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SCP 0124/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50286-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de sus derechos a la defensa y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de un delito vinculado a la Ley 1008, la Fiscal de Materia demandada, encargada de la investigación, rechazó el diligenciamiento de actos investigativos dirigidos a recabar documentación que desvirtúa los riesgos procesales que persisten en su situación jurídica y, así, poder solicitar la cesación a la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada señala que el accionante se encuentra privado de libertad por disposición de una resolución judicial emitida dentro de un proceso penal; por lo que, no se encuentra ilegalmente detenido y que, en todo caso, no rechazó la solicitud de emisión de requerimientos fiscales del mismo, solo dispuso que fundamente su utilidad y pertinencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 915/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos fácticos y fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2025-S2 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50286-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 915/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Luis Flores Viracocha contra María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por manuscrito presentado el 4 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1 y vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de “sustancias controladas”, a fin de obtener documentación orientada a desvirtuar los riesgos procesales contenidos en los arts. 234 incs. 1) y 7); y, 235 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), y tramitar su cesación a la detención preventiva; el 31 de agosto de 2022, solicitó por escrito a la Fiscal de Materia demandada la emisión de diez requerimientos fiscales a diferentes entidades, autoridad que mediante decreto de 1 de septiembre del mismo año, dio curso solo a cinco de ellos, y rechazó los relacionados a “…SIPASE, SIREJ Y EN CUANTO Al Interoperar AL EDIF…” (sic), indicando que, era necesario que fundamente la utilidad y pertinencia de los requerimientos solicitados. Dicha autoridad fiscal, vulneró con ello sus derechos; ya que, de no obtener tales documentales, podría permanecer detenido indefinidamente; además, no necesita fundamentar para obtener dichos requerimientos conforme la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, siendo obligación de la Fiscal de Materia emitirlos, para que luego no sean observados por ser obtenidos de forma ilegal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de sus derechos a la defensa y a la libertad, sin citar ninguna norma donde subyacen los mismos.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 6 a 11, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso el contenido de la acción de libertad y ampliando señaló que: a) Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y que, ante la negativa de la emisión de requerimientos fiscales por parte de la ahora demandada, se lo dejó en un absoluto estado de indefensión, vulnerando sus derechos fundamentales e infringiendo los principios que hacen a la labor de los fiscales de materia; b) Se fundamentó que la solicitud de los referidos requerimientos tiene la finalidad de desvirtuar los riesgos procesales insertos en el art. 234 incs. 1) y 7) del CPP; c) La tramitación de las solicitudes realizadas por personas privadas de libertad debe realizarse de forma célere, aspecto que no ocurrió en el caso en concreto; por lo que, la autoridad demandada incurrió en incumplimiento de deberes; y, d) Solicitó se otorgue la tutela impetrada, disponiendo que la ahora demandada, en el plazo de veinticuatro horas, emita los requerimientos fiscales extrañados.

I.2.2. Informe de la demandada

María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) El impetrante de tutela no está siendo ilegalmente perseguido, por cuanto pesa una acción penal en su contra por la presunta comisión de delitos relacionados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, proceso penal en el cual se cumplieron con todos los presupuestos establecidos por la norma Adjetiva Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público; 2) Tampoco está indebidamente privado de su libertad, por cuanto, fue una autoridad jurisdiccional la que determinó tal restricción al constatar la existencia de suficientes elementos de convicción en su contra, en la medida en la que el referido proceso cuenta con una acusación fiscal; 3) Al emitirse la mencionada acusación, la representación fiscal es parte contraria al imputado dentro del proceso; por lo que, no se encuentra reatada al principio de objetividad; y, 4) No se rechazó el diligenciamiento de los actos investigativos propuestos, sino solamente se dispuso que el peticionante de tutela fundamente la pertinencia de los mismos, previo a emitir una determinación; razones por las que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 915/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 12 a 14, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante no identifica las causales a las cuales se adecua la acción de libertad; es decir, si la misma es “…reparadora restringida preventiva traslativa o de pronto despacho…” (sic); y, ii) Resulta necesario aplicar el principio de subsidiariedad; toda vez que, el impetrante de tutela contaba con el recurso de reposición y podía acudir al control jurisdiccional con el fin de dar a conocer su queja. En la vía de enmienda, complementación y aclaración, con base al art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el peticionante de tutela a través de su abogado manifestó que el Juez de garantías no comprendió la fundamentación realizada; ya que, en su intervención señaló que se encuentra indebidamente procesado y que la negativa de la autoridad demandada de emitir los requerimientos fiscales solicitados guarda relación directa con el ejercicio a su derecho a la libertad; aspecto que, en su criterio, no fue considerado al momento de emitir la Resolución traída en revisión. En respuesta, el Juez de garantías declaró “NO HA LUGAR” a la solicitud; debido a que, en la Resolución emitida: a) Dejó establecido que la respuesta otorgada por la autoridad fiscal a la misma no constituía una negativa, sino simplemente, previo a requerir de forma fundada, dispuso que aclare la necesidad de contar con dichos requerimientos; y, b) Se estableció que el hoy accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, al contar con otros mecanismos como ser el recurso de reposición y la posibilidad de acudir en reclamo ante el Juez de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Erick Luis Flores Viracocha -ahora accionante-, por la presunta comisión de un delito relacionado a la Ley 1008, mismo que se encuentra signada con el Código Único de Denuncias (CUD) 201102062100116; el 31 de agosto de 2022, el prenombrado presentó memorial, ante María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia -hoy demandada-, solicitando la emisión de diez requerimientos fiscales con la finalidad de documentar aspectos relacionados a medidas cautelares de carácter personal, dirigidos a las siguientes instituciones: Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) para la emisión de una certificación al respecto; Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE) y Plataforma de Atención al Público e Información “P.A.P.I.” -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-, a efectos de que informen si el ahora peticionante de tutela cuenta con antecedentes en dichas dependencias; al Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, a objeto de que, por la sección correspondiente, emita un estudio “BIOPSICOSOCIAL”, informe médico y certificado de permanencia y conducta; y, al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para que le realice una pericia psicológica (fs. 4 a 5). II.2. Cursa decreto de 1 de septiembre de 2022, en el cual, la Fiscal de Materia, hoy demandada, señaló que: “Se tiene por apersonado a Erick Luis Flores Viracocha y por señalado el domicilio procesal, a lo principal emítase requerimiento fiscal como se pide a los puntos 1, 2, 3, 4 y 9, respecto a l[a]s otras solicitudes, previo a requerir lo solicitado fundamente y aclare la pertinencia de lo requerido en relación al hecho investigativo” (sic [fs. 5 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de sus derechos a la defensa y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de un delito vinculado a la Ley 1008, la Fiscal de Materia demandada, encargada de la investigación, rechazó el diligenciamiento de actos investigativos dirigidos a recabar documentación que desvirtúa los riesgos procesales que persisten en su situación jurídica y, así, poder solicitar la cesación a la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada señala que el accionante se encuentra privado de libertad por disposición de una resolución judicial emitida dentro de un proceso penal; por lo que, no se encuentra ilegalmente detenido y que, en todo caso, no rechazó la solicitud de emisión de requerimientos fiscales del mismo, solo dispuso que fundamente su utilidad y pertinencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, señaló que: "…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad" (la negrilla nos corresponden). A través de la SC 0619/2005-R de 7 de junio, se refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo presentarse concurrentemente los siguientes supuestos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad" .

Asimismo, la SCP 0839/2012 de 20 de agosto, indicó que: “…se infiere que en los casos en que el procesamiento indebido es la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad física o a la vida, es exigible su tutela a través de esta acción de defensa extraordinaria siempre y cuando se hayan agotado previamente los medios o recursos que el orden legal prevé”.

III.2. Análisis del caso en concreto

En el presente caso, -el hoy accionante- mediante escrito presentado el 31 de agosto de 2022, solicitó la emisión de requerimientos fiscales dirigidos al: REJAP, la Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, FELCN, INTERPOL, SIPPASE y “P.A.P.I.”, a efectos de que informen si el ahora accionante cuenta con antecedentes en dichas dependencias; al Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, a objeto de que, por la sección correspondiente, se emita un estudio “BIOPSICOSOCIAL”, informe médico y certificado de permanencia y conducta, todos referidos al solicitante; y, al IDIF, para que le realice una pericia psicológica; sin embargo, la Fiscal de Materia demandada, mediante decreto de 1 de septiembre del mismo año, únicamente refiere: “Se tiene por apersonado a Erick Luis Flores Viracocha y por señalado el domicilio procesal, a lo principal emítase requerimiento fiscal como se pida a los puntos 1, 2, 3, 4 y 9, respecto a los otras solicitudes, previo a requerir lo solicitado fundamente y aclare la pertinencia de lo requerido en relación al hecho investigativo” (sic); vale decir, la autoridad fiscal dispuso que el impetrante de tutela aclare la pertinencia de los requerimientos dirigidos al SIPASE, “P.A.P.I.”, IDIF y al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz -respecto a este último, la Fiscal de Materia dio curso únicamente a la emisión del certificado de permanencia y conducta- con relación al hecho investigado. Tomando en cuenta lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, conforme a los presupuestos desarrollados en el mismo, no se evidencia en el caso de autos que la presunta negativa en la emisión de requerimientos fiscales constituya per se una afectación directa al derecho a la libertad del impetrante de tutela, en la medida en la que, pese a tener la oportunidad, el accionante no demostró argumentativamente, ante la autoridad judicial, ni sede constitucional, que la falta de dicha documentación inviabilizaría su solicitud de cesación a la detención preventiva. Al margen de lo anterior, corresponde señalar que, en el caso concreto, la causa directa de la privación de libertad del ahora peticionante de tutela es, precisamente, la resolución judicial en la cual se dispuso su detención preventiva; por ello, se tiene que la emisión del decreto de 1 de septiembre de 2022, no constituye la causa directa de la privación de libertad; por cuanto, la Fiscal de Materia únicamente dispuso que el solicitante de tutela fundamente la pertinencia de los certificados de antecedentes de SIPPASE y “P.A.P.I.”; el informe médico y estudio “BIOPSICOSOCIAL” del Centro Penitenciario; y, la pericia psicológica del IDIF. Por otro lado, respecto al estado de indefensión del accionante, se tiene que el mismo participó activamente en el proceso, presentando escritos y asumiendo su defensa; por lo que, bien pudo hacer conocer su reclamo ante la misma autoridad judicial y acudir ante esta jurisdicción constitucional vía acción de libertad, siempre y cuando se haya constatado que no tuvo la oportunidad de impugnar los actos lesivos que reclama y, por ende, haberse encontrado en un estado de indefensión, lo cual no ocurrió dentro del caso en análisis; de ahí que, al no constituir el presunto acto lesivo la causa directa de la privación de libertad, ni encontrarse en estado de indefensión absoluta, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 915/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos fácticos y fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0124_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 45cf74562caf194590d8dca76cbd81224b10ebaaace27fc36d258b743f0a5ff7

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