Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la celeridad y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; alegando que, en el proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, fijó audiencia de juicio oral para el 15 de septiembre de 2022; no obstante, cuando su abogado y familiares se constituyeron en el Tribunal, les informaron que el acto procesal se realizaría en el Centro Penitenciario de San Pedro. Agregó que, la retardación de justicia es constante en la referida causa penal, ocasionando que, desde el 26 de abril de 2016 -fecha de la acusación-, hasta la data de interposición de su acción tutelar, no se realice la apertura del juicio oral, suspendiéndose más de siete audiencias que demorarán la resolución de su proceso. Por otro lado, indicó que los demandados señalan audiencias virtuales o en los recintos penitenciarios de forma irregular, sin respetar la garantía del juez natural. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución JSPFPT/AC/ 002/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 66 a 73, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2025-S3 Sucre, 26 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50474-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución JSPFPT/AC/ 002/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 66 a 73, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonny Marcos Quispe Mamani contra Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Mónica Judid Cuentas Silva y Javier Rubén Cahuasa Tórrez, Jueces; y, Nelly Jenny Canaviri Salto, Secretaria, todos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 3 a 6, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, fijó audiencia de apertura de juicio oral para el 15 de septiembre de 2022. No obstante, cuando su abogado y familiares se constituyeron a dependencias de dicho Tribunal en la fecha indicada, se “sorprendieron” al informarles “…el encargado (…) que los 3 jueces del tribunal de sentencia, no se enc[ontraban] en el juzgado de Caranavi, y preguntado el motivo ‘por remodelación del edificio…’” (sic). En forma posterior, la Secretaria del citado Tribunal, refirió a su abogado que el acto procesal se programó para llevarse a cabo en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, obviando así que, se determinó que la audiencia se desarrollaría en Caranavi, “…pasados unos minutos la secretaria nuevamente se comunicó con [su] abogado Sr. Sánchez, diciéndole que estamos esperando para la audiencia, y si se podría llamar a otro abogado para que se constituye en el penal…” (sic). La retardación de justicia -según afirmó-, es innegable, considerando que desde el 26 de abril de 2016, data en la que formuló acusación en su contra, hasta esa fecha, “…no hay cuando se lleve a cabo audiencia de apertura de juicio oral…” (sic); advirtiendo que, desde su radicatoria son más de siete audiencias suspendidas, “…y al paso que se va (…) ni en diez años [va] a tener una sentencia ya sea de inocencia o de culpabilidad” (sic). Por otra parte, resaltó que, los demandados “…se han dado a la tarea de llevar a cabo audiencias virtuales, o si mejor les place señalan audiencias en los recintos penitenciarios, resultando que para llevar a un testigo de una provincia a La Paz, uno tiene que pagar al testigo y así [se entra] en el campo de la CORRUPCIÓN. No se respeta la garantía del juez natural. Manejan las virtuales a su conveniencia, y si no tienen la voluntad de trabajar en provincias deberían irse a sus casa[s] y no perjudicar a la gente que solo pide justicia. En esta última audiencia se programó audiencia presencial, y luego vienen que la audiencia será virtual, se ve que no saben lo que hacen y no demuestran respeto” (sic). Llamando la atención que la Secretaria tiene múltiples obligaciones que atender, siendo inhumano atender el Despacho de “3 jueces”, existiendo renuncias consecutivas en ese cargo; y, que los Jueces demandados viajan continuamente a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, dejando sus funciones, lo que conlleva la cuestionada retardación de justicia. En virtud a lo expuesto, planteó la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, refiriendo que la misma busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; no existiendo en su caso hasta la data de interposición de su acción tutelar “…fecha [de] inicio de juicio oral, solo dilaciones indebidas, abusos y carencia de respeto, ya que los miembros del tribunal jueces y secretaria no están cumpliendo con la obligación de encausar el proceso dentro de los márgenes que la ley les faculta” (sic).
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la celeridad y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, citando al efecto el art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar se conmine al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz -demandado-, “…cumpla con sus funciones diligentemente y señalen audiencia hasta su conclusión y sin más dilaciones y que sean presenciales, y no donde ellos quieren, porque donde más hay riesgo de contraer enfermedades en los centros penitenciarios, donde se viven en condiciones infrahumanas y sea con DAÑOS Y PERJUICIOS” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 60 a 64 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, el 26 de abril de 2016, se presentó acusación en su contra, habiendo transcurrido siete años sin contar con sentencia. Añadió que existen dos Autos de apertura de juicio oral; que no fue notificado vía WhatsApp, con la reprogramación del acto procesal; y que, se suspendieron varias audiencias “…por inasistencia del fiscal, por inasistencia de la parte querellante o con la parte de la víctima pero es que el Tribunal el que tiene que poner las sanciones respectivas no puede estar señalando audiencias” (sic).
Javier Rubén Cahuasa Tórrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 50 a 51 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) En audiencia de 1 de agosto de 2022, ante la ausencia de los sujetos procesales y a pedido de Raúl Vicente Sánchez Bolaños -abogado del accionante-, se suspendió la audiencia fijada y señaló un nuevo acto procesal de apertura de juicio oral para el 15 de septiembre del mismo año, en el salón de audiencias de ese Tribunal; no habiendo el impetrante de tutela, cuestionado “…el señalamiento efectuado” (sic); b) Ante la refacción de la Casa de Justicia de Caranavi, a inicio del mes de agosto de ese año, que se realizó de forma pública, “…el personal responsable de la refacción coordinó con el personal del Tribunal de Sentencia Penal 1ro de Caranvi los trabajos de mejoramientos y cableado de los ambientes de Secretaría, Despacho de los Jueces y Salón de audiencia para los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre; al no contar con otro ambiente para la celebración de las audiencias presenciales programadas para dichas fechas, al no existir un ambiente que reúna las condiciones de ventilación, salubridad y de comodidad para la celebración de audiencias programa[da]s de forma presencial (…), de oficio se emitió el Decreto de 08.09.2022 (…), por el cual se modificó únicamente el lugar de realización de la audiencia de juicio oral (…) en el Salón del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el día jueves 15.09.2022…” (sic). Hechos descritos que son ajenos a la voluntad del Tribunal del que forma parte; c) La modificación del lugar de la audiencia, respondió también al pedido de la madre de la niña víctima, quien cuenta con domicilio real en El Alto del departamento de La Paz; por lo que, se buscó que acceda a los actos procesales del juicio oral y tome conocimiento de sus resultas conforme al art. 121.II de la CPE; d) El referido decreto de 8 de septiembre de 2022, fue legalmente notificado al abogado del impetrante de tutela, el 9 de ese mes y año, a su número de celular; de igual forma, se le notificó con el señalamiento de audiencia y cambio de lugar de su celebración a los demás abogados defensores del mencionado, como ser “…al Abg. Marco Antonio García Borda (…) y al Dr. Ángel Arias Morales…” (sic). En ese orden, el abogado Raúl Vicente Sánchez Bolaños, conocía el proveído mencionado -que determinó la audiencia para el 15 de septiembre de 2022, a horas 8:30, en el salón del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-, sin que hasta esa fecha hubiera presentado objeción alguna; e) La Secretaria del referido Tribunal -codemandada-, en mérito al citado proveído, emitió los mandamientos de comparendo para los testigos de cargo, gestionando autorización ante la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el uso del salón de audiencias, remitiendo el mandamiento de conducción a efectos del traslado del acusado, además de proceder a la legal notificación de los demás sujetos procesales, como ser la DNA, el representante del Ministerio Público, los testigos de cargo y el acusado -peticionante de tutela-, quienes se hicieron presentes en la instalación de la audiencia, demostrando que las diligencias efectuadas fueron oportunas a fin de asegurar la realización del acto procesal; f) En la audiencia convocada para el 15 de septiembre de 2022, no se hizo presente ninguno de los abogados defensores del demandante de tutela, pese a su legal notificación, no habiendo presentado justificativo alguno respecto a su ausencia, menos manifestaron cuestionamiento alguno en tiempo oportuno; g) En mérito a la ausencia de todos los abogados del impetrante de tutela, se dispuso un receso hasta horas 14:00, de la indicada fecha; levantado el receso decretado, persistiendo la ausencia de los mismos, se dispuso convocar a un abogado estatal dependiente del SEPDEP y a un defensor de oficio; empero, sin perjuicio a ello y a pedido del accionante se dispuso nuevamente la notificación de su abogado bajo conminatoria de ley para que asista a la audiencia de apertura de juicio oral el 16 de septiembre de 2022, a horas 11:30, en el Salón de Audiencias del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que se desarrollará de forma presencial hasta su conclusión. En ese orden, el mismo impetrante de tutela generó su indefensión al no aceptar ser asistido por los abogados que le designaron; h) En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, veló porque la audiencia de apertura de juicio oral se efectúe en un lugar en el que existan las garantías de salubridad, seguridad y comodidad, cumpliendo los actos necesarios para el desarrollo del juicio oral de forma oportuna; realizando la Secretaria de ese Tribunal, las respectivas notificaciones y diligencias pertinentes; i) Mediante Resolución 60/2016 de 13 de mayo, el proceso penal de referencia radicó en ese Tribunal; desarrollándose los actuados procesales pertinentes, a través de Resolución TS – 88/2022 de 28 de abril, se dispuso la apertura de juicio oral para el 3 de junio de ese año, acto procesal que se suspendió por la ausencia del representante del Ministerio Público y del abogado defensor del demandante de tutela; la audiencia de 1 de agosto de igual año, también se suspendió por ausencia de notificación a los sujetos procesales; por proveído de 8 de septiembre del mismo año, se modificó el lugar de realización de la siguiente audiencia programada, notificando al abogado del accionante, no pudiendo alegar desconocimiento, máxime si es su deber efectuar el seguimiento pertinente de la causa; y, j) No existe escrito alguno presentado por el nombrado que no hubiese sido considerado, no pudiendo alegarse ausencia de pronunciamiento que configure la viabilidad de otorgar tutela por pronto despacho, “…pues de forma oportuna se emitieron las disposiciones pertinentes a fin de la realización del juicio oral señalado para el día 15.09.2022, más aun con el receso decretado en audiencia para el día 16.09.2022, actuado, (…), que es de conocimiento de los sujetos procesales y del causídico Raúl Sánchez Bolaños” (sic). Nelly Jenny Canaviri Salto, Secretaria del citado Tribunal, por informe escrito -sin fecha-, cursante de fs. 56 a 59, a través del que impetró se deniegue la tutela, conforme a los siguientes argumentos: 1) El abogado del demandante de tutela tenía pleno conocimiento de la audiencia señalada para el 15 de septiembre de 2022, a horas 8:30, a realizarse en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, siendo notificado el 9 de ese mes y año, vía WhatsApp, a su número de teléfono; de igual forma, cursó diligencia a los otros abogados del mencionado, tramitando también la orden de conducción del privado de libertad; 2) Al momento de instalar la audiencia, informó sobre la notificación de las partes y quienes se encontrarían en sala de audiencias, haciendo notar que no se hallaba presente el abogado del acusado -impetrante de tutela-. En ese orden, se determinó un cuarto intermedio hasta horas 9:45, periodo en el que intentó comunicarse con los abogados del señalado; en primer lugar con Marco Antonio Borda Belzu, quien indicó que se encontraba con audiencias virtuales señaladas y que no podía constituirse, no asumiría responsabilidad y que “…levanta[ba] las manos en el proceso…” (sic). Por otra parte, “…se contactó con su defensa Dra. Arias, el mismo (…) no respondió a las llamadas, por esta razón se contactó con el Dr. Sánchez (…) [quien] en un tono muy molesto [refirió] que era la audiencia era en caranavi y que como es posible que lo lleven en san pedro entendiendo mal o por los nervios se manifestó de esa forma, pese a que se le indicó que se lo notificó con el señalamiento de audiencia en la ciudad de La Paz, pero el mismo hace caso omiso a las explicaciones…” (sic); y, 3) En la audiencia realizada, por inasistencia del abogado del procesado, se estableció un cuarto intermedio hasta el 16 del referido mes y año, a horas 11:00; señalamiento que fue notificado al abogado “Dr. Sanchez”. En dicho acto procesal concurrió un abogado defensor manifestando que “…el día de ayer lo hubiera contratado sus servicios (…) el acusado, abogado quien se identifica como Flavio Zambrana RODRÍGUEZ” (sic). Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira y Mónica Judid Cuentas Silva, Jueces del referido Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 8 y vta.
El Juez de Sentencia Penal Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución JSPFPT/AC 002/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 66 a 73, denegó la tutela solicitada. Sin perjuicio de ello, exhortó a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, actuar de forma diligente, velando porque la tramitación de la causa se realice conforme a los principios constitucionales “…previstos en el Art. 180.I de la Constitución Política del Estado especialmente de CELERIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA y atendiendo los criterios de priorización previstos en la Ley 1173” (sic). Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La audiencia de juicio oral fijada para el 15 de septiembre de 2022, fue cambiada de lugar para su desarrollo de Caranavi a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; siendo aquello lo denunciado en la acción de libertad, en relación al debido proceso; empero, dicho acto ilegal no se halla vinculado de forma directa con el derecho a la libertad del impetrante de tutela, no siendo la causa directa por la que se encuentra restringido o suprimido, “…siendo que tal situación de haber cambiado el lugar de audiencia no se constituye en la determinación que hubiese dado origen a la privación del derecho a la libertad del peticionante de tutela…” (sic), respondiendo aquello, a la imposición de medidas cautelares dispuestas por la autoridad jurisdiccional competente. Por otra parte, el accionante “…tampoco ha activado incidentes y/o recursos legales ordinarios que la ley le facultan dentro de la misma causa, para poder solicitar ante las autoridades de la justicia ordinaria que tienen a su cargo la tramitación del proceso que esa presunta lesión al debido proceso pueda ser reparada por el mismo Tribunal” (sic); ii) La citada audiencia fue suspendida porque precisamente el abogado alegó desear contar con su abogado de defensa de confianza, rechazando la designación de abogado de oficio y del SEPDEP; extremo al que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, accedió, señalando nuevo día y hora de audiencia, no existiendo estado de indefensión absoluta alguno -más si el accionante cuenta con tres abogados, uno en Caranavi y dos en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, quienes podían ejercer y activar los mecanismos de defensa ordinarios para reclamar el cambio de lugar de audiencia o la presunta omisión en la instalación de la misma-; no correspondiendo ingresar a mayor análisis sobre la problemática, siendo que, lo que concernía era activar la justicia constitucional mediante la interposición de la acción de amparo constitucional, previo cumplimiento del principio de subsidiariedad; iii) Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la misma busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existan dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; no adecuándose el caso a los presupuestos de viabilidad; por cuanto, lo que en realidad se denuncia son aspectos vinculados con cuestiones inherentes al debido proceso, en relación a los que el impetrante de tutela puede formular los incidentes que vea convenientes y que deben ser tramitados en la justicia ordinaria conforme a sus atribuciones y competencias; iv) El proceso penal seguido contra el accionante, emerge de la comisión del presunto delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; concerniendo exhortar a las autoridades judiciales a cargo de la tramitación del mismo, velar por la observancia de los principios constitucionales que rigen el actuar de la justicia ordinaria, como los de celeridad, eficacia y eficiencia, previstos en el art. 180.I de la CPE; máxime si existe normativa nacional que establece un orden de priorización en la tramitación de causas “…encontrándose en primer término las causas con detenidos preventivos, máxime al tratarse de un proceso en el cual además se debe velar por el interés superior del niño, niña adolescente reconocido por el Artículo 60 de la CPE…” (sic); y, v) En la causa, no incumbe ingresar al estudio de fondo de la acción tutelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la DNA contra Jhonny Marcos Quispe Mamani -accionante-, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dispuso la suspensión de la audiencia de apertura de juicio oral de 1 de agosto de 2022, fijando una nueva para el 15 de septiembre de igual año, a desarrollarse de forma presencial, a cuyo efecto se dispuso la emisión de los respectivos mandamientos de comparendo de cargo y descargo a efectos que estén presentes los testigos; y, el de conducción del mencionado del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a la localidad de Caranavi (fs 1). II.2. Mediante proveído de 8 de septiembre de 2022, el referido Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dispuso de oficio, entre otros, que ante la realización de trabajos de mantenimiento y remodelación en la Casa de Justicia de Caranavi, se modificaba la programación de audiencia, “…DEBIENDO LAS PARTES PROCESALES ESTAR AL NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE APERTURA DE JUICIO ORAL PARA EL DÍA JUEVES 15.09.2022 A HORAS 08:30, LA CUAL SE REALIZARÁ DE MANERA PRESENCIAL EN EL SALÓN DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ…” (sic), disponiendo a dicho efecto, la notificación de los sujetos procesales y a la víctima o a sus padres o familiares. Cursando notificaciones a los abogados del demandante de tutela -Marco Antonio García Borda, Raúl Vicente Sánchez Bolaños y Ángel Arias Morales-, el 9 y 14 de ese mes y año, respectivamente (fs. 40 vta.; 43; y, 44 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la celeridad y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; alegando que, en el proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, fijó audiencia de juicio oral para el 15 de septiembre de 2022; no obstante, cuando su abogado y familiares se constituyeron en el Tribunal, les informaron que el acto procesal se realizaría en el Centro Penitenciario de San Pedro. Agregó que, la retardación de justicia es constante en la referida causa penal, ocasionando que, desde el 26 de abril de 2016 -fecha de la acusación-, hasta la data de interposición de su acción tutelar, no se realice la apertura del juicio oral, suspendiéndose más de siete audiencias que demorarán la resolución de su proceso. Por otro lado, indicó que los demandados señalan audiencias virtuales o en los recintos penitenciarios de forma irregular, sin respetar la garantía del juez natural. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1609/2014 de 19 de agosto, en una reconducción de la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0217/2014 de 5 de febrero -que moduló los entendimientos recogidos y sistematizados por la SC 0619/2005-R de 7 de junio-, concluyó que: “…partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.
Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas y el subrayado fueron agregados).
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (negrillas añadidas). Por lo expuesto, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Destaca, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intra procesales de reclamo regulados a dicho efecto.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la celeridad y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ceñida en lo esencial a que, en el proceso penal instaurado en su contra, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, cambió de lugar la audiencia de juicio oral fijada para el 15 de septiembre de 2022, de Caranavi a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; siendo constante la retardación de justicia, teniendo que, desde la data de la acusación el 26 de abril de 2016, no se efectuó la apertura del juicio oral, suspendiéndose más de siete audiencias que demorarán la resolución de su proceso. De otro lado, refirió que los demandados señalan audiencias virtuales o en los recintos penitenciarios de forma irregular, sin respetar la garantía del juez natural. En ese orden de ideas, se evidencia que, el Ministerio Público -a denuncia de la DNA- inició un proceso penal contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente. Causa penal en la que, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, determinó la suspensión de la audiencia de apertura de juicio oral de 1 de agosto de 2022, señaló una nueva para el 15 de septiembre de igual año, a desarrollarse de forma presencial, a cuyo efecto se dispuso la emisión de los respectivos mandamientos de comparendo de cargo y descargo a efectos que estén presentes los testigos; y, el de conducción del mencionado del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a la localidad de Caranavi (Conclusión II.1). En forma posterior, a través de proveído de 8 de igual mes y año, el indicado Tribunal estableció de oficio, entre otros, que en virtud de la realización de trabajos de mantenimiento y remodelación en la Casa de Justicia de Caranavi, se modificaba la programación de audiencia, a efectuarse en el Salón del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinando a ese fin, la notificación de los sujetos procesales y a la víctima o a sus padres o familiares. Cursando notificaciones a los abogados del demandante de tutela -Marco Antonio García Borda, Raúl Vicente Sánchez Bolaños y Ángel Arias Morales-, el 9 y 14 de ese mes y año, respectivamente (Conclusión II.2). Ahora bien, el impetrante de tutela requiere la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, advirtiendo que, no habría sido notificado con el cambio de lugar, que se suspendieron otras audiencias y que ello generaría retardación de justicia en su proceso; por lo que, solicita se le otorgue tutela, conminando al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz -demandado-, “…cumpla con sus funciones diligentemente y señalen audiencia hasta su conclusión y sin más dilaciones y que sean presenciales, y no donde ellos quieren, porque donde más hay riesgo de contraer enfermedades en los centros penitenciarios, donde se viven condiciones infrahumanas y sea con DAÑOS Y PERJUICIOS”
(sic). En ese orden, lo cuestionado en la acción de libertad no puede ser sujeto a examen por este Tribunal, en virtud a que, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 del citado fallo constitucional, para la procedencia de este tipo de acción de defensa, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, al no existir la indicada vinculación, la falta de celeridad debe ser demandada a través de la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intra procesales de reclamo establecidos a ese efecto, en cumplimiento del principio de subsidiariedad. Así, en el caso, el demandante de tutela se encuentra cumpliendo detención preventiva, en mérito a un Auto Interlocutorio dictado en la causa penal seguida en su contra, que determinó aquello; no constituyendo el cambio de lugar de desarrollo de una audiencia, o la demora en la instalación de la audiencia de apertura de juicio oral -denunciados- la causa de su privación de libertad, no teniendo vinculación tampoco directa con una eventual posibilidad de la modificación de su situación jurídica; por lo que, no resulta viable la concesión de la tutela que confiere la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese mérito, al tratarse de cuestiones relacionadas al debido proceso, al denunciarse reprogramaciones y suspensiones de audiencias e incluso la existencia de dos Autos de apertura de juicio oral; la retardación de justicia, entre otros, por inasistencia del Fiscal de Materia, la querellante o la víctima; o que, se fijarían audiencias virtuales o en los recintos penitenciarios de forma irregular, sin respetar la garantía del juez natural; aquello debe ser impugnado dentro del mismo proceso penal, a través de los respectivos medios intra procesales de defensa, no cumpliéndose los dos presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad; por cuanto, conforme al desarrollo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a dicho efecto es exigible la existencia de una relación directa de las cuestiones objetadas con la restricción o supresión del derecho a la libertad y la demostración de un estado de indefensión; aspectos que no concurren en el asunto de examen, en el que, la privación de libertad que cumple el impetrante de tutela -se reitera- responde a un Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva dentro del proceso; no constando tampoco un absoluto estado de indefensión, siendo que al contrario, se demuestra que teniendo conocimiento del proceso penal instaurado en su contra, también asumió comprensión, por ejemplo, del cambio de lugar de desarrollo de la audiencia de 15 de septiembre de 2022, programada inicialmente a realizarse en Caranavi, y después por proveído de 8 de igual mes y año, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz -notificado a él y a sus abogados defensores-; acto procesal que incluso fue suspendido para el 16 de ese mes y año, a pedido del impetrante de tutela, al no aceptar la designación de defensor de oficio en su favor, ante la inconcurrencia de sus abogados defensores. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución JSPFPT/AC/ 002/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 66 a 73, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Público de Familia, Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado, Ángel Edson Dávalos Rojas, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0128_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7cc1cc3d51157e77726b609d32e00d5fabd3e9c2c8e486d5256827a6f4f8063f
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