, pues en la remisión del cuaderno procesal a la Jueza de garantías, en sello de pie de firma consta el título “Primo Felipe Flores Rodríguez Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Quinto” (sic) referido al caso “FUD: 701102012201598” seguido contra el impetrante de tutela por el delito de “…ANTICIPACIÓN PROLONGACIÓN DE FUNCIONES…” (sic), siendo que el NUREJ y la legitimación pasiva de dicho proceso penal es concordante a la prueba presentada por el peticionante de tutela, esto en relación al memorial de solicitud de fijación de audiencia para la cesación a la detención preventiva, donde figuran los mismos datos; asimismo, en el análisis efectuado por la Jueza de garantías -analizando el cuaderno procesal- refirió que el presente caso -objeto de análisis-cursa con número “Nurej. 701102012201598” a fs. 12, confirmando que es el mismo proceso seguido contra el ahora accionante; por lo que, se infiere que hubo un error en la denominación del título del Juzgado, en consecuencia, lo correcto sería seguir el título de denominación del Juzgado según el memorial presentado como prueba (fs. 2) pues existe una recepción digitalizada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

Respecto al análisis del caso concreto, se establece que la parte impetrante de tutela presentó el 30 de agosto de 2022, un memorial de apersonamiento y solicitud de señalamiento de audiencia de consideración a la cesación de su detención preventiva, que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -6 de septiembre de 2022-, la autoridad demandada no habría emitido pronunciamiento alguno respecto a dicha solicitud, habiendo transcurrido cuatro días hábiles sin respuesta, motivo por el cual se presentó la acción tutelar.

Por su parte, la Jueza de garantías, mediante Acta de audiencia de garantías de 7 de septiembre de 2022 (fs. 10 y vta.), argumentó que en el expediente cursa un señalamiento de audiencia para el 23 de igual mes y año, y que la última providencia emitida por la autoridad demandada data del 22 de agosto del mismo año. Sin embargo, dicha fundamentación resulta incongruente con el objeto de la acción de libertad, pues no aborda la falta de respuesta específica al memorial presentado el 30 de ese mes y año, ni analiza el incumplimiento del plazo establecido para su trámite, por lo que su Resolución resulta ser infundada y sin pronunciamiento respecto al plazo perentorio de cuarenta y ocho horas para señalar audiencia. Por otro lado, según la parte impetrante de tutela dichos actuados no estuvieron en el expediente, prueba de ello es que en su oportunidad no fueron notificados, pero además es por ello que interpusieron una acción de libertad de pronto despacho y solicitaron se cumpla el señalamiento de audiencia.

En efecto debe considerarse en el caso concreto el plazo perentorio establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual dispone un máximo de cuarenta y ocho horas para el señalamiento de audiencia; por lo que, habiendo presentado la solicitud de audiencia el 30 de agosto de 2022 la autoridad judicial demandada tuvo cuarenta y ocho horas para el señalamiento y su posterior notificación que de efectuarse habría desvirtuado la presente acción constitucional.

En consecuencia, del memorial interpuesto y la presentación de la acción de libertad se deduce que el Juez demandado en su momento incurrió en el incumplimiento de señalamiento de audiencia de cesación, pues pasaron cuatro días hábiles, motivo por el cual se configura la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, vinculado al derecho a la libertad del accionante, por el incumplimiento de los plazos perentorios establecidos en la ley.

III.3. Otras consideraciones

Corresponde referirnos a la actuación de la Jueza de garantías, instancia que a efectos de la resolución del caso consideró actuados que no fueron remitidos ante este Tribunal para su revisión, y que siendo estos documentos en los cuales fundó su razonamiento, correspondía que los mismos sean remitidos en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que establece “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas…”; por lo que, inobservó sus funciones al no remitir todos los obrados en los cuales sustentó su decisión; por lo cual amerita llamar la atención a la citada Jueza.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 16/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 10 vta. a 12 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad accionada fije audiencia de cesación de la detención preventiva en favor del accionante, a menos que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del nombrado ya haya sido definida; y,

2° Llamar la atención a Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme las razones expresadas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0129_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7daa5cb214d100c15230edcb7cb46c92eb57595acb66baffa39cd16394a71960

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