Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada omitió pronunciarse a los dos memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva que presentó, bajo la justificación extraoficial de que se extravió el cuaderno de control jurisdiccional. Ante ello, la autoridad demandada no presento informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23 de 22 de julio de 2023, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57174-2023-115-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/23 de 22 de julio de 2023, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Alejandro Román Coimbra en representación sin mandato de Walter Gustavo Muñoz Soleto contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 21 de julio de 2023, cursante de fs. 6 a 10 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 9 de septiembre de 2023, se dispuso su detención preventiva en la Carceleta Pública de Montero del departamento de Santa Cruz por el plazo de ciento ochenta días. A la fecha -se asume de interposición de la presente acción tutelar-, se encuentra con dicha medida cautelar nueve meses y veintidós días, sin que se haya promovido actividad procesal alguna que sea de su conocimiento, en una clara retardación de justicia, una indebida y prolongada detención, en la más completa indefensión y abandono jurídico, inclusive de su familia, pues no pudo ejercer ninguna actividad procesal y uso de los recursos que la ley le franquea, porque no hay el cuadernillo en el citado Juzgado, la Secretaría del mismo es un desorden y no tiene el más mínimo conocimiento del caso, por lo que no se pudo obtener información.
El 29 de junio de 2023 solicitó la cesación a la detención preventiva por vencimiento del plazo dispuesto para la extrema medida, considerando que el Ministerio Publico no pidió su ampliación, bajo los principios de celeridad, gratuidad y objetividad; solicitud que fue reiterada el 3 de julio de ese año. El cuadernillo de investigación, que debería estar a cargo del Fiscal de Materia, se encuentra al presente en poder de la nueva investigadora asignada al caso.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva y se emita, de manera inmediata, uno de libertad en su favor, disponiendo cualquier otra medida distinta a la extrema medida.
Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 22, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presento informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 12 a 13.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 08/23 de 22 de julio de 2023, cursante de fs. 22 a 23 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando a la Jueza demandada que, de manera inmediata a su notificación, señale audiencia de cesación a la detención preventiva, disponga las realización de sus notificaciones y la celebración de la audiencia en el término de cuarenta y ocho horas para considerar y resolver el fondo de la pretensión; y, considerar sobre el extravío o no del expediente, en cuyo caso adoptar las medidas más adecuadas en el menor tiempo posible para su reposición; con base en los siguientes fundamentos: a) Conforme el certificado de permanencia y conducta adjunto, el accionante se encuentra con detención preventiva desde el 9 de septiembre de 2022, por lo que estaría cumpliendo nueve meses y veintidós días de detención preventiva; b) De la revisión de antecedentes, se tienen dos memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva presentados por el impetrante de tutela el 21 de junio y el 3 de julio de 2023; c) En aplicación de la presunción de veracidad, ante la ausencia del informe de la autoridad demandada, se presume como cierto que la misma no emitió ninguna providencia o pronunciamiento respecto a los dos memoriales de solicitud; d) Se verifica el incumplimiento de las formalidades que prevé el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concerniente a la solicitud de cesación a la detención preventiva, por lo que, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, para que la Jueza demandada se pronuncie inmediatamente a las solicitudes del peticionante de tutela, señale audiencia, cumpla las notificaciones y celebre la audiencia para definir la situación jurídica del accionante; e) En cuanto a la solicitud de libertad inmediata, no puede dar curso a la solicitud porque no tiene el expediente del proceso penal, no se sabe a ciencia cierta el plazo que se encuentra detenido, no se sabe si el Ministerio Público o la víctima solicito la ampliación y no tiene la competencia, por cuanto este tema es de competencia exclusiva de la Jueza demandada; y, f) En cuanto al extravío del expediente que asumió conocimiento el impetrante de tutela por información extraoficial recibida de funcionarios de apoyo del Juzgado, no se tiene información que la Jueza demandada haya asumido las acciones correspondientes, como pedir informe de la Secretaria para la reposición del expediente conforme al art. 127 CPP, tomando en cuenta que el prenombrado se encuentra privado de libertad y existen solicitudes vinculados a este derecho primario.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 31), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 (fs. 35) y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Por memoriales de 29 de junio y 3 de julio de 2023, Walter Gustavo Muñoz Soleto -accionante- solicitó el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 3 a 4). II.2. Mediante certificado de permanencia y conducta de 7 de julio de 2023, Rubén Julio Miranda Ocampo, Director de la Carceleta Pública de Montero del departamento de Santa Cruz, informó que el impetrante de tutela se encuentra privado de libertad desde el 15 de septiembre de 2022, con un tiempo de permanencia de nueve meses y veintidós días, en cumplimiento al mandamiento de detención preventiva librado por Mary Ruth Guerra Martínez, Juez de Instrucción Penal Primera de Warnes del referido departamento -demandada- (fs. 1).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada omitió pronunciarse a los dos memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva que presentó, bajo la justificación extraoficial de que se extravió el cuaderno de control jurisdiccional. Ante ello, la autoridad demandada no presento informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).
En cuanto a éste punto, la SCP 0250/2025-S2 de 21 de abril, desarrolló los requisitos de validez para la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos denunciados, al expresar “…en el derecho una presunción es una inferencia lógica que se realiza a partir de un hecho cierto para establecer otro hecho que no ha sido directamente demostrado. Por tanto, el hecho conocido es indispensable para que una presunción pueda operar, ya que constituye la base sobre la cual se realiza la deducción lógica; en consecuencia, una presunción no puede surgir de la mera especulación o suposiciones sin sustento. En ese sentido, cuando una autoridad judicial basa su decisión en una presunción, debe asegurarse de que el hecho base -es decir, el hecho conocido- esté suficientemente acreditado en el proceso, ya que de lo contrario se vulneran principios como el de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Por lo tanto, para que las presunciones sean válidas, requieren partir de hechos conocidos. Bajo esta premisa, para que pueda presumirse la veracidad de las afirmaciones contenidas en una acción tutelar -en casos en los que los servidores públicos no asisten a la audiencia, no presentan el informe requerido, o, habiendo asistido, no niegan expresamente dichas afirmaciones-, es necesario que existan elementos probatorios que respalden al menos de manera indiciaria los hechos alegados. Dichos elementos pueden ser aportados por el accionante o por terceros intervinientes y/o de las circunstancias del caso concreto” (el resaltado es propio).
En la presente acción de libertad, se denuncia la falta de pronunciamiento a las solicitudes de cesación a la detención preventiva presentadas por el accionante, cuyo plazo se encuentra vencido, dentro de un proceso penal que se sigue al prenombrado por la presunta comisión del delito de abuso sexual y cuyo cuaderno de control, según información extraoficial, fue extraviado, circunstancia con las que justifican la falta de pronunciamiento de sus peticiones. Ahora bien, según el certificado de permanencia y conducta de 7 de julio de 2023 (Conclusión II.2), el impetrante de tutela se encuentra privado de libertad desde el 15 de septiembre de 2022, con un tiempo de permanencia de nueve meses y veintidós días, en cumplimiento al mandamiento de detención preventiva librado por la Jueza demandada. En el mencionado proceso, el prenombrado presentó solicitudes de cesación a la detención preventiva el 29 de junio y el 3 de julio de 2023 (Conclusión II.1). En ese contexto, no es posible verificar cuál fue el pronunciamiento de la autoridad demandada a las peticiones formuladas y el estado de las mismas, debido a que dicha autoridad no presento informe escrito ni oral en audiencia de garantías y tampoco remitió el cuaderno de control jurisdiccional, como informó la Secretaria del Tribunal de garantías; sin embargo, a partir de los hechos conocidos y ante la ausencia del informe de la autoridad demandada, pese a su notificación, es posible la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos denunciados, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, para inferir el hecho del cual no se tiene sustento probatorio. En ese entendido, de los hechos previamente constatados, se puede inferir que los dos memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva no merecieron pronunciamiento alguno por la Jueza demandada hasta la fecha de interposición de la a presente acción de libertad. Así, tomando en cuenta que el impetrante de tutela se encuentra con detención preventiva, la consideración y resolución de las peticiones presentadas se encuentran estrictamente vinculadas a su libertad; en ese entendido, las omisiones en las que incurrió la autoridad demandada implican la inobservancia de la celeridad, principio que debe observar toda autoridad jurisdiccional, en especial cuando la solicitud o tramite en se encuentra vinculado con el ejercicio del derecho a la libertad, pronunciándose con la mayor celeridad posible o, cuando menos, cumpliendo los plazos procesales, pues en la demora o dilación indebida está la lesión del derecho a la libertad, sin que el presunto extravío del cuaderno de control jurisdiccional sea justificativo para tal dilación, en cuyo caso, la Jueza demandada tiene el deber de activar el procedimiento para la reposición de dicho cuaderno. Por los razonamientos precedentemente expuestos, se concluye que concurren fundamentos suficientes para conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a efectos de que la autoridad demandada emita pronunciamiento expreso, oportuno y fundamentado respecto de las solicitudes de cesación de la detención preventiva formuladas por el peticionante de tutela. En tal entendido, no corresponde a este Tribunal ingresar a considerar ni emitir pronunciamiento alguno respecto a la emisión de mandamiento de libertad ni a la aplicación de medidas distintas a la detención preventiva pretendidas por el accionante, en tanto la aplicación, sustitución, revocatoria o cesación de las medidas cautelares personales constituye una atribución exclusiva de la Jueza demandada, conforme a la normativa procesal penal vigente. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/23 de 22 de julio de 2023, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0128_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6ad482cafed3bcc3b175f3369ef1d72016cff3cb19b249fbd98c038a008d2329
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