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SCP 0124/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
47851-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; puesto que, el Juez ahora accionado, desde la fecha de la presentación de su solicitud de suspensión condicional de la pena formulada el 29 de abril de 2022 hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no ha señalado audiencia para considerar su pedido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2024-S3 Sucre, 2 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 47851-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Hans Villarreal Fernández contra Delfor Emmanuel Ríos Arrueta, Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Primero.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 18 a 20 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su persona fue condenada a la pena de reclusión de dos años y cinco meses por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); por lo que, solicitó la suspensión condicional de dicha pena; sin embargo, desde el 29 de abril de 2022 “hasta la fecha” -se entiende de la interposición de la acción tutelar- el Juez ahora accionado no señaló audiencia para considerar su pedido, habiendo transcurrido más de “doce días” sin que exista dicho señalamiento de audiencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda tutela, y en consecuencia, se disponga el inmediato señalamiento de la audiencia de consideración de suspensión condicional de la pena dentro del plazo de tres días.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 49 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) Si bien el Juez hoy accionado argumentó que en ese tipo de delitos no procede la suspensión condicional de la pena; empero, no tomó en cuenta que el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP) al señalar los casos en los que no es viable ese beneficio no hace referencia al delito de violencia familiar o doméstica; y, b) Toda vez que el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 marzo de 2013- señala que cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años debe ser remplazada por una sanción alternativa; no obstante, de todas maneras, el Juez ahora accionado debió señalar audiencia a objeto de que pueda aplicar alguna de las sanciones alternativas.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Delfor Emmanuel Ríos Arrueta, Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, mediante informe presentado el 18 de mayo de 2022, cursante de fs. 46 a 47 vta., manifestó que: 1) El accionante fue declarado culpable por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica y sancionado a la pena -se entiende privativa de libertad- de dos años y cinco meses; 2) El accionante se encuentra en libertad; 3) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0721/2018-S2 -de 8 de noviembre- y 0236/2020-S1 -de 3 de agosto- establecen que cuando se trata de delitos de violencia por razón de género la norma aplicable es la Ley 348; la cual señala que no procede la suspensión condicional de la pena sino la imposición de sanciones alternativas; y, 4) El accionante debe adecuar su solicitud de conformidad a lo establecido por los arts. 76 y ss. del CPP.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-, mediante Resolución 12/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 50 a 52, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Se tiene una Sentencia -01/2019 de 8 de enero- contra el accionante que se encuentra ejecutoriada y le ha sancionado a la pena privativa de libertad de dos años y cinco meses por el delito de violencia familiar o doméstica; ii) Si bien por disposición del art. 366 del CPP procede la suspensión condicional de la pena a favor de quien ha sido condenado por primera vez a una pena privativa de libertad no mayor a tres años y que además no haya tenido condena por un delito doloso en los últimos cinco años; empero, en el presente caso el accionante fue condenado por el delito de violencia familiar o doméstica; en consecuencia, por disposición de la Ley 348 no puede acogerse a ese beneficio, conforme a lo señalado por la SCP 0236/2020-S1 de 3 de agosto; iii) El Juez hoy accionado al rechazar el pedido formulado por el accionante ha obrado de manera correcta; y, iv) Una vez ejecutoriada la Sentencia 01/2019, el accionante, a efecto de no ser privado de libertad, debió solicitar la aplicación de las otras sanciones alternativas a las que se refiere el art. 76 de la Ley 348; por ello, cuando el Juez ahora accionado le indicó que debe acudir a ese instituto procesal, ha efectuado una dirección lógica y coherente; puesto que, es a la parte condenada a la que corresponde someterse a otra sanción alternativa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 01/2019 de 8 de enero, emitida por Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Justina Fernández Vda. de Villarreal, Hans Gonzalo, Roxana y Lourdes, todos de apellidos Villarreal Fernández contra Javier Hans Villarreal Fernández -ahora accionante- y Lilian Mirtha Aparicio Jalil por el delito de violencia familiar o doméstica, que declaró al accionante, culpable del referido delito, imponiéndole una pena privativa de libertad de dos años y cinco meses a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, de la cual resultaron víctimas su madre y su hermana (fs. 1 a 16 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; puesto que, el Juez ahora accionado, desde la fecha de la presentación de su solicitud de suspensión condicional de la pena formulada el 29 de abril de 2022 hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no ha señalado audiencia para considerar su pedido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, señaló que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; puesto que, el Juez ahora accionado, desde la fecha de la presentación de su solicitud de suspensión condicional de la pena formulada el 29 de abril de 2022 hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no ha señalado audiencia para considerar su pedido. De conformidad a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a través de la acción de libertad de pronto despacho “…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). En ese sentido, de la documentación cursante en obrados y lo informado por el Juez ahora accionado, se advierte, que mediante Sentencia 01/2019 de 8 de enero, el accionante, fue declarado culpable por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, imponiéndosele una pena privativa de libertad de dos años y cinco meses a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, de la cual resultaron víctimas su madre y su hermana (Conclusión II.1.). Estando ejecutoriada esa condena, el accionante señaló que el 29 de abril de 2022 presentó su solicitud de suspensión condicional de la pena. Ahora bien, tanto de lo relatado en el memorial de acción de libertad como de lo manifestado por el Juez hoy accionado, quien aclaró que el accionante se encuentra en libertad, se advierte que efectivamente el nombrado no se halla privado de libertad. Por consiguiente, la acción de libertad de pronto despacho no es la vía idónea para examinar su denuncia de dilación; puesto que, como lo establece la uniforme jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, esa modalidad de la acción de libertad ha sido instituida para acelerar los trámites, sean estos judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; circunstancia que no se presenta en este caso; por lo que, el accionante no se halla privado de libertad, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada sin examinar el fondo de la misma. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0124_2024-S3.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): fdd931f5409a9f51badc0c166882af47607ccb46d039fa1dabf258a456ed5d22

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